AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/026/2006 (público)

Servicio de Noticias: 244/2006

20 de septiembre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200262006

India: Continúan detenidos dos años después de la revocación de la Ley de Prevención del Terrorismo

Amnistía Internacional expresa preocupación porque, dos años después de la decisión de la India de revocar la polémica Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) ante los abusos generalizados, cientos de personas detenidas en aplicación de esta ley siguen consumiéndose en las cárceles sin juicio y hay varias procesadas por infringir una ley con imperfecciones y ya extinta.

La Ley de Prevención del Terrorismo estuvo en vigor casi tres años, desde el 2001 hasta el 2004. En su virtud, se podían practicar detenciones basándose en meras sospechas y recluir a personas sin cargos ni juicios durante seis meses. La ley permitía también investigaciones especiales, así como tribunales y procedimientos judiciales especiales.

Amnistía Internacional recuerda que el 21 de septiembre de 2004, el nuevo gobierno del primer ministro Manmohan Singh cumplió una de sus promesas electorales clave y revocó esta ley y modificó las leyes existentes, reconociendo que la POTA se había utilizado contra la oposición política, las minorías y los sectores marginadas de la sociedad india.

En aquel momento, el gobierno indio se comprometió a completar, en el plazo de un año, su revisión de los casos pendientes instituidos en aplicación de la POTA. Sin embargo, un gran número de detenidos en virtud de la ley sigue consumiéndose en las cárceles indias. La mayoría de los casos han sido revisados por comités creados a tal fin, pero el propio proceso de revisión está cuestionado, y varios gobiernos estatales, incluido el del estado occidental de Gujarat, han alegado que los fiscales estatales tenían la potestad de rechazar las recomendaciones de los comités de retirar los cargos formulados en virtud de la POTA en casos clave.

Además, salvo en algunos casos muy destacados como el relativo al ataque cometido contra el Parlamento indio en diciembre del 2001, los fallos condenatorios con arreglo a la POTA han sido escasos; en varios casos no se han formulado aún cargos en aplicación de la ley y las actuaciones judiciales que se siguen contra varios de los detenidos no han visto todavía la luz del día.

Las cifras sobre el número de personas que siguen detenidas en aplicación de la POTA son contradictorias. Según el gobierno, 135 personas continúan en prisión, pero los activistas de derechos humanos insisten en que quedan encarceladas al menos 400 personas. Amnistía Internacional puede verificar que siguen detenidas por lo menos 265 personas, algunas de ellas sin juicio y otras cuyos casos están en la fase de instrucción previa al juicio (el número de personas condenadas en aplicación de la ley es reducido, pero estas condenas pertenecen a casos graves y conocidos).

Por ejemplo, las cifras oficiales que ha dado el gobierno excluyen a los 21 presuntos simpatizantes maoístas que llevan detenidos 46 meses en el estado meridional de Tamil Nadu, donde se sabe que se ha utilizado la POTA contra la oposición política. En Gujarat, donde se sabe que la ley se ha utilizado ampliamente contra la minoría musulmana, el número de detenidos, según los informes, podría ser incluso de 200, frente a la cifra oficial de 87.

Además, el gobierno de Gujarat ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del comité de revisión de cerrar los casos, instruidos en aplicación de la POTA, contra ciertos procesados, incluido el relativo a la tragedia del incendio del tren de Godhra del 2002 (tragedia que desencadenó los disturbios religiosos en el estado, en los que murieron más de 2.000 personas, en su mayoría musulmanas).

La revocación de la POTA ha justificado los motivos de preocupación que Amnistía Internacional había expresado cuando se estaba redactando, en el sentido de que esta ley no respetaba el principio de la certidumbre en el derecho penal, carecía de garantías en la fase de instrucción, no salvaguardaba los derechos de los procesados durante los juicios y representaba una amenaza para la libertad de asociación y de expresión (The Prevention of Terrorism Bill 2000: Past abuses revisited?, de junio del 2000, Índice AI: ASA 20/022/2000; India: Briefing on the Prevention of Terrorism Ordinance, de noviembre del 2001, Índice AI: ASA 20/049/2001).

Amnistía Internacional toma nota de que las autoridades indias siguen resistiéndose a promulgar una ley similar a la POTA pese a las reiteradas peticiones realizadas en tal sentido tras las recientes explosiones de Mumbai y Malegaon, en el estado occidental de Maharashtra. Amnistía Internacional lamenta todos los ataques dirigidos deliberadamente contra civiles y cualquier otro ataque indiscriminado, pero mantiene que las leyes penales ordinarias ya permiten a las autoridades ocuparse de estos delitos.

Por tanto, Amnistía Internacional insta al gobierno a que anule todos los casos incoados en aplicación de la POTA y ponga en libertad de inmediato a todas las personas recluidas sin cargos en virtud de esta ley salvo en los casos en los que se decida, de forma rápida, transferirlos a los tribunales ordinarios para ser acusados formalmente de delitos comunes. Incluso en estos casos, la continuación de la reclusión debe ser la excepción y no la norma, y los juicios deben ser conformes a las normas internacionales de imparcialidad.

El tiempo de reclusión debe ser computado como tiempo de cumplimiento de condena. Los juicios, los fallos condenatorios y las penas impuestas en los casos ya finalizados deben ser revisados a la luz de las disposiciones y los requisitos de las leyes penales ordinarias y de las normas internacionales de imparcialidad.

Los mismos principios deben aplicarse a las personas que continúan detenidas o encarceladas en aplicación de la anterior Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas de 1987, una década después de su vencimiento.

Información complementaria

La Ley de Prevención del Terrorismo entró en vigor originalmente como decreto presidencial, conocido como Ordenanza de Prevención del Terrorismo, en octubre del 2001, muy poco después de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos y la adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 1373, en la que pedía a los Estados que adoptaran medidas contra el terrorismo. En marzo del 2002, el Parlamento indio aprobó la POTA, que permaneció en vigor hasta septiembre del 2004, un mes antes de que expirase.

Según los informes, en sus tres años de vigencia se investigaron en su virtud un total de 217 casos, de los que finalizaron o están en tramitación 116 juicios. Alrededor de 3.500 personas de 18 estados de la India (incluidos algunos menores de edad en Jharkhand y Tamil Nadu) estuvieron recluidos en aplicación de la ley durante periodos diversos. Gujarat es el estado con mayor número de detenciones y de las 287 personas inicialmente recluidas en aplicación de la ley, todas menos una eran musulmanes.

Antes de la POTA estuvo en vigor la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas de 1987, que las autoridades dejaron que expirase en 1995, tras críticas generalizadas de que se estaba utilizando ampliamente contra opositores políticos pacíficos, defensores de derechos humanos, minorías y sectores marginados de la sociedad india. Alrededor de 77.000 personas fueron detenidas arbitrariamente en aplicación de esta ley y miles fueron torturadas para que hicieran confesiones. De los detenidos, unos 72.000 fueron puestos en libertad posteriormente sin haber sido acusados formalmente ni juzgados. Una década después de su expiración, 147 personas siguen recluidas por infracciones de esta ley, algunas de ellas en relación con casos destacados cuyos juicios siguen en tramitación.

Los sucesivos gobiernos indios han promulgado diversas leyes de seguridad en el ámbito estatal y federal. En las últimas décadas, leyes como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Zonas en Conflicto, la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de Jammu y Cachemira y la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira han propiciado los abusos.