Abril de 1998

Índice AI: ASA 20/07/98/s

Distr: SC/CO

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

INDIA

Una burla a la justicia

Graves irregularidades en el proceso

sobre la «desaparición» del defensor

de los derechos humanos

Jaswant Singh Khalra

Amnistía Internacional

INDIA

Una burla a la justicia:

Graves irregularidades en el proceso sobre la «desaparición» del defensor de los derechos humanos Jaswant Singh Khalra

Abril de 1998 Índice AI: ASA 20/07/98/s

DISTR: SC/CO

Mientras los miembros de Amnistía Internacional trabajan en todo el mundo para defender a los defensores de los derechos proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año en que se cumple el cincuenta aniversario de su adopción, la organización ha recibido con preocupación los informes según los cuales el proceso judicial contra los responsables de la «desaparición» de Jaswant Singh Khalra —uno de los defensores de los derechos humanos cuyo caso destaca la campaña de la organización— está sufriendo graves retrasos.

Este breve documento expone las preocupaciones de Amnistía Internacional ante los informes que indican que los agentes de policía acusados han retrasado los procedimientos e intimidado a testigos. Las personas que han intentado defender los derechos de Jaswant Singh Khalra —su esposa Paramjit Kaur Khalra y los miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra— han sufrido intimidación y abusos. Junto con el retraso de los procedimientos judiciales y el incumplimiento de las órdenes judiciales, los intentos realizados para eliminar las pruebas contra los agentes de policía y evitar que continúen las investigaciones sobre la suerte que ha corrido Jaswant Singh Khalra han convertido el proceso en una burla de la justicia.

Khalra había participado en una campaña para difundir los casos de centenares de personas «desaparecidas» tras su detención por la policía de Punjab en los años ochenta y principios de los noventa. Presentó una petición al Tribunal Supremo sobre lo sucedido a las personas que habían «desaparecido». Esta petición ha llevado al Tribunal Supremo de la India a encargar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos en Punjab. La campaña ha movilizado a abogados y activistas de derechos humanos del estado, que han creado el Comité de Coordinación sobre las Desapariciones en Punjab con el propósito de documentar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos y movilizar a la opinión pública para que presione en favor de una investigación exhaustiva y transparente sobre los abusos pasados cometidos en Punjab. Mientras las sesiones del Tribunal Supremo y la campaña continúan, sigue sin conocerse la suerte que ha corrido Jaswant Singh Khalra.

Resumen del caso

6 de septiembre de 1995 Jaswant Singh Khalra, secretario general de la sección de derechos humanos del partido político Akali Dal «desapareció» tras ser aprehendido por la policía de Punjab a la puerta de su domicilio en Amritsar, estado indio de Punjab, según afirmaron varios testigos presenciales. La policía negó haberle detenido.

12 de septiembre de 1995 La esposa de Jaswant Singh Khalra, la señora Paramjit Kaur Khalra, presentó una petición de hábeas corpus al Tribunal Supremo de la India. En respuesta a esta petición, la policía de Punjab siguió negando que hubiera sido detenido.

Noviembre de 1995 El Tribunal Supremo encargó a la Oficina Central de Investigaciones (OCI) una investigación sobre la «desaparición» de Jaswant Singh Khalra.

30 de julio de 1996 La OCI presentó el informe de su investigación al Tribunal Supremo. El informe señalaba a nueve agentes de policía de Punjab como responsables del secuestro de Jaswant Singh Khalra y recomendaba su procesamiento. También halló pruebas de que Jaswant Singh Khalra había estado recluido en la comisaría de policía de Kang, en el distrito de Tarn Taran, tras ser apresado por la policía, pero que se lo habían llevado de allí el día 24 de octubre de 1995 y que después se había perdido su rastro. El Tribunal Supremo pidió a la OCI que continuase trabajando para determinar la suerte que había corrido Jaswant Singh Khalra.

19 de agosto de 1996 El gobierno de Punjab dio autorización (según exige la legislación india para el procesamiento de funcionarios públicos) para que los agentes de policía fueran procesados.

Si desean más información consulten el siguiente material de Amnistía Internacional: India: Determining the fate of the 'disappeared' in Punjab, October 1995, Índice AI: ASA 20/28/95; India: Casos de llamamiento, julio de 1997, Índice AI: ASA 20/32/97/s; Acción Urgente 213/95, Temor de «desaparición»/Temor de torturas, 7 de septiembre de 1995; Actualización sobre AU 213/95, del 21 de septiembre de 1995; Más información sobre AU 213/95, del 16 de noviembre de 1995; Actualización sobre AU 213/95, del 12 de agosto de 1996.

1. Denuncias de intimidación por parte de los acusados contra defensores de los derechos humanos y testigos

Los agentes de policía acusados están en libertad bajo fianza, algunos en servicio activo

Tras la presentación del informe de la OCI al Tribunal Supremo en julio de 1996, el tribunal ordenó al gobierno del estado de Punjab que trasladara a todos los agentes de policía acusados lejos de los distritos de Amritsar y Tarn Taran, donde se produjo el secuestro de Jaswant Singh Khalra en presencia de testigos y familiares de la víctima. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales cuatro de los acusados continúan trabajando en el distrito policial de Tarn Taran. A uno de los acusados, a pesar de trasladarlo, lo ascendieron y lo nombraron comisario de la comisaría de Mahal Kalan, en el distrito de Sangrur.

Todos los acusados han estado en libertad bajo fianza en el periodo previo a la celebración del juicio. En noviembre de 1996, anticipando su detención, solicitaron la «libertad bajo fianza anticipada» al Tribunal Superior de Haryana y Punjab. El tribunal envió una notificación a la OCI exponiendo sus argumentos sobre esta solicitud y mientras concedió a los acusados la «libertad bajo fianza provisional». La solicitud continuó pendiente más de un año y durante ese tiempo los acusados siguieron en libertad provisional. Finalmente, el 21 de enero de 1998, el Tribunal Superior ordenó a los acusados que solicitasen la libertad bajo fianza ordinaria puesto que ya se habían presentado cargos provisionales. La libertad bajo fianza ordinaria fue concedida posteriormente por el Tribunal Especial de la OCI el 7 de marzo de 1998 entre amenazas proferidas delante del juez contra los abogados que representaban a Paramjit Kaur Khalra.

Tres de los acusados estaban ya suspendidos de sus funciones y acusados de la «desaparición» de Kuljit Singh en julio de 1989. Uno de los tres acusados apartados del servicio habían sido detenidos también en octubre de 1996 en relación con el secuestro de un abogado de Kulwant Singh en enero de 1993. No obstante, un tribunal penal de distrito le concedió la libertad bajo fianza en 1997 y, a pesar de las apelaciones al Tribunal Supremo, la orden de libertad bajo fianza continúa vigente. Otro de los que fueron separados de sus puestos, el superintendente superior de la policía, Ajit Singh Sandhu, murió en mayo de 1997; según informes, se suicidó.

Denuncias de intimidación y amenazas de silenciar a los testigos

El «agente especial de la policía» Kuldip Singhestaba presente cuando a Jaswant Singh Khalra se lo llevaron de la comisaría de policía de Kang en octubre de 1995. En enero de 1998 se dirigió al Comité de Acción en Favor de Khalra con su testimonio. Tras presentar sus pruebas a la OCI y efectuar una declaración, le concedieron protección policial. Según informes, pidió guardias de la Fuerza Paramilitar de la Reserva Central, pero le asignaron agentes de la policía de Punjab. Los abogados del denunciante temen que los policías acusados hayan sometido a Kuldip Singh a intimidación con el fin de persuadirle para que retire su testimonio.

Durante las últimas semanas ha sido imposible localizar a Kuldip Singh. Cuando los miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra intentaron ponerse en contacto con él, sus familiares les dijeron que no sabían donde estaba y, según informes, acusaron a los abogados que representan a Paramjit Kaur Khalra de poner en peligro la vida de Kuldip Singh. Tras los llamamientos de abogados a las autoridades del estado de Punjab para que determinasen el paradero de Kuldip Singh y garantizasen su seguridad, el 19 de abril de 1998 se publicó en varios diarios que Kuldip Singh había presentado una denuncia contra Paramjit Kaur Khalra y varios miembros del Comité de Acción de Khalra (véase más abajo).

Otro testigo parece haber sido escogido como víctima por hablar claro.Tras el testimonio aportado por él, que implica a la policía de Punjab en la detención y tortura ilegales de Jaswant Singh Khalra, la policía ha implicado a Kikkar Singhen cinco causas criminales.

Kikkar Singh estuvo detenido ilegalmente en la comisaría de policía de Kang, distrito de Tarn Taran, en octubre de 1995. Declaró ante la OCI que había visto a Jaswant Singh Khalra bajo custodia allí, 48 días después de su «desaparición», y que Jaswant Singh Khalra había sido brutalmente torturado. Más tarde testificó que a Jaswant Singh Khalra se lo llevaron de la comisaría de Kang el 24 de octubre de 1995.

Aunque Kikkar Singh recusó su propia detención como ilegal y recibió compensación al respaldar su reclamación el Tribunal Superior, desde entonces la policía le ha implicado en varias causas. En cuatro de los casos el Tribunal Superior le ha concedido la libertad bajo fianza anticipada pero en el último caso en el que fue acusado (junto con otros miembros de su familia) de intento de asesinato, le han negado la libertad bajo fianza y permanece detenido en la cárcel de Nabha. Aunque, según informes, las pruebas médicas indican que la persona a la que presuntamente atacó tenía lesiones leves (que requerían medicación oral), Kikkar Singh y otros miembros de su familia han sido acusados de usar armas de fuego en un intento de asesinato. Según informes, el Tribunal Superior ha aplazado el juicio hasta que se verifiquen las pruebas. Los abogados alegan que estos cargos se han presentado con el fin de presionarlo en un intento de presionarlo para que se retracte de su declaración y aseguran que son falsos.

Intimidación de los defensores de derechos humanos

Paramjit Kaur Khalra ha afirmado que agentes de la policía de Punjab la han amenazado en diversas ocasiones para que retirase su petición. Estas amenazas han incluido visitas a su casa en los días posteriores a la «desaparición» de su esposo y llamadas telefónicas a su casa. Ahora la han acusado de intentar sobornar a un testigo, Kuldip Singh. La denuncia de este afirma que Paramjit Kaur Khalra y otros miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra visitaron a su esposa en su casa de Jalandhar una noche y le ofrecieron 50.000 rupias, enviar a Kuldip Singh a Estados Unidos y proporcionarle una casa en Amritsar si testificaba contra la policía.

Un parte inicial de denuncia presentado en la comisaría de Shahkot, en el distrito de Jalandhar, el 11 de abril de 1998, se registró en aplicación de las secciones 8, 9 y 12 de la Ley de Prevención de la Corrupción sobre la base de su denuncia. Según informes, Kuldip Singh declaró posteriormente ante un juez que miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra le habían secuestrado y le habían tenido encerrado ilegalmente durante un mes antes de prestar declaración ante la OCI, y afirmó que le habían obligado a testificar bajo presión. El 21 de abril la policía del distrito de Jalandhar registró los domicilios de varios miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra.

Los abogados que actúan en nombre del denunciante también han recibido amenazas. Según informes, en la vista celebrada el 7 de marzo de 1998 ante el tribunal especial de la OCI en Patiala, los policías acusados amenazaron abiertamente delante del juez que presidía la sesión a Brijinder Singh Sodhi, uno de los abogados que representaban a la denunciante. Brijinder Singh Sodhi ha declarado que el juez no intentó evitar que los policía acusados le amenazasen y les concedió la libertad bajo fianza. Tras la vista, cuando el señor Sodhi abandonaba el edificio del tribunal, los policía acusados continuaron amenazándolo y dijeron: «Ya veréis como no vuelve más». El señor Sodhi ha recibido después amenazas telefónicas. Según informes, le han amenazado advirtiéndole que si no abandona los casos contra los agentes de policía «correrá la suerte de otros abogados», que han «desaparecido » en Punjab en los últimos años.

En la misma vista, el 7 de marzo de 1998, los neumáticos de un automóvil que pertenecía a miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra fueron acuchillados a la puerta del edificio del tribunal.

Normas internacionales

La Declaración de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas establece normas para la prevención de las «desapariciones» y medidas para proporcionar compensación. En particular, se refiere al asunto de la posible intimidación de los testigos y establece las salvaguardias que deben cumplirse para evitarla:

Artículo 13(3): Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

Artículo13(5): Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o del procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda.

Artículo16(1):Los presuntos autores de cualquiera de los actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 serán suspendidos de toda función oficial durante la investigación mencionada en el artículo 13.

Además, el borrador de Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos declara que «El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.» Esta declaración fue adoptada por consenso en el 54 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó su rápida adopción en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General, que comienza en septiembre. India fue uno de los Estados miembros del 54 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

2. Desarrollo del proceso judicial

Retrasos en los procedimientos

Los procedimientos judiciales han sufrido graves retrasos. Aún no se han presentado cargos oficiales contra los acusados. En enero de 1997 los acusados presentaron un recurso ante el Tribunal Especial de la OCI de Patiala argumentando que no se debía permitir que a la denunciante (Paramjit Kaur Khalra, esposa de Jaswant Singh Khalra) la representasen abogados privados sino un abogado contratado por la acusación (en este caso la OCI). El tribunal tardó ocho meses en decidir sobre la cuestión y finalmente falló el 3 de septiembre de 1997 que los abogados privados de Paramjit Kaur Khalra podían participar en el juicio. Los acusados recurrieron contra este fallo ante el Tribunal Superior de Punjab y Haryana el 16 de septiembre de 1997 y el Tribunal Superior concedió un aplazamiento provisional de los procedimientos hasta marzo de 1998, y entonces permitió que continuasen.

Determinación de los cargos contra los acusados

En la próxima vista de la causa, cuya celebración está prevista para el 28 de abril, el tribunal oirá los argumentos de las dos partes antes de decidir qué cargos van a presentarse contra los acusados. En el informe de la investigación presentado por la OCI se exige que el juez examine las pruebas y que después decida por qué cargos debe juzgarse a los acusados y, consiguientemente, si el caso debe ser juzgado por el Tribunal Especial de la OCI o por un tribunal penal (los tribunales penales se ocupan de los juicios por cargos más graves).

En enero de 1997, la OCI presentó los resultados de sus investigaciones en forma de lista de cargos (challan) ante el Tribunal Especial de la OCI en aplicación de la sección 365 del código penal indio (raptar o secuestrar con la intención de recluir en secreto e ilegalmente a una persona).Los abogados de la denunciante están preocupados porque creen que este cargo no refleja la gravedad del delito y argumentarán que los encausados deben ser acusados en virtud de las secciones 364 (raptar o secuestrar con el fin de asesinar), 346 (reclusión ilegal en secreto), 330 (causar daño voluntariamente con el fin de extraer una confesión u obligar a la restitución de propiedades) y el 331 (causar daño voluntariamente para extraer una confesión u obligar a la restitución de propiedades).

Normas internacionales

La Declaración de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzosa afirma que un acto de desaparición forzosa «constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.», definiendo de esa manera la gravedad del delito de la desaparición forzosa. Tomando en consideración esto, el artículo 4(1) de la Declaración afirma que «Todo acto de desaparición forzosa será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.» Hasta la fecha, la India no ha incluido el delito de «desaparición» en su legislación penal. Amnistía Internacional cree que los cargos presentados y las sentencias impuestas deben ser proporcionales a la extrema gravedad de la desaparición forzosa.

QUÉ PUEDE USTED HACER:

Escriban cartas redactadas con cortesía a las autoridades centrales y estatales que indicamos a continuación:

O Insten a las autoridades a que ordenen llevar a cabo investigaciones inmediatas sobre las denuncias de acoso e intimidación a los testigos, a la denunciante y a los miembros del Comité de Acción en Favor de Khalra. Cualquier cargo falso presentado como medio de intimidación debe retirarse de inmediato. Deben tomarse rápidamente medidas contra cualquier funcionario responsable de acoso o intimidación.

O Con vistas a garantizar la protección de los testigos, recomienden que les asignen protección y que se encarguen de ella agentes de la ley que no pertenezcan a la policía de Punjab. Además, insten a que se tomen medidas inmediatas para garantizar que si los policías acusados permanecen en libertad bajo fianza se impedirá que interfieran en el proceso judicial. Todos los agentes de policía acusados deben ser suspendidos de inmediato de sus deberes policiales, de acuerdo con el artículo 16(1) de la Declaración de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas.

O Insten a las autoridades a que garanticen que continuarán las investigaciones para determinar el paradero de Jaswant Singh Khalra, según lo dispuesto por el Artículo 13(6) de la Declaración más arriba mencionada, que afirma que «Deberá poderse hacer una investigación... mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzosa.»

O Manifiesten que Amnistía Internacional ha pedido a la India que demuestre su compromiso de proteger a los defensores de los derechos humanos que trabajan en la India garantizando que los responsables de la «desaparición» de Jaswant Singh Khalra son procesados con prontitud e imparcialidad.

Mr Lal Krishna Advani Mr Prakash Singh Badal

Minister of Home Affairs Chief Minister of Punjab

Ministry of Home Affairs Office of the Chief Minister

North Block Chandigarh

New Delhi, India Punjab, India

Mr P.C. Dogra

Director General of Police, Punjab

Police Headquarters

Chandigarh

Punjab, India

Envíen también una copia de sus cartas al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Punjab, organismo legal establecido en virtud de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993, que tiene la misión de trabajar en favor de la protección de los derechos humanos en Punjab:

Justice V.K. Khanna

Chair, Punjab State Human Rights Commission

Mini Secretariat, Section 9A

Chandigarh

Punjab, India

PALABRAS CLAVE: DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS1 / DESAPARICIONES1 / IMPUNIDAD / CAMPAÑAS / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS / TESTIGOS / ACOSO / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS

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ACCIONES RECOMENDADAS

Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias del documento y de que este se archiva para futuras consultas. Adopten también el máximo número posible de acciones recomendadas.

Tengan en cuenta que el caso de Jaswant Singh Khalra es uno de los casos destacados en la campaña sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ello debe hacerse llegar de inmediato a las personas de la Sección que trabajan sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos.Asegúrense de que los miembros usan este documento junto con el folleto sobre la Declaración para garantizar que tienen información actualizada.

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Organizaciones de derechos humanos de la India

Miembros del gobierno de Punjab y gobierno central

La Comisión Nacional de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Punjab

Coordinadores de la India