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6 DE AGOSTO DE 1997

República de Corea (Corea del Sur): La posible excarcelación de dos ex presidentes no debe ocultar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos

Ninguna decisión del presidente surcoreano Kim Young-sam de excarcelar a dos de sus antecesores en el cargo puede servir de excusa para permitir que permanezcan sin resolver violaciones de derechos humanos cometidas durante los mandatos de anteriores gobiernos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

A falta de unos meses para las elecciones presidenciales de diciembre, la organización de derechos humanos pide tanto al gobierno como a los partidos de la oposición que recuerden que deben abrirse investigaciones imparciales sobre los homicidios de Kwangju de mayo de 1980, el uso generalizado de la tortura, las detenciones políticas y los juicios sin las debidas garantías habidos durante los mandatos de anteriores gobiernos.

«La excarcelación de los dos ex presidentes podría contribuir a la reconciliación en Corea del Sur, pero no debe eclipsar la necesidad de saber la verdad sobre el pasado ‒ha afirmado Amnistía Internacional‒. El gobierno debe ordenar una investigación independiente de las violaciones de derechos humanos ocurridas y garantizar que se hace justicia a las víctimas».

Las autoridades detuvieron a miles de personas por delitos políticos en la década de los ochenta y principios de la de los noventa, durante los mandatos de los presidentes Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo. Amnistía Internacional documentó asimismo el uso generalizado de la tortura y la celebración de juicios sin las debidas garantías. Una de las violaciones de derechos humanos más graves y conocidas en Corea del Sur se produjo en la ciudad de Kwangju, cuando los militares abrieron fuego contra manifestantes civiles, provocando la muerte y heridas a cientos de personas. No obstante, nunca ha habido una investigación imparcial sobre estos homicidios, y muchas otras violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado siguen sin resolverse hoy.

«En los últimos años, la rápida industrialización y democratización del país han cambiado el rostro de Corea del Sur ‒ha declarado Amnistía Internacional‒. Pero las leyes y las prácticas del pasado no han cambiado para adaptarse a las necesidades de un país moderno y democrático».

Entre las víctimas hay varias decenas de presos, encarcelados desde su detención, durante las décadas de 1970 y 1980, y que siguen actualmente en prisión. A pesar de que sufrieron torturas, se les negó el acceso a un abogado y se les declaró culpables de actividades de espionaje en favor de Corea del Norte sobre la base de cargos falsos, la ley surcoreana no prevé ningún tipo de recurso para ellos.

«El gobierno sabe que estas personas tuvieron un juicio injusto, y aun así se niega a reabrir los casos, probablemente por temor a perjudicar el actual sistema jurídico y a implicar a funcionarios que siguen ocupando cargos de autoridad», ha afirmado Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha pedido al gobierno de Corea del Sur que cree un órgano independiente para que examine las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante los mandatos de gobiernos anteriores y aún no resueltas. Debe permitir que se conozca toda la verdad sobre dichas violaciones y garantizar que se hace justicia a las víctimas. También debe examinar las leyes y las prácticas originadas en gobiernos anteriores para asegurar que se ajustan a las normas internacionales.