PÚBLICO Índice AI: ASA 36/001/2007

19 de enero de 2007

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 90/06 (ASA 36/003/2006, del 13 de abril de 2006) – Pena de muerte y nueva preocupación: Ejecución inminente

SINGAPUR Iwuchukwu Amara Tochi, de 21 años, ciudadano nigeriano

Okele Nelson Malachy, de 33 años, según los informes originario de Sudáfrica

La ejecución en la horca de Iwuchukwu Amara Tochi está prevista para el 26 de enero.

Iwuchukwu Amara Tochi fue detenido en el aeropuerto de Changi el 27 de noviembre de 2004 y acusado, en aplicación de la Ley sobre el Abuso de Drogas, de transportar 727,02 gramos de heroína a Singapur. La ley dispone la pena de muerte preceptiva para toda persona declarada culpable de traficar con más de 15 gramos de heroína.

El juez que condenó a Tochi parece haber aceptado que tal vez éste no se dio cuenta de que la sustancia que llevaba era heroína. En la sentencia se afirma: "No hubo pruebas directas de que [el acusado] supiera que las cápsulas contuvieran diamorfina [heroína]. Nada hacía pensar que Smith (el hombre que dio a Tochi las píldoras para que las transportara) le hubiera dicho que contenían diamorfina, o que [el acusado] lo hubiera averiguado por sí mismo".

El Tribunal de Apelación desestimó el 16 de marzo de 2006 el recurso presentado por Tochi contra su condena a muerte. Según los informes, el presidente ha rechazado la petición de indulto.

Okele Nelson Malachy, condenado en el mismo caso, aún no tiene fijada fecha de ejecución.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Por lo general en Singapur la opinión pública debate muy poco la cuestión de la pena de muerte, en parte como consecuencia de los estrictos controles gubernamentales sobre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. En su informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fechado el 24 de marzo de 2006, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, señaló:

"Las medidas tomadas por el gobierno de Singapur sugieren la intención de suprimir el debate público sobre la pena de muerte en el país. Por ejemplo, en abril de 2005 el gobierno negó el permiso para que un delegado de Amnistía Internacional hablara en una conferencia sobre la pena capital organizada por dirigentes políticos de oposición y activistas de derechos humanos [...] Si la opinión pública es verdaderamente importante para un país, lo lógico sería que el gobierno facilitara el acceso a la información pertinente para que esta opinión sea lo más informada posible [...]". [Traducción de EDAI]

El relator ha pedido en anteriores ocasiones que se suprima la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, argumentando que su carácter preceptivo viola las normas internacionales. Sin embargo, tras una campaña nacional e internacional solicitando el indulto para Shanmugam s/o Murugesu y Van Tuong Nguyen, ambos condenados a muerte por delitos relacionados con drogas, los activistas de Singapur afirman que el debate de 2005 fue posiblemente el más importante en cuarenta años (véanse AU 104/05, ASA 36/001/2005, del 29 de abril de 2005, y AU 279/05, ASA 36/003/2005, del 24 de octubre de 2005).

Singapur, con una población de poco más de cuatro millones de habitantes, tiene la mayor tasa per cápita de ejecuciones del mundo. Más de 420 personas han sido ejecutadas desde 1991, la mayoría por tráfico de drogas. La Ley sobre el Abuso de Drogas dispone que la pena capital sea preceptiva para al menos 20 delitos, y contiene una serie de presunciones que hacen que el peso de la prueba recaiga sobre el acusado, no sobre la acusación. El gobierno de Singapur siempre ha sostenido que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por ser una violación de uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida. La pena capital es el más cruel, inhumano y degradante de los castigos, y su riesgo de error, que es inevitable, puede llevar a ejecutar a un inocente.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a que reconsideren la posibilidad de conceder el indulto en el caso de Iwuchukwu Amara Tochi, y conmutar su condena a muerte;

- instando a las autoridades a que declaren la suspensión de las ejecuciones con vistas a su completa abolición, en consonancia con la resolución adoptada en abril de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte;

- señalando que la Comisión ha instado a los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte en su legislación a que ésta no sea preceptiva ni se imponga en el caso de delitos que no tengan consecuencias letales o extremadamente graves.

LLAMAMIENTOS A

Primer Ministro

LEE Hsien Loong

Prime Minister’s Office

Istana, Orchard Rd

Singapur 238823

Fax: +65 6332 8983

Correo e: lee_hsien_loong@pmo.gov.sg

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Ministro de Justicia

Prof. S. Jayakumar

Ministry of Law

100 High Street

The Treasury #08-02

Singapur 179434

Fax: +65 6332 8842

Correo e: jayakumar_s@mfa.gov.sg

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Fiscal General

Chan Sek Keong

Attorney General's Chambers

1 Coleman Street #10-00

Singapur 179803

Fax: +65 6332 5984

Correo e: agc@agc.gov.sg

Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General

COPIA A:Los representantes diplomáticos de Singapur acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de enero de 2007.********