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ÍNDICE AI: ASA 33/04/96/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 15:00 HORAS GMT DEL 23 DE MAYO DE 1996

EL GOBIERNO DE PAQUISTÁN NO PASA DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Islamabad ─ Una delegación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha concluido hoy una ronda de conversaciones de alto nivel con ministros y otras autoridades del gobierno, así como con parlamentarios y autoridades judiciales, sobre los motivos de preocupación de la organización referidos a Paquistán.

Amnistía Internacional había tomado nota de las numerosas declaraciones positivas que el gobierno de Paquistán había formulado en relación con su compromiso de mejorar la protección y el fomento de los derechos humanos en el país. Lamentablemente, sin embargo, la delegación ha llegado a la conclusión de que esta retórica no se ajusta a la realidad que pudo comprobar sobre el terreno.

La delegación reconoció que el gobierno había adoptado con buena voluntad algunas medidas para reforzar las salvaguardias y mejorar la legislación con el fin de acabar con las violaciones de los derechos humanos. Entre esas medidas figuran la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la abolición parcial de la pena de flagelación y la propuesta abolición de la pena de muerte para los menores de dieciséis años.

Sin embargo, la delegación quedó sorprendida ante la complacencia con que ministros y autoridades gubernamentales reconocían que la práctica de la tortura forma parte de la vida diaria de Paquistán. En sus conversaciones con el gobierno, la delegación documentó casos de tortura, violación y muerte bajo custodia policial ocurridos en todo el país. La delegación planteó también sus motivos de preocupación sobre las ejecuciones extrajudiciales que se siguen perpetrando por todo Paquistán.

Pocos fueron los signos que detectó la delegación sobre una sincera voluntad política de atajar estos perniciosos y generalizados problemas desde su raíz, es decir, la impunidad de los perpetradores. A pesar del compromiso declarado del gobierno de procesar a toda autoridad hallada responsable de delitos como la tortura, hasta donde ha llegado a saber Amnistía Internacional, prácticamente nadie ha sido condenado por esos crímenes. La delegación ha subrayado que las medidas disciplinarias de carácter administrativo, como las destituciones, degradaciones y traslados, no son suficientes. Los delitos de carácter penal requieren castigos penales. Hasta que no se constate que se hace justicia de este modo no se logrará romper el ciclo de la impunidad.

La delegación proporcionó a los ministros del gobierno información sobre 127 casos de ejecución extrajudicial y muerte bajo custodia registrados en el periodo comprendido entre el mes de enero de 1995 y las fechas en que realizaba su visita. La delegación recibió con agrado la promesa del gobierno de proporcionar comentarios por escrito sobre la situación de las investigaciones de todos y cada uno de esos casos. Sin embargo, la delegación advirtió que Amnistía Internacional sólo había recibido respuesta sobre siete de los 120 casos que había planteado al gobierno el año pasado, y que la mayoría de ellas no habían sido ni satisfactorias ni convincentes.

La delegación expresó su preocupación por la continuada utilización de la legislación que permite presentar cargos contra personas a causa de la práctica no violenta de sus creencias religiosas. En algunos de estos casos, el propio gobierno se había presentado como demandante. Amnistía Internacional considera que toda persona detenida en aplicación de esa legislación es presa de conciencia y que por ello debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional.

La delegación manifestó su disgusto por el generalizado apoyo de que goza la pena de muerte entre los miembros del gobierno, partidos de la oposición y profesionales de la justicia. La delegación presionó para que se aboliera la pena de muerte, si no en la legislación, sí al menos en la práctica.

Dado el manifiesto abismo existente entre las palabras y los hechos, Amnistía Internacional insta al gobierno de Paquistán a que muestre su buena voluntad:

∙poniendo fin a la impunidad de que gozan quienes violan los derechos humanos de forma sistemática mediante la investigación, procesamiento y condena de todos los perpetradores de esos abusos;

∙adoptando sin demora medidas para hacer que la legislación paquistaní se ajuste en su conjunto a los requisitos de la recientemente ratificada Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

∙fortaleciendo y aplicando salvaguardias sustantivas que eviten el uso indebido de las leyes relativas a la blasfemia, y adoptando también medidas para proteger a los intergrantes de los grupos minoritarios;

∙garantizando el escrupuloso cumplimiento de todas las salvaguardias jurídicas en relación con el arresto y la detención de presos políticos;

∙aprobando, como primera medida hacia la abolición total de la pena de muerte, una moratoria sobre todas las ejecuciones, y reduciendo el número de delitos punibles con este castigo;

∙ratificando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, empezando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.

La delegación estuvo integrada por el secretario general adjunto de Amnistía Internacional, Hervé Berger, por el director del Programa Regional para Asia y Oceanía, Rory Mungoven, y por la investigadora de Paquistán, doctora Angelika Pathak. En Islamabad, la delegación se reunió con el presidente del Tribunal Supremo, Sajjad Ali Shah, el ministro de Interior, Naseerullah Babar, el ministro de Justicia, N D Khan, el senador encargado de los asuntos relacionados con los derechos humanos, Iqbal Haider, el fiscal general, Kazi Jamil, miembros del Comité Permanente del Senado para los Derechos Humanos, los secretarios de Asuntos Exteriores, del Departamento de la Mujer, las Minorías y Asuntos Religiosos, el comandante de la Academia de la Policía Nacional de Paquistán y el Jefe de la Autoridad Federal de Investigaciones, así como con miembros de la Asociación Profesional de Magistrados del Tribunal Supremo.

Los integrantes de la delegación de Amnistía Internacional lamentaron que la primera ministra, Benazir Bhutto, no pudiera recibirlos a causa de problemas de tiempo, dado el compromiso declarado de la primera ministra en favor de los derechos humanos. Con anterioridad a la visita realizada a Islamabad, la delegación se había reunido en Lahore con partidos de la oposición, con organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos y con representantes de grupos minoritarios.

Antes de su viaje a Paquistán, la delegación se había entrevistado en Londres con miembros de la dirección del Movimiento Nacional Mohajir (Mohajir Qaumi Mahaz [Altaf] - MQM) para expresarles su profunda preocupación por los abusos contra los derechos humanos cometidos por los seguidores de esa organización, entre ellos la toma de rehenes, la tortura y los homicidios arbitrarios. La delegación solicitó al Movimiento Nacional Mohajir, y a todos los grupos armados, que adoptaran medidas para que se garantice el cumplimiento de las normas básicas de la legislación humanitaria internacional en su lucha por sus objetivos políticos.

En sus entrevistas tanto con el gobierno como con los partidos de la oposición, la delegación instó a que se pusiera fin al ciclo de represalias políticas que desde tanto tiempo lleva arruinando la vida política paquistaní y que ha hecho que todas y cada una de las partes hayan utilizado indebidamente la ley contra los opositores políticos. La delegación exhortó a todas las partes a que aportaran contribuciones constructivas para debatir las reformas que se precisan en materia de los derechos humanos, y a que propusieran programas positivos sobre esos derechos.