PÚBLICO Índice AI: ASA 11/005/2008

9 de mayo de 2008

AU 122/08 Pena de muerte

AFGANISTÁN Aproximadamente un centenar de personas cuyo nombre se desconoce condenadas a muerte

El Tribunal Supremo de Afganistán ha confirmado unas 100 sentencias de muerte dictadas por instancias inferiores por delitos como asesinato, violación, secuestro y atraco a mano armada. Las condenas deben ser aprobadas por el presidente Karzai antes de ser ejecutadas. Amnistía Internacional teme que puedan efectuarse en secreto ejecuciones súbitas y masivas, como sucedió en octubre de 2007.

El 16 de abril de 2008, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias, pero sin dar a conocer los nombres de los acusados ni los lugares donde están detenidos. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna según la cual los juicios, al menos en algunos casos, distaron mucho de cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales. Entre las deficiencias hubo falta de tiempo para que los acusados prepararan la defensa, falta de representación legal durante el juicio, escasa solidez de las pruebas presentadas ante el tribunal y negación del derecho de los acusados a llamar y examinar a los testigos. Según los informes, un juez del Tribunal Supremo, Abdul Rashid Rashed, rechazó las críticas sobre las actuaciones, afirmando que los juicios habían sido “transparentes”.

Amnistía Internacional, junto con otros grupos de derechos humanos, la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU) ya habían expresado su preocupación por la incapacidad del inmaduro sistema de justicia afgano de garantizar eficazmente el debido procedimiento y una justicia transparente y con garantías que cumpla las normas internacionales, como los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Afganistán es Estado Parte, y las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Similares motivos de preocupación se han expresado en Afganistán en reacción a las 100 condenas a muerte. Wadir Safi, jurista y profesor de derecho de la Universidad de Kabul, declaró en los medios de comunicación que en los tribunales de Afganistán “las actuaciones se desarrollan a puerta cerrada, sin la presencia de abogados defensores y a menudo sin la presentación de ninguna prueba por parte de la fiscalía”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En octubre de 2007 fueron ejecutadas en Afganistán 15 personas, tiroteadas cuando intentaban escapar de la ejecución. Eran las primeras ejecuciones en el país desde hacía tres años. Inmediatamente después, algunos presos de la cárcel de Pul-e-Charkhi iniciaron una huelga de hambre de 10 días, alegando que las ejecuciones no se habían efectuado tras juicios justos y transparentes, que algunas habían tenido motivos políticos y que al menos una persona había logrado evitar ser ejecutada pagando sobornos.

Las autoridades afganas han confirmado las sentencias de muerte a pesar de la resolución 62/149 (de 18 de diciembre de 2007) de las Naciones Unidas, en la que se pedía la suspensión mundial del uso de la pena de muerte. La resolución fue adoptada por una abrumadora mayoría de 104 países miembros y llega en un momento en el que 135 países han abolido la pena capital en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. Es síntoma de una cultura de violencia, no una solución a ella. No ha demostrado tener mayor efecto disuasorio que otros castigos, y se sabe que se ha aplicado a inocentes. La pena de muerte es la forma extrema de trato cruel, inhumano y degradante, así como una violación del derecho a la vida.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, pastún o dari o en su propio idioma:

- pidiendo al presidente Karzai que utilice sus facultades para conmutar o indultar éstas y otras condenas a muerte pendientes en Afganistán;

- expresando su preocupación por que los juicios en Afganistán distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos, como las que se recogen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Afganistán es Estado Parte, así como en las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, de la ONU;

- afirmando que, como medida inmediata, las ejecuciones deben suspenderse hasta que se hayan garantizado a las personas condenadas a muerte a manos del Estado sus derechos a un juicio justo;

- pidiendo al presidente Karzai que reintroduzca una suspensión inmediata de todas las ejecuciones en Afganistán, como pide la reciente resolución aprobada en diciembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con vistas a abolir la pena de muerte, de acuerdo con la tendencia mundial.

LLAMAMIENTOS A:

Es difícil conseguir que lleguen cartas y mensajes de correo electrónico a Afganistán. Envíen sus llamamientos a los representantes diplomáticos de Afganistán acreditados en su país y pídanles que se los hagan llegar al presidente Karzai, el fiscal general Abdul Jabar Sabit y el ministro de Justicia Sarwar Danish.

Envíen también copias a su ministro de Asuntos Exteriores y al departamento de derechos humanos de este ministerio.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de junio de 2008.