PÚBLICO

Índice AI: ASA 36/005/2004

Distrib: PG/SC

Para: Profesionales de la salud

De: Oficina Médica / Programa Regional para Asia y Oceanía

Fecha: 24 de febrero de 2004

ACCIÓN MÉDICA

SINGAPUR

Aplicación de la pena de muerte: El número oculto de víctimas de ejecución

"Tengo cosas más importantes de qué preocuparme".

Respuesta dada por el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, durante una entrevista concedida a la BBC en septiembre de 2003, a la pregunta de por qué desconocía el número exacto de personas ejecutadas en 2003.

"Es una persona con dificultades de aprendizaje, pero eso no le absuelve de sus hechos delictivos".

Razonamiento contenido en el fallo judicial por el que se condenó a muerte al ciudadano malaisio Rozman Jusoh en agosto de 1995 (recogido en la edición del periódico New Paper, del 15 de agosto de ese mismo año). Encontrarán información pormenorizada sobre este caso en páginas sucesivas.

Resumen

El 15 de enero de2004, AI presentó un informe titulado Singapore: The death penalty: A hidden toll of executions (ASA 36/001/2004), actualmente sólo disponible en inglés. En dicho informe se describen, entre otras cuestiones, el verdadero uso de la pena de muerte en Singapur, las condiciones de reclusión de los condenados a muerte, los juicios y procedimientos seguidos en causas por delitos punibles con la muerte y la inexistencia de un debate público sobre esta cuestión.

El citado informe contiene asimismo recomendaciones específicas a las autoridades de Singapur, principalmente la de que adopten de inmediato medidas tendentes a la abolición de la pena capital: a saber, la imposición de una suspensión de todas las ejecuciones y la conmutación de todas las condenas de muerte pendientes por penas de prisión. AI pide además a las autoridades que abandonen su política de mantener el secreto en torno a esta cuestión haciendo pública información referida, entre otros aspectos, al número de condenas de muerte impuestas y ejecutadas cada año, al procedimiento establecido para la concesión del indulto y al número de indultos concedidos, y les insta a que fomenten el debate en el Parlamento y en otros foros públicos y a que tomen la iniciativa a la hora de preparar a la opinión pública para la abolición. Además, AI insta asimismo a las autoridades de Singapur a que firmen y ratifiquen tratados internacionales

fundamentales de derechos humanos.(1)

El 16 de enero de 2004, el gobierno de Singapur emitió un comunicado de prensa en respuesta al informe de AI citado supra(se adjunta en el apéndice 1 del presente documento). Días más tarde, el 30 de enero, las autoridades emitieron un informe de 19 páginas de extensión que ahondaba en su postura y refutaba las acusaciones formuladas por AI. Si desean consultar el texto completo del informe, visiten la siguiente página web del Ministerio del Interior de Singapur:

<http://www2.mha.gov.sg/mha/detailed.jsp?artid=990&type=4&root=0&parent=0&cat=0#_ftnref11>

En su respuesta, el gobierno manifestaba entre otras cosas:

- "Singapur impone la pena capital únicamente en el caso de los delitos más graves";

- La pena de muerte disuade a los posibles delincuentes (en particular a los narcotraficantes) de delinquir, y de esta forma contribuye a convertir a Singapur "en uno de los lugares del mundo más seguros para vivir y trabajar";

- AI escogió deliberadamente falsear la realidad para "hacer avanzar su campaña política contra la pena de muerte", e incurrió en errores, especialmente en lo que concierne al número de extranjeros ejecutados.

El Secretariado Internacional (SI) considera que la respuesta ofrecida por el gobierno de Singapur abre la posibilidad de entablar un diálogo y de fomentar el debate público sobre esta cuestión. Uno de los problemas a los que AI se ha enfrentado es la escasa información que hacen pública las autoridades de este país sobre su aplicación de la pena de muerte. Aunque el gobierno ofrecía cierta información adicional en su respuesta, bajo ningún concepto puede considerarse completa. Por consiguiente, el SI ha escrito al ministro del Interior de Singapur en el que se explica que el informe emitido por su gobierno en respuesta al documento de AI no disipa la preocupación de la organización en torno a la aplicación de la pena capital en el país, si bien se agradece al gobierno que haya aclarado su postura y facilitado el acceso a más datos estadísticos.

Objetivos de la acción

La finalidad principal de esta acción médica es hacer un llamamiento a la Asociación Médica de Singapur para que en su actuación observe el código ético de la profesión médica. Esta acción tiene como objetivo asimismo reiterar al gobierno de Singapur los motivos de preocupación de la organización sobre el uso de la pena de muerte en su país e instarle a respaldar la petición de AI de suspender las ejecuciones. También se pretende dar a conocer a las autoridades del propio país del remitente los motivos de preocupación de AI sobre el uso de la pena capital en Singapur.

Calendario de la acción

La acción sobre Singapur se inició el pasado 15 de enero y concluirá el 15 de mayo de 2004.

Instrucciones especiales

Pedimos a los coordinadores de la Red de Profesionales de la Salud de AI que consulten con la persona pertinente de su Sección antes de realizar cualquier actividad sectorial o publicitaria.

Material conexo

- Informe: "Singapore - The death penalty: A hidden toll of executions "– Índice AI: ASA 36/001/2004 (sólo disponible en inglés).

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA360012004

- Comunicado de prensa: "Singapur: Secreto en torno a las elevadas cifras de ejecuciones" – Índice AI: ASA36/002/2004.

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA360022004

- Respuesta del gobierno de Singapur emitida el 16 de enero de 2004 (adjunta en el apéndice 1).

Información general

La legislación de Singapur dispone la imposición preceptiva de la pena de muerte para muy diversos delitos. No obstante, en los últimos años sólo se tiene conocimiento de su imposición por delitos de tráfico de drogas, asesinato y delitos con armas de fuego, castigados todos ellos obligatoriamente con dicha pena. La Ley de Rapto establece asimismo la aplicación de la pena capital por el delito de rapto, es decir, de secuestro de personas con el fin de conseguir un rescate. El Código de Procedimiento Penal prohíbe la aplicación de la pena capital a mujeres embarazadas y a delincuentes que fueran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Singapur sigue yendo en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital. En 1998, el ámbito de aplicación de esta pena se amplió para incluir su imposición preceptiva por los delitos de producción, importación, exportación o tráfico de cantidades iguales o superiores a 15 gramos de heroína, 30 gramos de cocaína, 30 gramos de morfina, 200 gramos de resina de cannabis, 500 gramos de cannabis o 1,2 kilogramos de opio. La posesión de estas cantidades de droga se considera indicio que fundamenta la presunción de tráfico.

Más de 400 presos han sido ahorcados en Singapur desde 1991, la mayoría de ellos por tráfico de drogas, dando a la pequeña ciudad-Estado el índice per cápitamás elevado del mundo de ejecuciones conocidas, a tenor de su población que apenas sobrepasa los cuatro millones de habitantes. Entre los ejecutados hay un porcentaje significativo de extranjeros. No se sabe cuántos presos se encuentran actualmente condenados a muerte, pero la cifra de ejecuciones sigue en aumento: en 2003, al menos 13 presos fueron ahorcados en la prisión de Changi.

En Singapur la pena de muerte recae con frecuencia de manera desproporcionada y arbitraria sobre los jóvenes, los drogadictos, los menos cultos, los que carecen de recursos económicos, los desempleados y los trabajadores migratorios. Los observadores desplazados a este país han llamado la atención sobre la necesidad de combatir las condiciones sociales existentes, que pueden dar lugar a un incremento del consumo de drogas y de la drogadicción, en lugar de recurrir a las ejecuciones como solución.

Postura de la Asociación Médica de Singapur

En los últimos años, la Asociación Médica de Singapur se ha manifestado públicamente partidaria de la pena capital. En un artículo titulado "Conversations with Past Presidents [of the Association]" (Conversaciones con antiguos presidentes [de la Asociación]), el doctor Tan Kok Soo (que la presidió entre 1993 y 1996) defendía de la siguiente forma la postura de la Asociación, criticada por asociaciones médicas de otros países, especialmente por la estadounidense, por considerar aceptable que los médicos participen en los exámenes realizados a una persona condenada a recibir golpes con vara antes y después de aplicársele dicha pena.(2)

La Asociación Médica de Singapur se toma muy en serio el código deontológico de la profesión médica. No tenemos dificultad en adherirnos a las disposiciones de la legislación de Singapur relativas a la delincuencia y a su castigo. La legislación nacional, que prevé la aplicación para determinados delitos de la pena de flagelación y de la pena de muerte, refleja el propio orden social de Singapur. Nuestras duras leyes nos permiten mantener Singapur en orden y relativamente libre de delincuencia. Como médicos, ciertamente nos satisface el hecho de que la política de crimen y castigo de Singapur ayude a preservar la calidad de vida y la vida en sí de la mayoría de los ciudadanos y residentes que acatan la ley, a diferencia de lo que sucede en numerosas ciudades de Estados Unidos, donde muchas personas, incluidos niños, son heridas, mutiladas o muertas a manos de delincuentes en cifras alarmantes. Consideramos que es mejor prevenir que curar y que los intereses de la víctima prevalecen sobre los del delincuente.

AI no tiene conocimiento de que Asociación Médica de Singapur haya modificado su postura sobre esta cuestión con posterioridad a esta entrevista de 1999.

La Asociación Médica Mundial (AMM), a la cual no pertenece la Asociación Médica de Singapur, no es partidaria de que los médicos desempeñen función alguna en las ejecuciones. Algunas asociaciones médicas nacionales, como es el caso de la británica, se oponen a la pena de muerte en sí.

Se desconoce qué función desempeñan los médicos en la aplicación de la pena de muerte en Singapur. No obstante, parece muy probable que su participación consista en examinar, un único facultativo o varios, el cuerpo de la persona ahorcada para determinar en qué momento deja de latir el corazón. Lo que parece prácticamente seguro es que en los casos en que se extraen uno o más órganos del cuerpo del ejecutado para transplantarlos, los médicos intervienen de forma decisiva en el proceso de ejecución. Amnistía Internacional pide a la Asociación Médica de Singapur que deje claro que cualquier participación en ejecuciones que vaya más allá de certificar el fallecimiento del preso es contraria a la ética. Además, le insta a que respalde el llamamiento de AI en favor de una suspensión de las ejecuciones en tanto se avanza hacia la abolición de la pena capital.

Leyes que comprometen el derecho a un juicio justo

Suscita honda preocupación en AI la presunción de culpabilidad contenida en diversas cláusulas de dos leyes nacionales que establecen la pena de muerte preceptiva para determinados delitos ¯a saber, la Ley de Uso Indebido de Drogasy la Ley sobre Delitos de Armas ¯. Tales cláusulas menoscaban el derecho a un juicio justo y son contrarias al derecho universalmente garantizado de toda persona a que se presuponga su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad.(3) Singapur se ha acogido a estas disposiciones para ejecutar a personas a quienes ha hallado en posesión de cantidades relativamente pequeñas de drogas tales como el cannabis, cuyo consumo se considera un delito leve o ni siquiera se penaliza en algunos países.

El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha expresado su preocupación por la presunción de culpabilidad contenida en la legislación de Singapur y ha instado a las autoridades del país a reformar la Ley de Uso Indebido de Drogas a fin de adaptarla a las normas internacionales.(4)

Secretismo oficial

La información oficial sobre el uso de la pena de muerte en Singapur está envuelta en un velo de misterio. La prensa informa de algunas ejecuciones, en ningún caso de todas. El gobierno normalmente no hace pública información estadística sobre las condenas de muerte impuestas o las ejecuciones consumadas, pero en alguna rara ocasión ha dado a conocer a los periodistas datos sobre ejecuciones o ha respondido a preguntas parlamentarias sobre esta cuestión. Basándose en esta información, AI ha conseguido recabar datos estadísticos sobre la aplicación de la pena capital en Singapur. Además, la organización ha escrito a las autoridades del país solicitando estadísticas oficiales, pero no ha recibido respuesta.

En septiembre de 2003, en una entrevista concedida a la BBC, se preguntó al primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, por el número de personas ejecutadas en 2003, a lo que éste contestó que creía que el número era: "alrededor de entre 70 y 80". Cuando se le preguntó la razón por la que no conocía el número exacto, éste adujo: "Tengo cosas más importantes de qué preocuparme".(5) Dos días después se retractó de sus declaraciones y señaló que, en lo que iba de año, la pena de muerte se había aplicado en realidad en 10 ocasiones.(6)

Amnistía Internacional documentó la imposición de al menos cuatro condenas de muerte durante 2003, pero es probable que la cifra real sea superior. Entre los ejecutados se encontraban Yen May Woen, una mujer de 36 años de edad, peluquera de profesión, condenada a muerte por posesión de 30 gramos de heroína, e Ismail Abdul Rahman, de 37 años, condenado a muerte por matar a un ex colega. No se sabe cuántos presos se encuentran actualmente en espera de ejecución.

Ausencia de debate público

En Singapur prácticamente no hay debate público sobre la pena de muerte. El control mantenido por el gobierno sobre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil restringe la libertad de expresión y es un obstáculo para la observación independiente de la situación de los derechos humanos en el país, incluida la aplicación de la pena capital. Pese a este control, en el país ha habido algunos intentos de ampliar el conocimiento de la opinión pública sobre la aplicación nacional de la pena de muerte. Así, por ejemplo, la organización no gubernamental Centro de Pensamiento (Think Centre) ha publicado sus motivos de preocupación en su sitio web, y en octubre de 2003 instó al gobierno a ordenar la suspensión de las ejecuciones.(7) En julio de 2001, el destacado activistas de los derechos humanos J.B. Jeyaretnam, a la sazón diputado, pidió que se celebrase un debate parlamentario sobre el caso de un consumidor de drogas condenado a muerte e instó al Consejo de Ministros a que tuviese en cuenta distintos aspectos del caso a la hora de examinar su solicitud de indulto. Con todo, a J.B. Jeyaretnam se le concedieron apenas unos minutos para hablar antes de que el ministro de Estado para Justicia e Interior rebatiese sus argumentos. No se volvió a debatir el caso, ni la cuestión de la pena de muerte en general, y la ejecución se consumó dos meses más tarde.(8)

Postura del gobierno de Singapur

Tanto las Naciones Unidas (ONU) como la Unión Europea (UE) han criticado a las autoridades de Singapur por su utilización de la pena de muerte. La UE ha expresado especial preocupación por el uso de la pena de muerte preceptiva y por el elevado índice de ejecuciones en Singapur.(9)

El gobierno de Singapur ha sostenido de forma sistemática que el uso de la pena capital no es una cuestión de derechos humanos. Además, ha defendido enérgicamente que las ejecuciones han disuadido con eficacia de la comisión de delitos, especialmente los de tráfico de drogas. En una carta dirigida a la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y distribuida en 2001 como documento oficial en el 57º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, el representante permanente de Singapur ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra señaló: "la pena de muerte es primordialmente una cuestión de justicia penal, y por lo tanto compete a la jurisdicción soberana de cada Estado. […] el derecho a la vida no es el único derecho en juego, y […] es deber de las sociedades y los gobiernos decidir la forma de conseguir un equilibrio entre los derechos en conflicto".(10)

En 2002, el gobierno de Singapur criticó el trabajo de la relatora especial, alegando que "había excedido en repetidas ocasiones las funciones propias de su mandato y degradaba la credibilidad de su cargo" tras manifestar ésta su preocupación por el caso de dos hombres condenados a muerte por tráfico de drogas.(11)

Singapur firmó una declaración desvinculándose de una resolución de la ONU adoptada en abril de 2003 en la que se pedía el establecimiento de una suspensión de las ejecuciones en espera de la abolición total de la pena capital, y se manifestaba que la abolición de dicha pena contribuye al avance progresivo de los derechos humanos.(12)

Asegurando que la pena capital ha combatido con eficacia el comercio de drogas ilegales, las autoridades de Singapur informaron de una disminución general del número de consumidores de droga detenidos en el periodo comprendido entre 1994 y 2001.(13) No obstante, pese al uso de la pena de muerte y al elevado índice de ejecuciones, el consumo de drogas sigue siendo un problema nacional que afecta especialmente a la población menos culta, a los más empobrecidos, a los desempleados y a los jóvenes de hogares rotos. Según publica la Oficina Central de Narcóticos de Singapur en su sitio web oficial, en 2002 se detuvo a un total de 3.393 consumidores de drogas. En 2003, el número de nuevos consumidores de estupefacientes aumentó en un 16 por ciento con respecto a los registrados en 2001. La Oficina Central de Narcóticos de Singapur anunció que durante 2002 se había incautado de 63 kilogramos de heroína y 34 kilogramos de cannabis, y notificó asimismo un aumento significativo en el consumo de metanfetaminas. El consumo de esta sustancia ha aumentado pese a que en 1998 se amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte decretándose su imposición preceptiva en los casos de importación, exportación o tráfico de cantidades superiores a 250 gramos de metanfetaminas.

Condiciones de reclusión de los condenados a muerte

En Singapur el método de ejecución empleado es la horca y las ejecuciones se llevan a cabo en la prisión de Changi, los viernes al amanecer. A los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción.

Debido a la inexistencia de inspecciones independientes de las prisiones, resulta difícil conocer en qué condiciones se hallan realmente recluidos los condenados a muerte. Los familiares de estos presos han informado a AI de que los mantienen recluidos en estricto aislamiento en celdas individuales de aproximadamente tres metros cuadrados, que se cree que cuentan con muros en tres de sus lados y barrotes de hierro en el cuarto. Estas celdas son austeras, ya que están provistas únicamente de un retrete y una esterilla para dormir, pero no de colchón. A los reclusos se les permite utilizar un cubo para lavarse. Se cree que no se les permite salir al exterior para tomar el aire o hacer ejercicio. Están autorizados a recibir una visita semanal de 20 minutos de duración en una zona especial de la prisión, donde permanecen separados de los visitantes por un panel grueso de cristal y se comunican con ellos a través de un teléfono. Aproximadamente cuatro días antes de la ejecución, como concesión especial, se permite al preso ver la televisión o escuchar la radio y se le sirve la comida de su elección, dentro del presupuesto de la prisión. También se le permite recibir más visitas de sus familiares, pero en ningún caso se les permite mantener contacto físico antes de la ejecución.

Las autoridades mantienen un estricto control de los visitantes y pueden denegar el permiso para visitar a un familiar preso a todo aquel que no posea la documentación adecuada que demuestre su parentesco con éste. Una familiar de un condenado a muerte contó a AI que las autoridades le habían negado permiso incluso para llevarle a prisión dibujos hechos con lápices de colores por su hija pequeña. Normalmente a las familias de los condenados se les informa de la fecha prevista para la ejecución con menos de una semana de antelación, lo que les causa una enorme ansiedad e incertidumbre.

"Les aconsejamos que hagan los preparativos necesarios para el entierro. Si no pueden hacerlo, el Estado procederá a la cremación del cadáver." Pasaje de una carta firmada por el director de la prisión de Changi notificando a la familia del ciudadano malaisio Vignes A/L Mourthi (Vignes, hijo de Mourthi) la ejecución inminente de éste.(14)

CASOS DE PRESOS EJECUTADOS

Ejecutado por vender cannabis: Rozman Jusoh, ciudadano malaisio

Rozman Jusoh, trabajador de 24 años de edad procedente de Malaisia, fue detenido, según parece, tras intentar vender 1,04 kilogramos de cannabis a un agente secreto de la Oficina Central de Narcóticos de Singapur. En marzo de 1995 el juez encargado de juzgarlo lo absolvió del delito, punible con la pena capital, de tráfico de drogas, tras declarar que el acusado tenía un nivel de "inteligencia inferior al normal, con un cociente intelectual de sólo 74". En su lugar, lo declaró culpable del delito menos grave de posesión de drogas y lo condenó a una pena de prisión. La fiscalía recurrió contra esta decisión y el juez encargado de la apelación lo condenó a muerte, manifestando: "Es una persona con dificultades de aprendizaje, pero eso no le absuelve de sus hechos delictivos".(15) En una entrevista concedida al periódico singapurés New Paper,la madre del preso señaló: "Cuando alguien le habla, él se limita a sonreír o a mirar [a su interlocutor] con expresión vacía. No sé cómo logró alcanzar el tercer curso de educación secundaria". Además, añadió que la familia había previsto matricularlo en catequesis y reconducirlo por el "buen camino" una vez quedase en libertad. Rozman Jusoh fue ahorcado en abril de 1996.

Una empleada de una tienda ejecutada por traficar con drogas: Poon Yuen-chung, ciudadana de Hong Kong

Poon Yuen-chung, ciudadana de Hong Kong empleada en una tienda, tenía 18 años cuando fue detenida junto con una amiga, Lam Hoi-ka, de 17 años, a su llegada al aeropuerto de Changi (Singapur), procedentes de Bangkok. Las dos jóvenes habían ido de vacaciones a Bangkok tras decir a sus padres que se iban de acampada en el propio país. Los agentes del aeropuerto encontraron heroína escondida en un compartimento secreto de sus maletas. Las jóvenes negaron saber nada de la droga hallada y señalaron que en Bangkok habían trabado amistad con una pareja china que las había llevado a cenar y de visita turística y más tarde les había comprado las maletas. La hermana de Poon Yuen-chung contó más tarde al periódico de Hong Kong Sunday Morning Post:"Mi hermana es una chica sencilla e ingenua capaz en ocasiones de hacer locuras". Pese a solicitarse el indulto, Poon Yuen-chung fue ejecutada en abril de 1995.(16) Su amiga Lam Hoi-ka fue condenada a cadena perpetua debido a que era menor de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Ejecutado un consumidor de drogas: Zulfikar Bin Mustaffah

Zulfikar Bin Mustaffah, ciudadano singapurés de 32 años de edad, desempleado, fue condenado a muerte en noviembre de 2000 tras ser hallado en posesión de un paquete que contenía unos 70 gramos de heroína. Al parecer, había acordado entregar el paquete a un desconocido, pero aseguraba no estar al tanto de su contenido. Drogadicto desde los 14 años, Zulfikar Bin Mustaffah abandonó los estudios a la edad de 15 y había pasado la mayor parte de su vida en centros de rehabilitación para drogadictos o bajo custodia. Debido a que tenía antecedentes penales relacionados con las drogas, le resultaba sumamente difícil encontrar trabajo. Durante una sesión parlamentaria celebrada en julio de 2001, el entonces diputado J.B. Jeyaretnam solicitó que se celebrase un debate parlamentario sobre el caso, señalando: "Es bien sabido que alguien que es dado a consumir drogas durante un periodo de tiempo tendrá mermadas sus facultades mentales, es decir, su capacidad de pensar con atención y de racionalizar. Se convierte en un débil mental y es especialmente […] vulnerable a ser utilizado o explotado por terceras personas".(17) Zulfikar Bin Mustaffah fue ahorcado en septiembre de 2001.

Ejecutado tras negar su implicación en un caso de cannabis: Thiru Selvam

Thiru Selvam, ciudadano singapurés de 28 años de edad y padre de dos hijos, fue detenido después de que un amigo suyo fuese hallado en posesión de unos 800 gramos de cannabis. Según la información de que dispone AI, su amigo dijo a la policía que la droga pertenecía a Thiru Selvam. Durante su juicio el juez afirmó haberle comunicado que si confesaba su culpa lo condenaría a 25 años de prisión y a recibir 24 golpes de vara. No obstante, según los informes, Thiru Selvam se negó a confesarse culpable y siguió declarándose inocente. Fue condenado a muerte en septiembre de 2000, mientras que su amigo recibió una pena de 25 años de prisión.

La madre de Thiru Selvam falleció cuando éste era un bebé. Su padre volvió a casarse pero se dio a la bebida y murió cuando su hijo tenía apenas 16 años. Thiru Selvam empezó a consumir drogas a los 14 años y fue admitido en un centro de rehabilitación de drogadictos un año después. Thiru Selvam fue ahorcado en septiembre de 2001.

Ejecutado tras recibir un juicio injusto: Vignes A/L Mourthi, (18) ciudadano malaisio

Vignes A/L Mourthi, ciudadano malaisio de 23 años de edad, creció en el seno de una familia sin recursos económicos, por lo que recibió únicamente una educación elemental. Fue detenido portando una bolsa de plástico que contenía unos 27 gramos de heroína. Durante su juicio declaró que un viejo amigo de la familia, Moorthy A/L Angappan, le había pedido que llevase la bolsa de Malaisia a Singapur, a donde se desplazaba a diario para trabajar. En acusado insistió en que desconocía el contenido de la bolsa.

A Amnistía Internacional le preocupan varias presuntas irregularidades observadas durante la celebración del proceso judicial. Por una parte, el juez se negó a suspender la vista del juicio para satisfacer la petición del acusado, Vignes A/L Mourthi, de que se designara a un nuevo abogado, presentada tras formular una queja en la que alegaba no estar representado adecuadamente. Por otra parte, la condena pareció haberse basado en gran parte en un informe escrito facilitado por la fiscalía sobre una conversación inculpatoria presuntamente sostenida entre el acusado y un agente de la Oficina Central de Narcóticos de Singapur. Vignes A/L Mourthi negó que esa conversación hubiese tenido lugar. No obstante, el tribunal admitió la prueba, pese a que ésta carecía de fecha y a que ni el acusado ni su abogado sabían de su existencia antes de que se presentara en el juicio.

Vignes A/L Mourthi presentó una solicitud de indulto, pero le fue denegada. Nombró a un nuevo abogado que, convencido de la inocencia de su cliente, presentó una moción para que se celebrase un nuevo juicio, alegando que se había producido un error judicial y que su cliente no había recibido un juicio justo. El nuevo abogado presentó dos mociones similares, pero ambas fueron desestimadas. El 25 de septiembre de 2003, el presidente del Tribunal Supremo, Yong Pung How, rechazó la apelación final para un nuevo juicio, aduciendo que la causa no podía volver a abrirse dado que se trataba de una causa ya juzgada. Según los informes, el juez Yong Pung How dijo al abogado defensor: "Usted puede afirmar que su cliente es inocente pero, por lo que a la ley se refiere, ha sido declarado culpable y condenado. Será mejor que se despida de él, es todo lo que puede hacer."(19) Vignes A/L Mourthi y Moorthy A/L Angappan fueron ahorcados al día siguiente al amanecer. Según los informes, tras la ejecución se produjo una escena angustiante: los familiares de Vignes A/L Mourthi, destrozados por el dolor, subieron al vehículo fúnebre en el que se transportaba su cadáver y le golpearon el pecho, intentando devolverlo a la vida.(20)

Ejecutado por matar a un hombre en el curso de una pelea: Arunprakash Vaithilingam, ciudadano indio

Arunprakash Vaithilingam, trabajador migratorio de 24 años de edad procedente de Tamil Nadu, en la India, se mudó en 2000 a Singapur para trabajar como electricista en un barco, compartiendo un pequeño apartamento con varios otros trabajadores migratorios. Fue condenado a muerte por matar a uno de sus compañeros de habitación, que fue apuñalado con un cuchillo de cocina durante una pelea en la que los participantes estaban ebrios. En su juicio, Arunprakash Vaithilingam declaró que no había tenido intención de matar a su compañero y que en un principio ni siquiera se dio cuenta de que lo había apuñalado. Él y varios amigos que presenciaron la discusión trasladaron rápidamente al herido al hospital, pero su muerte se confirmó poco después. A pesar de los testimonios de los testigos presenciales, el Tribunal Superior de Singapur declaró a Arunprakash Vaithilingam culpable de asesinato, un delito para el que la pena de muerte es preceptiva. El gobierno de la India solicitó sin éxito su indulto. Arunprakash Vaithilingam fue ahorcado en octubre de 2003.

Recomendaciones

A la Asociación Médica de Singapur:

Envíen llamamientos cortésmente redactados en inglés o en su propio idioma al doctor Lee Pheng Soon, presidente de la Asociación Médica de Singapur, utilizando papel con membrete profesional, en caso de que lo empleen en el ejercicio de su profesión:

· manifestando que escriben, en su calidad de profesionales de la salud, en respuesta al informe de Amnistía Internacional Singapore: The death penalty: A hidden toll of executions (ASA 36/001/2004);

· declarando que, si bien respaldan el derecho de los países a adoptar medidas para combatir la delincuencia, se oponen a la pena de muerte y a cualquier posible participación de los médicos en el proceso de ejecución de dicha pena;

· expresando preocupación por el hecho de que Singapur está yendo en contra de la tendencia mundial hacia la restricción y final abolición de la pena capital;

· instando a la Asociación a que se asegure de que sus miembros cumplen el código deontológico de la profesión médica acordado internacionalmente, y concretamente las normas que prohíben cualquier participación de personal médico en ejecuciones;

· instando a la Asociación a que respalde la implantación de una suspensión de las ejecuciones en espera de la restricción y final abolición de esta pena;

· aludiendo a la postura de la Asociación Médica Mundial sobre la participación de los médicos en la aplicación de la pena capital (véase cuadro infra) y preguntando a la Asociación Médica de Singapur si se ha formulado una política para sus miembros sobre esta cuestión;

· solicitando respuesta a su misiva.

Resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la participación del médico en la pena de muerte Adoptada por la 34ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), reunida en Lisboa (Portugal) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1981, y reformada por la 52ª Asamblea General de la AMM reunida en Edimburgo (Escocia), en octubre de 2000. "SE RESUELVE que es contrario a la ética que médicos participen en la pena de muerte, de cualquier manera o durante cualquier etapa del proceso de ejecución".

A la asociación médica de su país:

Escriban al colegio médico de su país:

· presentándose, enviándoles un ejemplar del informe de AI y pidiéndoles que lo pongan en conocimiento de sus miembros;

· instándoles a que estudien la posibilidad de debatir la cuestión con la Asociación Médica de Singapur y, concretamente, de pedirle que respalde una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital en Singapur .

Al ministro del Interior de Singapur:

· Señalando que escriben en su calidad de profesionales de la salud, en respuesta al informe de Amnistía Internacional titulado Singapore: The death penalty: A hidden toll of executions (ASA 36/001/2004);

· manifestando su satisfacción por la respuesta del gobierno de Singapur al informe de Amnistía Internacional y explicando que agradecen la oportunidad de aclarar la postura del gobierno;

· instando al gobierno a que presente un informe anual completo y desmenuzado de todas las ejecuciones llevadas a cabo desde 1991 hasta el día de hoy (el informe debe contener información estadística sobre los delitos por los que se ha impuesto la pena capital y sobre la edad, nacionalidad, nivel cultural y situación laboral de los ejecutados);

· expresando preocupación por el uso de la pena de muerte preceptiva y por la aplicación de las cláusulas de presunción de culpabilidad contenidas en la Ley de Uso Indebido de Drogas y la Ley sobre Delitos de Armas que son contrarias al derecho universalmente reconocido de toda persona, incluidos los presuntos delincuentes, a ser considerada inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad;

· pidiendo nuevas aclaraciones sobre las condiciones en que se encuentran recluidos los condenados a muerte, y sobre el sistema de visitas de inspección efectuadas por jueces (pregunten sobre la frecuencia de tales visitas, si se hacen públicos los informes resultantes y sobre las conclusiones y recomendaciones que han formulado respecto a las cuestiones abordadas en el informe de Amnistía Internacional);

· reconociendo la necesidad de los gobiernos de combatir la delincuencia, y reconociendo también el daño que las drogas legales e ilegales pueden causar;

· pidiendo que se demuestre científicamente que el uso de la pena capital en Singapur está disuadiendo de la comisión de asesinatos, delitos relacionados con las armas de fuego y delitos de tráfico de drogas de forma más eficaz que otras penas;

· solicitando información concreta sobre el tipo de personas que han sido ejecutadas por delitos relacionados con las drogas, concretamente cuántas de esas personas eran grandes narcotraficantes y cuántas eran figuras de menor importancia en el comercio de drogas ilegales;

· instando al ministro a que respalde la suspensión de la aplicación de la pena capital con vistas a su abolición en Singapur, y la conmutación de todas las condenas de muerte pendientes por penas de prisión;

· invitando al ministro a que responda a su misiva.

COPIAS

Envíen copia de las cartas que escriban a la Asociación Médica de Singapur al señor Khaw Boon Wan, ministro de Salud en funciones, y al doctor Lee Suan Yew, presidente del Consejo Médico de Singapur. Incluyan una carta de presentación mencionando las siguientes cuestiones:

· instando al ministro de Salud en funciones y al presidente del Consejo Médico de Singapur a que respalden la introducción de una suspensión de la aplicación de la pena capital con vistas a su abolición en Singapur;

· ofreciendo información general sobre Amnistía Internacional y sobre su oposición fundamental a la pena de muerte, por considerar que constituye una violación del derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. (Si lo desean, pueden también referirse a otros argumentos a favor de la abolición, tales como el riesgo de ejecutar a personas inocentes y el carácter irreversible de la pena capital, su crueldad intrínseca, el sufrimiento impuesto a la familia del condenado, o el uso de esta pena para convencer a la opinión pública de que se está actuando para hacer frente a la delincuencia en lugar de adoptar medidas realmente eficaces para combatirla o para dar solución a los problemas sociales susceptibles de provocar delincuencia.);

· invitándoles a responder a su misiva.

Envíen copia de las cartas que escriban al ministro del Interior de Singapur al primer ministro de dicho país, Goh Chok Tong. Incluyan una carta de presentación:

· instándole a que ordene una suspensión de la aplicación de la pena capital con vistas a su abolición en Singapur;

· invitándole a responder a su misiva.

Pueden asimismo enviar copia de las cartas que escriban al ministro del Interior de Singapur a la persona del gobierno de su propio país encargada de las relaciones exteriores, y a los representantes del gobierno de Singapur en su país. En todos los casos insten a los destinatarios de sus cartas a respaldar una suspensión de la aplicación de la pena capital con vistas a su abolición en Singapur e invítenlos a responder a su carta.

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Consulten con la oficina de su Sección antes de realizar ninguna actividad publicitaria.

Pueden avisar a los medios de comunicación de su país especializados en el sector de la salud sobre el informe de AI, o escribir a la prensa general.

Direcciones

Primer Ministro

The Honourable Goh Chok Tong

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Istana Annexe

Singapur 238823

Correo-E: goh_chok@pmo.gov.sg

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Ministro del Interior

Wong Kan Seng

Minister of Home Affairs

New Phoenix Park 28,

Irrawaddy Road

Singapur 329560

Fax: + 65 6734 4420

Correo-E: Wong_Kan_Seng@mha.gov.sg

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Presidente de la Asociación Médica de Singapur

Dr Lee Pheng Soon

President

Singapore Medical Association

2 College Road

Level 2, Alumni Medical Centre

Singapur 169850

Fax: + 65 6224 7827

Correo-E: <membership@sma.org.sg>

(Indíquese en la casilla de asunto: "A la atención del Presidente")

Tratamiento: Dear Mr Lee / Señor Presidente

Ministro de la Salud en funciones

Khaw Boon Wan

Acting Minister for Health

Ministry of Health

16 College Road

College of Medicine Bldg.

Singapur 169854

Correo-E: moh_info@moh.gov.sg

(Indíquese en la casilla de asunto: "A la atención del ministro de la Salud en funciones")

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Ministro de Justicia

Prof. Shanmughan Jayakumar

Minister of Law

100 High Street

The Treasury #08-02

Singapur 179434

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Presidente del Consejo Médico de Singapur

Dr Lee Suan Yew

President, Singapur Medical Council

Ministry of Health

Correo-E: moh_smc@moh.gov.sg

(Indíquese en la casilla de asunto: "A la atención del Consejo Médico de Singapur")

Tratamiento: Dear Dr Lee / Señor Presidente

En caso de que, transcurridos dos meses desde el envío de su carta, no hayan recibido respuesta, envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta, y haciendo referencia a su carta o cartas anteriores. Consulten con el equipo médico del Secretariado Internacional antes de reenviar sus cartas.

Envíen al equipo médico de AI copia de cualquier respuesta que reciban (medical@amnesty.org).

Gracias por cualquier acción que puedan organizar.

Apéndice 1:

Comunicado de prensa emitido por el gobierno de Singapur

Media Relations Division, Ministry of Information, Communications and the Arts,

MITA Building, 140 Hill Street, 2nd Storey, Singapur 179369

Tel: 6837-9666

COMENTARIOS DEL PORTAVOZ DEL MINISTRO DEL INTERIOR

He sabido por la prensa de las acusaciones vertidas por Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte en Singapur. El gobierno rebatirá dichas acusaciones en un comunicado pormenorizado que emitirá en su debido momento.

Las acusaciones vertidas por Amnistía Internacional son realmente absurdas. Por ejemplo, no sé a qué se refiere Amnistía Internacional cuando dice que las cifras de ejecuciones en Singapur están "envueltas en un velo de misterio".

Es un hecho ampliamente reconocido que Singapur tiene uno de los sistemas judiciales más justos y transparentes del mundo. Todos los juicios por delitos penados con la muerte son celebrados en audiencia pública y se informa de ellos en la prensa. Incluso los juicios de apelación celebrados por el Tribunal de Apelaciones se celebran en audiencia pública. Así pues, todas las decisiones judiciales dictadas en juicios por delitos punibles con la muerte están abiertas al escrutinio público. Todas las personas acusadas gozan además de debida representación de abogados. En el caso de que el acusado no pueda costearse un abogado, el Estado designa uno de entre una lista de abogados privados. Es más, ninguna persona es ejecutada hasta que se han agotado todas las vías de apelación para solicitar el indulto.

Obviamente Amnistía Internacional está intentando dar repercusión a su campaña contra la pena de muerte. La manera adecuada de reformar la legislación es a través de la vía prevista en la Constitución. Si una persona desea defender una postura concreta sobre esta cuestión, debe movilizarse desde su propia tribuna y conseguir que la población de Singapur vote su candidatura a diputado. Pero no encontrará un gran apoyo aquí. La mayoría de los ciudadanos de Singapur saben que nuestro sistema de justicia penal, duro pero justo, ha convertido a Singapur en uno de los lugares más seguros del mundo para vivir y trabajar.

MINISTERIO DEL INTERIOR- 16 DE ENERO DE 2004

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(1) Aunque Singapur no es Parte en los principales tratados internacionales de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, diversos órganos de la ONU han adoptado resoluciones aplicables a todos los Estados miembros de la ONU, incluido Singapur. Encontrarán más información al respecto en el informe de AI citado supra (Índice AI: ASA 36/001/2004).

(2) Singapore Medical Journal 1999; Vol. 40(04). El doctor Tan escribía en respuesta a las críticas realizadas por asociaciones médicas extranjeras respecto a la postura de la Asociación Médica de Singapur sobre una pena de flagelación impuesta a un joven estadounidense, Michael Fay, en 1999.

(3) Véase, por ejemplo, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

(4) Doc. ONU E/CN.4/1997/60/Add.1, párrafo 438: "El Relator Especial desea reiterar su llamamiento al Gobierno de Singapur para que modifique su Ley sobre drogas a fin de ajustarla a las normas internacionales. El Relator Especial considera que la Ley de uso indebido de drogas, que en parte hace recaer la carga de la prueba en el acusado, no da garantías suficientes para la presunción de inocencia y puede llevar a violaciones del derecho a la vida cuando el delito de tráfico de drogas se castiga obligatoriamente con la pena de muerte".

(5) Entrevista concedida por el primer ministro de Singapur a la BBC ("HARDtalk interview with Goh Chok Tong"), televisada el 23 de septiembre de 2003.

(6) AFP, 25 de septiembre de 2003.

(7) Véase http://www.thinkcentre.org

(8) Encontrarán más información sobre el caso de Zulfikar Bin Mustaffah más adelante en este documento.

(9) Informe Anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos, 2002 (página 90). Los Estados miembros de la UE resolvieron lo siguiente en un documento de política adoptado en 1998: La UE "aboga por la abolición universal de la pena de muerte".

(10) Documento de la ONU: E/CN.4/2001/153.

(11) Documento de la ONU: E/CN.4/2003/3/Add.1.

(12) Resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos humanos de la ONU, del 24 de abril de 2003.

(13) Véase el documento titulado Singapore Drug Situation 2002, http://www.cnb.gov.sg/report/index.asp?page=244

(14) The Star, 26 de septiembre de 2003.

(15) New Paper, 15 de agosto de 1995.

(16) Una segunda mujer, Tong Ching-man, también de 18 años de edad, fue ejecutada ese mismo día por un caso no relacionado con drogas.

(17) Véase: http://www.thinkcentre.org/article.cfm?ArticleID=973

(18) La abreviatura malaya "A/L" significa "hijo de".

(19) Straits Times, 26 de septiembre de 2003.

(20) Straits Times, 26 de septiembre de 2003.