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ÍNDICE AI: ASA 16/10/99/s

EMBARGADO HASTA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 13 DE MAYO DE 1999

Myanmar: Los ministros de Trabajo de la ASEAN se reúnen en un lugar en el que los trabajos forzados son algo habitual

La reunión de ministros de Trabajo de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), que está teniendo lugar en Myanmar, debe centrar su atención en el uso que el ejército birmano está haciendo de los trabajos forzados y en la represión de los derechos sindicales, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Miles de personas de minorías étnicas están siendo utilizadas por el ejército birmano para realizar trabajos forzados. Además, en Myanmar los derechos sindicales son inexistentes. Pese a ello, los diez gobiernos de la ASEAN han acordado que Yangon, la capital, es un lugar adecuado para celebrar su reunión de ministros de Trabajo, del 10 al 15 de mayo.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los ministros de los gobiernos de la ASEAN se están reuniendo para debatir cuestiones laborales en un país en el que miles de personas son capturadas sistemáticamente y obligadas a trabajar contra su voluntad, y en el que los sindicalistas son encarcelados».

«Ha llegado el momento de que la ASEAN cumpla la promesa que realizó al admitir a Myanmar en 1997: que haría todos los esfuerzos posibles para que se introdujeran cambios en ese país.»

«Las naciones miembros de la ASEAN deben aprovechar esta oportunidad para presionar a las autoridades birmanas planteando la cuestión del trabajo forzado y de los derechos sindicales.»

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, gobierno militar de Myanmar, obliga sistemáticamente a los miembros de las minorías étnicas shan, karen y karenni a «contribuir» con su trabajo (lo que en la práctica significa trabajar gratuitamente) para llevar a cabo lo que ellos llaman «proyectos de desarrollo». Muchos miembros de estas minorías pasan tanto tiempo trabajando para el ejército que no pueden mantenerse ni mantener a sus familias.

Este mismo año, Amnistía Internacional entrevistó a más de cien civiles pertenecientes a minorías étnicas que habían huido de Myanmar a Tailandia. Casi todos ellos declararon que las tropas birmanas los habían obligado a despejar bosques, construir carreteras y cuarteles militares, e incluso cultivar tierras para alimentar a los soldados.

Por otra parte, en Myanmar no existen sindicatos libres, y hay varios activistas sindicales que se encuentran cumpliendo largas condenas por sus actividades políticas y sindicales. Than Naing, líder sindical y posible preso de conciencia, lleva encarcelado más de diez años en manos del gobierno militar de Myanmar.

Durante el levantamiento de 1988 en favor de la democracia, Than Naing desempeñó un papel muy destacado en la formación de comités para una huelga general nacional en protesta por los 26 años de régimen militar monopartidista. Estos comités de huelga fueron reprimidos violentamente en septiembre de 1988, cuando el ejército reafirmó su poder y formó un nuevo gobierno.

Than Naing fue detenido después del golpe de Estado, y fue juzgado por un tribunal militar en virtud de unas disposiciones sumarias que no cumplían las normas relativas a la celebración de juicios justos. Fue condenado en octubre de 1989 a cadena perpetua, según los informes por «alentar, albergar o ayudar a personas culpables de alta traición».

Amnistía Internacional ha declarado: «El caso de Than Naing pone de manifiesto la penosa situación de todos los sindicalistas de Myanmar, que no pueden actuar libremente sin temor a ser perseguidos. La comunidad internacional, incluidos los países de la ASEAN, tienen un papel esencial que desempeñar a la hora de presionar a las autoridades birmanas para que eliminen las trabas a los sindicatos y pongan fin a los trabajos forzados».

Información general

El trabajo forzado en Myanmar no es un fenómeno nuevo: Amnistía Internacional lleva más de diez años documentándolo. Sin embargo, durante los últimos siete años la escala de los trabajos forzados ha aumentado dramáticamente, y ahora afecta a centenares de miles de civiles, entre los que se encuentran presos políticos y comunes.

Pese a ello, el gobierno birmano afirma que estos civiles contribuyen voluntariamente con su trabajo como parte de su deber cívico, afirmación que se contradice con los testimonios ofrecidos a Amnistía Internacional por centenares de individuos que han tenido que realizar trabajos forzados. Por ejemplo, una muchacha karenni de 15 años declaró que, tras verse obligada a trasladarse a los 13 años de edad, ya no puso asistir a la escuela y, en su lugar, tuvo que trabajar para el ejército. En innumerables ocasiones, tantas que había perdido la cuenta, la obligaron a cortar hierba y a acarrear pesadas piedras para la construcción de carreteras.

Otra forma de trabajo forzado consiste en hacer de porteador. Esto sucede durante las actividades de contrainsurgencia lanzadas contra los grupos de oposición compuestos por minorías étnicas. Las tropas del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo se limitan a llevarse a los civiles de sus poblados y obligarlos a acarrear pesadas cargas de suministros y municiones a través de la jungla montañosa. A estos porteadores, muchas veces, por la noche los atan y los vigilan, nunca les pagan y apenas les dan alimento. Si se debilitan demasiado para cargar con los fardos o no pueden mantener el paso de la columna militar, los golpean.

Un campesino shan que buscó refugio en Tailandia dijo a Amnistía Internacional que había sido tomado como porteador en octubre de 1998 y había sido obligado a acarrear munición. Le daban tan poca comida que llegó un momento en que la debilidad le impedía caminar. Un soldado lo abofeteó varias veces en la cara y, al hacerlo, le introdujo un dedo en el ojo. El porteador consiguió escapar, pero ha perdido definitivamente la visión de ese ojo.

Myanmar ratificó el Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio en 1955, pero ha burlado constantemente sus disposiciones. Hace varios años, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres presentó una denuncia contra Myanmar por el uso generalizado que hacía del trabajo forzado.

A consecuencia de esa denuncia, en junio de 1996 la Organización Internacional del Trabajo nombró una comisión de investigación. En un exhaustivo informe publicado en agosto de 1998, esa comisión concluyó que el gobierno de Myanmar era culpable de un delito internacional que, si se comete de forma generalizada o sistemática, constituye también un delito contra la humanidad.