PÚBLICO

Índice AI: ASA 35/007/2002/s

EXTRA 63/02

Ejecución inminente

14 de agosto de 2002

FILIPINAS

Rolando Pagdayawon, ex agente de policía

La ejecución de Rolando Pagdayawon ha sido fijada para el 30 de agosto. Declarado culpable de violar a la hija de nueve años de la mujer con quien vivía, la suya es la tercera fecha de ejecución que se fija en Filipinas en lo que va de mes.

Otros dos hombres, Alfredo Nardo y Filemon Serrano, han sido condenados a morir mediante inyección letal, los dos también por violar a sus hijas. La presidenta Macapagal Arroyo puede conmutar las tres condenas por penas de prisión. Si las ejecuciones se llevan a cabo, serán las primeras desde hace más de dos años y señalarán el final de una suspensión de hecho.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ambos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pena capital es intrínsecamente injusta y arbitraria, no importa lo atroz que sea el delito por el que se aplica. Se ha demostrado que hay más probabilidades de que se imponga a personas más pobres, con menos formación y más vulnerables que la media. El riesgo de error al aplicarla es inevitable y, sin embargo, el castigo es irrevocable. Aunque Amnistía Internacional reconoce la necesidad de luchar contra los delitos violentos, no hay indicios fiables de que su efecto disuasivo sobre el delito sea mayor que el de otros castigos.

INFORMACIÓN GENERAL

Existe una suspensión de hecho desde que el ex presidente Joseph Estrada anunció que se suspenderían las ejecuciones para conmemorar el Año Jubilar Cristiano en 2000. Cuando la presidenta Macapagal Arroyo llegó al poder, al parecer afirmó que no apoyaría ninguna ejecución. Pero las presiones de los grupos contra la delincuencia hicieron que más tarde anunciara que había cambiado de opinión y afirmara estar convencida de que los culpables de secuestro debían ser ejecutados.

Según el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita (GALG), destacada organización de abogados de derechos humanos, en junio había 1.007 presos en espera de ejecución en la prisión de New Bilibid y en la cárcel de mujeres. Este año pueden ser ejecutados 20 presos cuyas condenas han sido confirmadas por la Corte Suprema. La mayoría fueron condenados por violación, dos por secuestro con petición de rescate y otros dos por homicidio.

La pena de muerte se reintrodujo a finales de 1993 para una amplia variedad de delitos: violación, asesinato, secuestro, delitos relacionados con drogas, traición, piratería y soborno. Las ejecuciones se reanudaron en 1999 después de 23 años. Entre 1999 y 2000 fueron ejecutadas siete personas mediante inyección letal. A Amnistía Internacional le preocupan mucho los graves errores del sistema de justicia penal filipino. Es habitual la tortura y los malos tratos de los presos para obligarlos a confesar, lo cual aumenta el riesgo de errores judiciales. A los sospechosos se les suele negar el acceso a asistencia letrada durante largos periodos, y los juicios distan mucho de cumplir las normas internacionales de garantías procesales.

Recientemente en el Congreso ha habido una tendencia hacia la abolición de la pena de muerte. En mayo, los comités sobre Revisión de Leyes y Derechos Civiles, Políticos y Humanos aprobaron proyectos de ley abolicionistas. El Senado está estudiando en estos momentos un proyecto de ley similar.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- instando a la presidenta a que conmute la pena de muerte dictada contra Rolando Pagdayawon;

- expresando su oposición incondicional a la pena de muerte como violación de uno de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la vida;

- expresando su solidaridad con las víctimas de violación, pero señalando que la pena de muerte nunca ha demostrado tener un especial efecto disuasorio y embrutece a todos los implicados en su aplicación;

- expresando su preocupación por los graves defectos del sistema de justicia penal filipino, como el uso de la tortura, la falta de acceso a asistencia letrada y los juicios injustos, todo lo cual incrementa el riesgo de ejecutar a personas inocentes;

- instando a la presidenta a que conceda el indulto al resto de los presos que actualmente esperan la ejecución y que apoye los actuales pasos del Congreso hacia la abolición de la pena de muerte.

LLAMAMIENTOS A: (Tengan en cuenta que a veces es difícil comunicar por fax.)

Presidenta

President Gloria Macapagal-Arroyo

Malacañang Palace

J.P. Laurel St

San Miguel 1005

Manila

Filipinas

Telegramas: President Macapagal-Arroyo, Manila, Filipinas

Fax: + 63 2 736 1010 / 832 3793

Tratamiento: Dear President Macapagal-Arroyo / Señora Presidenta

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Secretario de Justicia

Secretary Hernando Perez

Department of Justice

Padre Faura, Ermita, Manila

Filipinas

Fax: + 63 2 521 1614

y a los representantes diplomáticos de Filipinas acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.