Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: ASA 12/002/2006 (Público)

Servicio de Noticias 108/06

26 de abril de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA120022006

Australia: Un paso adelante, dos pasos atrás: Amnistía Internacional pide que se detenga de inmediato la propuesta de legislación que penalizará a los solicitantes de asilo que lleguen en barco

Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que detenga de inmediato la propuesta de reforma de su ley de inmigración. Se espera que los cambios, anunciados el 13 de abril por la ministra de Inmigración, senadora Amanda Vanstone, se presenten al Parlamento en mayo. Amnistía Internacional cree, de acuerdo con la información disponible, que penalizarán a todos los solicitantes de asilo que lleguen a Australia por mar, pues se los llevará a centros de detención situados lejos del país para examinar allí sus casos, lo que supone infringir la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como negar a estas personas derechos humanos básicos reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos.

Australia podría incumplir sus obligaciones internacionales

Amnistía Internacional considera que el traslado de personas a otro país en contra de su voluntad para examinar sus solicitudes de asilo es en sí mismo ilegal, y que además se corre un gran riesgo de que se cometan abusos contra los derechos humanos durante el traslado y después de él.

Uno de los compromisos contraídos por Australia en virtud de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es que no debe penalizar a los solicitantes de asilo basándose en su forma de llegada. Examinar las solicitudes de asilo fuera del país en el caso de las llegadas en barco supone incumplir las obligaciones internacionales de Australia, pues trasladar a los solicitantes de asilo a centros de detención situados lejos del país constituye una forma de castigo.

Las reformas propuestas niegan a los solicitantes de asilo que lleguen en barco asistencia jurídica, así como el derecho a un proceso independiente de examen de sus solicitudes. Australia cuenta ya con un sistema perfectamente establecido de determinación de la condición de refugiado, y los solicitantes de asilo, independientemente de su forma de llegada, deben tener derecho a acceder a él y ser tratados todos igual y sin discriminación. Australia debe cumplir los compromisos que ha contraído en virtud del derecho internacional de derechos humanos tan pronto como una persona que solicite asilo entre en su territorio o tan pronto como ejerza su jurisdicción sobre tales personas.

El trato que dispensa el gobierno australiano a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos a los que pueda negarse al final el asilo, es motivo de gran preocupación. La experiencia muestra que se los ha sometido a condiciones que sólo cabe calificar de detención arbitraria y potencialmente indefinida o por lo menos a restricciones ilegales de su libertad de circulación. Los efectos psicológicos de la detención indefinida son irrefutables, y la reclusión prolongada en tales condiciones puede constituir trato o pena cruel, inhumano o degradante.

En 2005 Australia introdujo una serie de importantes y necesarias reformas de su política de detención, que incluyeron la puesta en libertad de los menores recluidos en centros de detención de las autoridades de inmigración. Amnistía Internacional teme que ahora, a pesar de las numerosas muestras del sufrimiento humano que ha causado el régimen de detención obligatoria de Australia, estos importantes logros se pierdan.

Un mal ejemplo para la región y para el mundo

Amnistía Internacional cree que los cambios legislativos propuestos suponen aplicar un enfoque corto de miras a la contención del flujo de solicitantes de asilo, que no aborda la cuestión de los abusos contra los derechos humanos que los obligan a huir de sus países. Al indicar que los derechos humanos pueden ser un asunto secundario frente a los intereses nacionales, Australia dará luz verde a sus vecinos para que desatiendan también estos derechos cuando les convenga. Al final, esta actitud puede dar a lugar a que un creciente número de personas abandonen sus países natales debido a violaciones de derechos humanos o se trasladen a otros países desde sus lugares de primer asilo. Los cambios legislativos propuestos en Australia convierten en una farsa su participación en los esfuerzos internacionales por persuadir a otros países para que respeten las necesidades y derechos de los solicitantes de asilo.

En una rueda de prensa del 18 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó también preocupación por el hecho de que vaya a llevarse lejos del país para examinar allí sus solicitudes a personas que deberían estar dentro de la jurisdicción de la legislación australiana y cuyas solicitudes deberían tramitarse en Australia. Señaló que sentaría un desafortunado precedente que Australia desviara a otros lugares sus responsabilidades para con los solicitantes de asilo y los refugiados, particularmente dado que Australia cuenta con un sistema de asilo en perfecto funcionamiento y creíble y no se enfrenta en absoluto a nada parecido a una afluencia masiva de solicitantes de asilo.

No es la primera vez que Australia incumple obligaciones internacionales

En agosto de 2001, el carguero noruego MV Tampa rescató a más de 430 personas que viajaban peligrosamente en un desvencijado barco pesquero frente a la isla australiana de Christmas, en el océano Índico. Las autoridades australianas respondieron negándose a su desembarco en tierra firme australiana, a pesar de que el capitán del Tampa indicó que algunas de esas personas tenían problemas médicos graves. La mayoría de ellas eran solicitantes de asilo afganos. Su caso, del que se informó ampliamente, dio lugar a cambios de la política sobre refugiados de Australia caracterizados por un gran desprecio de la dignidad humana.

Estos solicitantes de asilo y otros posteriores fueron trasladados después a dos pequeñas islas del Pacifico, Nauru y Manus (territorio de Papúa Nueva Guinea), para que se examinaran allí sus solicitudes, tras ofrecer Australia a estos países ayuda bilateral. Este enfoque a la cuestión de los solicitantes de asilo se dio en llamar “Solución Pacífico”.

Otros barcos que llegaron después al territorio australiano o a sus proximidades se desviaron también a estas islas. La mayoría de los 547 solicitantes de asilo trasladados fuera del país para examinar sus solicitudes obtuvieron al final la condición de refugiados, reconocida tanto por el gobierno australiano como por el ACNUR (que examinó sobre todo las solicitudes de los que viajaban a bordo del MV Tampa). Casi todos viven ahora en Australia, y los restantes en otros países seguros. No obstante, cinco años después, dos iraquíes a los que el ACNUR concedió la condición de refugiados (tras haber sido reconocidos por las autoridades australianas) continúan detenidos en Nauru.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el incidente del Tampa, indicando que sentaba un precedente negativo y podía llevar a otros gobiernos a incumplir del mismo modo las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos y los refugiados. De hecho, así ha ocurrido. En 2003, el gobierno británico elaboró una propuesta para enviar a solicitantes de asilo que llegaran al Reino Unido a centros de transito para el examen de las solicitudes instalados en otros países que limitaran con la Unión Europea. Y ésta también consideró la posibilidad de adoptar un plan similar de acción. Ninguna de estas propuestas se ha llegado a aplicar jamás, debido a serias cuestiones sobre su legitimidad según el derecho internacional.

Más recientemente, la tendencia negativa ha continuado con la firma entre Italia y Libia de acuerdos para la construcción de tres centros destinados, aparentemente, a examinar los casos de los solicitantes de asilo y migrantes que intenten llegar a Italia en barco, aunque el gobierno italiano no ha revelado su finalidad exacta.

Estas propuestas y medidas han tenido el efecto de reducir el valor de la institución del asilo y los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados. No están justificadas por el aumento del número de refugiados: en su informe La situación de los refugiados en el mundo de 2006, el ACNUR afirma que el número de solicitantes de asilo que entran en países industrializados ha disminuido considerablemente en los últimos años. En el caso de Australia, el descenso ha sido de unos 4.000 en 2000-2001 a sólo 54 en 2005-2006. En 2004-2005, no hubo un solo solicitante de asilo que llegara sin autorización en barco.

Amnistía Internacional continúa oponiéndose a toda forma de examen extraterritorial de las solicitudes de asilo y considera que constituye una clara violación de derechos humanos fundamentales y un claro incumplimiento de las obligaciones del derecho de los refugiados.