AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: ASA 31/060/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 247/03

28 de octubre de 2003

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA310602003

Nepal/Bután: Las conversaciones bilaterales no resuelven la crisis de los refugiados. La comunidad internacional debe emprender una acción concertada

(Nueva York/Londres, 28 de octubre de 2003) – La última ronda de conversaciones entre los gobiernos de Bután y Nepal para resolver la crisis de los refugiados butaneses no ha alcanzado ninguna solución, según ha declarado una coalición compuesta por cinco destacadas organizaciones no gubernamentales. Los países donantes deben convocar una conferencia internacional para buscar una solución a esta larga crisis.

Los dos gobiernos anunciaron las conversaciones bilaterales, celebradas la semana pasada en la capital de Bután, Timbu, calificándolas de “avance histórico”.

“Estas conversaciones entre Nepal y Bután no han sido ni históricas ni un avance”, ha declarado Rachael Reilly, asesora de política sobre refugiados de Human Rights Watch. "Las conversaciones bilaterales han hecho caso omiso de los motivos de preocupación de la comunidad internacional y no han dado solución a la situación de los refugiados butaneses en Nepal. Los países donantes deben insistir en la plena participación de la comunidad internacional para resolver la crisis de los refugiados”.

La coalición de ONG (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Luterana Mundial, la Coalición Internacional para el Hábitat y el Grupo de Apoyo para los Refugiados Butaneses) ha pedido a los donantes que convoquen urgentemente una conferencia internacional en la que participen los gobiernos de los dos países, representantes de los refugiados, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros órganos pertinentes de la ONU, para hallar una solución completa y justa a la crisis de los refugiados, que dura ya 12 años.

Más de 100.000 refugiados butaneses (aproximadamente una sexta parte de la población de Bután) llevan viviendo en campos en el sureste de Nepal desde principios de la década de 1990, cuando fueron privados arbitrariamente de su nacionalidad y expulsados de Bután, en una de las expulsiones étnicas más grandes de la historia contemporánea.

Tras años de estancamiento, en marzo del 2001 los gobiernos de Bután y Nepal acordaron realizar un estudio piloto sobre los refugiados del campo de Khudunabari, que alberga a 12.000 personas, para determinar su identidad y su idoneidad para regresar a Bután. Se dividió a los refugiados en cuatro categorías:

• categoría I: ciudadanos butaneses auténticos (sólo un 2,5 por ciento de los refugiados);

• categoría II: refugiados que emigraron de forma supuestamente “voluntaria” de Bután (un 70 por ciento de los refugiados);

• categoría III: personas de nacionalidad no butanesa (24 por ciento de los refugiados);

• categoría IV: refugiados que han cometido actos “delictivos”, incluidos aquellos que han participado en supuestas activididades “antinacionales” en favor de la democracia en Bután (un 3 por ciento de los refugiados).

En agosto, un grupo de representantes de ONG visitó el campo de Khudunabari como parte de una delegación internacional que visitó Nepal e India. La delegación manifestó honda preocupación por los defectos en el proceso seguido para llevar a cabo este estudio, ya que excluye al ACNUR, no cumple las normas internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados, y amenaza con convertir en apátridas a decenas de miles de refugiados.

La delegación identificó también los motivos principales de preocupación de los refugiados sobre la repatriación a Bután. Entre las cuestiones que más les preocupaban se encontraban que se garantizara su seguridad, que se les concedieran plenos derechos como ciudadanos y que se les brindara la posibilidad de recuperar sus casas y sus bienes. Según dijeron las ONG, en la última ronda de conversaciones no se abordó ninguna de estas condiciones.

Las ONG confiaban en que la ronda número 15 de conversaciones bilaterales diera respuesta a algunos de los motivos de preocupación más importantes respecto al estudio que se estaba llevando a cabo sobre los refugiados butaneses y respecto a los planes para su repatriación.

En lugar de eso, las ONG señalaron los siguientes defectos en el resultado de las conversaciones:

• los dos gobiernos han rechazado los enérgicos llamamientos de la comunidad internacional para que en el proceso de estudio y repatriación participara una tercera parte independiente, preferiblemente el ACNUR;

• el gobierno butanés reiteró su postura (anunciada en la ronda de conversaciones número 14, celebrada en mayo) de permitir el regreso a los refugiados de las categorías I, II y IV. Sin embargo, las conversaciones no aclararon en qué condiciones se readmitiría a los refugiados;

• el gobierno butanés afirmó que los refugiados de la categoría II tendrían que volver a pedir la ciudadanía en Bután después de un periodo de prueba de al menos dos años, pese a que la mayoría de ellos fueron obligados a firmar los llamados “formularios de migración voluntaria” al abandonar Bután. La estricta y discriminatoria legislación sobre ciudadanía de Bután, que incluye el requisito de que todos los solicitantes hablen con fluidez la lengua del norte de Bután (el dzong-ka), podría excluir de la recuperación de la ciudadanía a muchos refugiados del sur del país;

• el gobierno de Nepal repitió su oferta de ciudadanía a los refugiados de la categoría II, los emigrantes supuestamente “voluntarios”, que decidieran no regresar a Bután. Sin embargo, la creciente inseguridad e inestabilidad de Nepal hace dudar de la viabilidad de esta oferta;

• los refugiados de la categoría IV, incluidos los que participaron en actividades pacíficas en favor de la democracia, tendrían que someterse a juicio en Bután si regresaban, pese a que en este país no existen garantías de juicio justo o de proceso debido;

• las conversaciones no ofrecieron ninguna garantía de que los refugiados pudieran recuperar sus casas y sus bienes o gozar de medidas de protección de sus derechos humanos fundamentales o de pleno acceso a los servicios sociales, incluida la educación, pese a que todas estas condiciones son esenciales para lograr un regreso sostenible;

• los gobiernos acordaron que el estudio continuaría en un segundo campo (el de Sanischare), sin dar garantías de que se abordarían las graves anomalías y deficiencias del proceso. La decisión de continuar con el estudio campo por campo en los otros seis campos demorará aún más el proceso. Se tardó más de dos años en completar el estudio del campo de Khudunabari;

• los gobiernos establecieron un plazo límite hasta enero del 2004 para examinar las solicitudes de los refugiados de la categoría III, pero no abordaron la honda preocupación de la comunidad internacional respecto a los defectos del proceso de apelación, defectos que incluían la ausencia de una tercera parte independiente que estudiara las apelaciones, la falta de transparencia en los criterios de selección y el plazo extremadamente corto para apelar.

“Los dos gobiernos parecen decididos a repetir todos los errores del estudio inicial del campo de Khudunabari", ha manifestado Peter Prove, asistente del secretario general de la Federación Luterana Mundial. “No se ha abordado adecuadamente ninguno de los temores de los refugiados, y el proceso puede demorarse años, prolongando el sufrimiento de los refugiados.”

En una decisión criticada por las ONG, el ACNUR anunció este mismo mes de octubre que, en ausencia de una solución justa y duradera por parte de Nepal y Bután, iría retirando progresivamente la ayuda a los campos de refugiados.

Las ONG pidieron a los donantes que aplicaran una nueva presión sobre Nepal y Bután y que insistieran en que los dos gobiernos debían proteger los derechos de los refugiados y permitir al ACNUR vigilar el proceso de repatriación.

“Los gobiernos donantes han ofrecido durante demasiado tiempo un apoyo tácito al proceso bilateral entre Nepal y Bután", ha declarado Eve Lester, coordinadora de refugiados de Amnistía Internacional. “Ahora deben reconocer que esta estrategia ha fracasado y que son necesarios esfuerzos internacionales para hallar una solución completa al problema de los refugiados.”

Si desean más información, pónganse en contacto con:

En Londres, Magda Wendorff-Kowalczuk, Amnistía Internacional: +44 20 7413 5729/ + 44 7778 472 173 (móvil)

En Ginebra, Peter Prove, Federación Luterana Mundial: + 41 22 791 6364/ 41 78 757 6749 (móvil)

En Nueva York, Rory Mungoven, Human Rights Watch: + 1 917 497 9704

En Nueva Delhi, Malavika Vartak, Coalición Internacional para el Hábitat: + 91 11 2435 8492 (oficina)/ + 91 11 3590 0378 (móvil)

Documento público

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