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ÍNDICE AI: ASA 24/03/95

11 DE MAYO DE 1995

UNA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL VISITA COREA DEL NORTE PARA HABLAR SOBRE LAS REFORMAS LEGALES Y LOS CASOS DE PRESOS

Una delegación de Amnistía Internacional volvió el 3 de mayo de una visita de una semana de duración a la República Popular Democrática del Corea (Corea del Norte) para tratar sobre las reformas legales y los casos de algunos presos. Es la segunda vez que la organización recibe autorización para visitar el país.

La visita, por invitación del Instituto de Investigación de los Derechos Humanos, incluyó prolongados debates sobre cuestiones de derechos humanos en Pyongyang y Wonsan con miembros del Instituto. La delegación también se reunió con el director de Asuntos Judiciales del Comité Central Popular, con funcionarios del Departamento de Asuntos Legislativos del Secretariado de la Asamblea Popular Suprema y del Ministerio de Asuntos Exteriores, con funcionarios del Ministerio de Asuntos Públicos, encargado de las detenciones e investigaciones penales, y con miembros de la judicatura, fiscalía y del Colegio de Abogados.

La delegación de Amnistía Internacional también visitó un «centro de rehabilitación» (cárcel), cerca de Sariwon, capital de la provincia de Hwanghae Norte, y debatió las medidas disciplinarias, los procedimientos de queja y otras cuestiones relativas a los internos con el jefe y otros funcionarios del centro. Amnistía Internacional fue informada de que el centro de Sariwon alberga en la actualidad 230 reclusos y es uno de los tres centros de este tipo en el país, los cuales mantienen un total de 800 de los 1.000 presos. Entre ellos hay 240 personas recluidas por actividades «contra el Estado». Las autoridades manifestaron que todas las personas recluidas por actividades «contra el Estado» estaban en el centro de reeducación de Hyongsan, en la capital Pyongyang y que no había más sitios para los presos en la República Democrática Popular de Corea que los tres centros citados a Amnistía Internacional.

Los delegados de Amnistía Internacional tuvieron conocimiento de varias enmiendas aprobadas recientemente en el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal para poner las disposiciones legislativas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, se informó a los delegados de que se había elevado la edad mínima para imponer la pena de muerte de 17 a 18 años y que los artículos que penalizaban los «delitos contra el Estado» se habían enmendado para limitar su ámbito. En 1992, Amnistía Internacional había expresado su preocupación debido a que la redacción de varios de estos artículos era tan vaga que podían provocar el encarcelamiento de las personas por el solo hecho de expresar pacíficamente sus opiniones políticas. La organización comentará pormenorizadamente las últimas enmiendas y otras leyes que solicitó cuando reciba los textos íntegros.

Amnistía Internacional recibió información nueva sobre casos individuales de presuntos presos de conciencia y presos políticos. Un responsable del Ministerio de Seguridad que se reunió con los delegados de la organización dijo que muchos de los presuntos presos nunca habían sido detenidos. Añadió que la información facilitada por Amnistía Internacional en otros casos no había sido suficiente para identificar a los individuos en cuestión e investigar su paradero.

Entre los casos planteados por Amnistía Internacional estaban los de Shibata Kozo y Cho Ho Pyong, dos hombres que se marcharon de Japón con sus familias para instalarse en Corea del Norte en la década de los años sesenta y que, según los informes, fueron detenidos, posiblemente como presos de conciencia. El funcionario de Seguridad Pública confirmó la información facilitada anteriormente a Amnistía Internacional de que Shibata Kozo había muerto junto con toda su familia en un accidente ferroviario en marzo de 1990, unas pocas semanas después de su liberación tras pasar 26 años de cárcel por espionaje, y dijo que Cho Ho Pyong también había sido encarcelado por espionaje en 1967 pero que escapó en octubre de 1974. Según el funcionario, Cho Ho Pyong murió en 1974, junto con su esposa y tres hijos, al intentar abandonar Corea del Norte en una barca militar de la que se apoderó después de dar muerte a un soldado. El funcionario dijo que se persiguió y se destruyó la barca y que no se encontró ningún cuerpo. Amnistía Internacional solicitó que se aclararan todos los aspectos de estos casos y manifestó que continuaría manteniéndose al tanto.

Los funcionarios de Corea del Norte dijeron que el primer informe periódico al Comité de Derechos Humanos sobre la aplicación en el país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pendiente desde 1987, estaba próximo a su finalización.

Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la información recibida sobre las reformas legales y por la oportunidad de debatir ampliamente aspectos del sistema jurídico de Corea del Norte. También expresó su satisfacción por la nueva información recibida sobre casos individuales. Sin embargo, la organización continúa preocupada por varios de estos casos y ha solicitado más información. Amnistía Internacional también ha instado a que la República Popular Democrática de Corea del Norte se adhiera sin demora a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante las conversaciones con Amnistía Internacional, los funcionarios de Corea del Norte dijeron que estaban preocupados por la desinformación que estaba circulando sobre la situación de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional señaló que la apertura, la rendición de cuentas internacional y el acceso periódico al país de observadores independientes, entre ellos de organizaciones internacionales de derechos humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, estaban entre las mejores garantías contra cualquier tipo de desinformación. «Esperamos que haya más apertura y más diálogo con la República Popular Democrática de Corea en interés de los derechos humanos», manifestó Amnistía Internacional.