CAMBOYA

SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DICIEMBRE DE 1990 RESUMENINDICE AI: ASA 23/07/90/s

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En junio de 1987, Amnistía Internacional publicó un informe, Kampuchea: Political Imprisonment and Torture (Kampuchea, encarcelamiento por motivos políticos y tortura), en el que se describían las preocupaciones de la organización en aquella época respecto a las violaciones de derechos humanos en lo que, por aquel entonces, se llamaba República Popular de Kampuchea, y que hoy se llama Estado de Camboya. Entre estas preocupaciones se encontraban: la detención arbitraria de presos políticos o la detención sin cargos ni juicio, o tras juicios injustos; la tortura y otros malos tratos a los presos políticos durante los interrogatorios; y las condiciones de reclusión, que constituían un trato cruel, inhumano y degradante. Desde que se publicó este informe, en 1987, Amnistía Internacional no ha podido obtener datos generales sobre la situación de los derechos humanos en lo que ahora es el Estado de Camboya. Las reiteradas negativas del gobierno a conceder a la organización permiso para visitar el país han sido uno de los factores que han obstaculizado los esfuerzos por esclarecer la situación de estos derechos.

No obstante, Amnistía Internacional ha notado con satisfacción que, desde 1987, el gobierno camboyano en Phnom Penh se ha mostrado cada vez más comprometido con la protección de los derechos humanos de los presos, entre ellos los presos políticos. A finales de 1987, las autoridades centrales iniciaron una revisión de los casos de presos políticos. Según un informe presentado por Chan Min, fiscal general, ante la Asamblea Nacional el 20 de junio de 1989, para esa fecha las autoridades locales habían liberado a unos 534 presos políticos de las provincias de todo el país y del municipio de Kampung Saom. También habían liberado a otros presos políticos recluidos en la capital, Phnom Penh.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la adopción, el 30 de abril de 1989, del artículo 35 de la nueva Constitución del Estado de Camboya, en el que se abolía la pena de muerte. La organización ha expresado también su satisfacción porque este artículo 35 de la nueva Constitución refuerza las declaraciones realizadas anteriormente respecto a la tortura.

En su informe del 20 de junio de 1989 ante la Asamblea Nacional, el fiscal general Chan Min admitió francamente que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por llevar a cabo reformas, habían continuado las transgresiones de la legislación camboyana y de las normas internacionales de derechos humanos relativas al trato recibido por los presos políticos. También reveló que las autoridades locales seguían deteniendo y recluyendo arbitrariamente a los presuntos disidentes políticos, sin ajustarse a los procedimientos ni a las salvaguardias expuestas en la legislación vigente. A Amnistía Internacional le satisface que las autoridades hayan reconocido de una manera tan franca la existencia de problemas a la hora de juzgar a los presos políticos. Sin embargo, la organización siente preocupación porque estos problemas pueden seguir existiendo.

La preocupación de Amnistía Internacional respecto a la posibilidad de que se siga deteniendo a presos políticos sin cargos ni juicio durante periodos prolongados deriva en parte de la información recibida recientemente sobre unos 33 presos políticos detenidos entre 1979, cuando se estableció la República Popular de Kampuchea, y 1986, fecha en que se promulgó el Decreto Ley 27 D-L. Según informes, estos presos continúan detenidos sin cargos ni juicio. Amnistía Internacional siente también preocupación por los informes que indican que otros tres presos políticos, encarcelados tras juicios políticos injustos en julio y noviembre de 1980, siguen también recluidos.

Además, la organización siente preocupación por las denuncias recibidas recientemente, según las cuales, a pesar de la mayor dedicación del gobierno a prevenir que los presos sean sometidos a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los agentes de las fuerzas de seguridad de un distrito de Camboya han seguido infligiendo fuertes palizas y otros malos tratos a los sospechosos de delitos políticos durante los interrogatorios. También los han mantenido con grilletes y les han negado deliberadamente la bebida y el alimento. Tres ex presos políticos denunciaron que las autoridades de seguridad del distrito de Sisophon, provincia de Banteay Meanchey, los habían sometido a malos tratos tras su detención, en 1989, por ser sospechosos de colaborar con la oposición armada al Estado de Camboya.

Por otra parte, Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación porque, al parecer, seis funcionarios del gobierno, y posiblemente otras personas detenidas, según informes, entre el 16 y el 25 de mayo de 1990, siguen sometidas a algún tipo de detención, sin que se haya acusado a ninguna de ellas de un delito tipificado en el código penal, y sin que hayan comparecido ante la justicia. En septiembre de 1990 se publicó un documento, Cambodia: Arrest and Detention of Government Officials (Camboya: detención y reclusión de funcionarios del gobierno), en el que se exponían los casos de estos detenidos. Tal como se explicaba en dicho documento, Amnistía Internacional cree que todos, o algunos de ellos, pueden haber sido detenidos exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y de asociación, al tratar de publicar el manifiesto de un nuevo partido político llamado Partido Demócrata de la Libertad o Partido Liberal Socialdemócrata.

Por último, Amnistía Internacional siente preocupación porque algunos de los 775 sospechosos de delitos políticos cuyos casos se mencionaron en los informes a los medios de comunicación oficiales del Estado de Camboya entre enero y agosto de 1990, pueden seguir aún recluidos sin cargos ni juicio.

Este texto resumen un documento de 10 páginas, Camboya: Situación Actual de los Derechos Humanos (Indice AI: ASA 23/07/90/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1990. Cualquier persona que desee más información, o emprender alguna acción al respecto, debe consultar el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, GRAN BRETAÑA

---------------------------------------------------------------------------TRADUCCION DE EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL, ESPAÑA

EXTERNO (Para distribución general)Indice AI: ASA 23/07/90/s

Distr: SC/CO/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Gran Bretaña

Diciembre de 1990

CAMBOYA:

SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Preocupaciones anteriores de Amnistía Internacional

En junio de 1987, Amnistía Internacional publicó un informe, Kampuchea: Political Imprisonment and Torture (Kampuchea: encarcelamiento por motivos políticos y tortura), en el que se describían las preocupaciones de la organización en aquella época respecto a las violaciones de derechos humanos en lo que, por aquel entonces, se llamaba la República Popular de Kampuchea, y que hoy se llama Estado de Camboya. Entre estas preocupaciones se encontraban: la detención arbitraria de presos políticos o la detención sin cargos ni juicio, o tras juicios injustos; la tortura y otros malos tratos a los presos políticos durante los interrogatorios; y las condiciones de reclusión, que constituían un trato cruel, inhumano y degradante. El informe indicaba que estas violaciones de derechos humanos, contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eran algo rutinario, y muy extendido. También decía que la forma más común de malos tratos durante los interrogatorios eran las fuertes palizas, y explicaba que, entre las penosas condiciones de encarcelamiento impuestas a los presos políticos, eran constantes la colocación de grilletes y la privación intencionada de alimentos y agua. Todo esto es contrario a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos promulgadas por la ONU. El informe expresaba también la preocupación de la organización por el uso de la pena de muerte en la República Popular de Kampuchea, que suponía una violación del derecho a la vida.

Desde la publicación de este informe, en 1987, Amnistía Internacional no ha podido obtener datos generales sobre la situación de los derechos humanos en lo que ahora es el Estado de Camboya. Las reiteradas negativas del gobierno a conceder a la organización permiso para visitar el país han sido uno de los factores que han obstaculizado los esfuerzos por esclarecer la situación de estos derechos.

Mejoras desde 1987

Sin embargo, Amnistía Internacional ha notado con satisfacción que, desde 1987, el gobierno camboyano de Phnom Penh se ha mostrado cada vez más comprometido con la protección de los derechos humanos de los presos, entre ellos los presos políticos. A finales de 1987, las autoridades centrales iniciaron una revisión de los casos de presos políticos. El 21 de diciembre de 1987, el Consejo de Ministros promulgó la Decisión Número 175 Dc, en la que hacía un llamamiento a las provincias y los municipios de todo el país para que revisaran los casos de los presos políticos detenidos antes del 12 de marzo de 1986, fecha de la promulgación del Decreto Ley 27 D-L. Esta ley fue la primera legislación del gobierno para definir qué autoridades tienen poder legítimo para detener y recluir a personas. Aunque limitaba los poderes para la detención y la reclusión, esta ley seguía autorizando la detención sin cargos ni juicio de sospechosos de delitos políticos bajo determinadas condiciones por un periodo de hasta dos años. Según un informe presentado por Chan Min, fiscal general, ante la Asamblea Nacional el 20 de junio de 1989, hasta esa fecha las autoridades locales habían liberado a unos 534 presos políticos en las provincias de todo el país y en el municipio de Kampung Saom. Además, se había liberado también a otros presos políticos recluidos en la capital, Phnom Penh.

Amnistía Internacional expresó su satisfacción al saber, por el informe del fiscal general, que se había realizado una interpretación oficial de las disposiciones del Decreto Ley 27 D-L, y que el Consejo de Ministros de Camboya había hecho pública esa interpretación el 1 de septiembre de 1988. La interpretación estipulaba lo siguiente: "No existe ningún caso en el que los órganos de investigación estén autorizados a no enviar el expediente de un detenido al tribunal, para que pueda celebrarse el juicio, o a no solicitar una ampliación del periodo de reclusión del detenido en cuestión, de acuerdo con la ley". Amnistía Internacional hizo notar también que, en su informe, el fiscal general hizo hincapié en que había que llevar a la práctica "la detención provisional" sin cargos en aplicación de las disposiciones del Decreto Ley 27 D-L, "para garantizar que los detenidos comparecen ante un tribunal para ser sometidos a juicio". Amnistía Internacional considera que estas aclaraciones del Consejo de Ministros y del fiscal general demuestran un deseo de evitar que las autoridades de las fuerzas de seguridad locales abusen del Decreto Ley 27 D-L para detener indefinidamente a presos políticos sin cargos ni juicio.

Respecto a la protección del derecho de los presos políticos a un juicio justo en el que se les acuse de delitos tipificados en el código penal, Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción porque el gobierno ha iniciado la aprobación del primer Código de Enjuiciamiento Criminal de Camboya desde 1975. La organización ha destacado el hecho de que este código, aprobado por la Asamblea Nacional el 16 de julio de 1989, especifica que una persona acusada de un delito político debe disfrutar también de los derechos, reconocidos internacionalmente, de: "ser informado de los cargos" en su contra, y recibir copias de esos cargos; "contar con un abogado o un letrado que le ayude en su defensa"; consultar con su abogado "sin la presencia de otras personas"; y entablar un "pleito de impugnación" contra el veredicto del tribunal de primera instancia ante el presidente del Tribunal Popular Supremo si "no aceptan la sentencia" del tribunal de primera instancia.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la adopción, el 30 de abril de 1989, del artículo 35 de la nueva Constitución del Estado de Camboya, en el que se abolía la pena de muerte. La organización considera esto como un paso importante que demuestra la intención del gobierno de proteger el derecho a la vida, ampliamente violado, junto con casi todos los demás derechos humanos fundamentales, por el Gobierno de Kampuchea Democrática durante el tiempo que permaneció en el poder, desde 1975 hasta 1978. La organización recibió con agrado también el hecho de que el artículo 35 de la nueva Constitución refuerza las declaraciones previas contra la tortura. En efecto, el artículo especifica que "las confesiones extraídas por medio de la coacción brutal física o mental no se pueden considerar como pruebas de culpabilidad", y que "los que lleven a cabo, colaboren o conspiren" en "coacciones" o "abusos físicos", o cualquier otra actividad que "vaya más allá" de los castigos "impuestos normalmente a los detenidos o a los presos", serán "castigados de acuerdo con la ley".

A Amnistía Internacional le sirvió de estímulo la declaración aparecida en el artículo 35, que dice lo siguiente: "Todos los sospechosos serán considerados inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario". Este principio fundamental se reintroduce así por primera vez desde 1975. La organización expresó su satisfacción por la reiteración, en el artículo 35, de otras salvaguardias de derechos humanos que las autoridades del actual Estado de Camboya habían incorporado ya en la anterior Constitución de la República Popular de Kampuchea y en otras legislaciones.

Más recientemente, un comunicado de prensa del 27 de septiembre de 1990 citaba las declaraciones del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja que decía que, dentro de unas semanas, el Estado de Camboya iba a permitir a su organización, por primera vez, el acceso a presos políticos y a otros detenidos que se podían considerar dentro de su mandato humanitario. Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción esta muestra de la disposición del Estado de Camboya a permitir que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales y no gubernamentales examinen con más profundidad la protección otorgada a los derechos humanos de los presos.

Motivos de preocupación

En su informe del 20 de junio de 1989 ante la Asamblea Nacional, el fiscal general Chan Min admitió francamente que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por introducir reformas, se seguían produciendo transgresiones de la legislación camboyana y de las normas internacionales de derechos humanos relativas al trato recibido por los presos políticos. También reveló que las autoridades locales seguían deteniendo y recluyendo arbitrariamente a los presuntos disidentes políticos, sin ajustarse a los procedimientos ni a las salvaguardias expuestas en la legislación vigente. Dijo que las autoridades locales habían seguido deteniendo, recluyendo y ampliando los periodos de detención de los sospechosos de delitos políticos sin obtener primero las autorizaciones legales requeridas por las disposiciones del Decreto Ley 27 D-L. Hizo notar que "no se solicita el permiso del Consejo de Ministros para prolongar la detención de una persona en los casos especiales en que se debe ampliar la detención durante más de doce meses, cuando el delito supone un peligro para la seguridad política, como se especifica en la Sección 28" de la legislación. Más adelante, el fiscal general declaró que "la detención provisional excede los plazos estipulados en el Decreto Ley", y que existía "una incapacidad para redactar expedientes y presentarlos ante los tribunales para el juicio". A causa de esto, "en algunas provincias y municipios, se amontonan las personas con responsabilidad penal, mientras [...] en los despachos de los fiscales públicos y en los tribunales prácticamente no hay casos que juzgar". Lo que es más, "en todas las provincias y los municipios, hay personas con responsabilidad penal que permanecen recluidas sin comparecer ante la justicia". A Amnistía Internacional le satisface que las autoridades hayan reconocido de una manera tan franca la existencia de problemas a la hora de juzgar a los presos políticos. Sin embargo, la organización siente preocupación porque estos problemas pueden seguir existiendo. Amnistía Internacional confía en que el gobierno ponga en práctica medidas específicas y sistemáticas para garantizar que se respeta firmemente el derecho de los presos políticos a ser sometidos a un juicio imparcial dentro de un periodo razonable, o liberados. Una de estas medidas puede ser la creación de una comisión especial independiente que supervise la puesta en práctica del Decreto Ley 27 D-L y que reciba las denuncias de los presos que permanecen recluidos en contra de las disposiciones de ese Decreto Ley. Esta comisión debe contar con poderes para informar a los tribunales sobre los casos de presos recluidos ilegalmente, y los tribunales deben estar autorizados para ordenar la liberación de este tipo de presos.

La preocupación de Amnistía Internacional respecto a la posibilidad de que se siga deteniendo a presos políticos sin cargos ni juicio durante periodos prolongados deriva en parte de la información recibida recientemente sobre unos 33 presos políticos detenidos entre 1979, cuando se estableció la República Popular de Kampuchea, y 1986, fecha en que se promulgó el Decreto Ley 27 D-L. Según informes, estos presos continúan detenidos sin cargos ni juicio, a pesar de la revisión iniciada por las autoridades centrales a finales de 1987, y su detención se contradice claramente con las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional siente también preocupación por los informes que indican que otros tres presos políticos, encarcelados tras juicios políticos injustos en julio y noviembre de 1980, siguen también recluidos. Según informes, entre estos 36 presos hay personas recluidas en la prisión T3 de Phnom Penh, en la prisión T5 de la provincia de Kampung Cham, en la prisión TK1 de la provincia de Batdambang, y en la prisión T6, cuya situación exacta no está muy clara. (En un apéndice de este mismo documento aparece una lista de los nombres, el sexo, la fecha aproximada de detención y el último lugar donde se sabe que estaban recluidas estas personas.)

Amnistía Internacional siente también preocupación por las denuncias recibidas recientemente, según las cuales, a pesar de la mayor dedicación del gobierno a prevenir que los presos sean sometidos a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los agentes de las fuerzas de seguridad de un distrito de Camboya han seguido infligiendo fuertes palizas y otros malos tratos a los sospechosos de delitos políticos durante los interrogatorios. También les han mantenido con grilletes y les han negado deliberadamente la bebida y el alimento.

Tres ex presos políticos denunciaron que las autoridades de seguridad del distrito de Sisophon, provincia de Banteay Meanchey, los habían sometido a malos tratos tras su detención, en 1989, por ser sospechosos de colaborar con la oposición armada al Estado de Camboya. Su detención se produjo en un momento de luchas intensas en el noroeste del país, en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la retirada de la mayor parte de las fuerzas de combate vietnamitas que se encontraban en Camboya, en septiembre de 1989. En aquella época se registraron enfrentamientos entre las tropas del Estado de Camboya, que desde la capital, Phnom Penh, controla casi todo el país, y las fuerzas de la coalición Gobierno Nacional de Camboya. Los tres ex presos políticos que denunciaron haber sufrido malos tratos a manos de los interrogadores del Estado de Camboya habían sido acusados de colaborar con las fuerzas armadas del Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea, uno de los tres partidos de la coalición de oposición. Amnistía Internacional no ha rebelado los nombres de estas tres personas, para protegerlas de cualquier posible represalia.

Dos de estos ex presos eran cultivadores de arroz del distrito de Thmar Puok, provincia de Banteay Meanchey. Según su testimonio, fueron detenidos a principios de 1989, tras una serie de violentas luchas en el distrito, que se encuentra en la frontera con Tailandia y llevaba mucho tiempo siendo escenario de las actividades del Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea. Ambos manifestaron que les habían detenido las tropas del ejército regular, y que luego habían pasado a custodia de las autoridades de la policía civil del distrito de Sisophon, donde se encuentra la capital de Banteay Meanchey. También dijeron que habían permanecido detenidos sin cargos ni juicio durante más de un año.

Los dos hombres denunciaron haber sido sometidos a fuertes palizas y malos tratos durante tres interrogatorios, en los que fueron interrogados por separado. Según sus testimonios, los dos primeros interrogatorios tuvieron lugar poco después de llegar al centro de detención policial del distrito de Sisophon, y el tercero varios meses después. Ambos dijeron que, durante el primer interrogatorio, la policía les acusó de colocar minas y de actuar como guías de las tropas del Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea que atacaron las guarniciones militares del Estado de Camboya. Uno de ellos añadió: "Yo respondí que no había hecho tal cosa", y a continuación la policía "empleó la fuerza para obligarme a responder, pero yo no lo hice, así que empezaron a golpearme, me metieron salsa de pescado por la nariz mientras permanecía colgado por los pies, y me taparon la cara con una bolsa de plástico, hasta que me desmayé..." Según su testimonio, su segundo interrogatorio tuvo lugar tres días después, pero cuando, una vez más, él negó las acusaciones, la policía le puso grilletes en las manos y los pies y le golpeó "más fuerte que nunca", por lo que "me desmayé por completo". Continuó diciendo: "[los policías] me arrastraron de vuelta a mi celda, y allí me pusieron grilletes en los pies hasta que recuperé el conocimiento". Según dijo, el tercer interrogatorio tuvo lugar cuatro meses después de su detención:

"Esta vez me pusieron grilletes en las manos y los pies desde el principio, pero las preguntas fueron las mismas de la última vez. Como seguía negándome a responder, aumentaron la coacción, pero no les di ninguna respuesta, por lo que empezaron a golpearme con un palo de madera hasta que me abrieron la cabeza y tuve la cara llena de sangre."

Según sus denuncias, un mes después "seguía traumatizado a causa" de estos malos tratos.

El segundo ex preso de Thmar Puok denunció que, cuando negó las acusaciones que le imputaron durante el primer interrogatorio, los policías "me esposaron, me colgaron y me golpearon todo lo que quisieron, hasta que quedé inconsciente..." Después "me reanimaron echándome agua" y, según su testimonio, los policías "continuaron el interrogatorio, y emplearon la fuerza para obligarme a responder", es decir, a admitir, por temor a nuevos malos tratos, que había colocado minas y había actuado de guía para las tropas del Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea. "Sólo dejaron de golpearme cuando les dije que era verdad. El interrogatorio continuó durante una hora y media, hasta que dejaron las preguntas y me enviaron de vuelta a mi celda". Sin embargo, según dijo, en su siguiente interrogatorio empezó a negar otra vez las acusaciones que se le hacían, pero la policía "me esposó y me golpeó con una caña de bambú, y me dio patadas para obligarme a responder. Continuaron así hasta que perdí el conocimiento..." Tras reanimarle de nuevo con agua, "el interrogatorio continuó, pero ni siquiera entonces respondí, así que me enviaron de vuelta a mi celda". Dijo que le interrogaron por tercera vez tres meses después, y denunció que cuando, una vez más, negó haber colaborado con el Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea, la policía "empezó por ponerme grilletes en las manos y en los pies y meterme en una bolsa que colgaron en alto. Me dieron todas las patadas que quisieron. Me golpearon durante una hora antes de bajar la bolsa y desatarla, y para entonces yo ya estaba inconsciente". Cuando por fin recuperó el conocimiento, estaba sangrando por la nariz y por la boca. También denunció que no le daban alimento suficiente porque se negaba a admitir las acusaciones en su contra:

"Empezaron a negarme el alimento. Sólo me daban medio cuenco pequeño de arroz en cada comida, y una botella pequeña de leche llena de agua cada día. Pasaron cuatro meses y medio hasta que me dieron una cantidad razonable de comida y agua."

El tercer ex preso político era originario de una provincia del este de Camboya. Antes de 1979 había sido miembro de las fuerzas armadas del partido de Kampuchea Democrática, conocido también como el "Jemer Rojo". Sin embargo, en el momento de su detención, a finales de 1989, pertenecía a las fuerzas armadas del Estado de Camboya en la provincia de Banteay Meanchey. Al parecer, fue detenido por la policía militar del Estado de Camboya porque se sospechaba que colaboraba con el Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea. Manifestó que había permanecido detenido sin cargos ni juicio durante tres meses en la "Oficina Correcional" de la Cuarta Región Militar del Estado de Camboya, que abarca las provincias de Banteay Meanchey y de Siem Reap-Utdar Meanchey. También denunció que, durante su detención, había permanecido "con grilletes en los dos pies y en las dos manos".

Mientras tanto, Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación porque, al parecer, seis funcionarios del gobierno, y quizá otras personas, detenidos, según informes, entre el 16 y el 25 de mayo de 1990, siguen sometidos a algún tipo de detención, y no se les ha acusado de un delito tipificado en el código penal, ni han comparecido ante el tribunal. En septiembre de 1990 se publicó un documento, Cambodia: Arrest and Detention of Government Officials (Camboya: detención y reclusión de funcionarios del gobierno), en el que se exponían los casos de estos detenidos. Tal como se explicaba en dicho documento, Amnistía Internacional cree que todos, o algunos de ellos, pueden haber sido detenidos exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y de asociación, al tratar de publicar el manifiesto de un nuevo partido político llamado Partido Demócrata de la Libertad o Partido Liberal Socialdemócrata. (El segundo apéndice de este documento da los nombres de los seis detenidos identificados en los informes, y más datos sobre cada uno de ellos.)

Por último, Amnistía Internacional siente preocupación porque algunos de los 775 sospechosos de delitos políticos cuyos casos se mencionaron en los informes a los medios de comunicación oficiales del Estado de Camboya entre enero y agosto de 1990, pueden permanecer recluidos sin cargos ni juicio. Según denuncias, estos detenidos, cuyos nombres no han citado los medios de comunicación oficiales, parecen haber participado en las nuevas actividades emprendidas desde la retirada vietnamita por el Gobierno de Kampuchea Democrática, una coalición de grupos de oposición entre los que se encuentran el "Jemer Rojo", el Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea y un tercer grupo asociado con el príncipe Norodom Sihanouk. Entre estas actividades se encuentran ofensivas militares en varias provincias. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los medios de comunicación hayan anunciado que algunos de esos 775 presos han sido acusados o han comparecido ante un tribunal. Entre los detenidos se encontraban personas arrestadas por la policía militar o por las fuerzas policiales en las provincias de Kampung Thom, Siem Reap-Utdar Meanchey, Banteay Meanchey, Batdambang, Kampot y Kampung Cham.

Respecto a estos presos, Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos pueden acusar de delitos contra el código penal a opositores políticos siempre que existan indicios razonables de que han participado en ataques violentos contra las fuerzas de seguridad, las autoridades del Estado o la población civil, o que han cometido otro tipo de delitos tipificados en el código penal. No obstante, a la organización, basándose en las normas internacionales de derechos humanos, le preocupa que sean recluidos indefinidamente sin cargos ni juicio.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional confía en que el gobierno del Estado de Camboya continuará esforzándose como hasta ahora por garantizar una mejor protección de los derechos humanos de los presos políticos.

En particular, Amnistía Internacional confía en que el gobierno emprenderá alguna acción para garantizar que las autoridades de seguridad locales no burlan la legislación vigente contra la torura y la detención arbitraria de presos políticos. Sobre todo, insta a la creación de una comisión especial e independiente para supervisar la puesta en práctica del Decreto Ley 27 D-L y recibir las denuncias de los presos políticos recluidos en contra de las disposiciones de este decreto. Esta comisión debe tener poder para informar a los tribunales sobre los casos de presos recluidos sin estar facultados, y los tribunales deben estar autorizados para ordenar la liberación de este tipo de presos.

Amnistía Internacional insta, por consiguiente, a que se acuse inmediatamente de un delito tipificado en el código penal y se juzgue con imparcialidad, o se libere, a los presos políticos detenidos entre 1979 y 1986. Estos presos aparecen enumerados en el apéndice de este documento, y actualmente se encuentran recluidos sin cargos.

Amnistía Internacional reitera sus llamamientos para que se otorgue la libertad inmediata e incondicional a los seis funcionarios del gobierno detenidos en mayo de 1990. La organización publicó en septiembre de 1990 un documento sobre estos presos, que permanecen recluidos por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

A Amnistía Internacional le preocupan también los presos políticos citados en el Apéndice I.B de este documento, cuyos juicios no cumplían las salvaguardias mínimas expuestas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insta a que se conceda a estos presos la oportunidad de se sometidos a nuevos juicios que cumplan la normativa internacional sobre juicios con las debidas garantías.

La organización insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de continuos malos tratos infligidos a los presos políticos recluidos en el distrito de Sisophon, provincia de Banteay Meanchey, y a que haga comparecer ante la justicia a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad locales sobre el que existan evidencias de haber sido responsable de esos malos tratos.

Por último, insta al gobierno a que haga públicos los detalles sobre las 775 personas que, según informes de los medios de comunicación oficiales, fueron detenidas en varias provincias. Entre otras cosas, debe dar a conocer sus nombres, las fechas y los motivos de su detención, información sobre el lugar donde se encuentran recluidas o sobre la fecha de su liberación, si han sido acusadas y juzgadas y ante qué tribunal, de qué se les ha declarado culpables y qué condenas se les ha impuesto. El gobierno debe permitir también a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, internacionales o no gubernamentales, el acceso a cualquiera de estos presos y a las ocho personas detenidas en Phnom Penh en mayo de 1990, y que todavía siguen detenidas.

APENDICE I

A. PRESOS POLITICOS DETENIDOS ENTRE 1979 Y 1986 Y QUE, SEGUN INFORMES, SIGUEN RECLUIDOS SIN CARGOS NI JUICIO

NombreSexoFecha de detenciónLugar de reclusión

M = Masculino

F = Femenino

B. PRESOS POLITICOS DETENIDOS ENTRE 1979 Y 1986 Y QUE, SEGUN INFORMES, SIGUEN RECLUIDOS TRAS JUICIOS INJUSTOS

NombreSexoFecha de detenciónLugar de reclusión

M = Masculino

APENDICE II

PERSONAS DETENIDAS, SEGUN INFORMES, EN MAYO DE 1990 EN RELACION CON LOS INTENTOS DE FORMAR UN PARTIDO DE OPOSICION POLITICA Y QUE PUEDEN CONTINUAR RECLUIDAS

1.Ung Phan, ex ministro de Transportes y Comunicaciones

2. Kan Man, ex Subdirector del Departamento de Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Thun Saray, ex Director en Funciones del Instituto de Sociología.

4. Nou Saing Khan, ex Jefe del Departamento de Planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

5. Coronel On Sum, ex funcionario del Departamento de Investigación del Ministerio de Defensa Nacional.

6. Khay Mathury, arquitecto que anteriormente trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

INTERNO (Sólo para miembros de AI) Indice AI: ASA 23/07/90/s

Distr: SC/CO/GR

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PAIS: CAMBOYA

TITULO: SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACCIONES RECOMENDADAS

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1.Este documento puede enviarse o ponerse a disposición de las personas u organizaciones interesadas en Camboya o en Indochina.

2.Se va a pedir independientemente a los Grupos que trabajen en casos de Camboya que emprendan algunas actividades basadas en este documento.

DISTRIBUCION POR EL SI

El SI ha enviado directamente este documento a:

Coordinadores de Camboya

Coordinadores SEAMRAN

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