PÚBLICO Índice AI: ASA 36/003/2006

AU 90/06 Pena de muerte 13 de abril de 2006

SINGAPUR Iwuchukwu Amara Tochi, de 19 años, ciudadano nigeriano

Okele Nelson Malachy, de 33 años, según los informes originario de Sudáfrica

El Tribunal de Apelación rechazó el 16 de marzo el recurso presentado por Iwuchukwu Amara Tochi y Okele Nelson Malachy contra la condena a muerte preceptiva que se les impuso. Ahora su única esperanza es que el presidente les conceda el indulto.

Ambos hombres fueron detenidos en el aeropuerto de Changi el 27 de noviembre de 2004 acusados de transportar 727,02 gramos de heroína a Singapur. Fueron condenados en aplicación de la Ley sobre el Abuso de Drogas, que dispone la pena de muerte preceptiva para toda aquella persona declarada culpable de traficar con más de 15 gramos de heroína.

Iwuchukwu Amara Tochi fue el primero en ser detenido tras registrarse su equipaje y durante la subsiguiente investigación policial implicó a Okele Nelson Malachy, que según los informes no posee documentación que acredite su actual ciudadanía.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Por lo general en Singapur la opinión pública debate muy poco la cuestión de la pena de muerte, en parte como consecuencia de los estrictos controles gubernamentales sobre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. En su informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fechado el 24 de marzo de 2006, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, señaló:

“Las medidas tomadas por el gobierno de Singapur sugieren la intención de suprimir el debate público sobre la pena de muerte en el país. Por ejemplo, en abril de 2005 el gobierno negó el permiso para que un delegado de Amnistía Internacional hablara en una conferencia sobre la pena capital organizada por dirigentes políticos de oposición y activistas de derechos humanos [...] Si la opinión pública es verdaderamente importante para un país, lo lógico sería que el gobierno facilitara el acceso a la información pertinente para que esta opinión sea lo más informada posible [...]”. [Traducción de EDAI]

El relator ha pedido en anteriores ocasiones que se suprima la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, argumentando que su carácter preceptivo viola las normas internacionales. Sin embargo, tras una campaña nacional e internacional solicitando el indulto para Shanmugam s/o Murugesu y Van Tuong Nguyen, ambos condenados por delitos relacionados con drogas, los activistas de Singapur afirman que el debate de 2005 fue posiblemente el más importante en cuarenta años (véanse AU 104/05, ASA 36/001/2005, del 29 de abril de 2005, y AU 279/05, ASA 36/003/2005, del 24 de octubre de 2005).

Singapur, con una población de poco más de cuatro millones de habitantes, tiene la mayor tasa per cápita de ejecuciones del mundo. Más de 420 personas han sido ejecutadas desde 1991, la mayoría por tráfico de drogas. El gobierno de Singapur siempre ha sostenido que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos. La Ley sobre el Abuso de Drogas dispone que la pena capital sea preceptiva para al menos 20 delitos, y contiene una serie de presunciones que trasladan de la acusación al acusado el peso de la prueba. El gobierno de Singapur siempre ha sostenido que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por ser una violación de uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida. La pena capital es el más cruel, inhumano y degradante de los castigos, y su riesgo de error, que es inevitable, puede llevar a ejecutar a un inocente.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- instando al gabinete de ministros de Singapur a que recomiende al presidente la concesión del indulto para Iwuchukwu Amara Tochi y Okele Nelson Malachy y la conmutación de sus penas capitales;

- instando a las autoridades a que declaren la suspensión de las ejecuciones con vistas a su completa abolición, en la línea de la resolución adoptada en abril de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte;

- señalando que la Comisión ha instado a los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte en su legislación a que ésta no sea preceptiva ni se imponga en el caso de delitos que no tengan consecuencias letales o extremadamente graves.

- pidiendo transparencia a las autoridades para poner a disposición de la opinión pública regularmente estadísticas completas relativas a la pena de muerte y el historial de las personas en espera de ejecución.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente

The President

His Excellency S R Nathan

Office of the President

Istana, Orchard Road

Singapur 0922

Fax: +65 6735 3135

Correo e: s_r_nathan@istana.gov.sg

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIA A:

Primer Ministro

Prime Minister

Lee Hsien Loong

Office of the Prime Minister

Istana Annexe, Orchard Road

Singapur 0923

Fax: +65 6732 4627

Correo e: lee_hsien_loong@pmo.gov.sg

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Ministro de Justicia

Minister of Law

Professor S. Jayakumar

Ministry of Law

100 High Street

The Treasury 08-02

Singapur 179434

Fax: +65 6332 8842

Y a los representantes diplomáticos de Singapur acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.