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FECHA DE EMBARGO: 00:01 HORAS GMT DEL 4 DE MARZO DE 1998

COMUNICADO DE PRENSA

Australia: el silencio del gobierno sobre los «niños robados»

«El legado del terrible trato recibido por los niños aborígenes seguirá empañando la imagen de Australia hasta que el gobierno deje de eludir su responsabilidad y responda adecuadamente a la investigación sobre los “niños robados”», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La investigación de la comisión nacional de derechos humanos detalla la política aplicada por las autoridades australianas entre la década de 1920 y 1970, de separar a decenas de miles de niños aborígenes de sus familias y ponerlos, en su mayoría, a cargo de otras familias situación en la que muchos sufrieron abusos sexuales y malos tratos físicos.

El trágico legado viene siendo un ciclo de detenciones de «niños robados» y sus hijos, y la discriminación sistemática contra los aborígenes. Pero, a pesar de ello, la respuesta del gobierno es insuficiente, elude su responsabilidad y una indemnización adecuada y no aborda cuestiones fundamentales de derechos humanos, según Amnistía Internacional.

«En su respuesta al informe, el gobierno no menciona siquiera el término “derechos humanos”, ni aborda las acusaciones de genocidio, la política de discriminación racial que conllevaba la separación ni las pruebas de que las autoridades no investigaron numerosas denuncias de malos tratos», ha declarado la organización en un informe.

La inmensa mayoría de los 300.000 aborígenes que viven actualmente en Australia proceden de familias a quienes arrebataron a sus hijos, en algunos casos durante varias generaciones. Según la comisión de derechos humanos, este trato puede guardar relación con los índices, continuamente elevados, de encarcelamiento y de muertes bajo custodia entre los aborígenes jóvenes. Además, a más de un tercio de los aborígenes separados de sus padres en su infancia les separaron a su vez de sus hijos, que quedaron bajo custodia de las instituciones o de la policía o en centros para menores.

Aunque hay que dar la bienvenida a la aceptación por parte del gobierno australiano de su «obligación de abordar las consecuencias» de la política de separación de niños, así como a las medidas de asistencia social y reunificación familiar, Amnistía Internacional considera que esta respuesta es insuficiente, ya que no ofrece explicaciones adecuadas ni comenta cuestiones importantes de derechos humanos que se plantean en la investigación.

En su declaración, el gobierno no acepta los «errores del pasado» como violaciones de derechos humanos y no cumple los principios internacionales básicos sobre el derecho de las víctimas a una compensación. En concreto, el gobierno no acepta el derecho de las víctimas a recibir una indemnización económica que establecen los tratados internacionales que ha firmado Australia.

«El gobierno debe dar ahora una respuesta apropiada y detallada a la investigación, contestando a preguntas como si la práctica de separar a los niños constituyó un genocidio, a qué compensaciones tienen derecho las víctimas y sus familias por otras violaciones de derechos humanos y qué medidas se están tomando para abordar los efectos de la separación, en aplicación de los sistemas vigentes de justicia penal y asistencia social», ha afirmado Amnistía Internacional.

«El primer ministro Howard debe también pedir perdón formalmente por los actos cometidos por los gobiernos anteriores. Mientras otros países de todo el mundo piden con frecuencia cada vez mayor perdón y ofrecen indemnizaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, la respuesta del gobierno australiano a los “niños robados” huele a desinterés y tacañería».

Si desean más información, concertar una entrevista o recibir un ejemplar del informe, rogamos llamen a:

Oficina de Prensa, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional: (+44) 171 413 5729/5566

Oficina de Prensa, Sección australiana de Amnistía Internacional: (+61) 2 9217 7640