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14 de julio de 1998

Corea del Sur: Represión injustificada de huelgas «ilegales»

Amnistía Internacional ha manifestado su alarma ante las renovadas amenazas gubernamentales de reprimir huelgas y manifestaciones «ilegales» en unos momentos en que millares de trabajadores pertenecientes a las dos federaciones sindicales más importantes de Corea del Sur se preparan para la huelga.

Según Amnistía Internacional, «con la represión mediante el despliegue masivo de policía antidisturbios lo único que se va a conseguir es aumentar la tensión, lo que puede llevar a la violencia, y a que se produzcan arrestos y nuevas violaciones de derechos humanos. Al gobierno puede que no le gusten las manifestaciones y las huelgas, pero esas prácticas son formas legítimas de protesta en una sociedad abierta y democrática».

Amnistía Internacional protestó el pasado mes de mayo cuando ciertas autoridades gubernamentales respondieron a las huelgas amenazando con arrestar a los dirigentes sindicales presentando contra ellos cargos por «obstrucción de la actividad empresarial». Ahora hay ministros que ya han advertido con adoptar medidas aún más severas contra las huelgas anunciadas, recurriendo al uso de policía antidisturbios y de los tribunales.

Las huelgas que se han anunciado tienen su origen en la reciente decisión de clausurar cinco bancos y de privatizar diversas empresas estatales, con lo que se ponen en peligro millares de puestos de trabajo en un país en el que la protección social es muy limitada.

Sindicatos y grupos defensores de los derechos humanos aseguran que las autoridades no han tomado medida alguna contra las empresas que han practicado despidos ilegales, especialmente contra las que han recurrido a la discriminación contra las mujeres, a las que a menudo se despide antes que a sus compañeros de trabajo varones. Lo que esas entidades sociales esperan del gobierno es que se esfuerce por proteger los puestos de trabajo y establezca un sistema nacional de seguridad social.

Amnistía Internacional ha afirmado: «Es sencillamente injusto amenazar a quienes sufren los peores efectos de la crisis económica. En vez de recurrir a este tipo de represión, las autoridades deberían considerar mejores modos de proteger los derechos económicos y sociales básicos de la población.»

La crisis económica ha tenido un efecto devastador en Corea del Sur. Millares de personas han perdido su trabajo sin indemnización o paga por desempleo alguna, lo que los ha dejado en el más absoluto desamparo. Esta situación se está saldando con la desintegración familiar y con un considerable aumento en el número de suicidios. Además, se ha ordenado a millares de trabajadores emigrantes que salgan del país, cuando a muchos no se les han pagado sus salarios desde hace meses, con lo que ni siquiera pueden permitirse la compra de un billete de avión. Ha sido muy poco lo que las autoridades han hecho para proteger los derechos de los grupos sociales más vulnerables, como los trabajadores emigrantes y las mujeres desempleadas.