Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Bangladesh. Muerte bajo custodia y denuncias de tortura


Público


Amnistía Internacional




Bangladesh

Muerte bajo custodia y denuncias de tortura

















Bangladesh

Muerte bajo custodia y denuncias de tortura



Amnistía Internacional está gravemente preocupada por los casos de presunta tortura y de muerte bajo custodia que han seguido denunciándose después de que se declarara el estado de excepción y se estableciera un gobierno provisional en Bangladesh en enero de 2007.

La organización pide que se investiguen de forma inmediata, imparcial y eficaz todas las denuncias de tortura y muerte bajo custodia, y exhorta al gobierno provisional a garantizar que todos los miembros del ejército u otros funcionarios de quienes se sospeche responsabilidad alguna sean juzgadas en un juicio imparcial. Los dos casos que se describen a continuación constituyen ejemplos de patrones más amplios de tortura e impunidad mantenidos durante décadas en Bangladesh.

Amnistía Internacional considera que ha llegado el momento de aprovechar la oportunidad de enviar un mensaje claro y rotundo de que ya no se tolerará el clima de impunidad que antes protegió frente al procesamiento efectivo a políticos, miembros del ejército, miembros de la policía y otros funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos.



Cholesh Richil, líder indígena

Según los informes disponibles, Cholesh Richil, líder de la comunidad indígena garo, murió bajo custodia el 18 de marzo de 2007 después de haber sido torturado por miembros de las Fuerzas Conjuntas (ejército y policía).

Según informes confiables documentados por grupos locales en favor de los derechos humanos, miembros de las Fuerzas Conjuntas detuvieron a Cholesh Richil el 18 de marzo de 2007 y lo llevaron al campo militar provisional de Modhupur Kakraidh, al norte de Dacca, la capital del país. Al parecer, fue sometido a tortura durante varias horas antes de que miembros de las Fuerzas Conjuntas lo llevaran al Centro de Salud de Madhupur Thana esa misma tarde, donde se le declaró muerto.

Cholesh Richil era un líder de la comunidad indígena garo que expresaba abiertamente sus críticas. Esta comunidad vive en la zona de Modhupur, al norte de Dacca. Desde 2003, los activistas garos han realizado campañas en contra de la construcción de un supuesto "parque ecológico" en su territorio ancestral con el argumento de que el parque los privará de sus tierras y sus medios de subsistencia.

Según informes, la detención de Cholesh Richil se llevó a cabo por instigación de un alto cargo militar con el pretexto de que tenía armas ilegales. No obstante, no se encontraron armas y los observadores creen que el verdadero motivo de su detención fue su participación activa en la campaña contra el "parque ecológico".

Cholesh Richil y sus amigos y familiares garos, Tohin Hadima, Piren Simsungy Protap Jambila, fueron detenidos cuando iban a bordo de un microbús en el Bazar Kalibari, dentro de la zona de Muktagacha. Se les trasladó al campo militar cercano de Modhupur Kakraidh para interrogarlos; ahí, según informes, miembros de las Fuerzas Conjuntas empezaron a golpear a Cholesh Richil, exigiéndole revelar el lugar donde guardaba las armas. Según otras personas detenidas que alcanzaron a escuchar, Richil dijo a sus interrogadores que había tenido un arma de fuego con el permiso correspondiente y la había entregado a la policía cuando así se lo ordenaron. Al parecer, los miembros de las Fuerzas Conjuntas siguieron torturándolo con pinzas, chile picante en polvo y una cuchilla.

Después de que el cuerpo de Cholesh Richil fuera entregado a la iglesia de la comunidad garo el 19 de marzo, sus familiares advirtieron que tenía múltiples contusiones, le faltaban uñas de las manos y los pies, así como cortes y arañazos que podrían clasificarse como lesiones producidas con una cuchilla. Según informes, se le habían extirpado los testículos.

Los familiares intentaron presentar una denuncia contra miembros de las Fuerzas Conjuntas en la estación de policía de Modhupur, pero al parecer el agente responsable rehusó tramitar la denuncia con el argumento de que estaba pendiente la autopsia.

Se cree que se realizó una autopsia, pero los intentos de familiares y trabajadores en pro de los derechos humanos por obtener una copia han sido infructuosos. La familia se ha abstenido de acudir nuevamente a la estación de policía a presentar su denuncia por miedo a las represalias del ejército. Según las Fuerzas Conjuntas, Cholesh Richil escapó, fue perseguido y resultó lesionado. Murió por un paro cardíaco.

Según informes, antes de ser liberados, los otros detenidos garos fueron fuertemente golpeados a fin de coaccionarlos a "confesar" que Cholesh Richil guardaba armas ilegales. Posteriormente, Protap Jambila fue internado en un hospital y durante varios días recibió tratamiento para las lesiones que, según informes, sufrió a causa de la tortura.

Según las autoridades locales, se ha iniciado una "investigación administrativa" del caso, pero Amnistía Internacional desconoce su ámbito y alcance o los avances logrados. Según informes, se transfirió a varios miembros de las Fuerzas Conjuntas, pero no se sabe de la detención de ningún miembro de las Fuerzas Conjuntas en relación con dicha investigación.

El 6 de mayo de 2007 los periódicos bengalíes informaron de la creación de una comisión judicial unipersonal para investigar la muerte de Cholesh Richil. Ya antes se han creado comisiones semejantes como respuesta a la indignación de la ciudadanía ante casos de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional acoge con beneplácito esta acción, pero desde hace tiempo ha manifestado su preocupación por este tipo de comisiones judiciales, ya que en épocas recientes no se han hecho públicas ni sus atribuciones ni sus conclusiones.

Shahidul Islam, activista en pro de los derechos humanos

Según testimonios remitidos a Amnistía Internacional, Shahidul Islam, director fundador de Uttaran, organización no gubernamental (ONG) dedicada al empoderamiento social y económico de las comunidades pobres y marginadas en los distritos occidentales de Khulna, Satkhira y Jessore, fue detenido y puesto bajo custodia de las Fuerzas Conjuntas el 27 de enero de 2007.

Se le trasladó en un vehículo del ejército a un campo militar provisional cerca del Colegio para Varones Tala B.Dey, en el distrito de Satkhira. Miembros del personal de Uttaran, reunidos frente al colegio, reportaron haber escuchado cómo golpeaban a Shahidul Islam dentro del campo. Varios días después, cuando se le permitió recibir visitas, Shahidul Islam había sido fuertemente golpeado en las piernas y la espalda mientras miembros de las Fuerzas Conjuntas lo acusaban de posesión de armas ilegales. Según informes, las lesiones producidas por la tortura eran graves y se le envió al Hospital Satkhira Sadar para recibir tratamiento. Después lo llevaron de vuelta a la Cárcel de Satkhira, donde aún se encuentra preso.

Después de ser detenido se le entregó una orden de detención en el marco de la Ley de Facultades Especiales por la causa imprecisa de "haber participado en actos de terrorismo y haber dado refugio a terroristas". Colegas de Uttarany personalidades destacadas de otras ONG que conocen bien a Shahidul Islam han rebatido las acusaciones y solicitado su liberación. Posteriormente, la policía presentó varios cargos penales en su contra, al parecer como una forma adicional de asegurar la continuidad de su situación como detenido.

Amnistía Internacional desconoce si ya se está investigando la presunta tortura de Shahidul Islam o si alguna de las personas de quienes se sospecha haber participado en ella ha comparecido ante la justicia.

Información complementaria

El presidente Ijuddin Ahmed declaró el estado de excepción el 11 de enero de 2007 después de varias semanas de enfrentamientos violentos, relacionados con las elecciones, entre los seguidores de la anterior coalición gobernante y los seguidores de los partidos de oposición. Las elecciones programadas para el 22 de enero se pospusieron indefinidamente y un nuevo gobierno civil provisional tomó posesión con el apoyo del ejército. En el contexto del estado de excepción se prohibieron los mítines y otras actividades políticas, y se impusieron algunas restricciones al derecho a la libertad de expresión.

Según informes aparecidos en los medios de comunicación bengalíes, se ha detenido a más de 100.000 personas desde principios de enero, a menudo durante redadas. Las detenciones, por lo general a cargo de miembros del ejército, se llevan a cabo por presunta corrupción o actos delictivos. Se cree que muchas de las personas detenidas han sido liberadas, pero Amnisteda Internacional no ha podido determinar cuántas siguen privadas de su libertad. Según informes, entre las personas detenidas se encuentran más de 150 políticos y hombres de negocios acusadas de corrupción.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Respecto a la muerte en custodia de Cholesh Richil, Amnistía Internacional exhorta al gobierno provisional de Bangladesh a:

· Hacer públicas las atribuciones de la comisión judicial creada para investigar la muerte bajo custodia de Cholesh Richil.

· Garantizar que su mandato se amplíe para incluir las denuncias de tortura de Tohin Hadima, Piren Simsung y Protap Jambila.

· Garantizar que todos los testigos puedan entregar pruebas a la comisión sin temor o amenazas de represalias.

· Garantizar la divulgación de las conclusiones de su investigación y del informe que habrá de entregar al gobierno.

· Garantizar que las personas identificadas como responsables por la muerte en custodia de Cholesh Richil pasen a disposición judicial y sean sometidas a un juicio imparcial de inmediato.

Respecto a la presunta tortura de Shahidul Islam, Amnistía Internacional exhorta al gobierno provisional de Bangladesh a:


· Iniciar la investigación independiente e imparcial de las denuncias de tortura de Shahidul Islam.

· Garantizar que las atribuciones de la comisión de investigación incluyan el acceso a los miembros de las Fuerzas Conjuntas acusados de haber participado en actos de tortura. Garantizar que el gobierno provisional proteja a todos los testigos, incluidos los familiares y defensores de los derechos humanos, de las posibles represalias de los autores de la tortura.

· Garantizar la divulgación de los resultados de la investigación y que las personas identificadas como autoras de actos de tortura contra Shahidul Islam pasen a disposición judicial y sean sometidas a un juicio imparcial.

Recomendaciones de Amnistía Internacional respecto a la prevención de la tortura en Bangladesh:

Amnistía Internacional exhorta al gobierno provisional a:

· Establecer garantías claras y aplicables contra abusos en los procedimientos de detención administrativa durante el estado de excepción que resulten en actos de tortura.

· Declarar públicamente que todos los informes y las denuncias de tortura deberán investigarse de manera inmediata, rigurosa, independiente e imparcial. Debe enviarse un claro y rotundo mensaje al ejército, la policía y otros organismos de seguridad de que la tortura está prohibida, no cumple función alguna en la lucha contra el delito ni el mantenimiento del orden público, y que jamás será tolerada.

· Tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a las personas detenidas, sobre todo en los períodos de interrogatorio bajo custodia. Parientes, médicos y representantes legales deben tener acceso a las personas detenidas sin demora y con regularidad a partir de entonces.

· Garantizar la investigación inmediata, imparcial, independiente y rigurosa de todos los casos en los que existan fundamentos para creer que se incurrió en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos, con miras a presentar sin demora los cargos correspondientes ante los tribunales.

· Garantizar que dichas investigaciones incluyan el acceso ilimitado a todas las personas de quienes se sospeche haber participado en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos, incluidos los miembros de las Fuerzas Conjuntas.

· Proteger a los testigos, incluidos los familiares y defensores de los derechos humanos, de las posibles represalias de quienes hayan incurrido en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos.

· Proporcionar indemnización a las víctimas de tortura o a sus familias.

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