Público

Amnistía Internacional

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

La pena de muerte en 1998

Diciembre de 1999 RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 17/57/99/s

DISTR: CH/CO/SC

Amnistía Internacional ha contabilizado 2.701 condenas de muerte y 1.769 ejecuciones confirmadas en China durante 1998. Estas cifras incluyen algunas condenas dictadas en 1997 pero de las que no se informó hasta 1998. En la cifra de penas de muerte no se incluye un elevado número de condenas deducidas de informes ambiguos.

Se cree que estas cifras están muy por debajo del número real de condenas de muerte y ejecuciones llevadas a cabo en China a lo largo de 1998. Están basadas en los informes públicos que ha analizado Amnistía Internacional y que se recogen en el registro adjunto. Sólo se hace pública una pequeña parte de las condenas de muerte y ejecuciones habidas en China ya que las autoridades difunden selectivamente la información.

Estas cifras mínimas correspondientes a 1998 revelan que por término medio el Estado chino dicta más de 51 condenas de muerte a la semana y que, al igual que durante el resto de la década, se ha ejecutado a más personas en China que en todo el resto del mundo.

En septiembre de 1998, el Tribunal Supremo del Pueblo informó de que había habido una disminución drástica del número de ejecuciones como consecuencia de las reformas del Código Penal que entraron en vigor en octubre de 1997. Esta afirmación merecería más crédito si estuviera acompañada de los datos, las cifras y los casos concretos. Sin embargo, en China las estadísticas nacionales sobre la pena de muerte continúan siendo un secreto de Estado.

Este informe analiza la aplicación de la pena de muerte en China en 1998, examina los tipos de condenas habituales y la repercusión que han tenido las reformas del Código de Procedimiento Penal (en vigor desde enero de 1997) y del Código Penal. Este informe debe leerse conjuntamente con la relación de casos publicada separadamente bajo el título «The Death Penalty Log», ASA 17/56/99, disponible sólo en inglés.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente porque constituye la forma de castigo más cruel, inhumana y degradante y porque viola el derecho a la vida establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Amnistía Internacional ve con preocupación cómo se aplica la pena de muerte en China, la rapidez y la falta de equidad de los juicios y el amplio número de delitos castigados con la pena capital.

PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / CONDENAS A MUERTE1 / EJECUCIONES1 / CIUDADANOS EXTRANJEROS / TORTURA - MALOS TRATOS /FOTOGRAFÍAS

Este texto resume el documento titulado República Popular de China: La pena de muerte en 1998 (Índice AI: ASA 17/57/99/s) publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1999. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW , REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

República Popular de China:

LA PENA DE MUERTE EN 1998

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

La pena de muerte en 1998

Amnistía Internacional ha contabilizado 2.701 condenas de muerte y 1.769 ejecuciones confirmadas en China durante 1998. Estas cifras incluyen algunas condenas dictadas en 1997 pero de las que no se informó hasta 1998. Asimismo se excluyen numerosas condenas de muerte que pueden deducirse de informes ambiguos, incluidos numerosos artículos aparecidos en la prensa China en los que se hacía referencia a ejecuciones «en grupo» sin revelar los nombres ni el número de personas ejecutadas.

Se cree que estas cifras, basadas en los informes públicos que Amnistía Internacional ha analizado y que se recogen en el registro adjunto, están muy por debajo del número de condenas de muerte y ejecuciones llevadas a cabo en China a lo largo de 1998. Sólo se hace pública una pequeña parte de las condenas de muerte y ejecuciones habidas en China ya que las autoridades difunden selectivamente la información. Estas cifras incluyen los informes sobre la ejecución de presos políticos así como las ejecuciones públicas y la condena a muerte de menores de edad, dos hechos que quebrantan la legislación china.

Estas cifras mínimas correspondientes a 1998 revelan que por término medio el Estado chino dicta más de 51 condenas de muerte a la semana y que, al igual que durante el resto de la década, se ha ejecutado a más personas en China que en todo el resto del mundo.

Desde 1990 hasta fines de 1998, Amnistía Internacional ha contabilizado más de 25.500 penas de muerte y más de 16.760 ejecuciones en China, es decir, que por término medio en China se dictan al menos 2.800 condenas de muerte y se llevan a cabo 1.850 ejecuciones confirmadas al año.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente porque constituye la forma de castigo más cruel, inhumana y degradante y porque viola el derecho a la vida establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Amnistía Internacional también ve con preocupación cómo se aplica la pena de muerte en China, la rapidez y la falta de equidad de los juicios y el amplio número de delitos castigados con la pena capital.

Durante aproximadamente la última década se ha registrado un aumento espectacular de la tasa de delincuencia en China sin que las medidas enérgicas adoptadas a escala regional y nacional hayan tenido ninguna repercusión duradera.

La pena de muerte sigue aplicándose predominantemente a las personas de un nivel educativo y social bajo. A este respecto, resulta significativo que los delitos de «guante blanco», como lo son en gran medida la corrupción, la malversación de fondos y el fraude, se castiguen con pena de muerte suspendida por dos años con mayor frecuencia que otros delitos asimismo punibles con la muerte.

Los estudios científicos no han encontrado nunca pruebas convincentes de que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio contra la comisión de delitos que otros castigos. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias escribió en 1997 que consideraba que la pena de muerte no es un instrumento apropiado para luchar contra el aumento de la delincuencia en China y que debe suprimirse para los delitos económicos y los delitos relacionados con las drogas.¹

En septiembre de 1998, el Tribunal Supremo del Pueblo señalóque había habido una gran disminución del número de ejecuciones como consecuencia de las reformas del Código Penal. El 11 de febrero de 1998, el juez Zhang Jin del Tribunal Supremo del Pueblo anunció que «Las restricciones adicionales impuestas a la pena capital [en el Código Penal revisado] demuestran que en China se respetan la vida de los delincuentes».²

El 6 de octubre de 1998, el periódico semioficial Guangming Ribao (Diario de Guangming) expuso las garantías legislativas existentes en China para los derechos humanos en el campo judicial. En el artículo se afirmaba que «en China el principio imperante a la hora de aplicar la pena de muerte siempre ha sido el de matar sólo a un número reducido, no matar cuando no fuera absolutamente necesario y aplicar esta condena sólo a aquellos delincuentes que han cometido delitos especialmente graves y extremadamente perniciosos, que impedían que pudiera mantenerse el orden social si no se ponía fin a sus vidas».

Estas afirmaciones sobre la aplicación limitada de la pena de muerte no se ven apoyadas por los casos que Amnistía Internacional ha analizado durante 1998 y en años anteriores. Asimismo, ni los datos ni las cifras proporcionados por las autoridades chinas respaldan otras declaraciones sobre la «importante reducción» en la aplicación de la pena de muerte. Amnistía Internacional no ha encontrado ninguna prueba de dicha reducción. Además, una afirmación de esta naturaleza resultaría más creíble si estuviera acompañada de los datos, las cifras y los casos individuales concretos. Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre la pena de muerte continúan siendo un secreto de Estado.

En abril de 1998, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Bacre Waly Nidaye, anunció que seguía solicitando autorización para realizar una visita a China; «Llevo desde 1992 solicitando permiso para visitar China, por el mismo motivo por el que he visitado Estados Unidos: la ampliación y la aplicación de la pena de muerte no se atienen a las normas internacionales».³En abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones instó a los Estados a que suspendieran las ejecuciones y trabajaran en favor de la abolición de la pena de muerte. La Comisión declaró que en la mayoría de los Estados había una tendencia clara hacia la abolición. Sin embargo, sigue habiendo excepciones como China. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya expresó este sentimiento al decir «espero que llegue el día en que... por consenso, prohibamos la pena de muerte porque cabe decir que, como Alta Comisionada, es contraria a mi sentido de la dignidad del ser humano».⁴

En el documento titulado República Popular de China. La pena de muerte en China: Batir records abatiendo vidas (ASA 17/38/97/s) pueden encontrar las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en China, mientras que en el documento titulado República Popular de China: Reforma legislativa y derechos humanos (ASA 17/14/97/s, marzo de 1997) se describen los cambios introducidos en el Código de Procedimiento Penal relativos a las disposiciones sobre la pena capital.

En las siguientes páginas se analizan algunos de los informes que Amnistía Internacional ha recibido durante 1998. Este documento está concebido para ser leído junto con el documento titulado People’s Republic of China:The Death Penalty Log (ASA 17/56/99) que es una enumeración cronológica de los informes sobre condenas de muerte y ejecuciones llevadas a cabo en China en 1998, analizados por Amnistía Internacional. Estos informes proceden de diferentes fuentes, incluidos los medios de comunicación oficiales chinos. Amnistía Internacional no está en condiciones de confirmar la veracidad de cada uno de ellos.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LA IMPOSICIÓN DE PENAS

En 1998 continuó la campaña de «mano dura»

En 1996, la campaña nacional de «mano dura» contra la delincuencia, iniciada el 28 de abril de ese año, desembocó en un número de ejecuciones masivas sin precedentes desde 1983 y se caracterizó por numerosos casos de justicia sumaria. La campaña continuó durante todo 1997 y se prolongó en 1998 contra ciertos delitos concretos, como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude del impuesto sobre el valor añadido y el «separatismo» en Sin-kiang. Desde 1997, en muchas provincias se llevan a cabo operaciones locales o regionales de «mano dura» contra la delincuencia en general o contra delitos específicos.

Durante las operaciones de «mano dura» es frecuente que se dicten condenas de muerte o se ejecute a personas por delitos que en otro momento u otras regiones han acarreado condenas menores. En algunos casos se celebran grandes actos públicos de una nueva operación de «mano dura». Por ejemplo, el 25 de agosto, como parte de los actos públicos de imposición de penas de una operación de «mano dura» celebrados en la ciudad de Cantón y en diez tribunales de distrito, se condenó a muerte a 164 personas en 88 causas diferentes. Se tuvo noticias de que varias personas fueron ejecutadas tras dichos actos.⁵ El 3 de abril, en Tianjin, fueron ejecutadas cuatro personas tras un acto público de imposición de penas celebrado en el marco de una campaña de «mano dura».⁶

El 11 de diciembre de 1998, el Fazhi Bao (Noticias Jurídicas) informó de que desde septiembre de 1998 se estaba llevando a cabo una campaña de «mano dura» contra los «delitos violentos», como consecuencia de la cual sólo en la provincia de Liaoning se habían habían llevado a cabo diez actos públicos de imposición de penas en los que se había condenado a delincuentes que «habían dañado gravemente el orden público». Treinta personas fueron ejecutadas tras ser condenadas por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shenzen, en lo que se describió como la mayor ejecución masiva jamás llevada a cabo en dicha ciudad. El hecho se encuadraba dentro de la campaña nacional de «mano dura» y en el acto público de imposición de penas se condenó a un total de 53 personas, de las que 39 fueron condenadas a la pena capital, por cargos que iban desde el asesinato al robo y el hurto .⁷

El Xinjiang Ribao (Diario de Sin-kiang) informó de que se había ejecutado a 13 personas condenadas el 27 de agosto de 1998 por el Tribunal del Pueblo de la ciudad de Urumqi. Se informó de que un funcionario manifestó que las ejecuciones se habían llevado a cabo de acuerdo con la «política de actuar enérgicamente contra la delincuencia». El 10 de junio de 1998, diez personas fueron ejecutadas en Cantón, en el sur de China, por varios presuntos delitos. Se informó de que eran las primeras ejecuciones que se llevaban cabo tras «intensificarse« la campaña de «mano dura» a comienzos de junio. Los informes no aclaran si esta «intensificación» fue una iniciativa nacional o regional. ⁸

En mayo se celebraron en la provincia de Jiangxi varios actos públicos de imposición de penas en el curso de los cuales se condenó a 555 personas y se ejecutó «a varias» personas que habían cometido delitos graves. ⁹En mayo, se tuvo noticias de que en Pekín todos los tribunales de la capital habían adoptado «recientemente» iniciativas tipo «mano dura» contra los delitos de robo y hurto.¹⁰ También se tuvo noticias de que en Tianjin en el último trimestre de 1998 las autoridades de la ciudad habían actuado enérgicamente contra el robo y contrabando de vehículos motorizados. Se detuvo a un total de 288 sospechosos, de los que 135 fueron arrestados formalmente.

El 24 de abril, en Shenzhen se celebró un gran acto público de imposición de penas en el que se condenó a 40 delincuentes en más de 11 causas. Se cree que a 14 de ellos los condenaron a muerte y nada más concluir el acto público los «escoltaron» al lugar de ejecución para fusilarlos.¹¹El 29 de junio de 1998, 37 personas, entre ellas una mujer, fueron condenadas a muerte en un acto público de imposición de penas celebrado en un estadio deportivo de la ciudad de Cantón. Tras el acto se ejecutó a ocho personas. Según informes, 33 de los condenados recurrieron contra sus condenas, aunque todos los recursos fueron rechazados. Al parecer, entre las siete mil personas que acudieron al acto había escolares. ¹²

Actos públicos de imposición de penas y desfiles de presos

El Código de Procedimiento Penal prohíbe las ejecuciones públicas pero no prohíbe expresamente la exhibición pública de los presos condenados a la pena capital. El desfile y la humillación de presos condenados en los actos públicos masivos o en los camiones que los transportan al lugar de ejecución sigue siendo frecuente, a pesar de que desde los años ochenta algunos organismos gubernamentales y las autoridades judiciales han promulgado una serie de normas que prohíben esta práctica.¹³ Por lo general a los presos se los hace desfilar con las manos atadas a la espalda, los brazos atados con una cuerda y, en ocasiones, les colocan un cartel colgado del cuello con la lista de sus delitos. Al igual que en años anteriores, en 1998 tuvieron lugar en todo el país actos masivos, actos públicos de imposición de penas y actos televisados. Muchas veces a los presos se los ejecuta inmediatamente después de estos actos.

Amnistía Internacional considera que estas prácticas constituyen trato cruel inhumano y degradante y que aumentan la crueldad inherente de la pena de muerte.

Según los informes, tras un acto público de imposición de penas llevado a cabo en el marco de una campaña contra las drogas y celebrado frente a la estación ferroviaria de Chengdu, nueve delincuentes condenados a muerte fueron exhibidos en el camión que los transportó al lugar de la ejecución. Incapaces de ocultar su temor a la muerte, uno de ellos «tembló todo el camino».¹⁴

El 24 de junio se condenó a muerte a tres personas en un acto público de imposición de penas celebrado en un lugar próximo a la ciudad de Baoshan, en la provincia de Yunnan. Según informes, al acto asistieron cinco mil personas.

Algunos actos de imposición de penas se celebran conjuntamente con operaciones específicas anti delincuencia o para condenar a un grupo de personas implicadas en un mismo caso o en un tipo particular de delito. Por ejemplo, en abril, el Tribunal Popular Intermedio Número 1 de Tianjin celebró un acto público para condenar a personas que habían matado a sus cónyuges. Tres de estas personas fueron conducidas al lugar de ejecución tras el acto público y ejecutadas. ¹⁵

El 2 de abril de 1998 el Qianjiang Wanbao (Vespertino de Qianjiang) publicó un artículo sobre las tres últimas horas de vida de Yan Chengcheng, que fue ejecutado el 10 de marzo por «herir deliberadamente». Según informes, Yan Chengcheng fue condenado en un acto público denominado «Reunión pública de la campaña de mano dura». En el artículo se afirma que Yan fue conducido al escenario esposado y con grilletes y que, cuando se leyó la condena a la pena capital, la madre de la víctima gritó «¡venganza!». Seguidamente, lo empujaron hasta el vehículo penitenciario situado a la puerta del recinto donde se estaba celebrando el acto, sin que la lluvia hiciera desistir a la multitud de alinearse a lo largo del itinerario.

El 5 de junio se celebró un acto público de imposición de penas en el palacio cultural de la Refinería de Petróleo de la ciudad de Lanzhou, en el distrito de Xigu, provincia de Gansu. Según informes, más de 1.300 personas asistieron al acto, en el curso del cual se condenó a muerte a un delincuente, que fue ejecutado tras revisar su causa el Tribunal Popular Superior de la provincia de Gansu. Sin embargo, no se hizo ninguna mención de recurso al Tribunal Supremo del Pueblo. Otras diez personas fueron detenidas formalmente.¹⁶

Amnistía Internacional también siente preocupación por algunas prácticas habituales que constituyen trato cruel y degradante de los presos condenados a muerte, a los que suele mantenerse esposados y en algunos casos con grilletes desde el momento de la condena hasta la ejecución. En los actos de imposición de penas, se suele obligar a los presos a permanecer frente al público con las manos atadas a la espalda y un cartel en el pecho con su nombre y el delito que han cometido.

Los soldados que los escoltan normalmente los obligan a mantener la cabeza inclinada. En algunos casos, también les encadenan los pies y les colocan una mordaza atada fuertemente con una cuerda o un cable a la espalda para impedirles hablar o gritar. Estas prácticas violan las normas internacionales sobre el trato que debe darse a los presos.

Ejecuciones públicas

Amnistía Internacional también siente preocupación por los informes relativos a ejecuciones públicas, que vulneran tanto la legislación china como el derecho internacional.

El 20 de enero de 1998 se ejecutó a 11 personas de etnia uigur tras un acto de imposición de penas celebrado ese día en el Tribunal Popular Intermedio de la prefectura de lli, en el curso del cual se condenó a 45 «delincuentes perniciosos» implicados en cuatro causas diferentes. Entre ellos había un hombre llamado Abudousilimu Kahaer (Abdusilim Kari o Abbas Kari). Otros tres acusados fueron condenados a muerte con suspensión de condena durante dos años. Los presos fueron acusados de haber «amenazado la seguridad del Estado y de haber incitado a un comportamiento reaccionario en gran escala», así como de haber «quemado automóviles de la policía, haber asesinado a personas comunes y corrientes y de haber matado y herido a funcionarios locales».¹⁷Según fuentes extraoficiales, los 11 condenados a muerte fueron ejecutados en público el 20 de enero de 1998 en el pueblo de Jelilyuzi, al norte de la ciudad Gulja (Yining). Los habían detenido en el curso de un incidente ocurrido en el pueblo el 26 de julio de 1997, cuando un furgón con agentes de policía armados llegó para detener a 15 vecinos. Según las fuentes, los vecinos del pueblo dudaban de la culpabilidad de las personas a las que se iba a detener y Abbas Kari, de 50 años de edad y profesor de religión del pueblo, intentó intervenir. Los agentes de policía armados lo rodearon inmediatamente y lo condujeron al furgón policial. Seguidamente, sus alumnos intentaron liberarlo. Se inició una pelea que rápidamente derivó en un enfrentamiento violento en el curso del cual los estudiantes incendiaron el furgón policial y algunas personas, entre ellas agentes de policía, resultaron muertas o heridas. Poco después llegaron refuerzos policiales que detuvieron a 42 personas, entre ellas a Abbas Kari y 26 de sus alumnos. Según informes, entre las 11 personas ejecutadas en público el 20 de enero de 1998 en el pueblo estaban Abbas Kari y tres de sus estudiantes.

Periodos de imposición de mayor número de condenas

Normalmente, las autoridades condenan y ejecutan a más presos de lo habitual antes de los acontecimientos importantes, los periodos de vacaciones y los aniversarios. La tabla siguiente (Fig.1) muestra claramente algunos periodos de mayor auge en la imposición de condenas en China que coinciden con el comienzo y final de año y el periodo previo al Año Nuevo Chino en febrero, el aniversario de la fundación de la República Popular de China, el 1 de octubre, y la conmemoración del «Día Internacional contra las Drogas» el 26 de junio.

El 29 de septiembre, unos días antes del Día Nacional, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luoyang celebró un acto público de imposición de penas al que, según informes, acudieron decenas de miles de personas.¹⁸

Estos periodos de imposición de mayor número de condenas y el uso de las campañas regionales o nacionales de «mano dura» aumenta la posibilidad de que se cometan errores judiciales y de que se impongan penas injustas y arbitrarias. La pena impuesta impuesta durante una campaña de «mano dura» o en el periodo previo a un acto importante puede ser mucho mayor, incluso pena de muerte, que la que se impondría por el mismo delito en otro momento.

Por ejemplo, Zong Hake y Pu Yingshun fueron condenados, junto con otros delincuentes, por delitos relacionados con el tráfico de drogas en un acto público de imposición de penas celebrado el 16 de enero de 1998 en la provincia de Guangdong. Seguidamente los escoltaron al lugar de ejecución y los fusilaron. Según informes, tras la lectura de la orden con la que concluía la condena a muerte, un juez del Tribunal Popular Intermedio de Cantón declaró solemnemente «El Festival de Primavera se aproxima, y algunos vándalos albergan la ilusión de conseguir una gananza inesperada antes de ir a casa para el Festival, pero lo único que van a conseguir es acabar igual que estos condenados».¹⁹

Sólo en Pekín, en las semanas previas al Año Nuevo Chino se ejecutó a 89 delincuentes. Se explicó que las ejecuciones eran una «garantía proporcionada por todos los niveles del sistema judicial pekinés para garantizar un Nuevo Año Lunar estable y pacífico a los habitantes de la ciudad». Se manifestó que las autoridades mantendrían el impulso de la campaña «mano dura» durante todo el Nuevo Año Chino.²⁰

El 21 de enero de 1998, Xie Jianmin y Zhao Qijun fueron ejecutados por delitos de narcotráfico y asesinato presuntamente para «purificar el ambiente».²¹ En la semana del 23 al 29 de abril de 1998, cinco personas fueron condenadas a muerte en Hebei como parte de un conjunto de medidas enérgicas a escala provincial tomadas con vistas al 1 de mayo, festividad del Día del Trabajo. Dos personas fueron acusadas de robar bienes a pasajeros de autobús por valor de 18.000 yuanes (unos 2.143 dólares estadounidenses). A las otras tres se las acusó de robar nueve motocicletas y de herir a cuatro personas al hacerlo.²²

Tipos de delitos

Como en años anteriores, se impusieron y ejecutaron penas de muerte por una gran variedad de delitos. El número exacto de delitos punibles con la muerte es difícil de determinar a causa de la ambigua redacción de muchos de los artículos del Código Penal revisado. Sin embargo, el número de éstos ha venido incrementándose paulatinamente desde los años 80. La reforma del Código Penal llevada a cabo en 1997 confirmó el aumento del ámbito de utilización de la pena de muerte, al incorporar nuevos delitos punibles con la muerte que anteriormente se encuadraban en otras leyes, así como al redefinir otros. Muchos delitos son punibles con la muerte si son «extremadamente graves», sin que exista ninguna interpretación concreta de lo que esto significa.

Delitos relacionados con las drogas

En 1998, al menos 461 personas fueron condenadas a muerte por tráfico o posesión de drogas, y en muchos casos se confirmó que las habían ejecutado el 26 de junio, Día Internacional contra las Drogas, o en torno a esa fecha.

El 24 de junio de 1998, en los actos de imposición de penas celebrados en las ciudades de Foshan y Shantou, provincia de Guangdong, se condenó a muerte a un total de 12 personas, de las que 11 fueron ejecutadas. Otras 32 personas fueron condenadas a penas de prisión. Según informes, los acusados estaban implicados en causas que se remontaban a 1995.²³

Ciento diecisiete personas fueron condenadas en un acto público contra las drogas celebrado el 23 de junio de 1998 delante de la principal estación ferroviaria de Chengdu, en la provincia de Sichuan.²⁴Wang Junli y Shen Wei fueron ejecutados el 25 de junio de 1998 tras ser condenados por el Tribunal Intermedio del Transporte Ferroviario de Pekín.

A Ye Zhaoxiong lo condenaron a muerte el 29 de enero de 1998, o en torno a esa fecha, por tráfico de drogas. Los medios de comunicación chinos informaron de que otras dos personas en la misma situación habían sido declaradas culpables de producir y traficar con drogas, delitos por los que «ninguna pena inferior a la muerte puede calmar la ira de la gente».²⁵

Conducción en estado de ebriedad

Éste parece ser un delito creciente, por el que se impone cada vez más la pena de muerte. Wang Guojun fue condenado a muerte por asesinato el 20 de marzo de 1998 en Tianjin tras haber sido declarado culpable de conducir en estado de ebriedad y de haber herido a alguien que posteriormente murió junto a la carretera. Según informes, el tribunal aplicó las «nuevas» disposiciones del Código Penal reformado que imponen penas de reclusión de siete años y otras superiores. Otras siete personas acusadas de delitos similares también fueron condenadas al mismo tiempo que Wang Guojun.

Bian Qingming, profesor de una autoescuela fue condenado a muerte el 2 de diciembre de 1998 por «utilizar medios peligrosos para dañar la seguridad pública» por un incidente relacionado con el consumo de alcohol en el que murió una persona y otras siete resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El 28 de agosto de 1998, según informes, Bian bebió seis litros de cerveza y otras bebidas alcohólicas antes de volver a casa en un vehículo todoterreno de la empresa. Cuando el superior de Bian se sintió demasiado ebrio para conducir, le indicó que lo relevara. Sin embargo, el vehículo se estrelló poco después. Según informes, el abogado de Bian afirmó que su cliente se encontraba demasiado ebrio para darse cuenta de lo que estaba haciendo y que el delito no fue cometido intencionadamente. Pero el tribunal decidió que Bian sabía que conducir ebrio vulneraba las normas y que su acto «había causado daños graves a la sociedad, por lo que debía ser castigado severamente».

Delitos económicos

Varias personas fueron condenadas a muerte por distintos delitos económicos no violentos, desde fraude fiscal y del impuesto sobre el valor añadido a falsificación de moneda, desfalco y robo de tarjetas de crédito.

Luo Feng, de 32 años de edad y gerente de una empresa informática de Pekín, fue condenado a muerte el 22 de junio de 1998. Había sido acusado de un desfalco por un total de 3,9 millones de yuanes y de aceptar sobornos. Según la documentación del tribunal, Luo Feng fue declarado culpable de desfalco, aunque el tribunal concluyó que la cantidad de dinero presuntamente implicada era inexacta y rechazó uno de los cargos. En su defensa, los abogados de Luo Feng rechazaron las acusaciones basándose en varios argumentos convincentes.

Hurto

El Código Penal revisado dispone que la pena de muerte sólo debe aplicarse a los delitos de hurto cuando se trata de «hurto de cantidades especialmente elevadas de instituciones económicas» y de «hurto de bienes culturales valiosos». En teoría, esto debería haber acarreado una importante reducción del número de ejecuciones por hurto y, en septiembre, el Tribunal Supremo del Pueblo informó de que se había producido tal reducción, aunque no reveló las cifras correspondientes. Sin embargo, las ejecuciones por hurto parecen haber continuado tras la entrada en vigor del Código Penal revisado y Amnistía Internacional ha contabilizado ejecuciones por este delito tanto en 1997 como en 1998. Aún falta por ver hasta qué punto van a ponerse en práctica las reformas legislativas. La mayoría de los informes van acompañados de escasos detalles por lo que resulta difícil saber a ciencia cierta si las condenas a muerte y ejecuciones fueron sólo por hurto o por hurto acompañado de otros delitos.

Las emisoras de radio y otros medios de comunicación de Hong Kong informaron de que el 28 de septiembre se ejecutó a siete personas tras un acto público masivo de imposición de penas celebrado en un tribunal local de la provincia de Sichuan. Según informes, entre ellas había un joven de diecinueve años, ejecutado por el presunto hurto de 60 yuanes.²⁶

En julio de 1998, o en torno a esa fecha, cinco personas fueron condenadas a muerte (dos de ellas con suspensión de la pena durante dos años) por robar en «tumbas antiguas».²⁷

Otro ejemplo lo constituye la ejecución, en agosto de 1998, de Chen Rongbao, un muchacho de 19 años de edad que fue condenado por hurto y robo por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Suzhou. Los informes indican que Chen Rongbao y otras personas asaltaron un barco en Shanghai y robaron a los tripulantes unos 70,000 yuanes (8.400 dólares estadounidenses), un teléfono móvil y un buscapersonas, una camisa, un reloj y cigarrillos. Se escaparon saltando al río y uno de ellos se ahogó. ²⁸

Delitos contra funcionarios

En 1998 se han destacado enormemente las duras penas impuestas a los delitos contra los funcionarios.

Lei Yuanling, campesino, fue ejecutado el 26 de septiembre de 1998 por el presunto intento de asesinato de un funcionario. Los informes indican que el 2 de marzo de 1998 Lei se dirigía a vender dos sacos de arroz y que dos funcionarios de la oficina local de agricultura lo detuvieron y le confiscaron los sacos. Posteriormente, ese mismo día Lei Yuanling vio a los dos funcionarios almorzando y los atacó en un acceso de ira.

Otro caso de enfrentamiento con funcionarios es el de Rehem Sajeden. El 15 de julio de 1998, un hombre de etnia uigur ²⁹llamado Rehem Sajeden fue ejecutado en Aksu nada más concluir un acto público de imposición de penas celebrado en el Tribunal Popular Intermedio del distrito de Aksu al que habían acudido cinco mil personas. Según un artículo aparecido en la prensa local, el 10 de mayo de 1998, Rehem Sajeden mató a la directora de la Oficina de Control de Natalidad y Planificación Familiar, una mujer de etnia uigur, cuando ésta acudió a su casa para hablar con su esposa sobre control de natalidad. Esta visita se encuadraba dentro de los controles y exámenes médicos que los equipos de control de natalidad practicaban a las mujeres en edad fértil de esta zona. Según el artículo, Rehem Sajeden huyó tras el asesinato aunque acabó entregándose a la policía y «confesó su delito». El 16 de junio de 1998 fue juzgado por el Tribunal Popular Intermedio de Aksu, que lo condenó a muerte por «asesinato intencionado». El Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang rechazó su apelación. ³⁰

Los ciudadanos extranjeros y la extradición

Las autoridades chinas también han ejecutado a decenas de personas que no eran ciudadanos del país, entre ellas muchas de Taiwán o procedentes de Hong Kong. No está claro exactamente a cuántos ciudadanos extranjeros se ha condenado a muerte pero se cree que pueden ser varias decenas, muchos de ellos de Taiwán o residentes de Hong Kong. Todas las condenas a muerte que afecten a personas procedentes de Hong Kong, Macau y Taiwán deben ser aprobadas por el Tribunal Supremo del Pueblo, aunque no está claro si esta garantía tiene algún tipo de repercusión en la reducción de condenas o en el aumento de la posible suspensión de condena durante dos años.

Uno de estos casos fue el de un hombre de Hong Kong, Chueng Tze-Keung, que fue ejecutado con otros cuatro el 5 de diciembre de 1998 tras desestimarse sus recursos. El caso de Chueng fue polémico debido a que fue juzgado en la China continental por delitos cometidos principalmente en Hong Kong y porque, al no solicitar el juicio en Hong Kong, se consideró que sus autoridades estaban claudicando su autoridad y autonomía judicial ante los tribunales continentales, lo que no auguraba nada bueno para el futuro. En Hong Kong no hay pena de muerte. Las autoridades de Hong Kong afirmaron que no tenían suficientes pruebas para procesar a Chueng en Hong Kong por los delitos por los que posteriormente lo ejecutaron en China.

Según informes, a mediados de julio las autoridades chinas iniciaron un programa intensivo de medidas enérgicas a escala nacional contra el contrabando para aumentar la recaudación de los impuestos sobre la importación y poner al descubierto a los funcionarios corruptos. En octubre, Zou Weiquan, empresario de Hong Kong, fue ejecutado por introducir ilegalmente productos electrónicos y otros artículos en China. Liu Jiachen, vicepresidente del Tribunal Supremo del Pueblo, afirmó que «las personas de Taiwán, Macao o de países extranjeros a las que se sorprenda introduciendo mercancías de contrabando en China serán castigadas de conformidad con la legislación china y, en caso de que proceda, serán condenadas a muerte».³¹

Los informes también indican que por primera vez un ciudadano suizo, Manfred A (no se proporcionó el nombre completo) fue condenado a muerte con suspensión de la pena durante dos años por el presunto asesinato de una joven perteneciente a una minoría étnica. El presunto delito tuvo lugar en abril de 1997 y el juicio se celebró en octubre de 1997. El fallo no se dio a conocer hasta el 23 de junio de 1999. Según informes, «el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo llevó a cabo numerosas iniciativas para evitar la pena de muerte».³²

Suspensión de condena durante dos años

Las autoridades chinas suelen afirmar que la aplicación de la pena de muerte con suspensión de condena durante dos años demuestra el «cuidado» con el que la aplican. Afirman que a la mayoría de las personas condenadas a muerte con suspensión de pena durante dos años se les conmuta la condena una vez cumplido este periodo. Sin embargo, debido a que las estadísticas sobre pena de muerte siguen considerándose secreto de Estado, Amnistía Internacional no está en condiciones de comprobar tal aseveración. No obstante, la organización siente satisfacción al señalar que una de las reformas del Código Penal ha hecho que a estos presos, en teoría, les resulte más factible librarse de ser ejecutados al finalizar los dos años.

Sin embargo, como demuestra el siguiente caso, no todos los presos han visto conmutada su condena a la pena capital: Wang Fujian fue ejecutado en la provincia de Henan el 13 de octubre de 1998. El 16 de octubre de 1997 había sido condenado a muerte con suspensión de condena durante dos años por asesinato. Según informes, en marzo de 1998 su esposa acudió a la prisión para solicitar el divorcio. Tras lo cual, Wang intentó fugarse infructuosamente dos veces de prisión, lo que motivó que se decidiera no conmutarle la pena y ejercutarlo.³³

«Separatismo» ³⁴y ejecuciones públicas

Durante 1997 y 1998, el «separatismo» constituyó uno de los objetivos principales de la campaña de «mano dura» y durante 1997 se intensificaron las medidas enérgicas contra presuntos nacionalistas y dirigentes religiosos musulmanes después de varios atentados con explosivos atribuidos a grupos independentistas clandestinos uigures, y de las protestas contra la dominación china llevadas a cabo por personas de etnia uigur.

Los disturbios en la provincia de Sin-kiang están aumentando y se mantiene la tendencia de imponer la pena de muerte a las personas de etnia uigur acusadas de delitos contra la seguridad del Estado. Amnistía Internacional tiene constancia de aproximadamente treinta personas de esta etnia a las que se condenó a muerte en 1998 por estos cargos y otros afines.

La Región Autónoma Uigur del Sin-kiang es la única región de la República Popular de China donde ha habido numerosas ejecuciones de presos políticos en los últimos años. La mayoría de las personas condenadas a muerte en la región han sido acusadas de delitos relacionados con actividades clandestinas de oposición, protestas callejeras, enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, o incidentes «terroristas». Las autoridades chinas han dado a conocer públicamente algunos de estos casos, aunque otros no. Los presos políticos a menudo son juzgados en secreto, en virtud de procedimientos que, según informes, son sumarios. Los juicios son una mera formalidad, pues las autoridades suelen decidir el fallo antes del proceso. Las condenas a menudo se basan en confesiones y declaraciones forzadas obtenidas mediante tortura. Por lo general no se permite la asistencia de los familiares a los juicios y son pocos los acusados de los que se sepa que han contado con asistencia letrada. Los recursos de los acusados siempre se desestiman.

El 25 de mayo de 1998, tres personas de etnia uigur fueron condenadas a muerte por presunto robo a mano armada y asesinato. Los informes indican que un funcionario del tribunal local había manifestado que se trataba de tres delincuentes comunes. Sin embargo, según un servicio de seguimiento radiofónico, en una emisora de radio local se había manifestado que los acusados habían sido condenados por incitar a la rebelión separatista en Sin-kiang y que los tres campesinos habían matado a tres campesinos chinos de etnia han como parte de la estrategia de «matar a una para asustar a miles» de personas de etnia china que se habían instalado en su «tierra natal». Las autoridades gubernamentales declinaron comentar el caso.³⁵

En octubre de 1998, según fuentes extraoficiales, un grupo de jóvenes de etnia uigur, entre ellos Abdusalam Shamseden y Abdusalam Abdurahman, fueron condenados a muerte tras ser declarados culpables de delitos políticos en un juicio secreto celebrado en el Tribunal Popular Intermedio de la prefectura de Ili. Las acusaron de formar un grupo político y de participar en «actividades armadas para derrocar al gobierno», según informes, en relación con las protestas llevadas a cabo en febrero de 1997 en la ciudad de Gulja (Yining). El 20 de octubre de 1998, diez personas de etnia uigur, entre ellas dos mujeres, fueron ejecutadas tras un acto público de imposición de penas celebrado en Urumqi. Las habían condenado por actividades «separatistas» y, según los informes recibidos, entre ellas había seis estudiantes de religión.

Circunstancias atenuantes y penas excesivas

Muchos de los informes que registra Amnistía Internacional son historias desgarradoras de sufrimiento, trastornos emocionales, extrema pobreza y violencia. Si bien las circunstancias atenuantes no pueden utilizarse para justificar un delito, la lectura de algunas de las historias de las miles de personas ejecutadas resulta perturbadora, y revela circunstancias atenuantes como la violencia de un esposo que lleva a la comisión de un asesinato impremeditado en defensa propia o condiciones de extrema penuria que conducen al robo y a la violencia. Amnistía Internacional no disculpa ninguno de estos delitos, pero al difundir los casos de estas personas presta su voz a sus historias frente a la dureza y el carácter irreversible de la pena capital.

La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha hecho declaraciones sobre circunstancias atenuantes en causas capitales. El 30 de septiembre de 1998, dirigió un llamamiento a las autoridades de Trinidad y Tobago para que no ejecutaran a Indravani Pamela Ramjattan, condenada a muerte en mayo de 1995 por el homicidio de su compañero. Entre otras cosas, en el llamamiento se señalaba claramente que las autoridades que llevaron a cabo la investigación o los tribunales deberían haber considerado circunstancias atenuantes los abusos, la violencia y las violaciones que había padecido a manos de su compañero, cosa que no hicieron.

En la apelación se afirmaba que:

La relatora especial considera que la violencia doméstica de la naturaleza vista en este caso debe ser necesariamente aceptada por toda jurisprudencia como legítimo atenuante en cualquier crimen cometido en tales circunstancias. La pena de muerte es un castigo demasiado duro para un crimen cometido en esas circunstancias.³⁶

Los siguientes casos demuestran cómo en China se están desestimando las circunstancias atenuantes como la defensa propia y la provocación con violencia extrema y en su lugar se está condenando a muerte a personas que llevan años padeciendo violencia.

Sun Changlan, de 36 años, fue ejecutada el 24 de abril de 1998 tras ser condenada por el asesinato de su esposo. Los informes indicaron que éste solía propinarle palizas tanto a ella como a su hija y llevarse sus ganancias para el juego. Una noche de julio de 1997, durante una paliza, lo con un cuchillo. Sun Changlan fue detenida y acusada de asesinato.

Xie Shuigui fue condenada a muerte por organizar el asesinato de su hermano mayor que, según los informes disponibles, la violaba y golpeaba tan a menudo que su esposo se divorció de ella. El hermano se vio envuelto en actividades delictivas y la golpeaba cuando se negaba a ayudarle. También golpeaba a su propia esposa y a su hermano menor que acabó padeciendo una enfermedad mental y se marchó de casa. Cuando el hermano comenzó a maltratar a su padre, tras la muerte de su madre, Xie decidió poner fin a la situación.

Zhang Hanbin fue ejecutado el 15 de enero de 1998 por el asesinato de su hijo. Según los informes, Zhang se encontraba en una situación de extrema pobreza tras tres años de grave enfermedad y su esposa se había divorciado de él, dejando a su hijo de nueve años a su cargo. Las autoridades locales dispusieron que su hijo quedara al cuidado de una familia adoptiva cercana dado que era patente que Zhang carecía de medios para hacerlo. La noche siguiente al traslado, la familia le dijo a Zhang que su hijo lloraba de forma desconsolada. Zhang se llevó a su hijo a casa y decidió que no había forma de seguir adelante y que la única solución era el suicidio. Mató a su hijo con una porra y después intentó quitarse la vida primero golpeándose y después, al no lograrlo, ahorcándose. Según informes, la cuerda se rompió y Zhang fue reanimado y detenido por asesinato.

En los procesamientos y a la hora de imponer las penas, la reincidencia suele tenerse en cuenta y es uno de los factores que cuenta para recibir una condena más severa, incluida la pena de muerte. Por ejemplo, el 23 de marzo de 1998, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shaoguan condenó a muerte a Zhong Wangxing y le impuso una multa por valor de 20.000 yuanes (2.380 dólares estadounidenses). Según informes, el 13 de diciembre de 1997 había rajado el bolsillo de un pasajero de autobús y le había robado 30 yuanes (3,5 dólares estadounidenses) y a otro lo había acuchillado causándole una grave herida. El Tribunal Popular Superior de la provincia rechazó su apelación y fue ejecutado tras un acto público de imposición de penas celebrado el 5 de junio de 1998. Con anterioridad, Zhong Wangxing había cumplido una pena de «reeducación por el trabajo» por carterista.

Al parecer, los tribunales muchas veces utilizan el criterio altamente subjetivo de la «ira de las masas» para justificar la aplicación de la pena de muerte para delitos que de lo contrario recibirían una condena menor. El 25 de noviembre de 1998, Zhu Mingdong fue ejecutado tras un acto público de imposición de penas celebrado en el Tribunal Popular Intermedio del distrito de Liuzhou, comarca de Xiangzhou. Según informes, dos personas quedaron ciegas como consecuencia de una venganza armada llevada a cabo por un grupo de personas, entre ellas Zhu Mingdong. Los informes indican que la severidad de la pena se debió a los graves daños causados a la sociedad y a la «ira de las masas». Los informes también indican que la familia de Zhu recurrió contra la condena señalando que los dos hombres cegados habían recuperado la vista. Sin embargo, el tribunal alegó que habían padecido un grave trauma como consecuencia del ataque.

El 30 de abril de 1998, Li Shiqing fue ejecutado, según informes, por un presunto asesinato. Al parecer, el 28 de agosto de 1994, Li Shiqing fue acusado de pescar sin autorización y apuñaló a la persona que realizó la acusación, que posteriormente falleció. En mayo de 1995, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Taizhou lo condenó a muerte con suspensión de condena durante dos años. La madre de la víctima recurrió y, según informes, 531 vecinos del hombre fallecido pidieron una investigación y una pena más severa. El 26 de agosto de 1996, el Comité Permanente de la Asamblea Popular de la ciudad de Taizhou ordenó una nueva investigación al considerar que no había motivos para la clemencia. El 31 de diciembre de 1996, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Zhejiang ordenó un nuevo juicio. El 26 de febrero de 1997, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Taizhou lo condenó a muerte. El recurso de Li fue rechazado y el 29 de diciembre de 1997 el Tribunal Popular Superior de la provincia de Zhejiang ratificó la condena, que se ejecutó en torno al 30 de abril de 1998.

TORTURA

Amnistía Internacional continúa registrando casos en los que las confesiones obtenidas mediante tortura suelen resultar en errores judiciales. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1996, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Harbin condenó a Gao Ding por asesinato y robo. Según informes, éste se retractó de su confesión porque afirmó que la había realizado bajo coacción y, seguidamente, recurrió contra su condena. Volvió a ser juzgado tras la detención de un coacusado y condenado a muerte el 20 de mayo de 1998.³⁷

Otro caso de tortura y de error judicial sucedió en la provincia de Henan, ciudad de Pingdingshan, comarca de Ye. En 1996, un hombre llamado Zhou Shaodong se convirtió en el principal sospechoso de una serie de robos y asesinatos y de otros sucesos en los que varias personas resultaron heridas y se robaron 1.800 yuanes y varias bicicletas. Lo detuvieron el 18 de febrero. Los informes indicaron que se negó a aceptar la «prueba» de su presunta culpabilidad. Debido al comienzo de la campaña de «mano dura» en 1996, el Departamento de Seguridad Pública de la comarca de Ye dio prioridad al caso y constituyó un equipo especial para poder investigar y juzgar los hechos con rapidez. Acabaron «superando totalmente la resistencia de Zhou». El 7 de mayo se detuvo a otro sospechoso, Zhou Guanjun, y tras la investigación, ambos confesaron más de diez delitos. La policía declaró resuelto el caso y el 14 de mayo de 1996 celebró una reunión en el lugar de los delitos y los «dos acusados desfilaron con grilletes de aproximadamente 22 kilos de peso a la vista de todo el mundo». El 12 de noviembre se celebró una ceremonia de imposición de medallas para los que habían resuelto el caso.

Sin embargo, ninguno de los padres creyeron en la culpabilidad de sus hijos, dado que Zhou Guanjun había estado en una boda esa noche y Zhou Shaodong había estado todo el tiempo en la casa de un amigo llamado Ma. Ambos contrataron a abogados defensores de un despacho de abogados de Yinhai, comarca de Wuyang y pidieron al médico del pueblo que ejerciera de defensor. El médico entrevistó personalmente a los invitados a la boda y consiguió que cuatro miembros del Partido Comunista y dos funcionarios locales fueran testigos. Lo puso por escrito y los padres de Zhou Guanjun y de Zhou Jinmu se lo entregaron a la policía, pero la persona que lo recibió dijo que carecía de valor. Según informes, en la Oficina Judicial del Departamento de Seguridad Pública de la comarca de Ye se afirmó que dado que ambos habían admitido el delito ya no había forma de cambiar la situación. «Al escuchar esto y que su hijo iba a ser ejecutado, Zhou Jinmu compró un féretro y ropa funeraria para su hijo».³⁸

Sin embargo, los familiares perseveraron y en enero de 1997, el abogado y el defensor acudieron de nuevo al lugar del delito y estuvieron investigando otros tres días para conseguir más pruebas sobre el paradero de los acusados. Ambos redactaron un alegato judicial en el que afirmaron que el arresto y la detención prolongada de los dos era un error. Sin embargo, cuando lo entregaron al Departamento de Seguridad Pública de la comarca de Ye, un importante funcionario local replicó, según informes, que los dos hombres ya habían confesado y que carecía de sentido seguir recopilando ningún tipo de prueba. En el mismo sentido se pronunció el Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Pingdingshan.

En octubre de 1997, cuando los dos hombres ya llevaban recluidos 500 días, tuvo lugar otro robo en la ciudad de Lehe y los sospechosos de dicho delito aportaron datos sobre el robo del que Zhou Shaodong y Zhou Guanjun estaban acusados. Finalmente ambos quedaron en libertad y relataron que habían sido brutalmente torturados y golpeados para obtener sus confesiones.

Posteriormente, Zhou Guanjun declaró «nada más llegar a la comisaría de policía, me ataron con una cuerda, me obligaron a arrodillarme en el suelo, me preguntaron si había matado a alguien y me golpearon cuando lo negué. Los agentes de policía Cha y Gao me golpearon con porras eléctricas y me ataron con cable para aplicarme descargas. Cuando me desmayé, me reanimaron con agua fría, me hicieron ponerme de rodillas sobre cristal roto e introdujeron mi cabeza en agua con barro. «Cuando me golpeaban, les decía que había asesinado a las víctimas, cuando paraban les decía que no lo había hecho».³⁹

Zhou Shaodong dijo: «me ataron y me ordenaron que dijera que el primer incidente había ocurrido a las xx.. el siguiente a las xx... etc. cuando no lo decía correctamente, me golpeaban con porras y cinturones hasta que perdí el conocimiento. La última vez el agente Lan me enseñó un gesto, indicándome que era parte del delito, y me grabaron en vídeo imitándolo.»

Según informes, los hombres tienen aún señales de la tortura y Zhou Shaodong cojea al andar.

El 31 de octubre de 1997, cuando los dos hombres iban a ser liberados tras la detención de los otros sospechosos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública intentaron llegar a un acuerdo por el cual recibirían 30.000 yuanes (unos 3.800 dólares estadounidenses) a cambio de no seguir adelante con el asunto.

En otro caso, el 31 de marzo, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Fuyang condenó a muerte a Zhang Jiaqing por el asesinato y violación de una muchacha el 12 de agosto de 1992. Zhang Jiaqing admitió el asesinato tras seis días de interrogatorio, sin embargo, no firmó su confesión y afirmó que lo habían obligado a hacerla. Diez testigos dijeron que, en el momento del asesinato, Zhang estaba trabajando con ellos. La acusación alegó que Zhang la había estrangulado hasta que perdió el conocimiento. Sin embargo, la autopsia reveló que no había huellas de estrangulamiento. El 24 de junio de 1993, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Anhui ordenó un nuevo juicio porque los hechos no estaban claros. En la nueva vista celebrada el 20 de diciembre de 1993, aunque los hechos seguían sin estar claros y no había nuevos indicios, el mismo tribunal de Fuyang volvió a condenar a Zhang Jiaoqing a muerte y al pago de una indemnización. El Tribunal Popular Superior de la provincia ordenó un tercer juicio en el que Zhang Jiaoqing fue condenado a cadena perpetua y al pago de una indemnización. Sin embargo, el 20 de octubre de 1997, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Fuyang aceptó que Zhang Jiaqing no podía haber cometido el delito y fue declarado inocente. Zhang quedó en libertad finalmente en noviembre de 1997 tras haber pasado cinco años encarcelado en espera de ejecución.⁴⁰

Li Huikun fue condenado a muerte el 25 de abril de 1996 por el asesinato de su esposa por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yueyang. Cuando Li Huikun recurrió contra su condena se descubrió que lo habían torturado en tres ocasiones para obligarlo a confesar. El Tribunal Popular Superior de la provincia ordenó que volvieran a juzgarlo al considerar que no había suficientes pruebas sobre el móvil. El Tribunal Popular Intermedio condenó a Li Huikun a cadena perpetua. Li Huikun recurrió de nuevo y, según informes, el 16 de febrero de 1998, el Tribunal Popular Superior de la provincia anuló la condena y lo declaró inocente.⁴¹

INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las estadísticas nacionales sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo secreto de Estado a pesar de que el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal dispone que « la ejecución de las penas de muerte se anunciará públicamente, pero no se realizará a la vista del público». Sin embargo, se ha hecho caso omiso de las críticas internas contra este carácter secreto.

Al igual que en años anteriores, en 1998 se recibieron numerosos informes sobre ejecuciones que aludían a «muchas» ejecuciones o ejecuciones en «grupo» sin citar los nombres ni el número específico de personas ejecutadas.⁴² Cuando los casos de pena de muerte se difunden, los artículos que aparecen en la prensa acostumbran a ser exaltados. Por ejemplo, el 15 de enero de 1999, el Fazhi Ribao (Noticias Jurídicas) informó de la ejecución de Cao Chunsheng por asesinato en los siguientes términos «en el verano de 1998 una bala justiciera acabó con la malvada vida de Cao Chunsheng».

Al informar de que Zeng Sheng había sido condenado a muerte el 1 de julio de 1998 por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Maoming, provincia de Guangdong, por aceptar sobornos, los medios de comunicación afirmaron que al recibir la condena Zeng «se orinó en los pantalones y se quedó sin habla».⁴³

Al informar sobre la causa contra Sun Jie y Song Wei por asesinato y robo, el Liaoning Fazhi Bao (Noticias Jurídicas de Liaoning) escribió que durante la imposición de la condena, «Sun Jie recibió el fallo escrito con manos temblorosas. Lágrimas incontroladas de lamento se deslizaron por su cara. Pero las lágrimas no bastarán para lavar el malvado delito de esta mujer».⁴⁴

MODIFICACIONES EN EL CÓDIGO PENAL

Las enmiendas al Código Penal de 1980 fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Popular en marzo de 1997 y entraron en vigor en octubre de 1997. Según informó Amnistía Internacional en 1998, el Código Penal revisado incluye un número casi tres veces mayor de delitos punibles con la muerte que la versión de 1980, debido a que se han incluido casi todos los delitos de esta naturaleza introducidos después de esa fecha en virtud de decisiones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.⁴⁵

El 17 de noviembre de 1998, Ma Yulan fue condenada a muerte por organizar actividades de prostitución y dirigir un burdel. Según informes, era la primera vez que el Tribunal Popular Intermedio Núm. 1 de Pekín dictaba la pena de muerte por este delito.

Wang Jian fue condenado a muerte en Shanghai el 14 de septiembre de 1998, o en torno a esa fecha, por «falsificación de documentos económicos». Según informes, era un añadido nuevo al Código Penal revisado y la primera vez que se aplicaba en Shanghai.⁴⁶

Tribunales

Todos los años, numerosas personas son juzgadas y condenadas en tribunales que forman parte del sistema de justicia penal pero que son adicionales a los tribunales locales, regionales y provinciales. Los tribunales mejor conocidos de este tipo son los tribunales del transporte ferroviario. Según el Southern Daily (Diario del Sur), el número de delitos cometidos en los trenes se ha incrementado espectacularmente, especialmente el robo de pasajeros y el transporte de droga. ⁴⁷A pesar de la frecuente aplicación de la pena de muerte por los tribunales ferroviarios para los delitos de robo y tráfico de drogas cometidos en los trenes, en 1998 hubo un aumento del cuarenta por ciento en el número de delitos ocurridos en trenes en la provincia de Guangdong con respecto al 1997.

Apelaciones

Muy pocas apelaciones presentadas por los acusados prosperan. En algunos casos, la Fiscalía o incluso la familia de la víctima recurren contra la sentencia por su excesiva indulgencia. Estos tipos de recursos en cambio suelen prosperar. No es infrecuente que el acusado y el fiscal apelen al mismo tiempo y que al final del proceso la condena se vea aumentada.

Por ejemplo, Ma Zengde fue acusado del asesinato de una joven de 14 años en mayo de 1992. Fue juzgado por el Tribunal Popular Intermedio de la Prefectura de Binzhou y declarado inocente por insuficiencia de pruebas. Sin embargo, la fiscalía recurrió contra el fallo y el Tribunal Popular Superior de la provincia de Shandong lo declaró culpable. Lo ejecutaron el 15 de julio o en torno a esa fecha. No está claro si la fiscalía presentó nuevas pruebas.⁴⁸

Otro caso es el de Mei Xudong, condenado a muerte, con un periodo de suspensión de dos años, el 10 de julio de 1997 por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Baoji. Los informes indican que tras una discusión en un juego de cartas, Mei empapó a un hombre con gasolina y le prendió fuego. El hombre murió dos meses después. La defensa de Mei por enajenación mental fue rechazada. Se consideró que el tribunal se había mostrado indulgente porque Mei había pagado elevadas facturas hospitalarias para el tratamiento de las quemaduras de la víctima y 15.000 yuanes (1.786 dólares) a la viuda. Sin embargo (presumiblemente por recurso de apelación de la Fiscalía), el 9 de diciembre de 1997, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Shaanxi lo condenó a muerte tras un nuevo juicio. El 29 de julio de 1998 se desestimó el recurso de Mei Xudong y fue ejecutado finalmente el 27 de agosto de 1998.

El 30 de abril de 1999, Wu Zhongming fue condenado a la pena de muerte y Zheng Shuiyao a la pena de muerte con suspensión de condena durante dos años. Según informes, ambos (junto con otras personas) habían sido juzgados inicialmente el 5 de diciembre de 1998 por contrabando. Wu Zhongming fue condenado a cadena perpetua y Zhang a diecinueve años de cárcel. El 24 de diciembre sus recursos fueron desestimados en un segundo juicio. El 30 de abril, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Jiangsu dictó la sentencia definitiva sobre la causa y «elevó» las condenas de cadena perpetua y de diecinueve años de reclusión, a pena de muerte y pena de muerte con suspensión de condena durante dos años. Se desconoce si los han ejecutado.

Menores de 18 años y mujeres embarazadas

Tras algunas reformas positivas introducidas en el Código Penal, la pena de muerte ya no puede aplicarse a las mujeres embarazadas y a las personas que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del presunto delito. Anteriormente, los menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años y las mujeres embarazadas podían ser condenados a muerte con suspensión de la pena durante dos años. No está claro si se les conmutará la pena a las personas que tenían ya condenas de muerte aplazadas. Dado que en el pasado se ha tenido noticia de muy pocos casos en los que esto haya ocurrido, no es probable que estas enmiendas causen un descenso apreciable en el número total de penas de muerte denunciadas.

Al igual que en 1997, hubo varios casos en los que la edad exacta de los acusados fue motivo de controversia y varios más en los que condenó a muerte a los acusados pese a suponerse que tenían menos de 18 años en el momento de la comisión del delito, vulnerando así tanto la legislación china como las normas internacionales de derechos humanos.

En agosto de 1998, Liu Ying, una joven de 20 años de la provincia de Sichuan, fue condenada a muerte con suspensión de condena durante dos años. Fue acusada de haber arrojado ácido sulfúrico a su madre el 25 de diciembre de 1995. El presunto delito ocurrió cuando tenía 17 años de edad.

El 3 de diciembre de 1998, o en torno a esa fecha, fueron ejecutadas siete personas en Pekín por varios delitos. Entre ellas estaba Hu Ronghua que, según parece desprenderse de los informes, sólo tenía 17 años en el momento de la ejecución.⁴⁹

Otro caso en el que parece haberse hecho caso omiso de las nuevas disposiciones es el de Ouyang Jiangbao. El 21 de agosto de 1998, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Cantón lo condenó a muerte por robo y hurto, suspendiéndole la condena durante dos años. Se han tenido noticias de que se condenó a un total de diez personas y que a Ouyang le suspendieron la pena durante dos años debido a que era menor de 18 años en el momento de la comisión de los presuntos delitos. De conformidad con la legislación china, no debería haber sido condenado a la pena de muerte en ninguna de sus formas.⁵⁰

Inyecciones letales y trasplantes de órganos

El Código de Procedimiento Penal revisado de 1997 introdujo en China la ejecución mediante inyección letal como alternativa al fusilamiento. Se informó de que la primera ejecución de este tipo tuvo lugar en la provincia de Yunnan el 28 de marzo⁵¹de ese año por orden del Tribunal Popular Intermedio de Kunming después de realizar «miles» de experimentos con animales. En septiembre se anunció que un total de 22 personas habían sido ejecutadas en 1997 mediante inyecciones letales por orden de este tribunal⁵². No obstante, en noviembre de 1997, el tribunal comunicó que tenía la intención de mantener en secreto el número exacto de personas ejecutadas por ese procedimiento. En febrero de 1998 se informó en Hong Kong de que las autoridades de Kunming acababan de ejecutar al cuarto «grupo» de personas mediante inyección letal. Según el informe, la ejecución duró entre 31 y 58 segundos.⁵³ En 1998, otras provincias también comenzaron a ejecutar mediante inyección letal, entre ellas la provincia de Hunan donde el Tribunal Popular Intermedio de Changsha ordenó que Yang Meng fuese ejecutado el 9 de mayo de 1998. Los informes indican que Yang Meng, que estaba paralítico, pidió específicamente esta forma de ejecución. La ejecución se llevó a cabo tras recibir la aprobación del Tribunal Popular Superior de la provincia de Hunan.

Las autoridades chinas afirman que este sistema es más «humano» y que se ha adoptado por razones de «civilización»⁵⁴. Según funcionarios del Tribunal Intermedio de Kunming, la utilización de la inyección letal está más acorde con los métodos de ejecución empleados por otros países. No obstante, Estados Unidos de América es el único país donde también se emplea la inyección letal como un método habitual de ejecución⁵⁵.

El 2 de febrero de 1998, en el Zhejiang Fazhi Bao (Noticias Jurídicas de Zhejiang) hubo un debate sobre la utilización de la inyección letal en el que se manifestó que «desde el punto de vista político y legal se trata de un progreso civilizado, pero algunas personas creen que una forma tan refinada de morir no basta para calmar la ira pública». Continúa afirmando que puede ser considerada una forma «demasiado fácil de morir para los delincuentes».

Se ha informado de que «las inyecciones son administradas por los médicos que designan los tribunales correspondientes». ⁵⁶ Las normas internacionales sobre ética médica prohíben la participación de los médicos en las ejecuciones. La Asociación Médica China es miembro de la Asociación Médica Mundial, que se opone a la participación de sus profesionales en las ejecuciones.

Existen argumentos de peso para poner fin a las ejecuciones judiciales inmediatamente y la aplicación de técnicas médicas y el uso de medicamentos para poner fin a la vida humana a requerimiento del Estado sigue siendo un abuso que las organizaciones relacionadas con la salud deben rechazar enérgicamente. Asimismo, existen temores fundados de que la aplicación de la inyección letal puede facilitar la extracción de órganos de los presos ejecutados con el fin de transplantarlos, práctica de la que existen pruebas fehacientes en el caso de China. La inyección letal puede emplearse para matar a una persona sin dañar sus órganos.

En la primavera de 1998 se detuvo a dos personas en Nueva York por presunto tráfico de órganos humanos extraídos de delincuentes que habían sido ejecutados en la provincia de Hainan, en el sur de China. Se desconoce si hubo participación oficial en este caso concreto y en qué medida. Sin embargo, una importante empresa extranjera especializada en diálisis renal se retiró de un proyecto conjunto con China ante los informes sobre tráfico de órganos.⁵⁷

Las autoridades chinas han negado que haya habido comercio de órganos extraídos de presos ejecutados. Sin embargo, el único documento oficial disponible públicamente relacionado con el comercio de órganos no está respaldado por ninguna disposición específica en el Código Penal y su valor legal y aplicación son dudosos. No se ha informado del procesamiento de ninguna persona por este tipo de delitos.⁵⁸

Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto consulten también Popular Republic of China: Death Penalty Log 1998 (Índice AI: ASA 17/32/99) y el documento interno de la RAR de China ASA 17/62/99.