Servicio de Noticias 235/96

ÍNDICE AI: ASA 34/05/96/s

6 DE DICIEMBRE DE 1996

PAPÚA-NUEVA GUINEA: EL GOBIERNO VUELVE A CALLAR ANTE LOS ÚLTIMOS HOMICIDIOS EN LA ISLA DE BOUGAINVILLE

Según ha afirmado hoy Amnistía Internacional, el gobierno de Papúa-Nueva Guinea ha vuelto a responder con un sonoro silencio a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en la isla de Bougainville, esta vez tras conocerse informes de que las fuerzas de seguridad volvieron a matar a civiles la semana pasada.

«El gobierno nunca ha reaccionado como debía ante los homicidios, las “desapariciones” y las torturas que han cometido sus fuerzas durante los ocho años que dura el conflicto», ha afirmado la organización.

«La pasividad del gobierno ha permitido a las fuerzas de seguridad seguir perpetrando violaciones graves de derechos humanos, ya que saben que es improbable que un día se les haga responder de sus actos.»

En el último ejemplo de homicidios de civiles a manos de la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea y las Fuerzas de Resistencia (grupo paramilitar respaldado por el gobierno), nueve civiles resultaron muertos y cinco heridos en un ataque de mortero que la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea dirigió contra una iglesia de Malapita, en el sur de Bougainville. Amnistía Internacional cree que estas muertes son homicidios indiscriminados cuyo responsable es la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea.

Según las informaciones aparecidas en varias publicaciones, entre ellas el periódico Australian, el mortero cayó en la iglesia durante unas oraciones matinales, y se cree que todos los que murieron eran civiles. El ataque se produjo en una zona bajo control del grupo armado independentista Ejército Revolucionario de Bougainville, pero, al parecer, no había ningún objetivo militar cerca de la iglesia.

El jefe de estado mayor de la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea, coronel Jack Tuat, refiriéndose a estas informaciones, no se comprometió a investigar el suceso y no parece que se haya producido ninguna reacción por parte del gobierno. La verificación de las verdaderas circunstancias del ataque se ha visto obstaculizada por la imposibilidad de acceso para los observadores independientes.

«A menos que las autoridades autoricen a observadores independientes de derechos humanos a visitar Bougainville y a menos que se establezcan mecanismos para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y se exijan responsabilidades a los autores de los abusos, los habitantes de Bougainville seguirán estando indefensos ante nuevos homicidios, “desapariciones”, detenciones arbitrarias y malos tratos», ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante todo el conflicto, las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y los abusos del grupo armado independentista Ejército Revolucionario de Bougainville se han visto facilitados por la ausencia de observadores nacionales e internacionales, ya que se ha prohibido la entrada en la isla a periodistas y observadores de derechos humanos. Y ello a pesar de que el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y recomendó un mayor acceso a la isla.

Con una sola excepción, el gobierno no ha actuado ante las decenas de informes sobre homicidios extrajudiciales y «desapariciones» conocidos durante los dos últimos años. No se ha investigado ni procesado a ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad sobre los que pesan denuncias de violaciones de derechos humanos, y muchos siguen estacionados en la isla.

En noviembre, en una iniciativa sin precedentes, el gobierno de Papúa-Nueva Guinea invitó a un juez de Sri Lanka a realizar una investigación sobre la muerte de un ex primer ministro de Bougainville, Theodore Miriung, ocurrida en octubre. La semana pasada, el juez dio a conocer sus conclusiones preliminares, que atribuían la responsabilidad del homicidio a soldados de la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea y miembros de las Fuerzas de Resistencia.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la disposición del gobierno a establecer una investigación independiente sobre la muerte de Theodore Miriung, pero el comportamiento de las autoridades tras las conclusiones preliminares no parece indicar que esta investigación refleje un cambio real de la política del gobierno encaminado a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Bougainville.

Los soldados que presuntamente participaron en el homicidio siguen estacionados en la zona donde murió Theodore Miriung, pese a que en los resultados de la investigación se recomendaba su retirada.

«Toda intento de seguir investigando el homicidio de Theodore Miriung será sin duda obstaculizado por la presencia de los soldados que presuntamente participaron en los hechos —ha manifestado Amnistía Internacional—. La unidad del ejército implicada en este delito ha de ser retirada de la zona, para que los testigos presenciales puedan proporcionar información a los investigadores con mayor libertad.»

----------------------------------------------------------------------------------------

Si quieren más información o concertar una entrevista, llamen al encargado de Prensa de Amnistía Internacional al número de teléfono móvil: 0468-670247 (o +44 468-670247 si llaman desde fuera del Reino Unido).

Si desean más información, pónganse en contacto con Susan Kobrin 0171 814 6238 / Correo electrónico: skobrin@amnesty.org.uk o Amanda Barnes 0171 814 6239, fuera del horario de trabajo: 0421 398 984. Correo electrónico: abarnes@amnesty.org.uk. Internet: URL http://www.oneworld.org/amnesty