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ÍNDICE AI: ASA 25/39/98/s

EMBARGADO HASTA LAS 1500 GMT DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998

República de Corea (Corea del Sur): Es hora de poner fin a cincuenta años de abusos

La Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur cumplirá cincuenta años el 1 de diciembre de 1998, sólo diez días antes del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una ocasión perfecta para que el gobierno surcoreano demuestre su compromiso con los derechos humanos poniendo fin a cincuenta años de abusos en virtud de dicha ley y liberando a más presos políticos, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«Aunque Corea del Sur ha cambiado radicalmente desde 1948 ─ha añadido la organización─, la Ley de Seguridad Nacional ha quedado estancada en el tiempo y sigue utilizándose para encarcelar a los ciudadanos por mantener opiniones y realizar actividades consideradas "de izquierdas" o "pro comunistas". Entre los cientos de personas arrestadas este año, la mayoría por cargos vagamente definidos, consistentes en "elogiar" y "beneficiar" a Corea del Norte, figuran estudiantes, activistas políticos, editores, figuras religiosas e incluso navegantes de Internet.»

Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la liberación de más de 150 presos políticos en dos amnistías promulgadas este año. No obstante, hay varios cientos más detenidos, en algunos casos desde hace cuarenta años, la mayoría de los cuales los han pasado en régimen de incomunicación. A muchos presos se les negó la libertad en la amnistía más reciente únicamente por rehusar firmar un inaceptable «compromiso de acatamiento de la ley».

«La Ley de Seguridad Nacional es una aberración en una sociedad abierta y desarrollada como la surcoreana. El país está legítimamente orgulloso de sus logros, incluida su evolución democrática, pero la democracia también significa permitir a la gente que exprese sus propias opiniones políticas. Estas restricciones en la libertad de expresión y de reunión no contribuyen nada a mejorar la seguridad del Estado ni la reputación internacional del país», ha manifestado Amnistía Internacional.

El hecho de que el gobierno surcoreano continúe sin iniciar una reforma de la Ley de Seguridad Nacional está perpetuando un clima de intolerancia política en el que los partidarios de la reforma son calificados injustificadamente de simpatizantes de Corea del Norte.

El presidente y el ministro de Justicia surcoreano han declarado a Amnistía Internacional que no pueden revisar ahora la ley debido a la oposición política y a la crisis económica por la que atraviesa el país. Aunque la organización comprende estas dificultades, ha llegado la hora de terminar con las excusas. Cada día de retraso trae consigo nuevas víctimas. La protección de los derechos humanos es particularmente importante en un momento de crisis y el gobierno debe intentar ganarse el apoyo de la opinión pública y rebatir las críticas de los que se oponen a la reforma.

Mediante el uso de la Ley de Seguridad Nacional, sucesivos gobiernos han menoscabado los derechos humanos fundamentales que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos al pueblo coreano. Amnistía Internacional pide a Corea del Sur que cumpla con las responsabilidades internacionales que ha contraído en virtud de la Declaración y de los tratados de derechos humanos que ha firmado.

Corea del Sur es uno de los muchos países asiáticos en los que se utiliza una legislación de seguridad draconiana para poner freno a las actividades políticas legítimas y pacíficas y la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Interna de Malasia ha sido utilizada recientemente contra opositores políticos del gobierno, entre ellos el ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim. En China continúa encarcelándose a disidentes políticos por delitos contra la seguridad del Estado.

En Indonesia, donde el gobierno ha afirmado que sus reformas democráticas incluían medidas para derogar la Ley contra la Subversión, los mismos delitos contra la seguridad tipificados en ésta llevan camino de ser incorporados al Código Penal. Mientras, la ley continúa utilizándose contra los opositores pacíficos. En toda Asia Meridional continúan vigentes medidas de excepción y leyes de seguridad aplastantes, especialmente en la India, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh. Durante 1999, Amnistía Internacional hará campaña para que terminen estos abusos contra los derechos humanos en Asia.

«Mientras Asia atraviesa un periodo de reformas políticas y legales ─ha declarado Amnistía Internacional─, las leyes de seguridad continúan restringiendo el desarrollo de la sociedad civil y de sistemas políticos abiertos y participativos en toda la región.»