AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 31 de julio de 2009
Índice AI: ASA 25/007/2009

Corea del Sur: Llamamiento para que se permita el acceso a alimentos, agua y tratamiento médico a los trabajadores en huelga de Ssanyong

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 31 de julio, a las autoridades de Corea del Sur que garanticen que los trabajadores en huelga de la fábrica de Ssangyong Motor en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, pueden acceder de inmediato y sin trabas a alimentos, agua y al tratamiento médico que necesiten, y que la policía cumple las normas internacionales sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde el 16 de julio la dirección de la fábrica de montaje de automóviles ha bloqueado la entrada de alimentos y agua a las instalaciones, cuya planta de pintura ocupan desde el 22 de mayo unos 800 trabajadores despedidos. Asimismo, la dirección impide desde el 19 de julio la entrada de personal médico al complejo. Los trabajadores protestan por el despido masivo de unos 1.100 operarios.

Los huelguistas han racionado la comida y se les están acabando los suministros. No pueden lavarse ni utilizar los aseos. Desde hace un mes hay enfrentamientos entre los huelguistas y más de 3.000 policías antidisturbios y cientos de agentes privados de seguridad contratados por Ssangyong, en los que ha habido heridos por ambos bandos. La mayoría de los trabajadores heridos y otros que sufren enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión no han recibido atención médica, ya que la dirección de la empresa, según los informes con ayuda de la policía, ha impedido al personal médico que entre al edificio.

Desde el 19 de julio se ha permitido el acceso limitado de los médicos a la fábrica sólo en tres ocasiones: el 22 de julio, para atender a un hombre que había recibido un disparo en la cara de una pistola Taser de la policía, y el 30 y el 31 de julio. Sin embargo, según los informes, hay otros huelguistas que necesitan atención médica urgente como consecuencia de la actuación de la policía y el personal de seguridad privado. En concreto, algunos dicen sufrir irritación y ampollas en la piel producidas por el contacto con gas lacrimógeno licuado disparado con un cañón de agua.

En un evidente intento por acabar con el encierro, desde el 20 de julio, según los informes, la policía arroja gas lacrimógeno licuado desde helicópteros durante el día y vigila durante toda la noche. La dirección, a través de altavoces que emiten día y noche música a alto volumen, pide a los huelguistas que pongan fin a la protesta.

Bajo ninguna circunstancia es admisible que la empresa o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley traten de poner fin a una huelga negando a los huelguistas acceso a necesidades esenciales, como alimentos, agua o atención médica de emergencia. Incluso cuando la intervención policial se hace necesaria porque la actuación de los huelguistas supone un elevado riesgo de violencia para las personas o deterioro grave de la propiedad, la policía debe cumplir las normas internacionales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según el cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo exija el cumplimiento de sus obligaciones. A este respecto, a Amnistía Internacional le preocupa especialmente que la policía esté utilizando dispositivos de electrochoque (Tasers). Estas armas son potencialmente letales y sólo deben utilizarse cuando los agentes se enfrentan a un peligro de muerte inminente o a graves lesiones que no pueden ser evitadas con medidas menos extremas.

FIN/