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Amnistía Internacional

BANGLADESH

Documento informativo para que los partidos políticos elaboren un programa de derechos humanos

23 de octubre de 2006			Resumen
Índice AI: ASA 13/012/2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA130122006

En este documento Amnistía Internacional insta a los dirigentes de todos los partidos de Bangladesh a que hagan de los derechos humanos la piedra angular de sus programas políticos para la campaña a las elecciones generales de 2007. Es importante que todos los partidos políticos se comprometan públicamente a promover y a proteger los derechos humanos independientemente de que en el futuro se encuentren en el gobierno o en la oposición.

A Amnistía Internacional le preocupa que otros gobiernos anteriores de Bangladesh no hayan introducido mecanismos eficaces para la rendición de cuentas en el plano administrativo, lo que ha facilitado que algunos políticos hayan hecho un uso indebido de las instituciones del Estado. También ha menoscabado el Estado de derecho y ha restado eficacia a las salvaguardias constitucionales destinadas a proteger el respeto de los derechos humanos.

En el documento se destacan algunos de los ejemplos más comunes de violaciones y abusos cometidos contra los derechos humanos que las autoridades no han atajado. La organización recomienda que el nuevo gobierno que surja tras las elecciones realice investigaciones independientes e imparciales sobre estos hechos y garantice que a los responsable se los procesará en juicios con garantías.

Los ejemplos se refieren a abusos cometidos por miembros de partidos políticos, de la policía y de otro personal encargado de hacer cumplir la ley. Los casos que se citan en el informe son un recordatorio de la prevalencia de la violencia política en Bangladesh y del peligro de que esa violencia acabe llevando al país al borde de una crisis de derechos humanos.

Algunos de los blancos de esta violencia han sido los lugares de culto sufíes; los mítines de la oposición, los cines y otros centros culturales y los juzgados. La violencia se ha cobrado numerosas vidas y ha conllevado la destrucción de bienes, además de generar sensación de miedo y de inseguridad entre la población.

El informe subraya también el temor que pueden albergar quienes deseen emitir su voto de ser objeto de agresión o intimidación. Entre los objetivos de esa violencia electoral figuran personas que pueden desar participar en el proceso electoral, pero en el pasado con más frecuencia han sido activistas de partidos políticos, miembros de partidos opuestos a la saliente coalición gobernante, y comunidades minoritarias. En este documento se cita a varias comunidades minoritarias, entre ellas las hindúes, las ahmadis, la población tribal de la zona de Chittagong Hill Tracts y de otros lugares, y las cristianas.

Amnistía Internacional insta al gobierno a garantizar la protección adecuada a los miembros de las comunidades minoritarias. La organización pide también a los líderes de los partidos políticos, y especialmente a los que forman la actual coalición de gobierno, que garanticen:

· que sus miembros entienden que el uso de la violencia durante la campaña electoral constituye una actividad delictiva,

· que no se permitirá a ninguno de sus miembros eludir la acción de la justicia gracias a sus relaciones con políticos del partido, y

· que todos los funcionarios y dirigentes del partido cooperarán plenamente con cualquier investigación para identificar y procesaren un juicio con garantíasa los autores de violaciones de los derechos humanos.

En este documento se formulan otras recomendaciones que, de llevarse a la práctica, fortalecerán las instituciones del Estado, permitiéndoles promover y salvaguardar la protección de los derechos humanos en Bangladesh.

Este texto resume el documento titulado Bangladesh: Documento informativo para que los partidos políticos elaboren un programa de derechos humanos (Índice AI: ASA 13/012/2006), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnistiainternacional.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

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Documento informativo para que los partidos políticos elaboren un programa de derechos humanos

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Documento informativo para que los partidos políticos elaboren un programa de derechos humanos

Ahora que se acercan las elecciones generales de enero de 2007 y los partidos políticos comienzan a intensificar sus campañas para lograr escaños en el Parlamento (Jatiya Sangsad), Amnistía Internacional insta a los dirigentes de todos los partidos de Bangladesh a que hagan de los derechos humanos la piedra angular de sus programas políticos.

Amnistía Internacional considera importante que todos los partidos políticos se comprometan públicamente, en especial ahora que se preparan para las elecciones, a promover y a proteger los derechos humanos independientemente de que en el futuro se encuentren en el gobierno o en la oposición.

A Amnistía Internacional le preocupa que otros gobiernos anteriores de Bangladesh no hayan introducido mecanismos eficaces para la rendición de cuentas en el plano administrativo, lo que ha facilitado que algunos políticos hayan hecho un uso indebido de las instituciones del Estado. También ha menoscabado el Estado de derecho y ha restado eficacia a las salvaguardias constitucionales destinadas a proteger el respeto de los derechos humanos.

Los sucesivos gobiernos han pasado sistemáticamente por alto los abusos contra los derechos humanos cometidos por quienes les apoyan a ellos o a partidos políticos aliados, permitiendo que los autores de los abusos puedan escudarse en un clima de impunidad. Además, el cuerpo de policía, que a menudo carece de la formación adecuada y de recursos suficientes, junto con un sistema judicial lastrado por la gran cantidad de casos sin resolver atrasados, han impedido en la práctica que las víctimas de violaciones de los derechos humanos y quienes las defienden tengan acceso a la justicia.

Amnistía Internacional considera que los partidos políticos pueden desempeñar un papel crucial a la hora de garantizar que el nuevo gobierno haga frente de forma urgente al ciclo de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos imperante desde hace tiempo en el país.

Todos los partidos necesitan adoptar medidas decididas para hacer frente a los profundos y anclados obstáculos que dificultan la protección efectiva de los derechos humanos en Bangladesh. El uso indebido de las instituciones estatales, incluidos la policía y el poder judicial, por razones políticas, y la frecuente utilización de la violencia en contra de los adversarios políticos, han tenido graves repercusiones negativas sobre el respeto de los derechos humanos. Preocupan cada vez más los indicios que apuntan a un aumento de los abusos contra los derechos humanos cometidos supuestamente en nombre de determinada ideología política o religiosa. Asimismo, la elevada incidencia de pobreza extrema y la imposibilidad de tantos bangladeshíes de disfrutar de un acceso adecuado a derechos económicos y sociales básicos, como la salud, la alimentación y la vivienda, ponen de manifiesto la necesidad de que los derechos humanos ocupen un lugar preeminente en los programas presentados por todos los partidos políticos y por el futuro gobierno.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo destacando diversos aspectos de estos problemas en sus documentos sobre Bangladesh.(1)

Amnistía Internacional cree que los partidos políticos pueden desempeñar una función esencial a la hora de consolidar y fomentar elementos de reforma cruciales para la protección de los derechos humanos, como el respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica y el rechazo categórico a cualquier amenaza a la independencia e imparcialidad del poder judicial. Además, todos los partidos políticos deberían fomentar la participación permanente en la protección de los derechos humanos y su contribución a la misma, de la dinámica sociedad civil de Bangladesh, incluidas la comunidad jurídica y las organizaciones no gubernamentales, en especial las que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.

Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos de Bangladesh a que aborden los problemas mencionados en este documento y a hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus programas de reforma.

En las páginas que siguen se examina con más detenimiento la aparente incapacidad de los partidos políticos de:

· Promover una vigilancia de los derechos humanos independiente e imparcial;

· Respetar el derecho a la integridad física y mental de sus adversarios;

· Respetar el derecho de todos los electores a emitir sus votos en un ambiente libre de temor y de violencia;

· Promover de forma activa los derechos de las personas o de los grupos a no verse expuestos a ninguna violación de sus derechos humanos;

· Garantizar que se protege a las comunidades minoritarias de cualquier ataque;

· Respetar el derecho de reunión pacífica y de manifestación;

· Trabajar en favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y contra los defensores de los derechos humanos.

1 Los partidos políticos: ¿Defensores de derechos o autores de abusos?

Amnistía Internacional sigue preocupada por los informes que revelan un persistente panorama de violaciones graves los derechos humanos perpetrados por miembros de los principales partidos políticos, entre ellos el Partido Nacionalista de Bangladesh, la Liga Awami y la Asamblea Islámica (Jamaat-e-Islami).

Cuando se encuentran en la oposición, los partidos políticos bangladeshíes a menudo expresan su preocupación por la violencia ejercida contra sus miembros. Dichas violaciones han incluido detenciones arbitrarias instigadas por altos cargos del partido gobernante, la utilización de las fuerzas policiales para torturar o maltratar a miembros de los partidos de la oposición y la presentación de denuncias penales contra adversarios por razones políticas. Sin embargo, esos mismos partidos políticos con frecuencia han guardado silencio cuando de lo que se trataba era de abusos contra los derechos humanos perpetrados por sus propios miembros.

Los abusos cometidos por los partidos políticos a menudo los lleva a cabo el ala "juvenil" de los principales grupos. Algunos de ellos son: Bangladesh Chattra Dhal (BCD), afiliado al Partido Nacionalista de Bangladesh, Bangladesh Chattra League (BCL)afiliado a la Liga Awami e Islami Chhatrashibir, afiliado a la Asamblea Islámica.

Cuando sus partidos se hallan en el gobierno, dichos grupos "estudiantiles", que según los informes disponen de armas de fuego y las utilizan, pueden convertirse en impunes autores de abusos contra los derechos humanos bajo los auspicios, según la información de la que se dispone, de los dirigentes de esos partidos.

La participación de dichos grupos "estudiantiles" armados y de otros grupos en el proceso político se considera una de las principales causas del continuo elevado nivel de violencia política en Bangladesh, que incluye homicidios reiterados y agresiones que resultan en lesiones graves. Los partidos políticos prometieron que desarmarían a sus grupos "estudiantiles" pero no lo han hecho.

Recomendación: Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que impidan a sus miembros cometer violaciones de los derechos humanos y a que pidan que se ponga a disposición judicial a cualquier persona implicada en abusos contra los derechos humanos, independientemente de su afiliación política.

2 Violencia política

En los últimos años, el creciente nivel de violencia de origen político, incluidas diversas oleadas de atentados, en conjunción con la falta de adopción de medidas adecuadas por parte de las autoridades, han estado a punto de situar a Bangladesh al borde de una crisis de derechos humanos.

Algunos de los blancos de esta violencia han sido los lugares de culto sufíes; los mítines de la oposición, los cines y otros centros culturales y los juzgados. La violencia se ha cobrado numerosas vidas y ha conllevado la destrucción de bienes, además de generar sensación de miedo y de inseguridad entre la población.

Los supuestos responsables de gran parte de los actos violentos eran personas al parecer afiliadas a grupos islamistas bangladeshíes. Se ha acusado repetidamente a algunos de de estos grupos de tener vínculos con políticos que forman parte de la coalición gobernante y que, según los informes, han ayudado a proteger a los sospechosos de que se les investigue adecuadamente y se les procese.

A pesar de que el gobierno ha adoptado en los últimos meses medidas para hacer frente a este problema,(2) la percepción general es que, en muchos casos, se ha permitido a los autores materiales y a quienes alientan la violencia eludir la acción de la justicia.

Recomendación: Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos tanto a que condenen categóricamente este tipo de violencia como a que pidan encarecidamente al gobierno que adopte medidas urgentes para llevar a los autores ante la justicia. Todos los partidos políticos deben asimismo abordar cualquier información relativa a la participación de sus miembros en actos de violencia y contribuir a garantizar que se procesa a los responsables en un juicio con garantías.

2.1 Ejemplos de violencia política

A continuación, a fin de ilustrar el problema, se incluyen descripciones breves de algunos de los ejemplos de violencia política más divulgados ocurridos en los últimos años e información actualizada sobre la situación judicial pertinente.

2.1.1 Explosiones en los cines de Mymensingh

Al menos 17 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una serie de explosiones de bombas en cuatro cines abarrotados de gente de Mymensingh, en diciembre de 2002. Se informó de que grupos islamistas estaban implicados en las explosiones. El gobierno abrió una investigación judicial sobre los atentados pero, a pesar de que el juez encargado de la investigación apenas había empezado a recabar pruebas, el gobierno afirmó públicamente que los grupos islamistas no estaban involucrados y que la responsable era la Liga Awami, de la oposición. Se detuvo a algunos profesores universitarios y escritores críticos con el gobierno y a diversos dirigentes de la Liga Awami. Entre los detenidos se encontraban el conocido escritor Shahriar Kabir, el catedrático universitario Muntassir Mamoon, el político de la Liga Awami Saber Hossain Chowdhury y el periodista Enamul Haque Chowdhury. Según los informes, mientras se encontraban bajo custodia policial fueron torturados y se presentaron diversos cargos por "sedición" en su contra. Todos los detenidos afirmaron que habían tratado de obligarles a confesar su participación en los atentados con bomba de Mymensingh, pero que, a pesar de haber sido sometidos a torturas, se habían negado a aceptar tal acusación. Su detención y la negativa del gobierno a permitir que se llevase a cabo una investigación adecuada para averiguar quién había sido el responsable de los atentados, hacen pensar que se trató de una maniobra del gobierno para intimidar a sus detractores.

En marzo de 2006 el gobierno anunció que los atentados en los cines de Mymensingh los había llevado a cabo el grupo Jama’atul Mujahideen. Esta admisión del gobierno contradecía sus anteriores declaraciones de que los responsables de las explosiones eran las personas mencionadas anteriormente. No obstante, hasta la fecha el gobierno no ha reconocido que se privó de libertad de forma injustificada a estas personas y que se las sometió a tortura y a malos tratos.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación independiente e imparcial del caso, se procese a los responsables en juicios con garantíasy se retiren los cargos infundados presentados en contra de aquellos acusados injustamente de estar implicados en la explosión y se les proporcione una indemnización adecuada. Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que apoyen públicamente esta recomendación.

2.1.2 Atentado en el santuario Shahjalal

Tres personas murieron en el atentado con bomba producido en el santuario de Hazrat Shahjalal, en Sylhet, en enero de 2004. En mayo de ese mismo año, otra explosión en el mismo santuario le costó la vida a dos personas y decenas resultaron heridas. Aunque el gobierno ha anunciado una investigación, no se tiene noticia de que se haya procesado a nadie por estos atentados.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno explicar públicamente qué medidas ha tomado para investigar los atentados y para procesar a los autoresen un juicio con garantías. Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que insten al gobierno a que ponga en práctica esta recomendación.

2.1.3 Atentado con granada de agosto de 2004

Un atentado con granada durante un mitin del dirigente de la Liga de Awami, de la oposición, Sheikh Hasina, el 21 de agosto de 2004, se saldó con 22 personas muertas y centenares más heridas. Sheikh Hasina se salvó por poco. La oposición responsabilizó del atentado a los grupos relacionados con la coalición dirigida por el Partido Nacionalista de Bangladesh. El gobierno abrió una investigación judicial, pero se plantearon dudas sobre la imparcialidad de ésta porque el primer ministro Begum Khaleda Zia sugirió que la Liga Awami podría haber llevado a cabo el atentado ella misma para dañar la imagen del gobierno.

El juez de instrucción presentó su informe a las autoridades en octubre de 2004 y dijo a los periodistas que había identificado a los autores y había hallado un vínculo con "enemigos extranjeros", sin añadir más detalles. No se han dado a conocer públicamente ni el contenido del informe ni la respuesta gubernamental. Tampoco ha habido otras investigaciones del caso ni se ha procesado a nadie por él.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que explique públicamente qué medidas ha tomado para investigar los atentados y a que se procese a los autoresen un juicio con garantías. Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que insten al gobierno a que ponga en práctica esta recomendación.

2.1.4 Atentado con granada de enero de 2005

El 27 de enero de 2005, otro atentado con granada ocasionó la muerte a cinco personas, entre ellas al ex ministro de Hacienda y a uno de los dirigentes de la Liga Awami, Shah Abu Mohammad Shamsul Kibria, durante un mitin en Habiganj, al noreste de la capital, Dhaka. Según los informes disponibles, más de 80 personas resultaron heridas.

La policía llevó a cabo una investigación y se presentaron cargos contra una serie de personas, incluidos algunos miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh. Sin embargo, la familia del político asesinado ha exigido una investigación independiente para identificar a los autores y a los instigadores del atentado, pero el gobierno ha rechazado su petición.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que lleve a cabo investigaciones adicionales del caso a fin de determinar si hubo alguna participación oficial en estos atentados. Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que apoyen esta recomendación.

2.1.5 Atentados con bomba de agosto de 2005

Tras una serie de atentados con bomba aislados ocurridos desde principios de año, el 17 de agosto de 2005 se detonaron, en un intervalo de 30 minutos y por todo el país, centenares de las bombas de pequeña intensidad, muchas de ellas dirigidas contra juzgados y edificios gubernamentales. Dos personas murieron y cientos resultaron heridas. Los panfletos de Jama'atul Mujahideenencontrados en los lugares de los atentados pedían la introducción de la ley islámica en Bangladesh.

Decenas de personas murieron y otros cientos resultaron heridas en otras explosiones de bombas, entre ellas el primer atentado suicida con bomba de Bangladesh en noviembre de 2005. Los atentados con bomba, que marcaron una escalada significativa de la violencia, desencadenaron críticas generalizadas contra la coalición gobernante por no haber evitado dichos atentados. Finalmente, en marzo de 2006, se detuvo a varios dirigentes y activistas de dos grupos islamistas: la Asamblea de Muyahidín de Bangladesh (Jama'atul MujahideenBangladesh) y Ciudadanos Musulmanes Conscientes de Bangladesh (Jagrata Muslim JanataBangladesh). Estos grupos habían sido ya prohibidos en febrero de 2005.

El gobierno actuó con celeridad para investigar los atentados con bomba y para persentar cargos contra miembros de estos dos grupos islamistas, los cuales desembocaron en juicios y condenas.(3) Existe sin embargo una preocupación generalizada porque no se ha realizado ninguna investigación sobre las acusaciones de que estos grupos habían contado en el pasado con el respaldo de miembros de la coalición gobernante.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación sobre las acusaciones de que hubo una implicación oficial en las actividades de los miembros de los grupos islamistas que han sido juzgados y condenados por haber participado en los atentados. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen esta recomendación.

3 Violencia electoral

Los partidos políticos tienen una función crucial que desempeñar a la hora de poner freno a la violencia durante el periodo previo a las elecciones generales. El blanco de esta violencia electoral puede ser cualquier persona que intenta participar en el proceso electoral, pero en el pasado por lo general los objetivos han sido: los activistas de los partidos políticos, los miembros de los partidos rivales de los partidos gobernantes salientes y las comunidades minoritarias.

La historia de Bangladesh muestra que las comunidades minoritarias son particularmente vulnerables a, entre otras formas de violencia y de discriminación, la violencia electoral (véase la información que sigue). Los recuerdos de los ataques contra miembros de la minoría hindú durante los comicios generales de 2001, que incluyeron homicidios, agresiones, violaciones y saqueos, aún permanecen vivos en la memoria. Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que apoyen activamente las medidas destinadas a proteger a quienes corren mayor riesgo de ser víctimas de la violencia electoral.

3.1 Comunidades que corren el riesgo de ser objeto de actos de violencia

Se sigue recibiendo información sobre ataques perpetrados contra comunidades minoritarias, entre ellas las hindúes, las ahmadis, la población tribal de la zona de Chittagong Hill Tracts y de otros lugares, y las cristianas. Tales ataques se llevan a cabo con impunidad. Los párrafos siguientes hacen referencia a las comunidades que corren un riesgo especial y respecto de las que Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que garantice protección adecuada a los miembros de las comunidades minoritarias. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los líderes de los partidos políticos, especialmente a los que conforman la actual coalición gobernante, para que garanticen que sus miembros entienden que el uso de la violencia durante la campaña electoral constituye una actividad delictiva, que no se permitirá a ninguno de sus miembros eludir la acción de la justicia gracias a sus relaciones con políticos del partido, y que todos los funcionarios y dirigentes del partido cooperarán plenamente con cualquier investigación para identificar y procesaren un juicio con garantíasa los autores de violaciones de los derechos humanos.

3.1.1 Hindúes

Como se explicó anteriormente, tras las elecciones generales del 1 de octubre de 2001 centenares de familias hindúes fueron objeto de agresiones violentas que incluyeron violaciones, palizas y el incendio de sus propiedades. Según los informes de los que se dispone, les atacaron partidarios del Partido Nacionalista de Bangladesh, que consiguió la mayor parte de los escaños en el Parlamento, porque les consideraban partidarios de la Liga Awami. Según esos informes, cientos de familias hindúes huyeron a la India. La policía no adoptó medidas eficaces para proteger a la comunidad hindú y aunque se produjeron algunas detenciones, la mayoría de los responsables no han sido procesados y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente e imparcial sobre estos ataques.

A pesar de que el gobierno viene tomado, desde 2001, medidas para proteger a los miembros de la minoría hindú en las principales ciudades, durante sus festividades o en las épocas de mayor tensión entre las comunidades hindúes y musulmanas en la vecina India, los miembros de esta comunidad continúan corriendo el riesgo de sufrir ataques en Bangladesh, en especial en las zonas rurales.

3.1.2 Ahmadis

La actual campaña de apología del odio y de la violencia llevada a cabo por algunos grupos islamistas contra miembros de la comunidad ahmadi en Bangladesh, representa una grave amenaza a la libertad de culto y de expresión. De acuerdo con los informes de los que se dispone, instigadores anti-ahmadi han estado implicados en una serie de abusos en contra de los derechos humanos que no han sido investigados.

A pesar de que el gobierno de Bangladesh ha tomado medidas para evitar que las muchedumbres entren en las mezquitas ahmadis, el que no halla puesto a disposición judicial a los responsables de estos ataques ha menoscabado gravemente salvaguardias del derecho internacional relativo a los derechos humanos y de la constitución de Bangladesh en materia de libertad de culto, de pensamiento y de conciencia.

3.1.3 Chittagong Hill Tracts

La población tribal de la zona de Chittagong Hill Tracts ha sido durante mucho tiempo el blanco de masacres, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, en especial durante los años de conflicto armado (desde mediados de los años setenta hasta 1997). La firma del acuerdo de la paz entre el gobierno de Bangladesh y los representantes tribales en diciembre 1997 parecía proporcionar garantías de que se respetarían sus derechos civiles y políticos, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, ocho años y medio después de la firma del acuerdo, el gobierno de Bangladesh no ha aplicado plenamente algunas de las disposiciones más importantes del mismo, entre ellas la rehabilitación de todas las familias refugiadas y desplazadas internamente que han regresado, los acuerdos sobre las tierras confiscadas a los pueblos tribales durante el conflicto, la retirada de los campamentos no permanentes del ejército de Chittagong Hill Tracts y la transferencia del poder, con arreglo a las disposiciones del acuerdo de paz, a las autoridades locales de la región.

La población tribal sigue siendo el blanco de ataques colectivos por parte de los colonos bengalíes, con quienes aparentemente colabora el ejército y que gozan de impunidad. El gobierno, según parece, no ha impedido estos abusos ni ha puesto a disposición judicial a sus autores.

3.2 Falta de respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión

Durante diversas oleadas de detenciones masivas ocurridas durante los últimos años, se ha detenido de forma arbitraria a miles de partidarios de la oposición, por norma general durante semanas, después de que éstos hayan hecho uso de forma pacífica de su derecho a la libertad de expresión. Las detenciones se han producido por lo general tras manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno por parte de los partidarios de la oposición.

Los activistas de la oposición también han sido el blanco de ataques perpetrados por miembros de los partidos de la coalición gobernante o por miembros de la policía. Según los informes de los que se dispone, en uno de estos incidentes ocurrido en agosto de 2005, centenares de partidarios de la Liga Awami resultaron heridos cuando miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh asaltaron diversas reuniones de dicha Liga. En 2006, durante diferentes rondas de detenciones masivas de activistas de la oposición, varios de sus dirigentes se convirtieron en los principales blancos de la policía y fueron objeto de agresiones graves durante los mítines.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que manifiesten claramente su compromiso con la libertad de expresión y de reunión pacífica y a que garanticen la protección de estos derechos.

4 Defensores de los derechos humanos

El que los sucesivos gobiernos de Bangladesh no hayan puesto fin a los ataques en contra de personas que trataban de promover y defender los derechos humanos en el país ha propiciado la persistencia de tales ataques.

En informe publicado en agosto de 2005,(4) Amnistía Internacional ponía de relieve las detenciones arbitrarias, la tortura y la formulación de cargos penales infundados por agentes del gobierno contra quienes denunciaban abusos contra los derechos humanos.

Entre los defensores de los derechos humanos se cuentan periodistas, escritores, profesores universitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales y abogados. Aunque los casos de detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos han disminuido durante los últimos dos años, siguen sin resolverse denuncias presentadas en el pasado por razones políticas y aparentemente infundadas contra gran cantidad de estos defensores.

Los defensores de los derechos humanos también han sido objeto habitual de amenazas de muerte, agresiones físicas y en algunos casos de homicidios injustificados o de ejecuciones extrajudiciales. Los autores son personas o grupos por lo general ligados a organizaciones delictivas armadas, partidos políticos, grupos islamistas o bandas de mercenarios que se cree relacionadas con políticos locales.

La inacción del gobierno ha generado un clima de impunidad en el cual el hostigamiento físico, las torturas y las muertes, en muchos casos no se han investigado y tampoco se ha identificado a sus autores ni se les ha procesado en un juicio con garantías. Las autoridades tienen el deber de adoptar medidas para prevenir y para castigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus representantes y para proteger a la población contra los ataques perpetrados por bandas armadas.

Desde el año 2000, más de una docena de personas que habían denunciado la comisión de abusos de derechos humanos en Bangladesh han perdido la vida a manos de agresores a los que se relaciona con organizaciones delictivas armadas o con facciones armadas de partidos políticos. Muchas otras personas han resultado gravemente heridas, algunas de forma crónica y necesitan atención médica permanente. A varios periodistas se les han lesionado deliberadamente los dedos o las manos para impedir que puedan escribir.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta los dirigentes de todos los partidos políticos a que reconozcan y apoyen públicamente el trabajo legítimo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos, a que condenen cualquier tipo de hostigamiento o ataque contra ellos por parte de agentes estatales o no estatales, y a dejar patente que no se tolerarán declaraciones que minen la legitimidad de su trabajo o que generen un clima de hostilidad hacia ellos. Les insta además a que garanticen que toda violación de los derechos humanos cometida contra defensores de los derechos humanos sea objeto de una investigación inmediata, imparcial y efectiva y a que se procese a los responsables en juicios con garantías.

5 Violencia contra las mujeres

Según los informes, la violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado en todo Bangladesh e incluye la agresión física, la violación, las quemas y asesinatos de mujeres relacionados con la dote y los ataques con ácido. Según información aparecida en los medios de comunicación, sólo durante el primer trimestre de 2005, más de 1.900 mujeres fueron al parecer víctimas de la violencia, más de 200 fueron asesinadas aparentemente tras ser violadas, más de 300 fueron presuntamente objeto de algún tipo de abuso por el incumplimiento de las exigencias de sus esposos en cuanto a la dote, y más de 100 fueron objeto de trata. La ONG Fundación para Sobrevivientes de los Ataques con Ácido señaló que durante los primeros nueve meses de 2005 se habían producido al menos 166 casos de ataques con ácido, en los que había habido 210 víctimas, 138 de las cuales eran mujeres. También existen inquietantes informes acerca de la reaparición en el país de las fetuas (edictos religiosos) de flagelaciones, tras el relativo receso en su uso de los últimos años.

Los medios de comunicación de Bangladesh continúan divulgando nuevos casos de violencia contra las mujeres. El estigma social, la negativa de la policía a actuar en la mayor parte de casos de denuncias de violencia contra las mujeres y la falta de asistencia jurídica y de apoyo a las víctimas por parte de la comunidad, impiden a muchas de ellas recurrir a la justicia.

La prevención de la violencia contra las mujeres requiere el apoyo activo de todos los sectores de la sociedad, incluidos el gobierno, los partidos políticos, la sociedad en su conjunto y las instituciones estatales.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta a los dirigentes de los partidos políticos a que manifiesten públicamente su total rechazo de la violencia contra las mujeres y a que se comprometan a exigir que el nuevo gobierno aborde este problema.

6 Tortura

Desde la independencia de Bangladesh, la práctica generalizada y persistente de la tortura y de otros malos tratos ha sido sistemáticamente pasada por alto por los sucesivos gobiernos y por los principales partidos políticos. Durante demasiado tiempo, la tortura y los malos tratos a los que la policía y el personal del ejército someten a los presos políticos o a presuntos delincuentes, ha sido aceptada como un comportamiento normal por los representantes gubernamentales.(5) El gobierno debe tomar con carácter de urgencia medidas enérgicas para proteger a todas las personas contra la tortura y los malos tratos.

Entre las víctimas de la tortura y los malos tratos se encuentran niños, mujeres, personas mayores y políticos de la oposición, además de presuntos delincuentes. Los métodos de tortura incluyen: golpear a la víctima con la culata del fusil, barras del hierro o varas de bambú; colgarla del techo por las manos; violarla; aplicarle el "tratamiento del agua", consistente en colocarle mangueras en ambos orificios nasales y abrir los grifos al máximo durante dos minutos cada vez; aplastarle los dedos con alicates; y aplicarle descargas eléctricas.

Recomendaciones: Los partidos políticos deben declarar públicamente su rotunda oposición a la tortura y a otros malos tratos y utilizar su influencia y las actividades que realizan durante la campaña para exigir la erradicación de tales prácticas, entre otras cosas comprometiéndose públicamente a que Bangladesh se convierta , con carácter prioritario, en Estado Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU Contra la Tortura.

7 Posibles Ejecuciones Extrajudiciales

La policía y otras fuerzas de seguridad han seguido llevando a cabo lo que parecen ser ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, cientos de personas han perdido la vida en los últimos años en lo que el gobierno ha calificado como fallecimientos por fuego cruzado entre la fuerza especial de seguridad conocida como Batallón de Acción Rápida y presuntos delincuentes. Se teme que las muertes, que por lo general se han producido en lugares aislados tras la detención de sospechosos, hayan sido homicidios deliberados llevados a cabo por este Batallón. No ha habido investigaciones independientes sobre estas muertes ni se ha procesado a nadie por ellas.

Recomendación: Amnistía Internacional insta al gobierno a que garantice que se investigan de forma inmediata, efectiva e imparcial todos los informes sobre cualquier muerte presuntamente ocurrida durante el intercambio de fuego cruzado y que se procese en juicios justos a los responsables. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen esta recomendación.

8 Posible uso excesivo de la fuerza

Más de una docena de personas murieron en protestas relacionadas con la escasez de electricidad en la ciudad norteña de Kansat en abril de 2006, después de que la policía abriese fuego real con fusiles AK47 y lanzase pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. No se ha llevado a cabo una investigación independiente sobre estas muertes ni se ha procesado a nadie.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta al gobierno a que garantice que se investigan de forma inmediata, efectiva e imparcial todos informes sobre un posible uso excesivo de la fuerza y que se procesa en juicios con garantías a los responsables. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen esta recomendación y se comprometan en sus manifiestos a respetar y defender las normas de derechos humanos pertinentes a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.(6)

9 Pena de muerte

A Amnistía Internacional le preocupa gravemente el creciente número de casos de personas condenadas a muerte y el cada vez mayor número de ejecuciones. En 2005, se condenó a muerte por lo menos a 217 hombres y a una mujer y al menos tres hombres fueron ejecutados en la horca.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. La aplicación de la pena de muerte es irrevocable, mientras que el riesgo de error que conllevaría la ejecución oficial de un inocente nunca se puede descartar. Jamás se ha demostrado que la pena de muerte tenga un mayor poder disuasorio que otras penas.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta a los dirigentes de todos los partidos políticos a que manifiesten su oposición a la pena de muerte y a las ejecuciones en el país e insta al gobierno a que decrete, con carácter prioritario, la suspensión del uso de la pena de muerte con vistas a su abolición.

10 Reforma de la legislación y refuerzo de la capacidad institucional y administrativa

Los defensores de los derechos humanos de Bangladesh han expresado con frecuencia su preocupación ante determinadas prácticas jurídicas que a menudo permiten al poder ejecutivo influir indebidamente en el judicial. Un ejemplo lo constituiría la separación de los niveles inferiores del poder judicial (los magistrados) de la autoridad ejecutiva.(7) La petición de que se lleve a cabo esta separación ha sido refrendada por el Tribunal Superior, que en 1999 falló que el poder judicial debía estar separado del ejecutivo. Sin embargo, los sucesivos gobiernos nunca han puesto en práctica esta sentencia.

Asimismo, los gobiernos de Bangladesh tampoco han creado una Comisión Nacional de Derechos Humanos ni se ha abierto nunca una Oficina del Defensor del Pueblo(Ombudsman), que constituye un requisito constitucional.

Recomendaciones: Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que traten de conseguir y manifiesten su compromiso con la aplicación de reformas que afiancen la independencia del poder judicial y establezcan otros foros independientes en los que se puedan presentar e investigar denuncias de abusos contra los derechos humanos y de otros abusos.

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(1) Más información en http://web.amnesty.org/library/esl-bgd/index

(2) Véase: Bangladesh: Investigations must comply to international human rights standards and extend to all those involved in human rights abuses regardless of their political links (Índice AI: 13/003/2006), Amnistía Internacional, 16 de marzo de 2006. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA130032006?open&of=ENG-BGD

(3) Véase: Temor de ejecución inminente (Índice: ASA 13/003/2006), Amnistía Internacional 28 de septiembre de 2006. http://web.amnesty.org/library/index/eslASA130092006?open&of=esl-bgd

(4) Véase: Bangladesh: Human rights defenders under attack (Índice AI: ASA 13/004/2005) http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA130042005?open&of=ENG-BGD

(5) Véase: Bangladesh: Torture and impunity (Índice AI: 13/003/2000), Amnistía Internacional noviembre de 2000 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA130072000

(6) El texto íntegro donde se enumeran estos principios puede encontrarse en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp43_sp.htm

(7) En la actualidad, el puesto de juez del distrito (una autoridad judicial) y el de subcomisario (una autoridad ejecutiva) los ejerce la misma persona. Todos los magistrados ante los que se presentan las denuncias en primera instancia, son por tanto responsables ante el subcomisario local, que es la máxima autoridad en su zona, lo que compromete la independencia del poder judicial, en especial cuando las denuncias se presentan en contra de la policía o de funcionarios del Estado.