Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: ASA 31/023/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 149/03

19 de junio de 2003

Nepal: Los refugiados butaneses, sin patria: destacadas ONG mundiales critican el proceso de clasificación

Seis organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos han manifestado hoy, 19 de junio, que el anuncio de los gobiernos de Bután y Nepal de que sólo se permitirá regresar a su país con plenos derechos de ciudadanía a unos cuantos refugiados butaneses podría convertir en apátridas a millares de personas. Los refugiados tendrán sólo 15 días de plazo para apelar contra su inclusión en la categoría a la que hayan sido asignados en el proceso de clasificación que ambos gobiernos están realizando desde marzo de 2001.

En una declaración conjunta, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Mundial Luterana, Refugiados Internacional, el Comité Estadounidense para los Refugiados y el Grupo de Apoyo a los Refugiados Butaneses han pedido a los Estados donantes de ayuda y a los gobiernos de la región que ejerzan presión sobre los gobiernos de Bután y Nepal para que busquen una solución justa y adecuada a esta larga crisis de refugiados.

«Los refugiados butaneses llevan más de una década pidiendo una solución a su difícil situación —ha manifestado Rachael Reilly, asesora de asuntos de refugiados de Human Rights Watch—. Esto no es una solución, sino una completa violación de los derechos de los refugiados.»

Nepal y Bután han publicado hoy los resultados de un proceso piloto de verificación llevado a cabo en un campo de 12.000 refugiados y en el que se ha dividido a éstos en cuatro categorías:

El 2,5 por ciento de los refugiados (sólo 293 personas) están en la Categoría I: ciudadanos butaneses auténticos que tendrán derecho a ser repatriados a Bután.

El 70 por ciento, en la Categoría II: refugiados que «emigraron voluntariamente» de Bután y tendrán que volver a solicitar la ciudadanía butanesa. Aún no se conoce bien el proceso que deberán seguir para reclamar su ciudadanía, tierras y bienes, pero es posible que se determine en conversaciones entre ambos gobiernos en agosto.

El 24 por ciento, en la Categoría III: personas no butanesas cuya solicitud de ciudadanía se ha rechazado y que serán devueltas a sus respectivos países.

El 3 por ciento, a la Categoría IV: personas denominadas «delincuentes», que podrían ser juzgadas en los tribunales butaneses.

Más de 100.000 persons de etnia nepalesa del sur de Bután llevan 12 años viviendo en campos de refugiados del sudeste de Nepal. Están allí desde que les despojaron arbitrariamente de su nacionalidad y las obligaron a huir del país a comienzos de la década de 1990. La situación de estas personas se ha convertido en una de las crisis de refugiados más largas y olvidadas del mundo.

«Esta decisión puede ser entendida por otros gobiernos como una señal de que es admisible en términos legales privar arbitrariamente de su nacionalidad a todo un grupo étnico, expulsarlo de su país y negarse a aceptar que regrese —ha dicho Ingrid Massage, directora interina del Programa Regional para Asia y Oceanía del Amnistía Internacional—. Los países donantes de ayuda a Bután no deben dar el visto bueno a un proceso que puede convertir en apátridas a decenas de miles de personas.»

Las ONG firmantes de la declaración han criticado el tiempo que han tardado ambos gobiernos en completar el proceso de verificación en el campo de Khudunabari y la ausencia absoluta de transparencia u observación internacional. Aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) administra los campos de refugiados butaneses desde el comienzo de la crisis en 1991, ambos gobiernos lo han excluido sistemáticamente del proceso de determinación de la condición de refugiado y repatriación.

Las ONG han criticado los resultados de la verificación y han afirmado que las cuatro categorías establecidas tienen graves fallos. Cabe la posibilidad de que los refugiados cuya solicitud de la ciudadanía butanesa ha sido rechazada fueran despojados arbitrariamente de su nacionalidad antes de ser obligados a huir de Bután debido a la naturaleza discriminatoria de la legislación sobre ciudadanía del país y a su aplicación. Además, muchos de los refugiados incluidos en la categoría de personas que emigraron voluntariamente de Bután se vieron en realidad obligados a firmar certificados de «emigración voluntaria» antes de ser expulsados del país. Por último, los refugiados considerados «delincuentes» en el proceso de clasificación probablemente fueran activistas políticos partidarios de la democracia que estarán expuestos a ser sometidos a un juicio injusto y carecerán de las medias de protección del debido proceso si son devueltos a Bután.

El grupo de ONG ha manifestado que los refugiados butaneses han de tener acceso a un proceso de apelación completo, justo e imparcial, con tiempo suficiente para preparar sus argumentos y con acceso a servicios independientes de asesoramiento. Según lo dispuesto actualmente, dispondrán de sólo 15 días para apelar contra su inclusión en la categoría que les haya correspondido, deberán hacerlo ante las mismas autoridades que les han asignado a ella y sólo podrán hacerlo aportando nuevas pruebas documentales. La ONG han expresado honda preocupación por los grandes obstáculos que encontrarán el gran número de refugiados que se ven obligados a solicitar de nuevo su ciudadanía, debido los onerosos requisitos impuestos para ello por Bután y a las arbitrarias disposiciones de su legislación sobre ciudadanía.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Mundial Luterana, Refugiados Internacional, el Comité Estadounidense para los Refugiados y el Grupo de Apoyo a los Refugiados Butaneses piden a los Estados donantes de ayuda y a los gobiernos de la región que aumenten la presión sobre los gobiernos de Bután y Nepal a fin de que:

pidan al ACNUR que les ayude a facilitar y monitorizar el proceso de verificación y repatriación;

creen un proceso justo e independiente de apelación, en el que los refugiados tengan tiempo suficiente para interponer su recurso ante un tercero que sea imparcial;

respeten los derecho de los refugiados butaneses, incluido su derecho a regresar a su país y a no verse convertidos en apátridas.

«El mundo lleva demasiado tiempo sin acordarse de los refugiados butaneses —ha manifestado Peter Prove, auxiliar del secretario general de la Federación Mundial Luterana—. Los gobiernos de Bután y Nepal no han encontrado una solución viable, por lo que ahora debe intervenir la comunidad internacional y pedir que se respeten los derechos de los refugiados.»

Si desean más información, pónganse en contacto con:

En Nueva York, Rachael Reilly, de Human Rights Watch:

+1-212-216-1208 (oficina) ó 1-917-531-5651 (móvil).

En Washington D.C., Kenneth F. Bacon, de Refugiados Internacional (Refugees International): +1-202-828-0110.

En Washington D.C., Hiram Ruiz, del Comité Estadounidense para los Refugiados (U.S. Committee for Refugees): +1-202-347-3507 ó +1-202-494-7790 (noche).

En Londres, Magda Wendorff-Kowalczuk, Amnistía Internacional: +44-207-413-5729 ó +44-7778-472-173.

En Ginebra, Peter Prove, de la Federación Mundial Luterana: +41-22-791-6364/ 41-78-757-6749 (móvil).

En Dublín, Mary Coghlan, del Grupo de Apoyo a los Refugiados Butaneses (Bhutanese Refugee Support Group): +353-87-648-0575 (móvil) ó +353-1-882-7889.

Documento público

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.