[

[No publicar antes de noviembre de 2002]Público

Amnistía Internacional

República de Corea

(Corea del Sur)

Principales motivos de preocupación y recomendaciones a los candidatos a las elecciones presidenciales de diciembre de 2002

Noviembre de 2002			Resumen

DISTR: SC/CO/PO/GR Índice AI: ASA 25/007/2002/s

El 19 de diciembre de 2002 se celebrarán elecciones presidenciales en la República de Corea (Corea del Sur). En este informe se subrayan 12 cuestiones relativas al país que suscitan especial preocupación y se formulan recomendaciones que, en caso de ponerse en práctica, promoverán el disfrute de los derechos humanos por todos los coreanos. Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que declaren públicamente su compromiso inequívoco para con la defensa de los derechos humanos y que informen pormenorizadamente sobre las medidas que adoptarán para promover y defender tales derechos en caso de ser elegidos.

Durante la presidencia de Kim Dae-jung, se ha avanzado algo en la promoción y protección de los derechos humanos en Corea del Sur, aunque este avance ha sido limitado, ya que no se ha llevado a cabo una reforma legislativa en este campo. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la suspensión extraoficial de las ejecuciones observada desde febrero de 1998, mes en que el actual gobierno asumió el poder. No obstante, en el país sigue imponiéndose la pena capital y hay más de 70 reclusos condenados a muerte. Desde noviembre de 2001 está pendiente de la aprobación de la asamblea legislativa un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte respaldado por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional.

Según la información recabada por Amnistía Internacional, al menos 39 presos políticos continúan recluidos en aplicación de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, cuya redacción es vaga e imprecisa. Durante el actual gobierno, más de 200 presos políticos, la mayoría de los cuales llevaban recluidos muchos años, han sido excarcelados en virtud de distintas amnistías. No obstante, según informes, en el periodo comprendido entre febrero de 1998 y septiembre de 2002 se ha detenido a más de 1.000 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que prevé largas penas de prisión e incluso la pena capital por la realización de actividades «antiestatales» o de «espionaje». La ley no define claramente estos términos, que a menudo se han utilizado arbitrariamente para detener a personas cuyo único delito ha consistido en ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión y de asociación.

Por otra parte, en las prisiones de Corea del Sur se hallan recluidos aproximadamente 1.600 objetores de conciencia. La mayoría de ellos son testigos de Jehová, que se niegan a prestar servicio militar por sus creencias religiosas.

Siguen suscitando especial preocupación los malos tratos infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a presuntos delincuentes y a reclusos. Amnistía Internacional insta a todos los candidatos presidenciales a que respalden una reforma legislativa por la que se limite a un máximo de 30 ó 50 días el plazo durante el cual los presuntos delincuentes pueden permanecer detenidos sin cargos.

Los dirigentes sindicales que han organizado huelgas y manifestaciones siguen siendo víctimas de acoso y detención. En el periodo comprendido entre febrero de 1998 y octubre de 2002, al menos 850 sindicalistas fueron detenidos por haber participado en huelgas generales y en otros actos de protesta. En octubre de 2002, había al menos 39 sindicalistas detenidos o recluidos.

Según informes, el Ministerio de Información y Comunicaciones de Corea del Sur ha adoptado un sistema de clasificación de contenidos de Internet en aplicación del cual los sitios referidos a gays y lesbianas en Corea del Sur son considerados «órganos de difusión perjudiciales». Amnistía Internacional considera que la censura total de los sitios web de gays y lesbianas constituye una violación del derecho humano fundamental de la persona a ser protegida frente a toda forma de discriminación, derecho que garantizan la Constitución surcoreana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por el gobierno de Corea del Sur.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la creación en noviembre de 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e insta a los candidatos presidenciales a que impulsen la labor constante de esta comisión como órgano autónomo y eficaz dedicado a mejorar la situación de los derechos humanos e impartir educación en esta materia.

La organización insta a los candidatos presidenciales a que impulsen las medidas necesarias para proteger a los grupos vulnerables, como los trabajadores migratorios y los solicitantes de asilo.

Además, Amnistía Internacional insta asimismo a los candidatos a que respalden cualquier iniciativa encaminada a garantizar la ratificación por Corea del Sur del Estatuto de Roma de la Corte Pena Internacional.

Este texto resume el documento titulado: República de Corea (Corea del Sur): Principales motivos de preocupación y recomendaciones a los candidatos a las elecciones presidenciales de diciembre de 2002(Índice AI: ASA 25/007/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org> y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

No publicar antes del 1 de noviembre de 2002] Público

Amnistía Internacional

República de Corea

(Corea del Sur)

Principales motivos de preocupación y recomendaciones a los candidatos a las elecciones presidenciales de diciembre de 2002

Noviembre de 2002

Índice AI: ASA 25/007/2002/s

Distr: SC/CO/PO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

República de Corea (Corea del Sur)

Principales motivos de preocupación y recomendaciones a los candidatos a las elecciones presidenciales de diciembre de 2002

Introducción

El 19 de diciembre de 2002, los ciudadanos de la República de Corea (Corea del Sur) acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. El presidente Kim Dae-jung, que tomó posesión del cargo en febrero de 1998, concluirá su mandato no renovable de cinco años de duración, y el nuevo presidente ocupará el cargo en febrero de 2003.

Los candidatos presidenciales habrán de afrontar cuestiones como la de hacer avanzar los cambios estructurales económicos iniciados por el gobierno de Kim Dae-jung en cumplimiento de un paquete de reformas impuesto por el Fondo Monetario Internacional tras la crisis económica que asoló el país en 1997.(1)También deberán definir su postura sobre las futuras relaciones entre las dos Coreas. Habida cuenta de que sucederán a un gobierno que ha concedido especial importancia a la política de derechos humanos, se esperará de ellos que elaboren políticas que promuevan tal programa.

Por su condición de ex preso político y activista de derechos humanos, se esperaba mucho del presidente Kim Dae-jung y de su gobierno. Bajo su mandato se ha avanzado algo en la promoción y protección de tales derechos en Corea del Sur. Por ejemplo, en noviembre de 2001 se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos(2)que se ha comprometido a mejorar la educación en esta materia. Gracias a varias amnistías, quedaron en libertad numerosos presos políticos, entre ellos, la mayoría de los que llevaban mucho tiempo encarcelados. En julio de 1998, el gobierno anunció que, en lo sucesivo, los presos políticos no serían obligados a cambiar de ideología política (proceso conocido como «conversión» ideológica) para poder optar a su pronta liberación.(3) En noviembre de 2001 se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. El proyecto recibió el apoyo de 155 de los 273 miembros que integran la Asamblea Nacional.(4)

Pese a estas iniciativas, ha habido escasas mejoras en la situación de los derechos humanos, debido en gran medida a la ausencia de reformas legislativas en este campo. Según informes, en el periodo comprendido entre febrero de 1998 -mes en que Kim Dae-jung asumi¾ la presidencia- y julio de 2002 se detuvo a mßs de 990 personas en aplicaci¾n de la Ley de Seguridad Nacional, a la mayorÝa de ellas por ejercer pacÝficamente su derecho a la libertad de expresi¾n y de asociaci¾n. Cientos de sindicalistas han sido detenidos o acosados por ejercer sus derechos sindicales fundamentales. Por otra parte, hay aproximadamente 1.600 objetores de conciencia encarcelados por negarse a prestar el servicio militar obligatorio. Ademßs, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han seguido infligiendo malos tratos a presuntos delincuentes y a reclusos, y es preciso que las autoridades de inmigraci¾n adopten mßs medidas para preservar de los malos tratos a los grupos vulnerables, como los trabajadores migratorios y los solicitantes de asilo, e impedir que se les niegue el acceso a un procedimiento justo y satisfactorio para la determinaci¾n de la condici¾n de refugiado. Finalmente, tambiÚn suscita preocupaci¾n el hecho de que se hayan censurado sitios web de la comunidad gay y lesbiana.

En este documento se exponen resumidamente los principales motivos de preocupaci¾n de AmnistÝa Internacional en lo que concierne a la promoci¾n y la protecci¾n de los derechos humanos en Corea del Sur y se formulan algunas recomendaciones para lograr una mejora. La organizaci¾n harß entrega de este informe a los candidatos que se presenten a las elecciones presidenciales que se celebrarßn en diciembre de 2002. AmnistÝa Internacional insta a todos ellos a que manifiesten su compromiso inequÝvoco de respetar y defender los derechos humanos y a que expongan con claridad las medidas que adoptarßn para promover y proteger esos derechos en caso de resultar elegidos.

Amnistía Internacional no compara la trayectoria en materia de derechos humanos de los distintos países (como Corea del Norte y Corea del Sur) y el objetivo de este documento no es hacer una crítica especial de la situación en Corea del Sur. Las recomendaciones que contiene han sido formuladas obedeciendo a un ánimo de colaboración y a un deseo genuino de promover la mejora de la protección de los derechos humanos y la sensibilización sobre este tema en Corea del Sur.

(1) La Ley de Seguridad Nacional

Amnistía Internacional reconoce que todo gobierno tiene derecho a adoptar medidas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Asimismo, entiende que Corea del Sur alberga especiales motivos de preocupación, en lo que concierne a la seguridad, con respecto a Corea del Norte. Pero esto no debe servir de pretexto o justificación para negar a nadie el derecho a expresar una opinión política diferente, con arreglo a lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos.

La Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 1948, ha sido utilizada a lo largo de los años para encarcelar a personas por sus actividades políticas pacíficas.(5) Esta ley dispone largas penas de prisión e incluso la pena de muerte por la realización de actividades «antiestatales» o de «espionaje», si bien no define con precisión estos términos, que a menudo se han empleado arbitrariamente contra personas cuyo único delito ha consistido en ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de asociación. Actualmente, la mayor parte de las detenciones se practican en aplicación del artículo 7 de dicha ley, que prevé penas de hasta siete años de prisión por «elogiar» al enemigo y participar en actividades «en provecho» del enemigo (refiriéndose, por lo general, a Corea del Norte).(6)

Según informes, en octubre de 2002 había al menos 39 presos recluidos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

El preso que más tiempo lleva recluido en aplicación de la ley que nos ocupa es Ha Yong-ok, condenado a ocho años de cárcel en la causa seguida contra el Partido Revolucionario del Pueblo (Minhyukdang).(7)Otro recluso que lleva mucho tiempo en prisión es Park Kyung-soon, que fue condenado a siete años de cárcel en aplicación del artículo 7 de la citada ley. Fue acusado de «elogiar e impulsar la actividad de organizaciones antiestatales», como miembro del Comité Youngnam,en julio de 1998. Quedará en libertad en julio de 2005. Según informes, sufre una dolencia hepática.

La Ley de Seguridad Nacional se ha utilizado con frecuencia como forma de censura, para encarcelar a personas por publicar y distribuir material considerado «en provecho» de Corea del Norte. Esta ley se aplica de forma discriminatoria: por un lado se permite la realización de ciertos estudios políticos de izquierdas con fines académicos, pero por otro la posesión o referencia a estos mismos trabajos se considera delito común cuando afecta a estudiantes o activistas con una presunta formación «pro norcoreana».

En julio de 2002, Kim Kang-phil, oficinista de una empresa informática de Busan, fue recluido en el Centro de Detención de Seúl y acusado en aplicación del artículo 7.5 de la Ley de Seguridad Nacional de hallarse en posesión de «material en provecho del enemigo» y de «alabar y elogiar a un grupo en provecho del enemigo o antiestatal». En enero de 2002, Kim Kang-phil había manifestado su apoyo a la ideología norcoreana juche en las conversaciones mantenidas por correo electrónico con un conocido erudito en la materia. Para respaldar sus argumentos, había aludido a algunas publicaciones norcoreanas, como Tong-il Arirang y Baek-du san. En julio de 2002, recibió la visita de 10 agentes del Servicio Nacional de Información del Estado que lo detuvieron sin contar con una orden judicial para ello. En septiembre, el Tribunal de Distrito de Seúl le impuso una condena de un año de prisión y una condena condicional de un año, contra las que ha apelado.

El uso que se hace actualmente de la Ley de Seguridad Nacional parece contradecir la «política de la luz» aplicada por el gobierno, consistente en fomentar las relaciones con Corea del Norte.(8) Mientras a algunas personas se les permiten los contactos con Corea del Norte, otras continúan recluidas simplemente por hablar de la reunificación, publicar material socialista o «pro norcoreano», o tener opiniones consideradas similares a las del gobierno norcoreano.

Quienes han traducido o publicado obras del escritor coreano japonés Kim Myung-chul han sido detenidos y procesados. Es el caso de Song Young-hyun, editor surcoreano del libro Kim Jong-ils Reunification Strategy (La estrategia de reunificación de Kim Jong-il), del citado escritor, que fue recluido en el Centro de Detención de Seúl en noviembre de 2000, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Seguridad Nacional, y quedó en libertad bajo fianza en enero de 2001. El 26 de febrero de 2001, el Servicio Nacional de Información del Estado detuvo en Seúl, en aplicación de la misma ley, a un testigo en la causa seguida contra el editor poco después de que dicho testigo declarase en juicio. Se trataba de Song Hak-sam, de origen coreano y nacionalizado estadounidense, de 56 años de edad. Según informes, los principales cargos que se le imputaban se basaban en su participación en la publicación de la traducción al coreano de la citada obra de Kim Myung-chul, y en su visita a Corea del Norte en octubre de 2000. En abril de 2001 fue acusado formalmente de violar disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. En julio de 2001 fue liberado y recibió una condena condicional de dos años y seis meses.

Lee Chang-ki, de 34 años de edad y editor de la publicación mensual Jajuminbo, Park Chun-young, periodista de 29 años de edad, y Paek Un-jong, también de 29 años, fueron recluidos en el Centro de Detención de Seúl en octubre de 2001 en aplicación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. El Servicio Nacional de Información del Estado y el Ministerio de Justicia acusaron a los tres hombres en términos imprecisos de los siguientes cargos: por una parte, de la publicación, entre abril de 2000 y octubre de 2001, por la revista Jajuminbo, creada en agosto de 1999, de artículos que ponían en peligro «la seguridad del Estado o del orden liberal y democrático», y en los que se expresaban pensamientos de «elogio, conspiración y fomento de organización o actividades antipatrióticas»; y, por otra, de planear la publicación de obras de escritores pro-norcoreanos no residentes en Corea del Sur y de intentar mantener conversaciones telefónicas, o mantenerlas de hecho, intercambiar fax y reunirse con el escritor coreano japonés Kim Myung-chul y con Kim Yun-shin (actividades consideradas «antiestatales»). Lee Chang-ki, Park Chun-young y Paek Un-jong fueron liberados en enero de 2002, tras pagar una fianza de 15 millones de won y recibir además, cada uno, una condena condicional de cuatro años.

En abril de 2002, el Tribunal Constitucional de Corea declaró constitucional la práctica de hacer firmar a todos los presos políticos un «juramento» por el que se obligan a respetar la legislación vigente en Corea del Sur (incluida la Ley de Seguridad Nacional), conocido como el «juramento de acatamiento de la ley». Esta resolución parece confirmar que la firma del juramento constituye un requisito previo para la liberación del preso, hecho que contradice las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dirigido al gobierno de Corea del Sur.(9) Amnistía Internacional se opone a este «juramento de acatamiento de la ley» y sigue solicitando la liberación de los presos políticos que continúan recluidos únicamente por negarse a firmar un juramento por el que se obligarían a respetar una legislación que viola sus derechos fundamentales.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

-respalden medidas dirigidas a abolir la Ley de Seguridad Nacional, o a reformarla con el objeto de que se ajuste a las normas internacionales relativas a la claridad del derecho penal y al derecho a la libertad de expresión y de asociación;(10)

- se comprometan a asegurar que las denuncias sobre el uso indebido de la Ley de Seguridad Nacional se someten al escrutinio independiente de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

- revisen la resolución del Tribunal Constitucional por la que se declara constitucional el «juramento de acatamiento de la ley» y la condición impuesta a todos los presos políticos de firmar tal juramento para lograr su pronta liberación.

(2)Pena de muerte

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hecho de que no se haya llevado a cabo ninguna ejecución desde que el ex condenado a muerte Kim Dae-jung asumió la presidencia en febrero de 1998. No obstante, se cree que aún hay al menos 53 presos condenados a muerte por asesinato. La Ley de Seguridad Nacional y el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo disponen la aplicación de la pena capital.(11) En noviembre de 2001, 155 de los 273 miembros de la Asamblea Nacional respaldaron un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. Con posterioridad, el proyecto de ley ha sido remitido al Comité Permanente sobre Legislación y Poder Judicial, de la Asamblea Nacional, para su aprobación. Al parecer, pese a que esta iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, el comité lleva más de 10 meses sin decidirse a aprobarla. El próximo presidente tendrá una función importante que desempeñar: deberá asegurar que este proyecto de ley se convierte en ley.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Es una pena que a menudo se impone a los miembros más desfavorecidos de la sociedad y a quienes tienen menos posibilidades de defenderse. No permite que se reparen los errores judiciales -la ejecuci¾n de un inocente no puede ser subsanada-, y estudios llevados a cabo por la ONU han demostrado que la pena de muerte no disuade con mayor eficacia frente a la delincuencia que la cadena perpetua.

À Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que respalden la abolición de la pena de muerte en la legislación. Como medidas tendentes a tal fin, les insta a que:

- aceleren los trámites para la aprobación del proyecto de ley de abolición de la pena de muerte en la Asamblea Nacional;

- respalden la conmutación de las condenas a muerte impuestas en el país y se aseguren de que no se lleva a cabo ninguna nueva ejecución;

- apoyen la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte en todo el mundo.

(3) La Ley de Vigilancia Social

La Ley de Vigilancia Social, promulgada en 1989, se utiliza para vigilar las actividades de determinados presos políticos una vez liberados, con el objeto de «evitar que vuelvan a delinquir y de promover su reintegración a la vida social normal y, así, preservar la seguridad nacional y la paz social».(12)

Esta ley se aplica a determinados presos condenados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional por cargos de «espionaje» y de «actividades antiestatales». Según grupos de derechos humanos, cientos de ex presos políticos pueden estar sujetos a esta ley, si bien no se conoce públicamente el número exacto de ellos.

En aplicación de las disposiciones de la Ley de Vigilancia Social, los ex presos deben informar periódicamente de sus actividades a la policía. Además, sufren limitaciones arbitrarias de sus actividades, como la prohibición de reunirse con otros ex presos sujetos a la misma ley o de participar en determinadas reuniones y manifestaciones. El incumplimiento de estas limitaciones se castiga con sanciones penales.

Amnistía Internacional no discute la necesidad de preservar la seguridad, si bien cree que la Ley de Vigilancia Social se aplica de forma arbitraria y hermética para amenazar o acosar a ex presos de conciencia y ex presos políticos que no suponen una amenaza para la seguridad de la nación. Se aplica, entre otros, a ex presos de avanzada edad que sufren las secuelas de haber permanecido recluidos durante mucho tiempo y de haber sido torturados. Las limitaciones impuestas los obligan a vivir bajo considerable presión, con la amenaza constante de ser nuevamente detenidos y encarcelados. Esta ley se ha aplicado también de manera arbitraria para impedir a ex presos políticos participar plenamente en actividades de oposición.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- respalden medidas para poner fin al uso arbitrario que se hace de la Ley de Vigilancia Social con el fin de acosar y limitar las actividades de ex presos de conciencia y ex presos políticos que llevaban mucho tiempo encarcelados.

(4) Derechos de los trabajadores y de los sindicalistas

Durante la presidencia de Kim Dae-jung, los sindicalistas responsables de organizar actos de protesta y manifestaciones para proteger sus derechos fundamentales han seguido sufriendo acoso y detención.(13) Los sindicatos protestaban por la reestructuración, que había provocado despidos masivos, porque las prestaciones sociales eran insuficientes, porque no se enjuiciaba a los empleadores que ponían fin ilegalmente a contratos laborales, y por la ausencia de una verdadera consulta entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. Al menos 850 sindicalistas fueron detenidos entre febrero de 1998 y octubre de 2002 por participar en huelgas generales y en otras manifestaciones de protesta. En octubre de 2002, había al menos 39 sindicalistas encarcelados. Entre enero y octubre de 2002, se había detenido al menos a 165 sindicalistas. Entre ellos había dirigentes sindicales acusados de convocar huelgas «ilegales» y de «obstrucción de la actividad empresarial».

Varios activistas sindicales fueron acusados en relación con actos de violencia cometidos durante algunas huelgas y manifestaciones. Amnistía Internacional reconoce que el gobierno tiene la obligación de mantener el orden público y reprimir la violencia. No obstante, al parecer, la mayoría de estos actos violentos han tenido lugar cuando se han desplegado contingentes desproporcionados de fuerzas policiales antidisturbios para reprimir la huelga o la manifestación en cuestión. Por ejemplo, según informes, en abril de 2001 se desplegaron cerca de 3.000 agentes antidisturbios en la fábrica de Daewoo Motors en Bupyong para reprimir un encierro seguido por 400 sindicalistas que protestaban contra el despido de 1.700 trabajadores.

Según parece, en ocasiones la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza que ha desembocado en estallidos de violencia en los que han resultado heridos tanto manifestantes desarmados como agentes. En un incidente ocurrido en junio de 2000, cientos de agentes antidisturbios persiguieron a trabajadores en huelga del Hotel Lotte, en Seúl, hasta la 36ª planta del hotel, y una vez allí los rociaron con gas lacrimógeno para contenerlos. Resultaron heridos al menos 6 agentes de policía y 30 sindicalistas, y cientos de activistas fueron detenidos.

Por otra parte, se han recibido informes según los cuales, en varios casos, la dirección de algunas empresas han contratado a agencias privadas de seguridad para que agrediesen a trabajadores en huelga, y la policía no ha intervenido para detener los actos violentos de los guardias privados.

Durante el mandato de Kim Dae-jung se ha reformado la legislación laboral, ampliándose el derecho de los sindicalistas a asociarse, si bien no se les reconoce el pleno disfrute de tal derecho. En julio de 1999 se permitió a los maestros sindicarse. En 2000 se reconoció oficialmente un segundo grupo aglutinador de organizaciones sindicales, la Confederación de Sindicatos Coreanos.

No obstante, prosiguen las restricciones a la libertad sindical. Corea del Sur no ha ratificado aún el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Convenio 87) de 1948, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni ha retirado tampoco la reserva formulada al artículo 22 del PIDCP, relativo a la libertad sindical. Numerosos sindicatos a nivel de empresa siguen estando prohibidos. El gobierno no ha reconocido la formación de la Asociación Coreana de Comités de Empresa de los Funcionarios Públicos, creada en marzo de 2002 para representar a los funcionarios públicos. Cerca de 178 personas fueron detenidas durante la sesión inaugural de esta asociación supuestamente «ilegal», y unos 47 delegados fueron acusados formalmente.

El gobierno surcoreano invoca cláusulas vagamente redactadas, como la contenida en el artículo 314 del Código Penal (referida a la injerencia en negocio ajeno),(14) y leyes como la Ley Reguladora del Derecho de Reunión y Manifestación para detener a dirigentes sindicales. En julio de 2002, al menos 31 activistas sindicales habían sido detenidos por violar la cláusula citada. Durante 2001, dos terceras partes del total de los trabajadores detenidos fueron acusados formalmente y condenados en aplicación de esta misma cláusula. El gobierno surcoreano ha desoído la recomendación que la OIT le ha dirigido reiteradamente de abstenerse de emplear dicha cláusula para imponer sanciones penales a activistas sindicales. En mayo de 2002, Amnistía Internacional solicitó la liberación del dirigente sindical Dan Byung-ho, detenido en septiembre de 2001 y que ha apelado contra su condena de dos años de prisión, impuesta por violar la cláusula de injerencia en negocio ajeno recogida en el Código Penal y en la Ley Reguladora del Derecho de Reunión y Manifestación.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- permitan a los sindicalistas y a los trabajadores que organicen huelgas legítimas y pacíficas y participen en ellas sin sufrir acoso o detención, con arreglo a los derechos que les asisten en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del trabajo;

- se comprometan a ratificar el Convenio 87 de la OIT, a respaldar la retirada de la reserva formulada por Corea del Sur al artículo 22 del PIDCP y a adoptar medidas para garantizar que los sindicalistas pueden ejercer su derecho a la libertad de asociación, conforme a las normas internacionales del trabajo.

(5) Objetores de conciencia

En Corea del Sur hay aproximadamente 1.600 objetores de conciencia encarcelados, testigos de Jehová en su mayoría.(15) Cada año, unos 500 hombres se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio y son detenidos. Recientemente, los objetores han manifestado una tendencia a alegar que el reclutamiento militar les impedirá expresar sus «ideales pacíficos». Éste ha sido el caso, por ejemplo, de Lim Chi-yun y Yoo Ho-geun, que se negaron a cumplir la orden de alistamiento en julio de 2002 amparándose en sus ideales. Otro joven, Oh Tae-yang, se negó a cumplir el servicio militar porque sentía que contradecía sus creencias como budista.

Todo varón surcoreano de edad comprendida entre los 18 y los 28 años ha de cumplir el servicio militar obligatorio, que dura hasta 26 meses. Aunque la Constitución garantiza la libertad de conciencia, la negativa al reclutamiento forzoso o a empuñar armas mortíferas durante la instrucción militar por motivos de fe y creencias constituye un delito en Corea del Sur. Quienes se niegan a alistarse son juzgados por tribunales civiles por violar la legislación relativa al reclutamiento forzoso. Los tribunales civiles solían imponer a estas personas la pena máxima de tres años de privación de libertad, pero recientemente se han reducido las condenas a dos años de prisión y en algunos casos incluso a 18 meses. Quienes se niegan a realizar la instrucción militar tras alistarse son juzgados por un tribunal penal militar, acusados de sublevación, y normalmente son condenados a tres años de prisión. La objeción de conciencia ha sido castigada en Corea del Sur durante los últimos 60 años.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- reconozcan el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar como derecho humano fundamental que puede ejercerse desde el mismo momento en que se expresa, como se reconoce intrínsecamente en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se manifiesta en el artículo 18 del PIDCP;

- respalden la implantación de un servicio civil alternativo cuya duración no supere la del servicio militar.

(6) La censura sobre la comunidad gay y lesbiana

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales el Ministerio de Información y Comunicaciones de Corea del Sur ha adoptado un sistema de clasificación de contenidos de Internet que califica a los sitios de gays y lesbianas de Corea del Sur de «órganos de difusión perjudiciales», y ha censurado estos sitios so pretexto de «proteger a la juventud». En abril de 2001, el Comité de Ética en la Información y las Comunicaciones incluyó la homosexualidad en el apartado de «obscenidad y perversión» dentro de sus «Criterios definitorios de los sitios web indecentes». La puesta en práctica de este sistema de clasificación se basa en la Ley de Protección de la Juventud, que declara que la homosexualidad constituye una influencia perjudicial para la juventud. El artículo 8 de dicha ley incluye en sus «criterios definitorios» de lo que constituyen órganos de difusión perjudiciales la siguiente descripción:

Los que se caracterizan por abordar el bestialismo o la comisión de adulterio por parejas mixtas de hombres y mujeres, el incesto, el amor homosexual, los actos anormales como el sadismo o el masoquismo, la obsesión sexual, los actos de prostitución y otras formas de relación sexual desaprobadas por la sociedad en general.

Amnistía Internacional se opone a la equiparación de las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre personas del mismo sexo con los abusos sexuales, y considerará preso de conciencia a todo aquél que haya sido encarcelado únicamente por su orientación sexual.

El 1 de noviembre de 2001 se promulgó la ley por la que se aplica la censura en Internet; ese mismo día, el propietario del primer y mayor sitio web gay de Corea (<exzone.com>) recibió aviso de que si no se marcaba de inmediato el sitio web como «sitio perjudicial» y se instalaba un programa de filtrado para impedir el acceso a los menores de edad, se le impondría una multa de 10.000 dólares estadounidenses aproximadamente o una pena de dos años de cárcel.

Amnistía Internacional considera que la censura general de los sitios web de gays y lesbianas viola el derecho humano fundamental de la persona a ser protegida frente a toda forma de discriminación, derecho garantizado en la Constitución surcoreana, cuyo artículo 10 establece: «Se garantiza el valor y la dignidad de todos los ciudadanos en tanto que seres humanos y se reconoce su derecho a tratar de alcanzar la felicidad. El Estado está obligado a confirmar y garantizar los derechos humanos fundamentales e inviolables de la persona». La censura impuesta viola asimismo el derecho a la libertad de expresión, garantizado en virtud del artículo 19 del PIDCP, pacto que el gobierno surcoreano ha firmado, y viola también el derecho a no sufrir discriminación, garantizado en el artículo 2 del PIDCP.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- salvaguarden los derechos humanos fundamentales de la persona a ser protegida frente a toda forma de discriminación, incluida la discriminación basada en la orientación sexual, como garantiza la Constitución coreana, y a la libertad de expresión, con arreglo a las obligaciones contraídas por Corea en virtud de las normas y tratados internacionales de derechos humanos.

(7)Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido información relativa a menos casos de tortura y malos tratos que en las últimas décadas. No obstante, la policía sigue infligiendo malos tratos a los presuntos delincuentes comunes y políticos durante los interrogatorios, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la protección de los derechos de los detenidos. Las condiciones de reclusión incumplen en varios aspectos las normas internacionales, incluidas las relativas a la dispensación de atención médica.

(7.1) Malos tratos infligidos por la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Las denuncias presentadas por detenidos bajo custodia policial apuntan a la existencia de una constante de malos tratos: los privan del sueño durante días, los someten a interrogatorios que duran toda la noche, los amenazan y, en ocasiones, los golpean. Persiste además otra pauta, la de detener a presuntos delincuentes sin disponer de una orden judicial e impedirles que se pongan en contacto sin demora con su familia. Debido a esta práctica, numerosos detenidos son sometidos a régimen de incomunicación tras su detención, momento en que son vulnerables a sufrir malos tratos policiales. La legislación permite que la policía y los funcionarios del Ministerio Público mantengan recluidos a los presuntos delincuentes hasta 30 días para interrogarlos y antes de que se dicte acta de acusación formal. En virtud de algunas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, este plazo puede ampliarse hasta los 50 días. Amnistía Internacional considera que este largo periodo previsto para interrogar a los detenidos facilita el uso de malos tratos para obtener confesiones.

Según informes, los condenados a muerte permanecen esposados en todo momento durante su primer año de reclusión.

Según han informado los grupos de derechos humanos, muchas de las víctimas no denuncian los malos tratos por temor a sufrir represalias o por falta de confianza en el sistema. En varias prisiones y centros de detención, se ha mantenido a presos esposados y encadenados y en régimen de aislamiento durante periodos de hasta dos meses como castigo por infringir normas penitenciarias. En Corea del Sur no existe la figura del inspector de prisiones independiente.

(7.2) Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión incumplen las normas internacionales en varios aspectos. No obstante, durante la actual presidencia ha habido sin duda mejoras, dado que los presos políticos tienen más facilidades para ponerse en contacto con otros presos y para recibir visitas externas.

Las instalaciones médicas de las prisiones y los centros de detención son deficientes, y en estos últimos hay escasez de personal médico. A los presos no se les garantiza la realización de una revisión médica; al parecer, el tratamiento médico dispensado es insuficiente; según informes, los presos se han enfrentado a grandes dificultades, que en ocasiones les han constado la vida, para obtener tratamiento médico adecuado a tiempo para sus enfermedades.

Aunque existen planes de modernizar las prisiones, hay varios centros de detención cuyas celdas carecen de calefacción en invierno y de ventilación adecuada en verano. De los 43 centros penitenciarios existentes, sólo 12 han sido equipados con sistemas de calefacción.

Un caso reciente que pone de manifiesto los problemas médicos existentes en las prisiones coreanas es el de Cho Sun-won, recluido en el Centro de Detención de Seúl en noviembre de 2001. Cho Sun-won se quejó repetidamente a la policía de malestar general y dolor de espalda. El dolor empeoró, impidiéndole ingerir alimentos; no obstante, el centro de detención le comunicó que sólo dispensaba medicamentos para los resfriados y la diarrea. El estado de salud de Cho Sun-won empeoró, hasta que éste falleció en enero de 2002, aproximadamente 8 horas después de ingresar en un hospital. Pero también pueden señalarse otros casos: Park Myung-won sufría tuberculosis pulmonar cuando fue recluido en el Centro de Detención de Suwon en noviembre de 2001. Pese a los llamamientos efectuados por sus compañeros de celda, que habían visto la enfermedad que padecía y temían contagiarse, las autoridades del centro pospusieron su ingreso hospitalario. Finalmente lo trasladaron en estado crítico a un hospital, donde se le ha diagnosticado muerte cerebral.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos a que respalden:

- la reforma de la legislación que actualmente permite que los presuntos delincuentes permanezcan recluidos hasta 30 ó 50 días sin cargos. Los detenidos deben ser acusados sin demora de un delito común reconocible o ser puestos en libertad;

- la promulgación de nuevas leyes por las que se ilegalice la detención en régimen de incomunicación, y por las que se garantice a los presos preventivos y penados el acceso a personal médico y asistencia letrada;

- la mejora de las condiciones de reclusión, para que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, prestando especial atención a la dispensación de atención médica. A los presos no se les deben imponer instrumentos de inmovilización, como las esposas, a modo castigo, y no se debe recurrir nunca al uso de cadenas;

- una declaración por parte de Corea del Sur, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reconociendo la competencia del Comité contra la Tortura de la ONU para recibir quejas individuales;

- la previsión de la realización de inspecciones sin previo aviso de centros de detención y prisiones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el acceso de los grupos de la sociedad civil a los lugares de detención..

(8) Protección de grupos vulnerables

Los trabajadores migratorios y los solicitantes de asilo son dos de los grupos más vulnerables en Corea del Sur, grupos que los candidatos presidenciales pueden tomar la iniciativa de proteger. Los trabajadores migratorios han sufrido detención y malos tratos a manos de los funcionarios de los servicios de inmigración. Por otra parte, debido a los aparentes fallos de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado vigentes en Corea del Sur, los solicitantes de asilo pueden ser obligados a regresar a países donde se exponen a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

(8.1) Trabajadores migratorios

Según informes, en diciembre de 2001 había más de 300.000 trabajadores migratorios en Corea, de los cuales sólo una tercera parte residía legalmente en el país.

Más del 90 por ciento de los trabajadores extranjeros que entran en Corea lo hacen como «aprendices industriales». Estos aprendices industriales no tienen la consideración de trabajadores ni sus derechos, y tampoco perciben un salario. La mayor parte de los trabajadores migratorios están endeudados al haber pagado elevadas comisiones a los intermediarios que les han facilitado la entrada en Corea. Al estar indocumentados en su mayoría, estos trabajadores han constituido mano de obra barata en el llamado «sector de trabajos "PDS" (peligrosos, difíciles y sucios)». La mayor parte de ellos viven en pequeñas residencias, trabajan en condiciones laborales deficientes y corren peligro de sufrir accidentes laborales. Son además víctimas de discriminación racial. Les amparan muy pocas garantías legales. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre recientes campañas gubernamentales encaminadas a sofocar sus protestas, y sobre casos de trabajadores migratorios detenidos que han sufrido palizas e insultos a manos de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Según informes, a primera hora de la mañana del 2 de septiembre de 2002, 9 funcionarios de inmigración y 30 agentes de policía detuvieron a 13 trabajadores migratorios procedentes de Bangladesh en su vivienda, ubicada en la zona industrial de Songseng, en el distrito de Masok. Entre los trabajadores detenidos se encontraban Mohammed Bidduth y Kabir Uddin. Todos los detenidos fueron trasladados por la fuerza a la comisaría de Namyang-ju. Algunos estaban en pijama, y la mayoría iban descalzos. En la comisaría los interrogaron sobre su participación en la concentración organizada por miembros de la sección de trabajadores migratorios del Sindicato Igualdad entre abril y julio. Según informes, Mohammed Bidduth y Kabir Uddin, líderes de la concentración, recibieron una paliza y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención de Hwasu, en Suwon.

Amnistía Internacional ha recibido asimismo informes según los cuales en junio de 2002, durante una campaña de represión llevada a cabo por diversas autoridades del Estado, incluidos el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Información del Estado y la Policía Nacional, se detuvo y recluyó a unos 2.000 trabajadores migratorios indocumentados.

Los grupos que defienden los derechos de los trabajadores migratorios piden que se implante un sistema de concesión de permisos de trabajo que sustituya al actual sistema de entrada de aprendices industriales; no obstante, los grupos de presión de las pequeñas empresas se oponen a esta petición.

(8.2)Solicitantes de asilo

En diciembre de 1992, Corea del Sur se convirtió en Estado Parte en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. Dicha convención, al igual que la Convención contra la Tortura, en la que Corea del Sur es Parte desde enero de 1995, establece el principio de no devolución (non refoulement),que prohíbe que cualquier Estado devuelva a una persona a un país donde corra peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos. Esta obligación lleva implícita otra obligación, la de establecer procedimientos adecuados para identificar a todas las personas que puedan hallarse en peligro y requieran protección, y la de garantizar el acceso sin trabas a estos procedimientos. No obstante, según parece, los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado vigentes en Corea del Sur incumplen las normas internacionales, y los funcionarios responsables de tramitar las solicitudes de asilo no parecen haber recibido formación adecuada.

Amnistía Internacional ha recibido informes recientemente, enviados por solicitantes de asilo y abogados, según los cuales los funcionarios de inmigración han disuadido a personas de solicitar asilo y en ocasiones se han negado a cursar solicitudes. Por otra parte, quienes logran presentar formalmente su solicitud no son informados adecuadamente de los procedimientos que deben seguir. Es más, según informes, los funcionarios de inmigración no conocen bien los principios para el reconocimiento de la condición de refugiado, y en algunos casos parecen haber complicado en exceso el proceso a los solicitantes, obligándolos a presentar documentación exhaustiva y no facilitándoles un intérprete. Esto hace dudar de la idoneidad de la formación recibida por los funcionarios de inmigración para tramitar los casos de refugiados. Los solicitantes de asilo no tienen derecho a recibir asistencia letrada y, por lo general, no logran obtener ayuda económica para su manutención.

Suscita preocupación en Amnistía Internacional que los solicitantes de asilo puedan no tener acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado o a las vías para apelar contra la decisión de expulsarlos a otro país, y que entre los expulsados pueda haber personas expuestas a sufrir abusos contra los derechos humanos en su propio país.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que adopten medidas para proteger y promover los derechos de los grupos vulnerables, como los trabajadores migratorios y los solicitantes de asilo. Por ello les insta a que respalden medidas encaminadas a:

- garantizar la existencia de salvaguardias adecuadas que impidan la expulsión discriminatoria de personas de Corea del Sur basándose en su origen étnico o nacional, su estado de salud o cualquier otra condición;

- firmar y ratificar la Convención Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

- cumplir las obligaciones que han contraído con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados mediante la creación de un sistema de determinación de la condición de refugiado que sea justo y satisfactorio, sin olvidarse de garantizar que todos los agentes del Estado reciben formación adecuada en materia de normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados.

(9) La Comisión Nacional de Derechos Humanos

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la puesta en marcha, en noviembre de 2001n de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de una medida importante para observar la situación de los derechos humanos y denunciar y abordar las violaciones que se cometan. Se espera que la Comisión, al cumplir estas funciones, contribuya a aumentar la protección de los derechos humanos y la sensibilización en este campo en Corea del Sur.(16) Para que pueda lograr su cometido, la Comisión debe ser dotada de suficientes recursos, económicos y de otra naturaleza, que le permitan cumplir plenamente y sin limitaciones los objetivos y funciones que le han sido encomendados. Es importante además que el método de selección y designación de los miembros de este órgano sea justo y transparente, a fin de lograr la autonomía y credibilidad de la Comisión y de garantizar su independencia.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos a que se aseguren de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conserva su autonomía, credibilidad y eficacia.

(10)Investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

En octubre de 2000 se creó la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas con el cometido de abordar la importante cuestión de «averiguar la verdad sobre las muertes acaecidas en circunstancias sospechosas relacionadas con lo que se llamó el "Movimiento de Democratización" contra regímenes autoritarios del pasado».(17) No obstante, el periodo de dos años previsto para que la Comisión lleve a cabo su labor, que concluye en octubre de 2002, parece ser insuficiente. La Comisión ha supuesto una iniciativa sin precedentes, ya que es la primera vez que se investigan de forma eficaz e independiente las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Corea del Sur. Tales investigaciones son importantes para las víctimas y sus familias y pueden ofrecer valiosas enseñanzas para la futura protección de los derechos humanos. Esta iniciativa además transmite un mensaje a los funcionarios del Estado: que no pueden cometer abusos contra los derechos humanos impunemente. Las organizaciones de derechos humanos, las víctimas de violaciones de tales derechos y sus familiares han pedido reiteradamente que se investiguen numerosos casos concretos de tortura, juicios injustos y encarcelamiento que tuvieron lugar durante anteriores gobiernos militares que ocuparon el poder hasta finales de los años ochenta.

Durante muchos años Amnistía Internacional ha instado a Corea del Sur a que ordene la realización de investigaciones eficaces, independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y a que, basándose en ellas, someta a los responsables a juicios en los que se respeten las debidas garantías y no pueda imponerse la pena de muerte o cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante. Con independencia de cuáles sean las cuestiones delicadas en el terreno político, la organización reitera su preocupación ante la necesidad de que Corea del Sur establezca un sistema exhaustivo para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, como forma de que las víctimas y sus familiares reciban justicia y reparación y de sentar una base sólida para la protección de los derechos humanos en el futuro.

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- promuevan la necesidad de encontrar un modo eficaz de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado; por ejemplo, comprometiéndose a ampliar la duración del mandato de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosasa fin de que pueda realizar adecuadamente su cometido;

- reconozcan oficialmente los informes elaborados por la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosasy adopten otras medidas para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos;

- garanticen la firma por Corea del Sur de la Convención de la ONU sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, y se aseguren de que se investigan sin demora e imparcialmente las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado;

- se comprometan a prestar ayuda a las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos que requieren atención médica u otros servicios relacionados con la salud; adopten medidas para crear un fondo con el que indemnizar a las víctimas y a las familias, y contribuyan a su financiación.

(11) La Corte Penal Internacional

Corea del Sur firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2000. Tras la firma, el embajador surcoreano ante la ONU, Lee Si-young, señaló que Corea del Sur deseaba «ratificar el Estatuto de inmediato».(18) Sin embargo, aún no lo ha hecho. En un simposio organizado en julio de 2002 por distintas organizaciones no gubernamentales para celebrar la entrada en vigor del Estatuto de Roma, funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio expresaron su voluntad de que Corea del Sur fuese pronto Parte en el Estatuto de Roma de la CPI, antes del fin de 2002. Es probable que el proceso de autorización de la ratificación por la Asamblea Nacional atraviese numerosas dificultades.(19)

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Si Corea del Sur se une al movimiento internacional que intenta acabar con la impunidad por los peores delitos conocidos por la humanidad, dará muestra clara de su respeto por la paz y los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

- respalden la ratificación por Corea del Sur del Estatuto de Roma de la CPI;

- impulsen la pronta aprobación de legislación por la que la Asamblea Nacional dé su consentimiento al proceso de ratificación.

(12) Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo

El 12 de noviembre de 2001, el Servicio Nacional de Información del Estado anunció los planes del gobierno surcoreano de aprobar el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo. Dicho proyecto de ley contiene numerosas disposiciones que parecen abrir la puerta a la comisión de abusos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y no contiene salvaguardias adecuadas contra tales abusos.

El proyecto de ley amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte. En su artículo 19, castiga el delito de dirigir una organización «terrorista»(20)con la pena capital o la cadena perpetua. Las organizaciones internacionales de derechos humanos defienden la abolición de la pena de muerte. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ha exhortado a todos los Estados que mantienen dicha pena a que «[l]imiten progresivamente el número de delitos por los que se puede imponer esa pena [...] Consideren la posibilidad de suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte».(21)

El proyecto de ley contiene disposiciones que podrían de hecho aumentar los poderes del Servicio Nacional de Información del Estado,(22) haciéndolo menos susceptible de rendir cuentas por su conducta. En su artículo 5 se prevé la creación de un Centro Antiterrorista, bajo la dirección del Servicio Nacional de Información del Estado, encargado de la aplicación del proyecto de ley.(23)Además, en el proyecto se otorgan poderes al director general del Servicio Nacional de Información del Estado para decidir, junto con la presidencia de un Consejo Nacional para Combatir el Terrorismo, la organización y el número de personas que deben integrar dicho Centro Antiterrorista, información a la que no tendría acceso el público. El Servicio Nacional de Información del Estado es un órgano secreto sobre el cual Amnistía Internacional ha expresado preocupación en el pasado por su responsabilidad en algunas de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas en el país.

El gobierno surcoreano parece haber prescindido intencionadamente del asesoramiento de expertos y del debate público a la hora de elaborar el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo. Tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que declaró expresamente que no se daban las condiciones previas alegadas por el gobierno para justificar la elaboración de dicho proyecto de ley.

Habida cuenta de que el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo contiene disposiciones en favor de la aplicación de la pena de muerte y de la puesta en práctica de un Centro Antiterrorista bajo la dirección de una organización hermética como el Servicio Nacional de Información del Estado, esta iniciativa no parece ser compatible con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente con el PIDCP y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.(24)

· Recomendaciones a los candidatos presidenciales

Amnistía Internacional insta a los candidatos presidenciales a que:

-respalden medidas para asegurar que el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo y otras medidas encaminadas a preservar la seguridad nacional se ajustan plenamente a las normas internacionales de derechos humanos;

- se opongan a la ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte.********

(1) ) Amnistía Internacional reconoció la presión ejercida sobre el gobierno de Kim Dae-jung para que abordase la grave crisis económica que azota el país desde finales de 1997. No obstante, la organización abrigaba la esperanza de que el gobierno, al comprometerse a abordar la crisis económica, no desviase su atención o sus recursos de la protección de los derechos humanos. La crisis en sí ha dado lugar a nuevas violaciones de derechos humanos, al quedar muchas personas privadas de sus medios de vida, y ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la protección institucional de todos los derechos, incluidos los civiles, políticos, económicos y sociales. La crisis ha puesto también de relieve la interdependencia de todos los derechos fundamentales. La penuria económica ha llevado al pueblo a manifestarse en protesta, y el gobierno ha respondido a ello con una campaña de represión y de detenciones que violan el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

(2) ) En un informe publicado en 2002, Amnistía Internacional acogía con satisfacción la creación en noviembre de 2001 de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, y formulaba recomendaciones al gobierno sobre la Ley Nacional de Derechos Humanos. (Véase Republic of Korea: Amnesty International’s comments on the National Human Rights Commission Act: Towards an Autonomous, Effective National Human Rights Commission, Índice AI: ASA 25/002/2002, de abril de 2002).

(3) ) No obstante, hay que señalar que todos los presos políticos han de firmar un «juramento de acatamiento de la ley», requisito que el Tribunal Constitucional surcoreano declaró constitucional en abril de 2002.

(4) ) En estos momentos, el Comité Permanente sobre Legislación y Poder Judicial, de la Asamblea Nacional, está estudiando el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. Se teme que el Comité, integrado por ex miembros de la fiscalía y partidario de mantener la pena capital en la legislación, pueda retrasar la aprobación del proyecto de ley.

(5) ) En octubre de 1999, el Comité de Derechos Humanos de la onu examinó el segundo informe periódico presentado por Corea del Sur y, en sus Observaciones finales, reiteró «su honda preocupación [...] por la persistencia y la aplicación de la ley de Seguridad Nacional». Al Comité le preocupaba que también se utilizase dicha ley «para establecer normas especiales de detención, interrogación y responsabilidad sustantiva que son incompatibles con diversos artículos del Pacto [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)], entre ellos el 9, el 18 y el 19». Corea del Sur es Parte en el PIDCP desde abril de 1990.

(6) ) Es importante señalar que el Comité de Derechos Humanos había concluido asimismo en sus Observaciones finales de octubre de 1999 «que la variedad de actividades que a tenor del artículo 7 de la Ley de seguridad nacional puede considerarse que estimulan "los grupos de acción antiestatal" es injustificadamente amplia». El Comité halló que «las restricciones de la libertad de expresión no se ajustan a los requisitos del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, ya que no pueden considerarse necesarias para proteger la seguridad nacional».

(7) ) Basándose en información presuntamente descubierta en agosto de 1999 en los bolsillos de un espía norcoreano muerto hallado en el interior de un submarino norcoreano hundido, el Servicio Nacional de Información del Estado acusó a varios estudiantes universitarios de haber formado un grupo revolucionario secreto conocido como el Partido Revolucionario del Pueblo (Minhyukdang). Se acusó a dicho grupo de llevar a cabo «actividades de espionaje» junto con el Comité Youngnam (por cuya pertenencia Park Kyung-soon está cumpliendo una condena de siete años de prisión), aunque aún no se han presentado pruebas manifiestas que demuestren tal acusación. Al menos seis hombres, entre ellos Ha Yong-ok, fueron detenidos durante 1999 y 2000 y acusados en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de «organizar un grupo antiestatal, ayudar a un espía norcoreano y revelar secretos de Estado». Según información recabada por Amnistía Internacional, el Partido Revolucionario del Pueblo ha adoptado la ideología norcoreana juche, si bien no existen pruebas de que haya hecho apología de la violencia. Aunque los líderes de este grupo, Kim Young-hwan y Cho Yu-sik, han quedado en libertad bajo fianza, el resto de los miembros, incluido Ha Yong-ok, han sido condenados a largas penas de cárcel. Según se ha dicho, Ha Yong-ok recibió malos tratos y fue drogado durante el interrogatorio.

(8) ) La «política de la luz» es una política partidaria de entablar relaciones con Corea del Norte y hace hincapié, entre otras cuestiones, en el fomento del comercio y de los vínculos civiles con dicho país, incluidos los contactos familiares, las comunicaciones ferroviarias y por carretera, los viajes turísticos y la importación de literatura norcoreana.

(9) ) Hay que señalar que en, octubre de 1999, el Comité de Derechos Humanos lamentó que, tras la abolición del «juramento de conversión ideológica», éste hubiese sido sustituido por un «juramento de acatamiento de la ley», y concluía: «Debería abolirse el "juramento de acatamiento de la ley" que se exige a algunos presos como condición para su puesta en libertad». En sus comentarios sobre las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, el gobierno de Corea del Sur hacía notar su desacuerdo señalando que «el juramento no es una condición previa para la liberación, sino que se utilizará como referencia».

(10) ) En octubre de 1999, el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicaba en sus Observaciones finales: «El Estado Parte debe enmendar urgentemente el artículo 7 para que sea compatible con el Pacto [PIDCP]».

(11) ) Por ejemplo, los artículos 3 y 6 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 19 del proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo amplían el uso de la pena capital.

(12) ) Artículo 1 de la Ley de Vigilancia Social.

(13) ) En febrero de 1998, la Asamblea Nacional aprobó reformas de la legislación surcoreana en cumplimiento de las condiciones para reestructurar y flexibilizar el mercado laboral impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Estas reformas allanaron el terreno a la realización de despidos masivos, dando lugar a un elevado índice de desempleo en un país con muy escasas prestaciones de seguridad social. Miles de trabajadores surcoreanos han perdido su empleo desde que comenzó la crisis económica, y son pocos los que tienen derecho a percibir prestaciones de desempleo.

(14) ) El artículo 314 del Código Penal, referido a la «injerencia en negocio ajeno», dispone: «(1) Toda persona que interfiera en los negocios de otra […] mediante la amenaza del uso de la fuerza, será castigada con una pena de cárcel de hasta cinco años o con una multa de hasta 15 millones de won».

(15) ) Amnistía Internacional considera objetor de conciencia a todo aquel que estando obligado a alistarse o a prestar un servicio en el ejército (reclutamiento forzoso) se niegue a prestar tal servicio o a cualquier otra participación directa o indirecta en guerras o conflictos armados, por razones de conciencia o de convicciones profundas. La organización incluye en esta categoría a las personas reclutadas forzosamente y a los soldados voluntarios en ejércitos profesionales que una vez en servicio se declaran objetores de conciencia. Amnistía Internacional adoptará como preso de conciencia a todo aquel que sea detenido o encarcelado únicamente por habérsele denegado el derecho a acogerse a la objeción de conciencia o a realizar un verdadero servicio civil alternativo.

(16) ) Si desean más información, consulten el documento Republic of Korea: Amnesty International’s comments on the National Human Rights Commission Act: Towards an Autonomous, Effective National Human Rights Commission (ASA 25/002/2002), página 1.

(17) ) Ley Especial para Averiguar la Verdad sobre Muertes acaecidas en Circunstancias Sospechosas, diciembre de 199, artículo 1.

(18) ) Abogados en Defensa de la Democracia (Minbyun), Update on Ratification Status of the Republic of Korea: Paper prepared for the 10th Preparatory Commission for the International Criminal Court July 1-12, 2002 (Actualización sobre la situación de la ratificación en la República de Corea: Documento preparado para la 10ª Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (1-12 de julio de 2002), página 1.

(19) ) Algunos de los posibles obstáculos que podrían afectar a que surja un consenso en la Asamblea Nacional por el que se autorice que Corea del Sur se convierta en Estado Parte en el Estatuto de Roma son: la inminencia de la celebración de elecciones presidenciales en diciembre, el hecho de que el partido gobernante se encuentre en minoría en la Asamblea Nacional, y la postura de Estados Unidos, contraria a unirse a la CPI. También existen obstáculos de carácter legal: la Constitución coreana contiene una disposición por la que se concede inmunidad procesal al presidente frente a los posibles delitos comunes cometidos durante su mandato, salvo por el delito de insurrección o traición; esta disposición contradice el artículo 27.1 del Estatuto de Roma. Además, el gobierno surcoreano no ha decidido aún si, al aplicar el Estatuto de Roma como Estado Parte, debe aprobar una normativa especial única que contemple todos los aspectos de su puesta en práctica, o bien debe reformar todos los aspectos pertinentes de la legislación existente, como el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal o la Ley de Extradición, entre otras.

(20) ) En el Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo se definen las acciones «terroristas» como las «acciones […] realizadas intencionadamente por una persona o grupo que defiende determinados fines políticos, religiosos, ideológicos o nacionales, para lograr tal fin o difundir ampliamente sus creencias u opiniones, y que afectan a la seguridad nacional o a las relaciones diplomáticas, o causan un malestar social importante. [Se considera acción «terrorista»:] (a) Ejercer violencia, lesionar, secuestrar, detener, recluir o asesinar a personas importantes en el ámbito nacional, a personalidades eminentes de distintos campos, a extranjeros importantes y a diplomáticos residentes en Corea, en virtud de decreto presidencial; (b) Provocar el incendio o la explosión de instituciones nacionales importantes, instalaciones diplomáticas coreanas en el extranjero, instalaciones diplomáticas en Corea y centros públicos; (c) Secuestrar o hacer explosionar medios de transporte, tales como aviones, barcos y automóviles; (d) El homicidio indiscriminado de seres humanos mediante el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas, o la amenaza de tal acto; (e) El vertido o esparcimiento de sustancias bioquímicas o radioactivas perjudiciales con el fin de cometer homicidios masivos de seres humanos y de animales, o la amenaza de tal acto». (La traducción de esta cita -Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo, capítulo 1, artículo 2-, es de EDAI.)

(21) ) Extraído de E/CN.4/RES/2000/65, de abril de 2000, y E/CN.4/RES/2001/68, de abril de 2001, como se cita en el documento Los derechos, en peligro: Leyes de seguridad y medidas relativas al cumplimiento de la ley: Motivos de preocupación de AI (Índice AI: ACT 30/001/2002/s).

(22) ) En su informe Republic of Korea: Amnesty International calls for prisoner releases and a halt to National Security Law arrests (Índice AI: ASA 25/022/1998), Amnistía Internacional solicitaba la liberación de al menos 15 personas condenadas injustamente por cargos formulados por motivos políticos durante la década de los setenta y los ochenta que llevaban mucho tiempo encarceladas, la mayoría de las cuales cumplían cadena perpetua en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, acusadas de actuar como espías para Corea del Norte. La organización señalaba lo siguiente: «(s)us casos se insertan en un cuadro constante de detenciones ilegales, reclusión en régimen de incomunicación, tortura y obtención de confesiones por la fuerza, en la mayoría de los casos por la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (que más tarde adoptó el nombre de Servicio Nacional de Información del Estado)». Hwang Tae-kwon, ex preso de conciencia, había manifestado en una carta que «(t)ras sufrir 60 días de torturas y palizas en el sótano de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional y tres años de encarcelamiento por un delito que no cometí, y habiendo sido silenciado durante todos estos años, ahora espero que mi historia saque a la luz pública los delitos que quienes detentan el poder cometieron para obligarme a "confesar"». [Cita extraída del documento Republic of Korea: Hidden Victims: the long-term political prisoners (Índice AI: ASA 25/023/1997)].

(23) ) El artículo 5 establece que, en relación con las «actividades antiterroristas, se creará un Centro Antiterrorista, integrado por funcionarios públicos de los organismos interesados, en el seno del Servicio Nacional de Información del Estado». El Centro desempeñará las siguientes funciones: «1. La detección de los indicios de terrorismo; 2. La recogida, producción y distribución de información nacional o procedente del extranjero relacionada con el terrorismo; 3. La planificación, dirección y coordinación de las actividades antiterroristas; 4. El respaldo a las Oficinas Centrales para Combatir el Terrorismo en cada campo; 5. La cooperación con los servicios de información extranjeros, en lo que concierne a la información sobre cuestiones relacionadas con el terrorismo». (La traducción de esta cita del Proyecto de Ley para la Prevención del Terrorismo es de EDAI).

(24) ) Corea del Sur es Estado Parte en el PIDCP desde abril de 1990, en la Convención de la ONU contra la Tortura desde enero de 1995, y en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, desde diciembre de 1992.