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18 de septiembre de 1998 - PUBLICACIÓN INMEDIATA

Malasia: ¿una encrucijada para los derechos humanos y el respeto de la ley?

Lo sucedido en Malasia tras la destitución de Anwar Ibrahim como viceprimer ministro el 2 de septiembre de 1998 reafirma la constante preocupación de Amnistía Internacional sobre la imposición de restricciones injustificadas al ejercicio de los derechos humanos fundamentales, en particular al derecho a expresar pacíficamente opiniones sin la amenaza de la detención arbitraria y la reclusión.

Poco después de destituir el primer ministro Mahathir Mohamad a Anwar Ibrahim, la policía anunció públicamente que éste estaba siendo objeto de una investigación criminal por sedición y otros delitos, y presentó ante el Tribunal Superior varias declaraciones juradas, confirmadas por el fiscal general, en las que se mencionaba la presunta participación de Anwar en actos de indecencia sexual, amañamiento de pruebas, soborno y amenaza a la seguridad nacional. Aunque las declaraciones no tenían fundamento y no se ha presentado ningún cargo contra Anwar, el juez concedió permiso para hacer público todo lo que se dice en ellas.

El fiscal general Mohtar Abdullah ha declarado que, sometido a una investigación, Anwar podría ser acusado en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, la Ley de Secretos Oficiales. el Código Penal, la Ley de Protección de Mujeres y Niñas y la Ley de Prevención de la Corrupción. Cinco personas relacionadas con Anwar han sido detenidas. A dos de ellas, el empresario S. Nallakarrupan y el director de periódico Munawar Anees, se les ha aplicado la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención indefinida sin cargos. Amnistía Internacional pide que se las deje en libertad de manera inmediata e incondicional si no se las acusa de ningún delito tipificado en el Código Penal.

Al continuar congregandose grandes multitudes de partidarios de Anwar ante su residencia y durante sus visitas fuera de la capital, la policía ha amenazado también con aplicar la Ley de Policía, que prohíbe las reuniones de más de tres personas sin permiso y prescribe penas de hasta seis meses de cárcel.

Estos sucesos se suman a otros casos destacados de aplicación selectiva de leyes restrictivas y uso indebido de procedimientos judiciales por parte del gobierno, en particular al encarcelamiento del miembro de la oposición parlamentaria Lim Guan Eng, preso de conciencia que se halla cumpliendo ya la cuarta semana de la pena de dieciocho meses de cárcel que le fue impuesta por sedición e impresión de «noticias falsas», y al procesamiento de la defensora de los derechos de la mujer Irene Fernández, acusada de publicar «noticias falsas» sobre los malos tratos infligidos a personas recluidas en campos para trabajadores inmigrantes.

Estos casos han tenido un terrible efecto sobre la libertad de expresión en Malasia al servir a quienes se encuentran en el poder para indicar que el espacio para las opiniones políticas de oposición es limitado y que las penas impuestas por presuntas transgresiones serán severas.

Aunque Amnistía Internacional no está en condiciones de confirmar la verdad de los presuntos delitos de que se acusa Anwar y a las personas relacionas con él, los actos del gobierno han provocado en el seno de la sociedad malasia una reacción hacia el uso indebido que las autoridades del gobierno han hecho, aparentemente por motivos políticos, de instituciones del Estado y de procedimientos judiciales. La naturaleza de las declaraciones y de los actos de la Real Policía de Malasia y de la Fiscalía y el momento en que se han producido han provocado acusaciones de parcialidad política incompartibles con el deber profesional y constitucional de estas instituciones de respetar el principio de igualdad ante la ley.

Un número cada vez mayor de malasios, entre ellos políticos, abogados, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y simples ciudadanos, han destacado que las recientes acciones emprendidas por el gobierno contra Anwar y contra las personas relacionadas con él suponen una amenaza a los derechos de todos los ciudadanos de Malasia.

Amnistía Internacional mantiene bajo observación todo lo que está sucediendo desde la destitución de Anwar e insta a las autoridades a garantizar que la legislación malasia se aplicará en todo momento conforme a los principios básicos de derechos humanos, proclamados en la Constitución malasia y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y no se utilizará indebidamente para detener o encarcelar a personas debido únicamente a la expresión no violenta de sus opiniones políticas.