AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 28/003/2004 (Público)

Servicio de Noticias 060/04

15 de marzo de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA280032004

Malaisia: La huelga de hambre de los islamistas detenidos pone de relieve la negación continuada del derecho a ser juzgado

Cuando entraban en su tercera semana de huelga de hambre los 16 detenidos encarcelados sin juicio desde 2001 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna de Malaisia, Amnistía Internacional volvió a hacer un llamamiento para que todos los detenidos en aplicación de la citada ley sean puestos en libertad de inmediato si no son acusados y juzgados con las debidas garantías.

“La privación de libertad sin juicio constituye una violación de derechos humanos, tenga lugar en el campo de detención de Kamunting de Malaisia o en la Bahía de Guantánamo” ha afirmado hoy 15 de marzo Amnistía Internacional.

“Presuntos culpables de vínculos no especificados con el 'terrorismo' y privados del derecho a defenderse ante un tribunal, los presos 'olvidados' de Malaisia siguen sometidos a una reclusión prolongada.”

“Además, están sumidos en una gran incertidumbre sobre si el gobierno decidirá ponerlos en libertad y cuándo” añade la organización de derechos humanos.

Los 16 detenidos se declararon en huelga de hambre el 1 de marzo para protestar por la renovación, por parte del gobierno, de las órdenes ejecutivas de detención durante dos años dictadas contra ellos en 2001, a pesar de que, según informes, la Junta Consultiva de la Ley de Seguridad Interna había recomendado su excarcelación. Según manifestaron los detenidos, sintieron que no tenían una vía alternativa de acción. Aseguraron que las autoridades les habían inducido a creer erróneamente que, si ellos y sus familiares aceptaban su detención sin denunciarla públicamente —lo que incluía renunciar a la búsqueda del resarcimiento judicial mediante la presentación de solicitudes de hábeas corpus—, no se renovarían las órdenes de detención originales.

Los detenidos fueron aprehendidos a mediados de 2001 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna por sospecharse su pertenencia a un grupo local de “militantes” islamistas, el Grupo Muyahidín Malaisio (Kumpulan Mujahadin Malaisia, KMM). Doce de las detenciones se llevaron a cabo antes de los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y la mayoría de los detenidos eran miembros del partido principal de la oposición del país, el Partido Islámico de Malaisia. Uno de esos detenidos, Nik Adli bin Nik Abdul Aziz, es hijo del ministro principal del estado de Kelantan, controlado por el citado partido. Representantes del gobierno aseguraron que el Grupo Muyahidín Malaisio, algunos de cuyos miembros habían recibido formación religiosa y militar en Afganistán, tenía como fin crear un Estado islámico en Malaisia mediante el uso de la fuerza. No se ha hecho pública ninguna prueba que avale estas acusaciones.

En vista del deterioro que, según informes, está sufriendo la salud de los presos en huelga de hambre, Amnistía Internacional ha pedido garantías a las autoridades de que todos los detenidos reciben la asistencia médica adecuada y pueden acceder periódicamente a un médico independiente. La organización acogió con satisfacción la visita de inspección realizada la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos de Malaisia, en la cual ésta averiguó que al menos cuatro detenidos habían sido hospitalizados para recibir tratamiento y posteriormente habían vuelto a ser puestos bajo custodia. También visitaron el campo representantes del Ministerio del Interior para entrevistarse con los huelguistas.

Información general

Desde su promulgación en el curso de las campañas emprendidas contra los insurgentes comunistas en la década de los sesenta, la Ley de Seguridad Interna, que permite la reclusión sin juicio por tiempo indefinido mediante una orden ejecutiva, ha sido utilizada con frecuencia por las autoridades con fines políticos y con carácter selectivo. Activistas de la oposición, profesores universitarios, estudiantes, sindicalistas —y ahora también presuntos “terroristas” islamistas— han sido acusados de poner en peligro la seguridad nacional, sometidos a detención “preventiva” en aplicación de la Ley de Seguridad Interna y privados del derecho a defenderse ante un tribunal. Los detenidos en aplicación de esta ley corren peligro de que los maltraten o torturen al ser interrogados por la Brigada Especial de la Policía durante los 60 días que dura el periodo inicial de “investigación” tras la detención.

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las autoridades defienden la Ley de Seguridad Interna como herramienta en la “guerra contra el terror”. Según la información recibida, al menos 80 presuntos islamistas se encuentran detenidos en el campo de detención de Kamunting, la mayoría acusados de tener vínculos con la Sociedad del Islam (Jemaah Islamiyah, JI), red regional presuntamente vinculada a Al Qaeda. Los intentos de que se permita la inspección judicial de los motivos de la detención alegados por las autoridades —mediante la presentación periódica de una petición de hábeas corpus— han sido infructuosos en la mayoría de las ocasiones.

En 2003, la Comisión de Derechos Humanos de Malaisia llevó a cabo un examen general de la Ley de Seguridad Interna y recomendó que fuera revocada y sustituida por una legislación que equilibrase debidamente la seguridad nacional y las preocupaciones en materia de derechos humanos, especialmente mediante la salvaguardia de una vigilancia judicial independiente en vez de la actual Junta Consultiva, cuyas recomendaciones no son vinculantes. Como medidas provisionales inmediatas, la Comisión recomendó, entre otras cosas, que las órdenes de detención se redujeran a tres meses, al cabo de los cuales el detenido debería ser acusado o puesto en libertad. El gobierno aún no ha respondido a las recomendaciones de la Comisión.

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