Indice AI: ASA 16/037/2007 (Público)

Fecha: Noviembre de 2007

MYANMAR

Documento informativo

No hay vuelta a la "normalidad"

Introducción

La violenta represión de las autoridades myanmaras contra las manifestaciones pacíficas celebradas en 66 ciudades de todo el país desde mediados de agosto hasta septiembre de 2007 provocó la condena internacional, y un consenso sin precedentes en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que expresaron su repulsa y exigieron cambios.

El 7 de noviembre, el sitio web de New Light Of Myanmar, portavoz del gobierno de Myanmar, afirmó que "la paz y la estabilidad predominan en todo el país [...], la situación ha vuelto a la normalidad".(1) Amnistía Internacional sigue documentando graves violaciones de derechos humanos, algunas perpetradas durante la violenta represión llevada a cabo entre los días 26 y 29 de septiembre, y otras en la posterior oleada represiva, que aún continúa. La situación no ha vuelto a la normalidad.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la declaración del representante del gobierno de Myanmar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que afirmó: "La cooperación con las Naciones Unidas es una de las piedras angulares de la política exterior de Myanmar. Animados de ese espíritu, seguimos cooperando con el relator especial".(2)

Amnistía Internacional reconoce que la autorización concedida por las autoridades de Myanmar por primera vez desde 2003 para que el relator especial visite el país es un paso formal positivo para "establec[er] contactos directos con el Gobierno y el pueblo de Myanmar, comprendidos los dirigentes políticos privados de libertad, [...] a fin de examinar la situación de los derechos humanos en Myanmar".(3) La organización pide al gobierno myanmaro que demuestre esta cooperación garantizando ahora al relator especial, Paulo Sergio Pinheiro, un acceso pleno y sin trabas durante su visita. Este acceso es fundamental para evaluar de forma creíble la actual situación de los derechos humanos y vigilar la aplicación por parte de las autoridades de Myanmar de la resolución S-5/1, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en su reciente periodo extraordinario de sesiones. La visita también brinda a las autoridades de Myanmar una primera oportunidad para que demuestren su compromiso de cooperar de forma real y sustantiva con la comunidad internacional mediante mejoras concretas en todas las cuestiones de derechos humanos detalladas en este documento informativo.

La resolución S-5/1 insta al gobierno de Myanmar, entre otras cosas:

[...] a que ponga en libertad sin demora a los detenidos y presos como consecuencia de la reciente represión de protestas pacíficas, así como a todos los presos políticos, incluida Daw Aung San Suu Kyi, y a que vele por que las condiciones de privación de libertad se ajusten a las normas internacionales e incluyan la posibilidad de visitar a cualquier preso.

La aplicación plena e inmediata de la resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos es un primer paso para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional cree que hasta la fecha ninguna de las principales exigencias formuladas en esta resolución, muchas de las cuales se reiteraron en la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 11 de octubre, se ha cumplido plenamente.

Basándose en numerosos testimonios de primera mano de víctimas y testigos presenciales, este documento informativo describe algunos de los principales abusos contra los derechos humanos perpetrados desde el inicio de la represión.

Represión violenta mediante palizas y muertes(4)

La represión violenta de las manifestaciones de septiembre de 2007, en las que agentes de seguridad del Estado de Myanmar y grupos respaldados por ellos golpearon a los manifestantes con varas de bambú, caucho o madera, ha sido ampliamente documentada. Entre las víctimas hubo monjes y también hombres, mujeres y menores que participaban directamente en las protestas o las observaban a corta distancia. En algunos casos, las palizas fueron indiscriminadas, mientras que en otros las autoridades eligieron deliberadamente a determinadas personas, a quienes persiguieron para golpearlas. Al menos un manifestante, Ko Ko Win, de 22 años, miembro de la Liga Nacional para la Democracia (LND), murió por las lesiones sufridas a consecuencia de los golpes que recibió cerca de la Pagoda Sule de Yangón, el 27 de septiembre.

Además de la muerte –registrada por las cámaras– de Kenji Nagai, periodista japonés alcanzado por los disparos de las tropas que abrieron fuego a bocajarro sobre un grupo de manifestantes que iban entonando cánticos, Amnistía Internacional ha confirmado que durante la represión el personal de la seguridad del Estado o grupos que actuaban con su apoyo dispararon balas de goma y munición real contra las multitudes de manifestantes pacíficos. Los disparos iban precedidos habitualmente, aunque no siempre, por disparos de advertencia al aire. No se sabe cuántas personas resultaron alcanzadas por los disparos, pero Amnistía Internacional ha confirmado informes de heridas de bala causadas por fuego real. Por ejemplo, Thet Paing Soe y Maung Tun Lynn Kyaw, alumnos del centro estatal de enseñanza secundaria número 3 de Tamwe, en Yangón, cayeron muertos a disparos el 27 de septiembre. Los testigos presenciales cuentan que los disparos se hicieron desde camiones militares y pasos elevados, lo cual, unido a las características de las víctimas, induce a la organización a creer que la actuación de las autoridades se dirigió deliberadamente contra las personas que lideraban o parecían liderar las manifestaciones.

El empleo de la violencia contra manifestantes pacíficos y, en particular, el uso de medios letales salvo como último recurso, son contrarios al derecho internacional.

Poco después de terminar la represión, las autoridades admitieron que murieron al menos 10 manifestantes, afirmación que siguen manteniendo. Si bien Amnistía Internacional no ha podido confirmar el número total de muertes, la organización, basándose en las entrevistas y los testimonios recogidos hasta ahora, cree firmemente que la cifra oficial es demasiado baja. Por ejemplo, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania ha registrado hasta ahora los datos de 18 personas muertas durante la represión.(5) Amnistía Internacional también ha entrevistado de forma independiente a testigos de varios de estos incidentes.

Amnistía Internacional ha confirmado al menos dos muertes bajo custodia desde que comenzara la represión, al parecer por causa del trato recibido por las víctimas durante el interrogatorio. Ko Win Shwe, miembro de la LND, de 42 años, murió en el centro policial de Plate Myot, cerca de Mandalay, el 9 de octubre. A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades incineraran su cadáver antes de notificarle el fallecimiento a los familiares, impidiendo que se verificaran los informes según los cuales murió a consecuencia de las torturas u otros malos tratos. De igual forma, el venerable U Thilavantha, prior del monasterio Yuzana Kyaugthai, en Myitkyina, fue golpeado hasta morir el 26 de septiembre, mientras estaba bajo custodia, y había sido golpeado la noche anterior, durante el asalto a su monasterio.

La organización también ha recibido informes creíbles de la incineración de numerosos cadáveres en el crematorio municipal de Ye Way, en Yangón, durante las noches del 27 al 29 de septiembre. Según estas fuentes, se ordenó a los empleados del crematorio, que habitualmente no funciona durante las horas nocturnas, que se marcharan, y esas noches fueron sustituidos por personal de la seguridad del Estado o grupos apoyados por el Estado. Según los informes, varios de los fallecidos incinerados al menos una de esas noches tenían las cabezas rapadas, y algunos presentaban señales de graves heridas.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Myanmar a:

· dar cuenta de las personas víctimas de homicidio facilitando sus nombres y la causa de la muerte al relator especial y a la opinión pública en general.

· permitir el acceso del relator especial a todos los crematorios y a sus registros como paso inicial para una investigación integral independiente sobre los informes de incineraciones secretas realizadas por las autoridades.

· llevar a cabo sin demora investigaciones independientes e imparciales sobre todas las muertes bajo custodia.

· garantizar que los responsables de homicidios ilegítimos son puestos a disposición judicial.

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y puesta en libertad de los presos políticos(6)

Según New Light Of Myanmar, el principal periódico gubernamental de Myanmar, desde que comenzó la represión, en septiembre de 2007, han sido detenidas 2.927 personas, de las cuales 2.836 han quedado en libertad y 91 siguen detenidas. (7) Amnistía Internacional cree que estas cifras no reflejan toda la realidad. A la organización le preocupan particularmente los numerosos testimonios sobre el uso de centros de detención no oficiales de gran capacidad y no reconocidos por las autoridades estatales, que la organización considera instalaciones "secretas". Amnistía Internacional calcula que en la actualidad hay unos 700 presos políticos detenidos. Entre los detenidos ha habido menores y al menos dos mujeres embarazadas, de siete y tres meses, respectivamente.

Al menos 15 personas detenidas en relación con las protestas pacíficas desde agosto han sido condenadas a penas de hasta nueve años y medio de cárcel. Según los informes, al menos cinco de estas personas fueron juzgadas en actuaciones que probablemente fueron a puerta cerrada y sin garantías, ante un tribunal que operaba en el interior de la cárcel de Thayet, en la división de Magway, los días 24 y 26 de septiembre.(8)

Además, para Amnistía Internacional es motivo de grave preocupación el hecho de que muchas de personas fueran detenidas –o continúen recluidas– únicamente por participar en manifestaciones pacíficas. La organización considera que todas las personas detenidas y recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión en le marco de las manifestaciones pacíficas son presos de conciencia.

Amnistía Internacional señala con honda preocupación el uso que las autoridades myanmaras hacen desde hace tiempo de la detención arbitraria contra presos de conciencia, como Daw Aung San Suu Kyi, U Win Tin y destacadas figuras de la oposición de grupos étnicos minoritarios, como U Khun Htun Oo.

La organización también ha confirmado que, hasta la fecha, la puesta en libertad de muchos detenidos ha estado condicionada a que firmen un compromiso de abstenerse de desarrollar actividades políticas en el futuro.

Amnistía Internacional insta a las autoridades myanmaras a:

· poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión durante la represión, así como a todos los presos de conciencia detenidos antes de los recientes sucesos.

· facilitar al relator especial y a la opinión pública los nombres y toda la información de todas las personas detenidas en relación con la represión, incluido el lugar donde están recluidas y el fundamento legal de su detención y reclusión.

· facilitar al relator especial información completa sobre los juicios de las personas detenidas durante la represión que ya han sido sentenciadas..

· revelar la ubicación de los centros de detención oficiales y no oficiales utilizados.

· permitir al relator especial acceder sin trabas a todos los lugares de detención y a las personas que continúan detenidas.

· dar garantías incondicionales de que las personas detenidas que deseen hablar con el relator especial no sufrirán represalias.

· garantizar que todas las personas detenidas lo están sólo en lugares oficiales de detención, y pueden acceder de inmediato a sus abogados, ver a sus familiares y recibir la atención médica que necesiten.

Si bien las detenciones han disminuido desde el 29 de septiembre, agentes de la seguridad del Estado o grupos apoyados por ellos han seguido buscando y deteniendo a personas concretas sospechosas de participar en las protestas contra el gobierno, y lo han hecho fundamentalmente efectuando redadas nocturnas en sus domicilios.

La organización también ha confirmado que las autoridades recurren reiterada y deliberadamente a la detención arbitraria e ilegal de familiares o amigos cercanos y de presuntos simpatizantes de los manifestantes que han optado por ocultarse. Esto –la presión explícita o implícita sobre los presuntos manifestantes para que se entreguen como condición para liberar o no dañar a un rehén– también constituye "toma de rehenes" y es una violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Por ejemplo, antes de que fuera detenida Thet Thet Aung, el 19 de octubre, su madre y su suegra, contra quienes las autoridades no tenían nada, fueron detenidas arbitrariamente por las autoridades myanmaras, al parecer para intimidar y presionar a Thet Thet Aung a fin de que se entregara. Ambas han sido puestas en libertad, aunque la madre estuvo detenida hasta el 2 de noviembre. Un caso parecido es el del poeta Ko Nyein Thit: el 1 de octubre, antes de ser detenido por las autoridades myanmaras, su esposa, Khin Marlar, fue puesta bajo custodia, y no quedó en libertad hasta el 21 de octubre. Cuando Di Nyein Lin eludió su detención, el 12 de octubre, se llevaron en su lugar a Thein Aye, dueño de la casa donde se escondía, sin motivo legal alguno. Di Nyein Lin fue detenido el 23 de octubre, y Thein Aye sigue bajo custodia.

· Amnistía Internacional insta a las autoridades myanmaras a que pongan fin de inmediato al encarcelamiento sistemático y arbitrario o la privación de la libertad física como "rehenes", en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, de familiares o presuntos simpatizantes de manifestantes.

Por último, Amnistía Internacional sabe de al menos 72 casos de desaparición forzada en los que las autoridades myanmaras no pueden o no quieren dar cuenta del paradero de personas sobre que hay motivos razonables para pensar que han sido puestas bajo custodia por agentes del Estado.(9) Las desapariciones forzadas son una grave violación de derechos humanos fundamentales y suelen servir para ocultar otros abusos:

· Amnistía Internacional pide a las autoridades de Myanmar que investiguen de inmediato y den cuenta de las personas sometidas a desaparición forzada.

Condiciones de detención(10) – tortura y trato cruel, inhumano y degradante

Amnistía Internacional ha confirmado informes de condiciones de detención terribles que no se ajustan a las normas internacionales para el trato de los reclusos y de hecho constituyen trato cruel, inhumano y degradante, prohibido en virtud del derecho internacional. Desde la oleada represiva hay cada vez más informes de muerte bajo custodia, así como de palizas, malos tratos, falta de alimentos, agua o tratamiento médico en lugares de detención abarrotados e insalubres de todo el país. No se han cubierto las necesidades básicas, como alimentos, agua, mantas y acceso a un lugar donde dormir y a instalaciones sanitarias. A Amnistía Internacional le preocupan especialmente los informes de algunos detenidos que, tras quedar en libertad, dijeron que los habían tenido recluidos en condiciones degradantes en celdas diseñadas para mantener encerrados perros, conocidas como "celdas-perreras".

La organización ha recibido informes individuales de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Un detenido que quedó en libertad recientemente testificó que lo habían hecho permanecer de rodillas con las piernas descubiertas durante largos periodos sobre ladrillos rotos, y también mantenerse largo tiempo de puntillas en una postura incómoda (lo que se conoce como la postura del ciclista). Este trato viola la prohibición absoluta de torturas y malos tratos. La organización ha confirmado que a los monjes detenidos se les despojaba de sus hábitos y se les daba de comer a propósito por la tarde, cuando su religión les prohíbe ingerir alimentos. Las condiciones imperantes en los centros de detención, así como el trato a los detenidos constituyen tortura o trato cruel, inhumano y degradante, o ambas cosas.

· Amnistía Internacional insta a las autoridades myanmaras a que garanticen que las personas privadas de libertad o detenidas por las autoridades estatales son tratadas humanamente y recluidas en condiciones que respeten su dignidad, su seguridad y su salud, con condiciones de vida, suef1o e higiene adecuadas.

Investigaciones y puesta de los perpetradores a disposición judicial(11)

Además de militares y policías antidisturbios, miembros de la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, respaldada por el gobierno, actuaron violentamente contra los manifestantes de septiembre de 2007 con la aquiescencia o la aprobación del gobierno, aunque no está claro si directamente por orden suya. Amnistía Internacional también ha confirmado que los miembros de un grupo conocido como Swan-Ar-Shin, o "Poder del Pueblo" también participaron en la represión violenta de los manifestantes con la aquiescencia o el apoyo del gobierno. Hay indicios de que las autoridades de Myanmar han sido cómplices de los abusos perpetrados por estos grupos, o han actuado negligentemente al no intervenir, castigarlos o evitarlos. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente la cultura de la impunidad imperante en Myanmar desde hace décadas. Como paso previo necesario para poner fin a todos los abusos contra los derechos humanos perpetrados por agentes estatales y no estatales:

· Amnistía Internacional insta a las autoridades de Myanmar a que investiguen concienzudamente todos los informes de homicidios, tortura y malos tratos de detenidos, detenciones ilícitas y desapariciones forzadas descritos supra, que pongan a los perpetradores a disposición judicial y que se aseguren de que víctimas y supervivientes reciben reparación.

Eliminar las restricciones a la actividad política y garantizar el acceso irrestricto a la información de los medios de comunicación(12)

Un gran contingente de policía antidisturbios tomó las calles de Yangón y de otros lugares de Myanmar el fin de semana del 26-28 de octubre, cuando se cumplía un mes de la represión de septiembre, en previsión de manifestaciones conmemorativas. De igual forma, el 1 de noviembre, al parecer volvió a bloquearse el acceso a Internet, ya cortado el 28 de septiembre. Amnistía Internacional ha recibido también informes creíbles de que, en el momento en que se redacta este documento, y a pesar de haberse levantado el toque de queda, siguen perpetrándose asaltos nocturnos y actos de hostigamiento como los descritos supra, con detenciones recurrentes.

· Amnistía Internacional insta a las autoridades a que levanten todas las restricciones a la actividad política pacífica y garanticen la libertad de reunión y asociación pacíficas y la libertad de opinión y expresión, permitiendo, entre otras cosas, el acceso irrestricto a los medios de comunicación y otras formas de información.

Cooperación plena con organizaciones humanitarias(13)

Si bien muchas organizaciones de la ONU pueden seguir operando, al menos parcialmente, en Myanmar, otras muchas han visto considerablemente restringida su actividad tras la represión. También hay indicios de que, incluso antes de la oleada represiva, el gobierno utilizaba la distribución de alimentos con fines políticos, especialmente en los estados con minorías étnicas.(14) Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ha podido operar en Myanmar desde diciembre de 2005 más allá de varios programas reducidos que no incluyen su mandato fundamental de acceso a las cárceles y observación de las detenciones. Las visitas del CICR a los centros de detención se suspendieron en enero de 2006, cuando este organismo se negó a aceptar la condición de que su personal fuera acompañado por miembros de organismos dependientes del gobierno.

· Amnistía Internacional insta a las autoridades de Myanmar a que cooperen plenamente y faciliten un acceso significativo de las organizaciones humanitarias al país, entre otras cosas permitiendo que el CICR regrese a él con una actividad significativa, que incluya el acceso libre a cárceles y centros de detención.

Hay indicios de que durante la represión que se negó a las ambulancias el acceso a algunas de las víctimas de la calle, y que se ordenó a los centros médicos privados que no atendieran a las personas heridas y lesionadas. Impedir que se preste la atención médica necesaria a personas heridas durante las protestas contra el gobierno o durante la represión posterior constituye una violación del derecho a la vida.

· Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que garantice que se permitirá a todo el personal médico llevar a cabo sus obligaciones sin retrasos indebidos ni injerencias gubernamentales.

El gobierno de Myanmar es claramente responsable de muchas violaciones de derechos humanos perpetradas durante la represión de finales de septiembre y en las seis semanas que han pasado desde entonces. A pesar de haber asegurado que cooperarán con la ONU para resolver la actual crisis, las autoridades myanmaras no están llevando a cabo las mejoras concretas en el ámbito de los derechos humanos que la ONU ha pedido con carácter de urgencia.

NOTAS

(1) "UN Envoy holds talks with Spokes Authoritative Team of SPDC, meets NPED Minister, Foreign Minister, Religious Affairs Minister, Labour Minister, members of social organizations, representatives of national races", New Light of Myanmar, 7 de noviembre http://www.myanmar.com/newspaper/nlm/

(2) Respuesta del embajador H.E. U Thaung Tun, representante de la Unión de Myanmar, a la exposición oral del relator especial Paulo Sergio Pinheiro en la Tercera Comisión, durante el 62º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el tema 70.c del programa: Situaciones relativas a los derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales, Nueva York, 24 de octubre de 2007.

(3) Resolución 1992/58 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la que se nombra al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, aprobada el 5 de marzo de 1992 sin votación.

(4) "1. [El Consejo de Derechos Humanos] Deplora profundamente que se sigan reprimiendo violentamente las manifestaciones pacíficas en Myanmar, en particular mediante palizas, muertes [...]"(Resolución S-5/1, párrafo 1, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación).

(5) Véase http://www.aappb.org/died_sept_07.html

(6) "1. [El Consejo de Derechos Humanos] Deplora profundamente que se sigan reprimiendo violentamente las manifestaciones pacíficas en Myanmar, en particular mediante [...] detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas [...]" y "3. [El Consejo de Derechos Humanos] Insta también al Gobierno de Myanmar a que ponga en libertad sin demora a los detenidos y presos como consecuencia de la reciente represión de protestas pacíficas, así como a todos los presos políticos [...]."

(Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, párrafos 1 y 3, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación.)

(7) "UN Envoy holds talks with Spokes Authoritative Team of SPDC, meets NPED Minister, Foreign Minister, Religious Affairs Minister, Labour Minister, members of social organizations, representatives of national races", New Light of Myanmar, 7 de noviembre de 2007.

(8) Democratic Voice of Burma, 10 de octubre de 2007. Estas cinco personas eran U Pike Ko, miembro de la Liga Nacional para la Democracia, y otros cuatro residentes de Pakokku. Véase http://english.dvb.no/news.php?id=537

(9) La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania ha elaborado una lista de estas personas. Amnistía Internacional considera que esta información ha sido verificada y puede considerarse fiable. Véase http://www.aappb.org/disap_sept_07.htm.

(10) "3. [El Consejo de Derechos Humanos] Insta también al Gobierno de Myanmar [...] a que vele por que las condiciones de privación de libertad se ajusten a las normas internacionales e incluyan la posibilidad de visitar a cualquier preso"; (Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, párrafo 3, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación.

(11) "2. [El Consejo de Derechos Humanos] Insta al Gobierno de Myanmar a que haga respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, e investigue y enjuicie a los autores de violaciones de los derechos humanos, incluidas las recientes violaciones de los derechos de manifestantes pacíficos"; (Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, párrafo 2, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación.

(12) "4. [El Consejo de Derechos Humanos]Insta ademásal Gobierno de Myanmar a que elimine todas las restricciones a las actividades políticas pacíficas de toda la población, garantizando, entre otras cosas, la libertad de reunión y de asociación pacíficas y la libertad de opinión y de expresión, incluso a los medios de comunicación libres e independientes, y a que garantice al pueblo de Myanmar un acceso irrestricto a la información"; (Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, párrafo 4, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación)

(13) "8. [El Consejo de Derechos Humanos] Insta al Gobierno de Myanmar a que coopere plenamente con las organizaciones humanitarias, entre otras cosas, garantizando el pleno acceso de la asistencia humanitaria, sin restricciones y en condiciones de seguridad, a todas las personas que la necesiten, en todo el país"; (Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, párrafo 8, aprobada el 2 de octubre de 2007 sin votación).

(14) Véase, por ejemplo: ‘Junta restrictions cause food shortages among Rohingyas’, Clive Parker, Irrwaddy, 23 de septiembre de 2005. http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=5023.

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