AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 23/012/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 235/02

17 de diciembre de 2002

Camboya: Los tribunales especiales para los Jemeres Rojos – No se hace justicia diluyendo las normas internacionales

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá pronto si adopta la resolución sobre los juicios de los Jemeres Rojos cuya adopción recomendó la Tercera Comisión de la ONU el 20 de noviembre. Amnistía Internacional cree que el texto actual no ofrece una base realista para establecer un proceso judicial viable y creíble que ponga fin a la impunidad por los delitos internacionales más graves, cometidos durante el periodo de los Jemeres Rojos, entre1975 y 1979. El texto, que ha transigido en muchos puntos, pide al secretario general de la ONU que reanude las negociaciones con las autoridades de Camboya basándose en una ley que dista mucho de cumplir las normas internacionales.

Amnistía Internacional quiere ver el final de la larga impunidad por estas violaciones graves y masivas de derechos humanos, y pide a la Asamblea General que, al considerar la adopción de la resolución, proporcione al secretario general de la ONU como mínimo un mandato nuevo y enérgico para establecer un proceso judicial creíble que cumpla todas las normas internacionales necesarias.

Todo procedimiento judicial que implique a la ONU debe cumplir las normas internacionales establecidas en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, en el que Camboya es Estado Parte.

Las normas internacionales de justicia procesal no deben ser objeto de negociación. Si el pueblo camboyano no confía en la capacidad y la voluntad de las Naciones Unidas para imponer su autoridad y celebrar procedimientos judiciales independientes, imparciales y justos, acordes con las normas internacionales, no cooperará con los tribunales.

Las organizaciones no gubernamentales camboyanas y el Colegio de Abogados de Camboya han pedido repetidamente un proceso realmente internacional, precisamente porque creen que cualquier cosa que no llegue a ese nivel no desvelará la verdad ni hará justicia. El comunicado de prensa más reciente del Comité de Acción de Camboya para los Derechos Humanos, coalición de 18 ONG locales, se publicó el 9 de diciembre del 2002.

La postura de Amnistía Internacional es clara: no se hará justicia diluyendo las normas internacionales para adaptarlas a la ocasión o a un gobierno en el poder. Semejante dilución por parte de un mecanismo judicial autorizado por la ONU podría tener consecuencias adversas incalculables en la lucha constante contra la impunidad en Camboya y en el resto del mundo.

El pueblo de Camboya, que ha sufrido tanto sin tener acceso a la justicia y sin recibir un resarcimiento, no merece nada inferior a las más elevadas normas de justicia.

Amnistía Internacional apoya la declaración del secretario general de la ONU, que ha manifestado que planea llevar a cabo las negociaciones de forma que se garantice que los procesamientos y juicios ante cualquier cámara especial cumplen las normas internacionales establecidas respecto a la independencia e imparcialidad del poder judicial, la eficacia, imparcialidad y justicia de los fiscales y la integridad y credibilidad del proceso legal.

En particular, Amnistía Internacional insta a la Asamblea General a especificar que todo mecanismo judicial debe incluir:

• un fiscal independiente e imparcial que determine si se inicia una acusación basándose exclusivamente en su valoración profesional. Esto es especialmente importante dado que el gobierno de Camboya ya ha manifestado públicamente su oposición al menos a que se procese a un miembro clave de los Jemeres Rojos (según palabras de Hun Sen citadas por el diario camboyano Reaksmei Kampuchea el 17 de diciembre de 1999) y está claramente ansioso de ver que las acusaciones se limitan a un puñado de sospechosos que se han opuesto al gobierno actual. Es esencial que no se perciba, ni exista, interferencia política alguna en el procedimiento de selección o en la manera en la que el fiscal ejerce el poder;

• un tribunal independiente e imparcial que aplique todas las normas internacionales de justicia procesal; el texto actual de la resolución limita las normas internacionales de justicia, imparcialidad y proceso debido a las establecidas en los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Actualmente, el sistema judicial camboyano es incapaz de garantizar juicios que sean conformes a las normas internacionales de justicia procesal, ya que es débil y está expuesto a presiones políticas, especialmente en los casos muy destacados. Los ciudadanos de Camboya son perfectamente conscientes de lo inadecuado del sistema judicial y de cómo la política interfiere en dicho sistema, en el que además la corrupción es habitual. Las propuestas previas sobre una «supermayoría» para la participación de jueces camboyanos y extranjeros, y la solución de compromiso (según la cual el tribunal debe estar compuesto por tres jueces camboyanos y dos internacionales, pero debe ser necesario el acuerdo de cuatro jueces para que se emita una resolución en caso de posibles opiniones contradictorias de la fiscalía respecto al inicio de una acusación), no garantizan la independencia e imparcialidad necesarias y, además, no tienen precedente en ningún tribunal nacional o internacional. De hecho, podrían poner seriamente en peligro la integridad del proceso judicial;

• un programa eficaz de protección de testigos, ya forme parte de la legislación inicial o esté claramente expuesto en las normas y procedimientos que la acompañan. Los testigos no comparecerán a declarar sin las garantías necesarias respecto a su seguridad por parte de las autoridades internacionales, no las nacionales;

• un mecanismo judicial establecido bajo los auspicios de la ONU y concebido de manera que contribuya sustancialmente al fortalecimiento a largo plazo de la capacidad nacional de Camboya para juzgar en sus tribunales a los autores de abusos contra los derechos humanos. Esto es especialmente importante en Camboya, donde es posible que la maquinaria judicial especial que debe crearse sólo se utilice para juzgar a un puñado de personas.

Documento público

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