AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 21/024/2006 (Público)

Servicio de Noticias 319/06

8 de diciembre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA210242006

Indonesia: Sentencia histórica favorable a la libertad de expresión

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de despenalizar los insultos a la presidencia o vicepresidencia, al considerar que es un paso significativo hacia una medida general de protección del derecho a la libertad de expresión en el país. El 6 de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional votó a favor de abolir los artículos 134, 136 y 137 del Código Penal indonesio, que castigaban el delito de "insultar a la presidencia o vicepresidencia" hasta con seis años de cárcel. Amnistía Internacional consideraba que estos artículos eran contrarios al derecho a la libertad de expresión y a las obligaciones contraídas por Indonesia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y llevaba largo tiempo haciendo campaña en favor de su revocación.

El Tribunal Constitucional votó a favor de anular estas disposiciones legales por una mayoría de cinco votos frente a cuatro, y argumentó en su resolución que tales artículos obstaculizaban el ejercicio del derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución de 1945.

Estos artículos, al igual que los "artículos sobre incitación al odio" (154, 155 y 156 del Código Penal indonesio), que castigan la expresión pública de odio al Estado, habían sido utilizados profusamente durante el régimen del ex presidente Suharto para acallar y encarcelar a detractores del gobierno, opositores políticos y defensores de los derechos humanos. Tras la dimisión de Suharto en 1998, más de 230 presos de conciencia y presos políticos quedaron en libertad en virtud de diversas amnistías presidenciales. La legislación represiva que coartaba la libertad de expresión –y en virtud de la cual habían sido encarceladas muchas de estas personas– cayó en desuso durante un breve periodo. Sin embargo, cuando Megawati Sukarnoputri llegó al poder en 2001 se reanudó la utilización de legislación represiva contra detractores del gobierno, incluidos activistas políticos y sindicales, periodistas y activistas de la causa de la independencia en las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa. Desde entonces, al menos 22 personas han sido acusadas o encarceladas por insultos a la presidencia o vicepresidencia.

El 25 de septiembre de 2006, el activista político Pandapotan Lubis y el abogado Eggi Sudjana formularon una petición al Tribunal Constitucional para que revisara estos tres artículos. Ambos habían sido acusados de insultar a la presidencia: Pandapotan Lubis fue detenido en mayo de 2006 durante una manifestación pacífica en la glorieta del Hotel Indonesia de Yakarta; a Eggi Sudjana lo acusaron de difamar al presidente Yudhoyono en enero de 2006, cuando denunció a éste y a sus colaboradores ante la Comisión para la Erradicación de la Corrupción del país por aceptar presuntamente un automóvil como regalo de un empresario.

El Tribunal Constitucional resolvió que estos tres artículos ya no tenían carácter jurídico vinculante y ordenó que se publicara la decisión en el Boletín Oficial del Estado. Sri Bintang Pamungkas, ex parlamentario indonesio y también ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional que había aceptado testificar en el juicio de Pandapotan Lubis en septiembre, manifestó que esta decisión constituía un triunfo para todo el colectivo de activistas, ya que decenas de ellos habían sufrido detenciones en el pasado a causa de esos artículos. El propio Pamungkas fue condenado en 1996 a dos años y diez meses de cárcel por insultos al presidente Suharto. Al parecer, lo había llamado ‘dictador’ en un seminario impartido el 9 de abril de 1995 en una universidad de Alemania (véase Índice AI: ASA 21/027/1996, 8 de mayo de 1996).

A tenor de la decisión adoptada el 6 de diciembre por el Tribunal Constitucional, el gobierno deberá revisar con urgencia los casos de otras personas que han sido acusadas o condenadas en aplicación de los artículos 134, 136 y 137 del Código Penal indonesio y ponerlas en libertad de inmediato.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Indonesia para que contribuya a este importante avance derogando los demás artículos contenidos en el Código Penal indonesio que vulneran el derecho a la libertad de expresión, como los "artículos sobre incitación al odio" (154, 155 y 156 del Código Penal indonesio), así como cualquier otra disposición que imponga restricciones sobre el derecho de opinión, de pensamiento y de asociación, y para que libere de inmediato a todas las personas encarceladas por el ejercicio pacífico de estos derechos.********