AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 28/001/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 006/03

No difundir hasta las 00:01 horas GMT del 13 de enero de 2003

Malaisia: El juicio de la activista de derechos humanos Irene Fernandez debe suspenderse

El 10 de enero, Amnistía Internacional y ARTICLE 19 pidieron a las autoridades malaisias que retiraran todos los cargos contra la activista de derechos humanos Irene Fernandez y suprimieran la disposición sobre «noticias falsas» en virtud de la cual ha sido encausada.

Irene Fernandez, directora de Tenaganita, organización no gubernamental en favor de la mujer, volverá al tribunal el martes 14 de enero en un proceso que comenzó en 1996. Está acusada en aplicación del artículo 8.A.2 de la Ley de Imprentas y Editoriales de 1984 (Printing Presses and Publications Act, PPPA) por «publicar noticias falsas con intención maliciosa», y puede ser condenada a una pena de hasta tres años de cárcel o una multa de hasta 20.000 ringgits (unos 5.264 dólares estadounidenses), o ambas cosas.

«El hecho de que el gobierno malaisio continúe utilizando leyes restrictivas para amenazar y procesar a los que sacan a la luz violaciones de derechos humanos y cuestiones que preocupan a la opinión pública demuestra una total falta de respeto hacia el derecho a la libertad de expresión», afirman en su comunicado Amnistía Internacional y ARTICLE 19.

Los cargos se presentaron cuando la organización Tenaganita publicó un informe titulado Abuses, Torture and Dehumanised Treatment of Migrant Workers at Detention Camps (Abusos, tortura y trato inhumano de los trabajadores migratorios en los campos de detención) sobre presuntas violaciones de derechos humanos. El informe estaba elaborado a partir de más de 300 entrevistas realizadas a trabajadores migratorios, principalmente procedentes de Bangladesh, Indonesia y Filipinas, tras salir en libertad de los campos de detención de Malaisia en 1994-1995, y explicaba detalladamente presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos en los campos, como palizas, agresiones sexuales, malnutrición, deshidratación y denegación de atención médica. Las preocupaciones que planteaba sobre las condiciones existentes en los campos de detención malaisios han sido planteadas también por otras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

La Ley de Imprentas y Editoriales, como muchas de las leyes restrictivas de Malaisia, viola las normas internacionales de derechos humanos, concretamente las que atañen a la libertad de expresión. La prohibición de publicar «noticias falsas», como dispone el artículo 8.A.2 de esta ley, ha sido considerada por organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversos tribunales constitucionales de todo el mundo una vulneración de las normas que garantizan la libertad de expresión. Si Irene Fernandez es declarada culpable y encarcelada, Amnistía Internacional la consideraría presa de conciencia.

El trato que reciben los trabajadores migratorios indocumentados en Malaisia no ha mejorado, a pesar de la atención que suscitó el caso de Irene Fernandez. En agosto de 2002, las autoridades expulsaron del país a decenas de miles de migrantes. El gobierno fue muy criticado por los gobiernos de países vecinos por las condiciones de los campos de detención donde los habían mantenido antes de repatriarlos.

Según los informes, miles de personas murieron en estos campos debido a las malas condiciones higiénicas y a la deshidratación. En uno de ellos, situado en el estado de Sabah, una niña de 13 años fue violada por tres policías. Las enmiendas introducidas en 2002 a la Ley de Inmigración impusieron los golpes con vara como pena obligatoria para los condenados por estar en el país sin la documentación válida, además de penas de hasta cinco años de cárcel. Centenares de migrantes han sido ya condenados a golpes con vara.

En opinión de Amnistía Internacional y ARTICLE 19, el material del informe de Tenaganita no sólo estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión, sino por el derecho del público a tener este tipo de información. Las cuestiones de derechos humanos son del máximo interés para la opinión pública y ningún gobierno debe obstaculizar la libre circulación de información e ideas sobre ellas.

«El gobierno malaisio —concluyen Amnistía Internacional y ARTICLE 19— debe centrar su atención en mejorar las condiciones de sus campos de detención, y no en procesar a quienes tienen el valor de denunciar estas intolerables condiciones».

Documento público

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