AMNISTÍA INTERNACIONAL
CARTA ABIERTA

Índice AI: ASA 01/001/2009
29 de enero de 2009

A los gobiernos de Bangladesh, India, Indonesia, Malaisia, Myanmar y Tailandia

Excelentísimos gobiernos:

Les escribimos para expresarles nuestra honda preocupación por la difícil situación de los rohingya, minoría musulmana del estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar. En los últimos meses, millares de ellos han huido por mar a Tailandia y Malaisia, y hay centenares en paradero desconocido, se teme que ahogados. Su situación ha llegado a un estado crítico en los dos últimos meses, pues el ejército tailandés ha expulsado a alrededor de un millar de rohingya que habían llegado por mar al suroeste de Tailandia, mientras que las autoridades indias e indonesias han rescatado a centenares de ellos.

A fin de abordar esta crisis, Amnistía Internacional formula con carácter urgente a los gobiernos de Bangladesh, India, Indonesia, Malaisia, Myanmar y Tailandia las recomendaciones siguientes:

♦Myanmar debe poner fin de inmediato a la persecución sistemática de la minoría rohingya, que es la causa básica de la crisis.
♦Todos los gobiernos deben cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho del mar y prestar auxilio a quienes se encuentren en dificultades en el mar, lo que incluye establecer un servicio de búsqueda y salvamento.
♦Todos los gobiernos deben proporcionar de inmediato acceso a la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) a todos los rohingya que se encuentren en su territorio.
♦Todos los gobiernos deben ratificar la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los refugiados, su Protocolo de 1967 y la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Habiendo todavía vidas en peligro, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos de la región las obligaciones específicas que les impone el derecho del mar en relación con las situaciones de migrantes hallados o interceptados en el mar. Además del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como el Convenio internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en los que Bangladesh, Malaisia, Indonesia, India, Myanmar, Tailandia e India son Estados Partes, incluyen la obligación de prestar auxilio a quienes se encuentren en dificultades en el mar. El cumplimiento de esta obligación es simultáneo al de las obligaciones existentes en materia de derechos humanos.

En concreto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar obliga a los Estados Partes a exigir al capitán de un buque que enarbole su pabellón a prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar y a las personas que estén en dificultades. La obligación de prestar auxilio es aplicable independientemente de la nacionalidad, condición o circunstancias de la persona. Además, todos los Estados ribereños están obligados a establecer y mantener un servicio de búsqueda y salvamento con tal fin, incluso por medio de acuerdos regionales de cooperación.

La necesidad de garantizar la seguridad y dignidad de las personas salvadas y de la tripulación es lo primero que se debe tener en cuenta al determinar dónde llevarlas. Según el derecho internacional, el Estado responsable de la zona de búsqueda y salvamento en que se haya recogido a los supervivientes debe encargarse de proporcionar un lugar seguro o garantizar que se proporciona tal lugar. Sin embargo, cada Estado debe garantizar que las personas no son devueltas ni trasladadas a un lugar donde corran riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. En el caso de que las personas soliciten o necesiten protección internacional, el Estado responsable del salvamento debe trasladarlas a un territorio donde esté garantizado el acceso a un proceso justo y satisfactorio de asilo con todas las salvaguardias de procedimiento.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos regionales que cooperen en el proceso de seguir prestando asistencia a los rohingya supervivientes, enviar con prontitud a las personas rescatadas en el mar a un lugar seguro y garantizar que tienen acceso a un proceso justo y satisfactorio de asilo para que se evalúe su necesidad de protección.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso declarado del primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, de convocar un foro regional sobre los rohingya. Los flujos de miembros de la minoría rohingya de Myanmar a países vecinos representan un reto enorme, que sólo puede asumirse regionalmente. Toda solución regional que se busque debe garantizar que los rohingya que tengan razones fundadas para temer sufrir persecución en Myanmar no son devueltos allí y que los que no tengan necesidad de protección son devueltos de manera humana. Muy especialmente, el gobierno de Tailandia debe dejar de expulsar a los rohingya, prestarles de inmediato asistencia humanitaria y suspender los planes que, según informes creíbles, se están haciendo para llevar a cabo nuevas expulsiones. Centenares de rohingya se encuentran en paradero desconocido o han muerto tras haberlos dejado las fuerzas de seguridad tailandesas a la deriva en barcos no aptos para navegar y con muy poco o ningún alimento ni agua. Algunos rohingya han informado de haber sido golpeados por las fuerzas de seguridad tailandesas, aunque el gobierno de Tailandia lo ha negado rotundamente. El 29 de enero, Indonesia anunció que estaba determinando todavía la suerte de casi 200 rohingya y bangladeshíes que habían desembarcado en la isla de Weh, provincia de Acerh, el 7 de enero. La marina india ha rescatado a centenares de rohingya en las islas Andamán y sus proximidades.

Amnistía Internacional considera muy alentador que, según informes, el 27 de enero el primer ministro Abhisit invitara al ACNUIR a participar en el foro regional que propone convocar. Esta invitación es decisiva, dado que las autoridades tailandesas no han permitido aún al ACNUR el acceso a todos los rohingya detenidos para que evalúe su necesidad de protección. En particular, el ACNUR había solicitado el acceso a un grupo de 126 rohingya bajo custodia, según informes, de las autoridades tailandesas. De acuerdo con informes posteriores, es muy posible que el ejército tailandés expulsara colectivamente a todo este grupo el 23 de enero. Amnistía Internacional insta a los gobiernos de India, Indonesia, Malaisia y Tailandia a que no devuelvan a estas personas, permitan de inmediato al ACNUIR el acceso a los rohingya llegados a sus países para que determine sus necesidades de protección y garanticen que ninguna persona es devuelta a ningún país donde corra riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Es sólo por medio de una iniciativa regional, en la que participen Bangladesh, India, Indonesia, Malaisia, Myanmar y Tailandia, así como el ACNJR, como se podrá encontrar una solución duradera a la difícil situación de los rohingya. Desde hace al menos 30 años, centenares de miles de rohingya huyen de la persecución sistemática a los países asiáticos vecinos, la gran mayoría de ellos a Bangladesh. Por otro lado, dentro de Myanmar, los rohingya son víctimas de políticas extremadamente discriminatorias dirigidas específicamente contra ellos. Se les niega la ciudadanía, por lo que en la práctica son apátridas. Los que son devueltos a Myanmar continúan corriendo un gran riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, como trabajo forzado, desalojo forzoso, confiscación de tierras y severas restricciones de la libertad de circulación. Tales violaciones han tenido un grave impacto en el sustento y la seguridad alimentaria de los rohingya. Es preciso que las autoridades de Myanmar dejen de inmediato de someter a los miembros de esta minoría a tales violaciones de derechos humanos y modifiquen las políticas discriminatorias que aplican para negarles sus derechos fundamentales. Hasta que el gobierno de Myanmar no aborde estas causas básicas del problema, los rohingya continuarán huyendo a los países vecinos.

Mientras no mejore la situación de los derechos humanos en Myanmar, los rohingya y otros grupos que sufren persecución en el país continuarán huyendo de sus hogares para buscar seguridad en otras partes. En este contexto, Amnistía Internacional insta también a los gobiernos de Bangladesh, India, Indonesia, Malaisia, Myanmar y Tailandia a que ratifiquen la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los refugiados, su Protocolo de 1967 y la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas. La ratificación de esos tratados proporcionará el marco jurídico necesario para aplicar un enfoque regional coherente y constante a este creciente problema.

Gracias por prestar en seguida atención a este asunto urgente.

Atentamente,

Sam Zarifi
Director del Programa para Asia y Oceanía
Amnistía Internacional