DOCUMENTO EXTERNO

ÍNDICE AI: ASA 36/04/97/sServicio de Noticias 175/97

15 de octubre de 1997

SINGAPUR. J. B. JEYARETNAM: PLEITOS POR DIFAMACIÓN UTILIZADOS CON FINES POLÍTICOS

Tras el reciente fallo de indemnización por libelo dictado contra J.B. Jeyaretnam, dirigente del opositor Partido de los Trabajadores, Amnistía Internacional ve con creciente inquietud la utilización de demandas por difamación con fines políticos por parte de la dirección del país.

Amnistía Internacional cree que la decisión de la dirección nacional de entablar un pleito por difamación contra Jeyaretnam para «defender su reputación y conservar el respeto del electorado» es ilógica y desmesurada. Tanto la iniciativa del Ejecutivo como la decisión del tribunal imponen restricciones intolerables a la libertad de expresión si nos atenemos a las normas internacionales. Fuera de Singapur, en una sociedad respetuosa con tales normas, las palabras presuntamente difamatorias de Jeyaretnam no habrían suscitado comentarios; y mucho menos acciones de esta índole.

Amnistía Internacional no entiende por qué se ha llevado el caso de Jeyaretnam ante un tribunal. La organización considera que los máximos dirigentes de Singapur en realidad recurren a interponer demandas por difamación como táctica política para silenciar las opiniones críticas y refrenar la actividad opositora.

El motivo de las acciones iniciadas fueron unas palabras inofensivas pronunciadas por Jeyaretnam al final de un mitin electoral en enero de 1997. Interrumpido durante su discurso por un colega candidato al Parlamento ─Tang Liang Hong─ para colocar ante él ciertos documentos en el estrado, Jeyaretnam manifestó: «Para concluir, el señor Tang Liang Hong acaba de poner ante mí dos informes que ha presentado a la policía contra, ya saben, el señor Goh Chok Tong y los suyos».

El primer ministro decidió imputar un sentido difamatorio a estas palabras y reclamó 200.000 dólares de indemnización por presuntas lesiones graves para su «reputación, su autoridad moral y su posición de líder tanto en el ámbito local como el internacional». Sin embargo, durante las vistas siguientes, el primer ministro reconoció que su integridad y su reputación política no se habían resentido. Cuando le preguntaron si su posición como líder mundial había resultado lesionada, el primer ministro contestó que no.

También decidió poner en conocimiento de la prensa el contenido anteriormente inédito de los informes policiales ─en los que Tang había asegurado que Goh incurría en un delito de difamación al tacharle de «chovinista chino anticristiano»─, garantizando de ese modo una amplia difusión tanto de los informes como de las palabras presuntamente difamatorias de Jeyaretnam. Sin embargo, en su reclamación de daños y perjuicios, el primer ministro no mencionaba que él había hecho efectiva la publicación de los informes.

¿Cuál era entonces la razón para entablar acciones judiciales? El gobierno del Partido de Acción Popular (PAP), que ejerce el poder desde 1959 y sigue disfrutando de una abrumadora mayoría parlamentaria, alega que las demandas por difamación son un medio legítimo y necesario para preservar la integridad de sus líderes, y que de ello depende su capacidad para gobernar. El gobierno afirma asimismo que la potencial fragilidad de una sociedad con razas y creencias tan diversas como la de Singapur obliga a coartar los derechos individuales de opositores políticos y otras personas con opiniones disidentes mediante demandas por difamación y leyes restrictivas, como la Ley de Seguridad Interna, que permite la reclusión por tiempo indefinido sin cargos ni juicio.

Amnistía Internacional considera que el Ejecutivo está haciendo un uso indebido de los pleitos civiles por difamación con el fin de intimidar y disuadir a los singapureses de sostener opiniones disidentes. Los pleitos tienen un efecto «amortiguador» sobre la vida política en Singapur e imponen restricciones ilógicas e inaceptables sobre el derecho de los singapureses a mantener y expresar sus opiniones pacíficamente y con entera libertad.

Aunque ya no se producen tantos encarcelamientos de opositores políticos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, la interposición de demandas por difamación por parte del Ejecutivo para arruinar a sus opositores a través de los tribunales ─y así impedir su participación en la vida pública─ empieza a ser en una práctica recurrente. En ninguno de los casos, el poder judicial singapurés ha tomado las medidas oportunas para comprobar si en efecto el Ejecutivo está abusando de la legislación vigente.

De hecho, el recurso del gobierno a los pleitos civiles por difamación para intimidar y disuadir a los singapureses de sostener opiniones críticas bien podría tener un efecto más sutil e insidioso que la Ley de Seguridad Interna, y es que no es probable que estos procesos susciten protestas dentro y fuera del país.

La resolución judicial

Dentro de este contexto, Amnistía Internacional ve con inquietud algunos aspectos concretos de la decisión judicial contra Jeyaretnam:

El juez consideró el significado inmediato y ordinario de las palabras de Jeyaretnam y rechazó la alegación de Goh de que Jeyaretnam era responsable de difamación. Sin embargo, el juez consideró responsable a Jeyaretnam por razón de un significado difamatorio menor. El hecho de que el juez planteara el argumento de un significado difamatorio menor ofende al concepto de justicia natural, según el cual un encausado debe conocer con anterioridad al juicio los argumentos jurídicos a los que se enfrenta. El acusado no tuvo ocasión de defenderse contra un argumento formulado casi en su totalidad por el juez.

Aunque el juez decidió que el primer ministro había «exagerado» sus argumentos y fijó un total relativamente bajo de 20.000 dólares singapureses (13.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización (comparados con los 1,4 millones de dólares singapureses concedidos a Goh en la causa contra Tang Liang Hong), Jeyaretnam sigue estando expuesto a la bancarrota y a ser expulsado seguidamente del Parlamento.

Jeyaretnam fue obligado a pagar el sesenta por ciento de las costas, y el efecto multiplicador de las adjudicaciones y costas de otros siete procesos relacionados, entablados por otros miembros prominentes del PAP, al final podría resultar económicamente contraproducente. El propio juez se preguntaba por qué Goh y los otros siete demandantes del PAP no decidieron aunar los distintos pleitos en uno solo para ahorrar costes. Además, la decisión del primer ministro de recurrir el fallo judicial plantea la preocupación de que las cargas económicas de Jeyaretnam puedan incrementarse todavía más.

La decisión judicial contra Jeyaretnam consistió en 10.000 dólares singapureses en concepto de indemnización compensatoria por daños directos, y 10.000 más de indemnización adicional por daños morales. La indemnización compensatoria se impuso a pesar de que el primer ministro admitió que su reputación permanecía intacta. El juez determinó que el primer ministro no tenía que demostrar lesiones reales para su reputación. En opinión de Amnistía Internacional, habría sido preferible que el juez basara su conclusión en alguna prueba de los daños reales para su reputación. La ausencia de criterios para medir la ecuanimidad de la decisión podría dar pie a que los tribunales de Singapur empiecen a tomar en consideración rumores y especulaciones a la hora de evaluar los daños.

También existe la preocupación de que la adjudicación de una indemnización adicional por daños morales no sea acorde con la legislación. La resolución establecía que había que otorgar la mencionada indemnización toda vez que el acusado no podía demostrar su argumento de que el pleito tenía motivaciones políticas. El consiguiente trastorno emocional que el juicio había supuesto para el demandante justificaban la concesión de una indemnización por daños morales. Penalizar al acusado por no haber demostrado que el juicio tenía motivos políticos equivale a desplazar la carga de la prueba del demandante al acusado, en claro menosprecio del derecho natural.

Amnistía Internacional envió observadores al juicio de Jeyaretnam en agosto, y a la vista de apelación de Tang Liang Hong en septiembre. Sus conclusiones se recogerán en un informe más extenso, que se hará público cuando el Tribunal de Apelación falle en el caso de Tang, donde se analizará con más detalle la verdadera intención del gobierno al interponer tales demandas, las decisiones judiciales y las repercusiones de tales acciones sobre la libertad de expresión y el discurso pacífico y democrático en Singapur.