18 de octubre de 2001

Índice AI: ASA 35/005/2001/s

Servicio de Noticias 184/01

Filipinas: Salta la alarma por los derechos humanos con el anuncio de la presidenta de un cambio radical de postura sobre la pena de muerte

Esta semana, en un cambio rotundo de postura, la presidenta Arroyo ha renunciado a su posición anterior contra la pena de muerte. Amnistía Internacional ha afirmado hoy, en respuesta al llamamiento de la presidenta en favor de la ejecución de los secuestradores convictos, que «ejecutar a personas no resolverá el aumento de delitos como el secuestro y el tráfico de drogas».

«La pena de muerte no es sino un castigo brutal e injusto que siempre comporta el peligro de acabar con la vida de personas inocentes. En Filipinas el peligro es aún mayor debido a la falta de protección de los detenidos durante el interrogatorio. Muchos de los condenados a muerte fueron recluidos en régimen de incomunicación, torturados para que confesaran y juzgados sin las debidas garantías» ha declarado Amnistía Internacional.

La presidenta Arroyo ha afirmado además que desea revocar anteriores decisiones presidenciales de conmutar sentencias de muerte. También está estudiando la posibilidad de ejecutar a narcotraficantes convictos y a las personas declaradas culpables de delitos económicos. Según la información recibida, la Corte Suprema no ha revisado todavía las condenas de muerte impuestas a más de 90 secuestradores convictos, mientras que hace poco se han ratificado las sentencias dictadas contra dos presos.

Amnistía Internacional reconoce la necesidad urgente de combatir un grave problema de orden público en Filipinas, y ha expresado su solidaridad con las víctimas de los secuestros, pero ha advertido que nunca se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio mayor que otras sanciones.

Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte. Si las autoridades filipinas dieran rienda suelta a una avalancha de ejecuciones, no sólo estarían pisoteando el derecho a la vida, uno de los derechos humanos elementales, sino que además irían en contra de la tendencia de la opinión pública mundial.

Amnistía Internacional ha pedido a la presidenta que no reanude las ejecuciones y que estudie medidas más eficaces para combatir la delincuencia.

Información general

Las ejecuciones se reanudaron en Filipinas en febrero de 1999, después de 23 años de suspensión. Siete personas fueron ejecutadas mediante inyección letal antes de declarar el ex presidente Estrada una suspensión de las ejecuciones en el 2000 con motivo del año jubilar cristiano. En marzo del 2001, la presidenta Arroyo, recién estrenada en el cargo, anunció que no iba a apoyar que se llevaran a cabo ejecuciones. Esta postura fue acogida con satisfacción por Amnistía Internacional, grupos nacionales de derechos humanos y la iglesia católica. Parece ser que el cambio radical de postura expresado esta semana ha estado impulsado por los grupos de presión contra la delincuencia y por la preocupación de que el alto índice de secuestros repercuta negativamente sobre las inversiones empresariales y económicas en el país.

Se cree que Filipinas tiene la población de condenados a muerte más numerosa del mundo, con más de 1.500 presos condenados a muerte. La mayoría son individuos pobres y con escasa educación que no pueden costearse los servicios del mejor abogado para defender su causa.

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Documento público

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