CIRCULAR DIRIGIDA A LOS GOBIERNOS DE

HONG KONG Y GRAN BRETAÑA

EN RELACION CON LA PROTECCION DE

LOS VIETNAMITAS QUE SOLICITAN ASILO POLITICO EN HONG KONG

Enero 1990 Resumen Indice AI: ASA 19/01/90/s

Distr: SC/CO

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Hong Kong en los meses de noviembre y diciembre de 1989 para examinar ciertos aspectos relacionados con la protección de los derechos humanos de los vietnamitas que solicitan asilo en Hong Kong, en particular, el procedimiento de determinación de un refugiado ("proceso de selección"), y los informes sobre los malos tratos que reciben los solicitantes de asilo en centros de detención. Tras las investigaciones de los delegados, Amnistía Internacional ha establecido 23 recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Hong Kong y Gran Bretaña, que se incluyen en esta circular.

Los delegados de Amnistía Internacional llegaron a la conclusión de que, en su forma actual, el proceso de selección presenta graves defectos y no es posible apoyarse en él para identificar a todos los que son refugiados. Pocos días después de la llegada de los delegados, Amnistía Internacional instó públicamente a los gobiernos de Hong Kong y Gran Bretaña para que detuvieran los planes de repatriación forzosa de los vietnamitas que solicitan asilo político hasta que se hayan solucionado las deficiencias críticas del proceso de selección. Aunque las autoridades no han corregido tales deficiencias, altos funcionarios de Hong Kong y Gran Bretaña han manifestado su intención de continuar con la política de repatriación forzosa, que se aplicó por primera vez en las horas previas a la madrugada del 12 de diciembre de 1989, al obligar a 51 vietnamitas seleccionados que solicitaban asilo a volver a Vietnam.

Al presentar esta circular dirigida a los gobiernos de Hong Kong y Gran Bretaña, Amnistía Internacional reitera su llamamiento urgente para poner fin a la repatriación forzosa. Hasta que no se solucionen los defectos del proceso de selección, las personas que corren el riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos humanos en Vietnam, se arriesgan a que les repatríen de nuevo en contra de su voluntad.

Las recomendaciones de esta circular exigen una mejora esencial del proceso de selección. Solicitan investigaciones exhaustivas e imparciales de una serie continuada de incidentes, en los que, al parecer, la policía y otros funcionarios han agredido a los detenidos que solicitan asilo, y han intimidado a las víctimas y a los testigos. Las recomendaciones asimismo hacen un llamamiento para que se adopten medidas para prevenir la repetición de dichas agresiones. Amnistía Internacional hace manifiesta su preocupación respecto a las condiciones en los centros de detención y al hecho de que, dado que las autoridades de Hong Kong detienen a los solicitantes de asilo como medida disuasoria, estas circunstancias resultan inaceptables de acuerdo con las normas internacionales.

La mayor parte de las personas que solicitan asilo no reciben ningún asesoramiento o asistencia legal antes de la decisiva entrevista de selección o durante la misma. Se han presentado repetidas denuncias a los delegados de que algunos funcionarios de inmigración mostraron actitudes poco serviciales e incluso obstructoras ante las personas que solicitaban asilo político a las que interrogaban, y descubrieron que algunos de ellos tenían un conocimiento insuficiente del derecho sobre refugiados y de la situación política y de derechos humanos en Vietnam. En un caso extremo, uno de los que solicitaba asilo político describió cómo el funcionario que le interrogaba, al parecer, ignoraba que Vietnam hubiese estado dividido en dos países independientes. Otro de los casos apuntaba que algunos de los intérpretes del gobierno en las entrevistas de selección no eran competentes para desempeñar esta labor.

Las personas que solicitan asilo y cuyas solicitudes para obtener la condición de refugiado han sido denegadas, pueden solicitar una revisión de la decisión, pero en el procedimiento de revisión también existen defectos de base. Las Juntas de Revisión de la Condición de Refugiado se reunen en sesiones secretas a puerta cerrada, sin permitir que estén presentes ninguna de las personas que solicitan asilo, ni sus representantes, ni el ACNUR. La Junta de Revisión no facilitó ninguna explicación de sus decisiones.

"Los vigilantes legales" de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) controlan las entrevistas de selección. Sin embargo, sólo hay seis vigilantes dedicados a esta tarea y, por tanto, únicamente pueden controlar una pequeña proporción de las 400 entrevistas de selección que se llevan a cabo cada semana. De todas maneras, el ACNUR, que controla las entrevistas de selección, no puede ofrecer la asistencia y el asesoramiento legal esenciales en cada caso específico a las personas que han solicitado asilo. Además, aún en el caso de que el ACNUR dispusiera de más recursos en Hong Kong, el papel cotrolador del gremio de las Naciones Unidas no puede compensar los graves defectos del actual proceso de selección en Hong Kong. Debemos subrayar que los gobiernos deben garantizar unos procedimientos de determinación de refugiado adecuados, justos y ecuánimes. Hasta que no cambie el proceso de selección, las personas se arriesgan a que les repatríen a la fuerza y a ser víctimas de violaciones de los derechos humanos en Vietnam.

Se tienen noticias de un caso en el que se denegó el estatuto de refugiado a un hombre que, al parecer, disponía de pruebas claras para ampararse en tal estatuto. En mayo de 1988 logró abandonar Vietnam huyendo de una condena a prisión de cinco años. Había cursado durante algún tiempo estudios en Checoslovaquia, donde militaba activamente en Carta 77 y por lo cual ingresó en prisión cinco meses antes de ser deportado a Vietnam. Sólo gracias a la intervención del ACNUR se le concedió el estatuto de refugiado. Si un caso tan evidente puede fallar en el proceso de selección, suscita grave preocrupación el caso de otras personas que no puedan documentar una historia tan dramática como la mencionada, pero que se exponen al riesgo de ser deportadas a Vietnam.

Vietnam sigue siendo un país cuyo actual historial de derechos humanos suscita preocupación en Amnistía Internacional, a pesar de la puesta en libertad, en los dos últimos años, de miles de presos de campos de "reeducación", en los que algunos de ellos habían permanecido durante 13 años detenidos sin cargos ni juicio. Entre los presos de conciencia recluidos, destacan escritores, periodistas, profesores y clérigos, que las autoridades han encarcelado por su disidencia no violenta.

Los gobiernos de Gran Bretaña y Hong Kong han alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Vietnam sobre las condiciones de repatriación a este último país de los solicitantes de asilo seleccionados desfavorablemente. Según este convenio, las autoridades vietnamitas han asegurado que no perseguirán a los que regresen por el hecho de haber abandonado Vietnam sin permiso oficial. No obstante, a Amnistía Internacional le preocupa que los solicitantes de asilo, cuyas actividades políticias, religiosas, literarias o de otra índole parezcan inaceptables al gobierno, puedan exponerse a posibles detenciones y reclusiones al volver. Dicha persecución puede producirse no sólo por parte del gobierno central, sino también a manos de funcionarios locales que puedan actuar de forma más o menos autónoma respecto a la población local. En este contexto, puede que las garantías que ofrece el gobierno central no se cumplirán necesariamente. Además, a pesar de que los gobiernos de Gran Bretaña y Hong Kong se han comprometido a velar por la seguridad de los repatriados, resulta improbable que dicho control sea efectivo.

Asimismo, suscitan preocupación en Amnistía Internacinal las soluciones insuficientes y las medidas disciplinarias tomadas ante los casos demostrados de malos tratos así como las recientes graves denuncias de malos tratos y agresiones por parte de funcionarios a los solicitantes de asilo político detenidos.

Tras el incidente en el Centro de Detención de Hei Ling Chau, en julio de 1988, en el que, al parecer, el personal del Departamento de Servicios Correccionales (DSC - Correctional Services Department) golpeó y apaleó a unos 100 solicitantes de asilo, una investigación interna del DSC, ostensiblemente apoyada en informes médicos de los médicos del gobierno, concluyó que no existía prueba alguna para sostener las denuncias. Sin embargo, una investigación independiente posterior demostró que, efectivamente, los funcionarios del DSC habían empleado la fuerza innecesariamente contra los solicitantes de asilo y, además, que los informes de los doctores, empleados por el gobierno, no reflejaban de manera adecuada las lesiones halladas entre los presos y no ofrecían una versión de los hechos fiable en cuanto al número de personas que presentaban heridas. Se descubrió también que los funcionarios del DSC habían intentado hacer callar las denuncias de agresión a los solicitantes de asilo.

En tres de los centros, los delegados recibieron denuncias de malos tratos a los solicitantes de asilo por parte de la policía. Amnistía Internacional cree que existen pruebas indicando que en los últimos meses ha tenido lugar una serie continuada de agresiones a estas personas y la posterior intimidación de víctimas y testigos en los centros de detención, que son jurisdicción de la policía.

Por ejemplo, en el centro de detención de Shek Kong, en la noche del 23 al 24 de julio de 1989, más de 100 solicitantes de asilo sufrieron heridas causadas, según parece, por un apaleamiento indiscriminado y el empleo de porras por parte de la policía; una de estas personas falleció. Entre las víctimas se encontraban 27 mujeres y dos niños menores de cinco años. Los exámenes médicos de las víctimas hacían constar heridas que correspondían con las denuncias presentadas. Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades para que hagan públicos cuanto antes los resultados de un informe de la investigación independiente e imparcial llevada a cabo en torno a este incidente.

En otros centros de dentención, los testigos y las supuestas víctimas expresaban su temor de que si tuvieran que pronunciarse sobre tales abusos tendrían que enfrentarse a posibles castigos por parte de la policía y se arriesgarían a un trato desfavorable en el proceso de selección. Una de las víctimas, una mujer joven que pesaba sólo 38 kilos, describió un incidente ocurrido en octubre de 1989 en el que perdió el conocimiento después de que un oficial de policía le cogiera por el pelo, le retorciera el brazo, le propinara patadas y golpes en el estómago y en la espalda, y le golpeara con la porra en la cabeza; un médico registró las lesiones sufridas de acuerdo con su relato. Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno para que adopte medidas urgentes para proteger y defender a las víctimas y a los testigos en circunstancias similares.

En las primeras horas del 31 de octubre de 1989, el personal de la Brigada de Respuesta Táctica del CSD (Tactical Response Squad), vestidos con uniformes antidisturbios, trasladaron por la fuerza a unas 48 personas seleccionadas desfavorablmente en el proceso de selección, desde el centro de detención de Chi Ma Wan al centro penitenciario de Phoenix House (la mayoría de los trasladados en dicha operación fueron repatriados posteriormente a Vietnam por la fuerza el 12 de diciembre). Entre las denuncias presentadas por los solicitantes de asilo se encuentran: gargantas atrapadas en un "collarín"; nariz y boca amordazadas; patadas y golpes en la espalda arrastrando a la persona por el suelo y apaleándole con una porra en la espalda y el estómago. Tres de las víctimas declararon que los funcionarios del CSD habían aplicado presión sobre un punto de su cabeza próximo al oído por lo que habían perdido brevemente el conocimiento. Un funcionario del CSD confirmó que "las técnicas de control de un punto de presión", propias de las artes marciales, forman parte del entrenamiento del CSD pero afirmó que era imposible que pudieran dejar a nadie inconsciente.

El CSD ha llevado a cabo una investigación interna sobre este incidente, pero Amnistía Internacional considera que es insuficiente, especialmente a la luz de las deficientes investigaciones internas del CSD respecto al incidente en Hei Ling Chau hace 15 meses antes. La organización exige que se lleve a cabo una investigación imparcial e independiente.

En el centro de detención recientemente inaugurado de High Island, los delegados de Amnistía Internacional mostraron su inquietud por la situación de las 12 "celdas de castigo", que al parecer, son compartimentos de carga de metal, donde solicitantes de asilo pueden permanecer encerrados, por razones disciplinarias durante varios días. Las celdas no tienen electricidad, agua corriente o muebles. Se supone que estas personas deben permanecer de pie, sentadas o tumbadas en el suelo.

Amnistía Internacional siente preocupación porque una de las razones principales que el Gobierno de Hong Kong aduce para justificar la detención de solicitantes de asilo es disuadir a otras personas que abandonan Vietnam y se dirigen a Hong Kong para solicitar asilo político. De acuerdo con las normas internacionales, la disuasión no constituye una razón lícita para detener a solicitantes de asilo; de hecho, esas medidas políticas están diametralmente opuestas al sistema internacional establecido para proteger a los refugiados. A pesar de que el gobierno asegura que no intenta frenar a los que considera auténticos refugiados, la detención de refugiados puede agravar el riesgo de individuos que permanecen en un país donde están sujetos a la violación de los derechos humanos, al desanimarles para abandonar su país y pedir asilo en un país donde creen que serán recluidos con toda seguridad en cuanto lleguen.

Mientras que Amnistía Internacional reconoce que el Gobierno de Hong Kong se ha tenido que enfrentar a serios problemas prácticos y administrativos como resultado de la llegada de un gran número de vietnamitas solicitando asilo, tales dificultades pragmáticas no pueden justificar una dilución de la obligación de un gobierno de acatar las normas internacionales establecidas para proteger los derechos humanos de grupos vulnerables como son los vietnamitas que solicitan asilo.

Las preocupaciones expuestas en esta circular fueron objeto de una carta de Amnistía Internacional dirigida al gobernador de Hong Kong el 6 de diciembre de 1989; esa carta y la respuesta del gobierno del 28 de diciembre se adjuntan como apéndice a esta circular.

Este texto es un resumen de un documento que consta de 54 páginas, Circular dirigida a los gobiernos de Hong Kong y Gran Bretaña en relación con la protección de los vietnamitas que solicitan asilo en Hong Kong. (ASA 19/01/90/s), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1990. Las personas que deseen más información o que quieran emprender acciones sobre esta cuestión deben consultar el documento en su integridad.

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