[Fecha de publicación: 06.00 horas GMT del 29 de noviembre de 2004] Público

Amnistía Internacional

Nubes de injusticia. El desastre de Bhopal 20 años después

[Resumen del informe de Amnistía Internacional ASA 20/015/2004]

[Fecha de publicación: 06.00 horas GMT del 29 de noviembre de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Nubes de injusticia. El desastre de Bhopal 20 años después

[Resumen del informe de Amnistía Internacional ASA 20/015/2004]

Índice AI: ASA 20/104/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA201042004

La noche del 2 de diciembre de 1984, más de 35 toneladas de gases tóxicos fueron liberadas a la atmósfera en Bhopal, debido a un escape en una fábrica de pesticidas de la empresa Union Carbide India Limited (UCIL), filial india de Union Carbide Corporation (UCC), empresa multinacional con base en Estados Unidos. En el escape se liberaron al menos 24 toneladas del venenoso isocianato de metilo (MIC) y otros productos de la reacción, entre los que posiblemente había compuestos químicos tóxicos, como cianuro de hidrógeno, óxido nitroso y monóxido de carbono.

En los dos o tres días siguientes murieron más de 7.000 personas y muchas más sufrieron lesiones por efecto del escape. A lo largo de los últimos 20 años, al menos 15.000 personas más han muerto a consecuencia de enfermedades relacionadas con la exposición al gas. En la actualidad más de 100.000 personas siguen sufriendo enfermedades crónicas y debilitantes para las cuales no se ha encontrado un tratamiento eficaz.

El desastre conmocionó al mundo y planteó cuestiones fundamentales respecto a la responsabilidad de las empresas y los gobiernos en los accidentes industriales que aniquilan la vida humana y devastan el medio ambiente. Sin embargo, 20 años después los supervivientes siguen esperando una reparación justa, asistencia médica y tratamiento adecuados y una total rehabilitación social y económica. El lugar donde se encontraba la planta aún no ha sido limpiado, con lo que los residuos tóxicos siguen contaminando el medio ambiente y el agua del que dependen las poblaciones de los alrededores. Además, por sorprendente que pueda parecer, nadie ha rendido cuentas de la fuga y de sus terribles consecuencias.

Los esfuerzos realizados por las asociaciones de supervivientes para obtener justicia y el adecuado resarcimiento a través de las jurisdicciones estadounidense e india, han resultado hasta la fecha infructuosos. Las empresas transnacionales implicadas –Union Carbide Corporation (UCC) y Dow Chemical, que absorbió a la primera en 2001– han declarado públicamente que no son responsables de la fuga y sus consecuencias ni de la contaminación procedente de la fábrica. UCC se niega a comparecer en juicio ante un tribunal de Bhopal y el acuerdo judicial final, sancionado por el Tribunal Supremo de la India, ha condenado a los supervivientes a vivir en la miseria.

El impacto del escape sobre los derechos humanos

El escape se ha cobrado más de 20.000 vidas hasta la fecha y ha dejado más de cien mil enfermos crónicos. Las personas afectadas por el gas sufren diversos problemas de salud, entre ellos enfermedades respiratorias crónicas, lesiones oculares, deficiencias en el sistema inmunológico, daños neurológicos y neuromusculares y problemas de salud mental. El índice de abortos espontáneos fue muy elevado cuando se produjo la fuga y se mantuvo muy alto incluso entre las mujeres que concibieron después del escape. Las mujeres afectadas por el gas también padecen numerosos trastornos ginecológicos. Los niños han sufrido graves problemas de salud, incluidas anomalías en el crecimiento. Existen indicios de que entre las personas expuestas al gas el riesgo de padecer cáncer es mayor.

A pesar del trabajo intensivo que se llevó a cabo inmediatamente después de producirse la fuga, el alcance y la calidad de la investigación médica no han sido adecuados y no han permitido tomar decisiones en materia de desintoxicación, tratamiento a corto y largo plazo, consecuencias para la salud a largo plazo y puesta en práctica de un programa para compensar a las víctimas. Esta investigación inadecuada se ha visto agravada por el hecho de que UCC no ha facilitado información acerca de la naturaleza de los gases liberados en el escape y su toxicidad.

Desde que entró en funcionamiento a comienzos de la década de los 70, la fábrica de Union Carbide en Bhopal ha contaminado el suelo y las aguas subterráneas, principalmente a consecuencia de las prácticas inadecuadas en el tratamiento de los residuos. La planta, abandonada desde la fuga de 1984, sigue contaminando las aguas subterráneas, único recurso hídrico para los que viven en los alrededores, con sustancias tóxicas que, según algunos informes, pueden ser carcinógenas. Este hecho ha causado miles de envenenamientos adicionales. Union Carbide no ha tomado medias sustanciales para limpiar el lugar, a pesar de que tiene conocimiento del alcance de la contaminación y de que se le ha solicitado reiteradamente.

Las personas que estuvieron expuestas a la fuga de gas pertenecen en su gran mayoría a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y los efectos debilitantes del escape han afianzado la pobreza existente y la vulnerabilidad de las víctimas. Gran cantidad de personas afectadas por el gas no pueden trabajar debido a sus enfermedades o lesiones y se han empobrecido. El elevado coste del tratamiento y las exiguas indemnizaciones han agravado aún más la penuria en la que viven miles de supervivientes. Además, las personas afectadas por el gas son estigmatizadas y las mujeres son especialmente vulnerables a la discriminación y al ostracismo social.

En Bhopal, se negó el derecho a la vida a miles de personas, y se ha socavado el derecho a la salud de decenas de miles. Los esfuerzos de las personas que luchan por que se haga justicia y por el derecho a interponer recurso en Bhopal se han visto frustrados. Miles de familias pobres han sufrido enfermedades y pérdidas entre sus miembros, lo que ha reducido aún más su capacidad para hacer efectivo su derecho a un nivel de vida decente. A las mujeres que sufren el estigma de la sociedad a consecuencia de la exposición al gas se les niega el derecho a no sufrir discriminación. A las víctimas directas del escape de gas y a las personas que aún viven cerca de la fábrica y siguen expuestas al agua contaminada se les niega el derecho a un medio ambiente seguro.

El papel de Union Carbide Corporation (UCC)

UCC era la propietaria del 50,9% de las participaciones en el capital de UCIL, y ejercía sobre esta última un amplio control corporativo, gerencial, técnico y de las operaciones. A pesar de ello, desde que se produjo el escape UCC ha alegado que la fábrica de Bhopal no se encontraba bajo su control o dirección y que UCIL era la responsable antes de la fuga. Sin embargo, en su política general UCC reconocía la intención de “garantizar y conservar el control efectivo de la gestión de la empresa afiliada”. La empresa decidió almacenar grandes cantidades del “ultra peligroso” isocianato de metilo en la planta de Bhopal, pero no la equipó con la capacidad de procesado o las medidas de seguridad que hubieran correspondido. La noche que se produjo el escape, los sistemas básicos de seguridad, incluidos el sistema de refrigeración, el sistema de presión con nitrógeno líquido y la instalación de lavado de gases de escape no estaban operativos.

UCC transfería tecnología que no estaba probada y que conllevaba riesgos. En Bhopal la empresa no aplicaba las mismas normas de seguridad respecto al diseño o las operaciones que en Estados Unidos. Y, lo más importante para los que vivían y trabajaban en las cercanías de la fábrica, a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, en Bhopal la empresa no contaba con ningún plan o sistema de emergencia general para advertir a las comunidades locales de los escapes.

Ya en 1982, una inspección llevada a cabo por UCC había detectado diversos problemas de seguridad, graves y leves, en relación con la fábrica de Bhopal. Antes de la fuga se habían producido varios accidentes en la planta y los medios de comunicación locales y el sindicato de trabajadores de la fábrica habían planteado públicamente en diversas ocasiones sus motivos de preocupación en materia de seguridad. Algunos meses antes del desastre de diciembre de 1984, UCC había sido alertada de la posibilidad de que en su fábrica de MIC en Virginia Occidental se produjera una reacción incontrolable similar a la que provocó la fuga en Bhopal. Amnistía Internacional no tiene ningún dato que indique que este informe fue transmitido a UCIL o que se hubiesen adoptado las medidas preventivas adecuadas en las instalaciones de Bhopal.

Después del escape, UCC sostuvo que el MIC no era nada más que un gas con efectos lacrimógenos, aunque los propios manuales de la empresa decían claramente que el MIC era un veneno letal. Hasta la fecha, UCC se ha negado a identificar los productos de la reacción liberados, así como información toxicológica acerca de los productos que se escaparon a la atmósfera, lo que ha impedido a los médicos desarrollar un protocolo adecuado para el tratamiento de las víctimas.

Más adelante, UCC también afirmó que el escape fue producto de un acto de sabotaje perpetrado por un trabajador descontento, cuya identidad se ha negado a revelar. Después de que UCC fuera absorbida por Dow Chemicals, las dos empresas han utilizado la nueva estructura de propiedad para intentar eludir cualquier responsabilidad en el desastre de Bhopal.

En su intento de alejar el proceso de la jurisdicción estadounidense, UCC alegó ante la corte federal de primera instancia estadounidense que “de hecho, la práctica imposibilidad de los tribunales y jurados norteamericanos, imbuidos de los valores culturales, nivel de vida y expectativas propios de Estados Unidos, de determinar el nivel de vida de las personas que habitan en los barrios pobres o poblados de chabolas alrededor de la planta de UCIL en Bhopal, India, confirma por sí misma que la jurisdicción india es sin duda la más apropiada. La terrible miseria y los valores, nivel y expectativas sumamente diferentes que la acompañan y son corrientes en India y en el tercer mundo resultan incomprensibles para los norteamericanos que viven en Estados Unidos”. Posteriormente UCC se ha negado a someterse a la jurisdicción india.

El acuerdo judicial

En 1988, el Tribunal Superior de Madhya Pradesh confirmó con algunas modificaciones una sentencia del Tribunal de Distrito de Bhopal y ordenó a UCC el pago de 2.500 millones de rupias (aproximadamente 157 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio vigente) en concepto de compensación provisional a las víctimas. UCC recurrió contra las sentencias del Tribunal de Distrito de Bhopal y del Tribunal Superior de Madhya Pradesh que le obligaban a pagar una ayuda provisional a las víctimas de Bhopal afectadas por el gas. El 14 de febrero de 1989, cuando el recurso de UCC contra esta decisión estaba pendiente en el Tribunal Supremo, el más alto Tribunal pronunció una orden confirmando el acuerdo en virtud del cual UCC debía pagar 7.500 millones de rupias (aproximadamente 470 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual) no en concepto de multa, sanción o daños punitivos, sino “a beneficio de todas las víctimas” de la fuga de gas. A cambio, todos los cargos y responsabilidades civiles y penales contra UCC y UCIL fueron retirados. Sin embargo, después de las protestas generalizadas y la presentación de un recurso, el Tribunal Supremo restableció los procedimientos penales en 1991.

Ni las víctimas ni sus representantes fueron consultados por el Tribunal Supremo o el gobierno indio antes de aceptar este acuerdo final y global. En el momento del acuerdo, el número de víctimas y la índole y alcance total de los daños no se conocían del todo. El acuerdo se basó en una estimación de 105.000 víctimas (3.000 fallecimientos, 30.000 incapacidades totales o permanentes, 20.000 incapacidades temporales o parciales, 2.000 lesiones graves y 50.000 lesiones leves). Esta cifra era arbitraria; cuando se llegó al acuerdo, aunque las víctimas habían presentado más de 600.000 reclamaciones, sólo habían sido clasificadas 29.000.

A lo largo de los años esto ha supuesto una grave injusticia para las víctimas, ya que la suma destinada a 105.000 víctimas ha sido repartida entre un número cinco veces superior a la cifra de fallecidos, lesionados e incapacitados que utilizó el Tribunal Supremo para calcular la compensación prevista en el acuerdo. El informe anual del año 2003 del Departamento de Rehabilitación y Ayuda a las Víctimas del Gas de Madhya Pradesh revela que en octubre de ese año se habían otorgado indemnizaciones en 15.248 casos de fallecimiento y en al menos 554.895 casos de lesiones o incapacidad.

El papel de los gobiernos de India y Madhya Pradesh

El gobierno de India y el gobierno del estado de Madhya Pradesh sabían que en la fábrica de Bhopal se utilizaban sustancias peligrosas y se llevaban a cabo procesos de alto riesgo. Asimismo, los medios de comunicación y los sindicatos de trabajadores de la fábrica habían advertido públicamente de las peligrosas condiciones reinantes en la fábrica e informado de varios accidentes, algunos de ellos mortales. Sólo unos meses antes del accidente, el gobierno del estado de Madhya Pradesh concedió títulos de propiedad a miles de personas que habían construido sus hogares alrededor de la planta. No obstante, Amnistía Internacional no ha podido encontrar indicios de que el gobierno central ni el estatal adoptasen medidas adecuadas para evaluar el riesgo para esas comunidades locales, la mayoría de las cuales serían las primeras víctimas de un escape de gas, o para el medio ambiente. El gobierno tampoco impuso unas normas de seguridad estrictas ni presionó a Union Carbide para que revisase los mecanismos de seguridad.

En 1985, el gobierno de India promulgó la Ley de Reclamaciones de Bhopal y privó a las víctimas del derecho a representarse a sí mismas, erigiéndose en su único representante. En 1989 el gobierno llegó a un acuerdo con UCC por el que se negociaba su responsabilidad jurídica: a cambio del pago de una suma modesta y arbitrariamente determinada a las víctimas, el acuerdo concedía inmunidad civil y penal a UCC. El acuerdo negociado por el gobierno privaba por completo a las víctimas del desastre de la posibilidad de influir sobre el resultado del proceso.

Sin embargo, el pago de las indemnizaciones a las víctimas no comenzó hasta 1992 y estuvo rodeado de problemas, entre ellos la concesión de sumas inadecuadas, retrasos en los pagos, denegaciones arbitrarias o reducción de la categoría de las reclamaciones. Una burocracia excesiva en la tramitación de las reclamaciones dio lugar a la aparición de intermediarios y a una enorme corrupción que mermó considerablemente la suma que finalmente pudieron percibir las víctimas en concepto de indemnización.

En 1994, el Consejo Indio de Investigación Médica concluyó las investigaciones sobre los efectos médicos del desastre de Bhopal sin dar explicaciones. Los resultados completos de la investigación llevada a cabo y los datos en poder del ICMR aún no han sido publicados.

Los esfuerzos del gobierno del estado de Madhya Pradesh para proporcionar rehabilitación han resultado en gran medida ineficaces. Las deficiencias del sistema de salud han obligado a la mayoría de los supervivientes a gastar la mayor parte de la indemnización recibida en tratamiento médico privado. Los hospitales creados para el tratamiento de las víctimas del gas sólo proporcionan tratamiento de los síntomas.

Las medidas de rehabilitación económica y social no han sido puestas en práctica correctamente y no han conseguido contener el empobrecimiento de los supervivientes, ya de por sí económicamente vulnerables. Las viudas y huérfanos a consecuencia del escape de gas se encuentran en una situación especialmente precaria.

A pesar de que en mayo de 2004 el Tribunal Supremo ordenó suministrar agua potable a las comunidades afectadas por el agua contaminada, el gobierno de Madhya Pradesh aún no ha ejecutado dicha orden en su totalidad.

Conclusión

Resulta evidente que tanto UCC/Dow como los gobiernos de India y de Madhya Pradesh no cumplieron con sus respectivas obligaciones y responsabilidades de a) prevenir la fuga de gas y hacer frente a sus consecuencias, y b) detener la contaminación continuada del medio ambiente y del agua producidas por la dispersión de sustancias tóxicas y peligrosas. El caso de Bhopal también es un ejemplo de cómo las empresas eluden sus responsabilidades en materia de derechos humanos y subraya la necesidad de establecer un marco universal de derechos humanos que pueda aplicarse directamente a las empresas.

Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de proteger los derechos humanos de las comunidades que se encuentren amenazadas por las actividades de las empresas, como por ejemplo las que utilizan tecnología peligrosa. Sin embargo, conforme la influencia y el poder de las empresas ha ido creciendo, también se ha ido generalizando el consenso respecto a que es preciso insertarlas en el marco de las normas internacionales de derechos humanos. Ya existe una clara tendencia de extender las obligaciones internacionales más allá del ámbito de los Estados hasta alcanzar a los individuos (por delitos internacionales), grupos armados, organizaciones internacionales y empresas privadas. Amnistía Internacional apoya esta tendencia y cree que las empresas tienen una responsabilidad inalienable con respecto a los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos.

Estos derechos humanos se garantizan explícitamente en tratados internacionales que son legalmente vinculantes para el Estado indio. Los tribunales indios pueden garantizar el cumplimiento de tales obligaciones si se han incorporado a la legislación india. La Constitución india garantiza el derecho a la vida, y el Tribunal Supremo de la India ha estimado que tal derecho incluye el derecho a la salud y a la protección frente a la contaminación del medio ambiente. El Tribunal también ha resuelto que las empresas son responsables por los daños medioambientales que causen y que deben indemnizar a las personas que resulten perjudicadas por sus actividades.

Las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos (Normas de la ONU) –aprobadas por la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 2003– suponen un paso importante para generar un marco normativo, universalmente reconocido, para identificar las responsabilidades de las empresas por los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos.

En opinión de Amnistía Internacional, es preciso asimismo regular por igual las actividades que tienen lugar en el país de origen de la empresa transnacional y en cualquier otro país en el que la empresa realice sus actividades. La legislación de esos países receptores debe desarrollarse y aplicarse para permitir a los gobiernos nacionales y a las comunidades locales controlar las actividades de las empresas que operan en su territorio. Las empresas transnacionales deberían evitar aplicar un doble rasero en materia de seguridad y adoptar las mejores prácticas en todos los aspectos de la seguridad en la totalidad de sus operaciones.

El desastre de Bhopal y sus consecuencias muestran con total claridad la necesidad de un marco internacional de derechos humanos que pueda aplicarse a las empresas directamente, que podría actuar además como catalizador en la reforma de la legislación nacional y servir como punto de referencia con el que evaluar la legislación y normas nacionales. Garantizar la participación del público en general y la transparencia en las decisiones relativas a la ubicación, seguridad de las operaciones y tratamiento de los residuos de las industrias que utilizan materiales y tecnología peligrosa es un paso fundamental para incrementar la concienciación respecto a los riesgos y el comportamiento responsable, así como para garantizar una mejor preparación para prevenir desastres como el de Bhopal y reaccionar ante sus consecuencias.

Los gobiernos implicados y la comunidad internacional deben garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen un acceso efectivo a la justicia y obtienen reparación efectiva por los daños sufridos, sin discriminación, y con independencia de si los responsables de las violaciones son gobiernos o empresas.

Recomendaciones

Tras conocer las medidas adoptadas por los gobiernos en India para ayudar a las víctimas de la tragedia de Bhopal:

Amnistía Internacional insta a los gobiernos de India y de Madhya Pradesh a:

- garantizar la descontaminación y limpieza efectivas y sin demora del emplazamiento de la fábrica en Bhopal por parte de Union Carbide Corporation (UCC)/Dow Chemical Company, o a llevar a cabo ellos mismos dichas tareas si UCC/Dow no tiene la voluntad o la posibilidad de hacerlo;

- realizar una evaluación detallada de la índole y alcance de los daños a la salud y al medio ambiente producidos por el tratamiento inadecuado de los residuos y por los contaminantes procedentes de la planta abandonada, y a que hagan públicos los resultados;

- garantizar que Dow/UCC ofrece reparación, restitución, compensación y rehabilitación por los daños continuados a la salud y al medio ambiente causados por la contaminación constante del lugar donde se ubicaba la fábrica;

- garantizar el suministro regular de agua potable para el uso doméstico de las comunidades afectadas, de conformidad con la orden dictada por el Tribunal Supremo;

- garantizar asistencia de salud adecuada y accesible a todos los supervivientes, en especial asegurándose de que la atención de salud gratuita se proporciona sin discriminación a todos los afectados por el desastre, incluidos los hijos de personas afectadas por la fuga de gas;

- trabajar con las asociaciones de supervivientes para establecer un mecanismo de distribución de las indemnizaciones pendientes de pago, de modo que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y las garantías procesales debidas, se asegure la transparencia y se evite la corrupción;

- revisar las indemnizaciones que recibieron las víctimas tras el acuerdo de 1989 y satisfacer cualquier déficit de acuerdo con la orden del Tribunal Supremo de 1991;

- garantizar que UCC proporciona toda la información disponible acerca de los productos de la reacción liberados el día del escape, así como información completa en relación con su toxicidad y efectos sobre las personas y el medio ambiente, y asegurarse de que tal información es suministrada a los supervivientes en lenguas que estos puedan comprender;

- garantizar que todos los estudios realizados por el Consejo Indio de Investigación Médica y otras investigaciones pertinentes sobre el impacto de la fuga de gas en la salud se hacen públicos;

- llevar a cabo una revisión profunda y transparente de los programas de rehabilitación, en consultas con las asociaciones de supervivientes;

- resolver las necesidades especiales de las mujeres que son estigmatizadas por la sociedad y de los que quedaron huérfanos a consecuencia del desastre.

Amnistía Internacional también hace un llamamiento al gobierno indio para que:

- invite a los procedimientos especiales pertinentes de la Comisión de Derechos humanos de la ONU a visitar India y examinar los efectos de las actividades de UCIL/UCC y del desastre de Bhopal sobre la contaminación del agua subterránea y del medio ambiente y, consiguientemente, sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas. Entre los procedimientos o mecanismos especiales se encontrarían: la relatora especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos, el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el relator especial sobre la vivienda adecuada –como parte del derecho a un nivel de vida adecuado–, y el relator especial sobre el derecho a la alimentación.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que:

- haga todo lo posible dentro de su competencia legal para garantizar que los supervivientes de la tragedia de Bhopal pueden obtener reparación;

- coopere con el gobierno de India para garantizar que UCC y/o Dow Chemical comparecen ante el magistrado jefe del tribunal de primera instancia de Bhopal para ser juzgados por los delitos que se les imputan.

Amnistía Internacional pide a la empresa Dow Chemical Company que garantice que UCC:

- descontamina eficazmente y sin demora el lugar donde se encontraba la fábrica de Bhopal, limpia el agua subterránea y retira las sustancias tóxicas y peligrosas abandonadas por la empresa cuando se abandonó la planta;

- presta su entera colaboración a los que están evaluando las consecuencias a largo plazo que tienen para la salud la fuga de gas y las sustancias tóxicas y peligrosas abandonadas en el lugar desde 1984;

- hace pública de inmediato toda la información que posee sobre los productos de la reacción liberados el día de la fuga de gas, así como información completa sobre su toxicidad y el impacto sobre los seres humanos y el medio ambiente;

- comparece ante el magistrado jefe del tribunal de primera instancia de Bhopal en la causa penal.

Amnistía Internacional pide a la empresa Dow Chemical Company que:

- ofrezca sin demora completa reparación, restitución, compensación y rehabilitación por los daños continuados causados a la salud de los seres humanos y al medio ambiente por la contaminación continua del lugar.

Amnistía Internacional pide a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que:

- trabaje para la aprobación de un marco normativo internacional y universalmente reconocido dirigido a las empresas, que incluya la incorporación en la legislación nacional de unas normas mínimas de derechos humanos para las empresas.

Amnistía Internacional pide a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU que:

- asuma un papel protagonista en los esfuerzos multilaterales para esclarecer las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales;

- ofrezca la asistencia técnica de su oficina para garantizar que los mecanismos de reparación para los supervivientes de la tragedia de Bhopal están de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

La versión completa del informe de Amnistía Internacional sobre Bhopal, Nubes de injusticia. El desastre de Bhopal 20 años después, ASA 20/015/2004, está disponible en hindi, inglés y árabe en http://web.amnesty.org/pages/ec-bhopal-eng

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA