AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

21 de agosto de 2009

Bangladesh: La Ley del Ejército no debe aplicarse a los Fusileros de Bangladesh acusados

El gobierno de Bangladesh pide que la más alta instancia jurídica del país apruebe la extensión de la Ley del Ejército de 1952 al personal de los Fusileros de Bangladesh acusado de matar a decenas de militares y civiles durante el motín que tuvo lugar en febrero de 2009.

Amnistía Internacional cree que el personal de los Fusileros de Bangladesh acusado del homicidio y la toma de rehenes durante la rebelión debería ser juzgado en tribunales civiles. La organización reconoce la gravedad de los delitos cometidos durante los dos días de motín, y pide al gobierno que ponga a los perpetradores a disposición judicial. Sin embargo, esto debe hacerse respetando plenamente las obligaciones de derechos humanos de Bangladesh, concretamente el derecho de los acusados a ser juzgados con garantías.

El personal de los Fusileros de Bangladesh actualmente está fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Ejército. El gobierno de Bangladesh pidió que el Tribunal Supremo decidiera sobre la posibilidad de aplicar la Ley del Ejército de 1952 a los sospechosos pertenecientes a los Fusileros de Bangladesh. A este efecto se remitió una consulta al Supremo el 17 de agosto, y el alto tribunal ha designado a 10 abogados expertos para que den su opinión durante una vista que tendrá lugar el 25 de agosto. Está previsto que el Tribunal Supremo emita su fallo a finales de agosto.

Amnistía Internacional considera que los sospechosos de los Fusileros de Bangladesh no deben ser juzgados en aplicación de la Ley del Ejército de 1952 por las siguientes razones:

En primer lugar, dado que se trata de una fuerza de policía civil (que depende del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Defensa), no militar, su personal no debe ser juzgado en un tribunal militar. Según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, responsable de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual Bangladesh es Estado Parte, los tribunales militares sólo deben juzgar delitos de carácter estrictamente militar, únicamente cuando han sido perpetrados por personal del ejército y sólo cuando dichos tribunales militares proporcionan total garantía de que el juicio será justo.

En segundo lugar, el elevado número y la gravedad de los crímenes perpetrados contra los militares durante la rebelión hacen que resulte muy difícil constituir un consejo de guerra que sea –y se considere– independiente e imparcial.

En tercer lugar, la Ley del Ejército de 1952, que regula los consejos de guerra, elimina la posibilidad de apelar ante un tribunal civil. Esto limita el derecho a buscar resarcimiento judicial ante un tribunal superior frente a la decisión de un tribunal militar, lo cual viola el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Información complementaria

Hasta 3.000 integrantes de los Fusileros de Bangladesh, acusados de homicidios ilegítimos y toma de rehenes durante el motín de 33 horas que tuvo lugar los días 25 y 26 de febrero de 2009 en el cuartel general de este cuerpo en Dacca, están en espera de juicio.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales detenidos pertenecientes a los Fusileros de Bangladesh han sido torturados y maltratados, y 39 de ellos que estaban bajo custodia han muerto.

Documento público

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