Documento - Sri Lanka.Silenciar la disidencia

Desde que en 2006 se reinició el conflicto armado, en Sri Lanka se han intensificado las amenazas a los medios de comunicación y la libertad de prensa. Según los informes recibidos, al menos diez trabajadores de medios de comunicación han sido víctimas de homicidios ilegítimos desde comienzos de 2006; al parecer, dos desaparecieron mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad, mientras que otros han sido objeto de torturas y detención arbitraria en aplicación de la normativa de excepción que concede amplios poderes al gobierno. El derecho a la vida de estos trabajadores, especialmente de los periodistas tamiles, está gravemente amenazado por las fuerzas de seguridad y otros agentes. En algunos casos, los ataques han sido obra de grupos tamiles armados que al parecer actuaban con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Entre estos grupos tamiles se encuentran el Partido Democrático Popular de Eelam y el Tamil Makkal Viduthalai Pulikal, un grupo armado escindido de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil al que se conoce como facción de Karuna.^¹Por su parte, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, un grupo armado de oposición separatista que lleva desde la década de 1980 luchando por un estado independiente para la minoría tamil en el norte y el este, no permiten la entrada de ningún medio de comunicación independiente en los territorios bajo su control, y restringen el trabajo de los periodistas, que está sometido a una estrecha vigilancia.

La ausencia de rendición de cuentas por parte de los responsables de violaciones de derechos humanos continúa siendo un motivo de honda preocupación. A pesar de que asociaciones de prensa y otros organismos han pedido que se investiguen los homicidios ilegítimos de trabajadores de los medios de comunicación, los progresos han sido escasos incluso cuando se ha identificado a los sospechosos.

Aunque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación que se han convertido en objetivo pertenecen a la comunidad tamil, desde 2006 han aumentado los ataques de representantes gubernamentales y grupos armados tamiles partidarios del gobierno contra periodistas de la comunidad cingalesa mayoritaria que se declaran contrarios al conflicto y favorables a un acuerdo político o que critican las políticas del gobierno en otros aspectos. Las medidas para reprimir a los medios de comunicación incluyen el cierre de periódicos, el bloqueo de un sitio web, las detenciones arbitrarias y reclusiones en aplicación de la normativa de excepción, la censura y la intimidación. Estas medidas también se utilizan cada vez más contra artistas como, entre otros, directores de cine.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que estas medidas suponen el incumplimiento de las obligaciones contraídas por Sri Lanka, especialmente en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que es Estado Parte, de respetar y proteger la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Las restricciones impuestas a la libertad de expresión en Sri Lanka superan con mucho las que se pueden imponer legítimamente por razones como la seguridad nacional. Las violaciones del derecho de los periodistas a la vida y a no sufrir tortura ni malos tratos nunca pueden justificarse en nombre de la seguridad nacional, y constituyen violaciones de las obligaciones contraídas por Sri Lanka en virtud del derecho internacional.

Hasta la fecha, a Amnistía Internacional no le consta que se hayan llevado a cabo investigaciones que hayan culminado en el procesamiento de los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, entre las que se encuentran homicidios que datan de 1990. Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación que quienes atacan e incluso matan a periodistas lleven años gozando de impunidad.

El gobierno de Sri Lanka debe poner fin al hostigamiento, la intimidación, las excesivas restricciones y los ataques a los medios de comunicación; en concreto, debe garantizar con urgencia que todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas son objeto de una investigación independiente, imparcial y efectiva, y que sus responsables son procesados.

La primera parte de este informe presenta las normas internacionales y el marco legislativo nacional con respecto a la libertad de expresión. Posteriormente documenta los homicidios y otras violaciones de derechos humanos contra periodistas y personal de medios de comunicación denunciadas durante los últimos dos años. A pesar de haberlo solicitado en cuatro ocasiones desde enero de 2007, el gobierno de Sri Lanka no ha concedido a Amnistía Internacional permiso para visitar el país en una misión de investigación. Así pues, este informe se basa en fuentes de segunda mano que se han complementado con información reunida desde el extranjero, ya sea mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos o a través de entrevistas con trabajadores de medios de comunicación que viajaban fuera de Sri Lanka. Algunos apartados del informe no se han desarrollado a fondo debido a la imposibilidad de verificarlos sobre el terreno. Por ejemplo, para elaborar el apartado de abusos por parte de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, a Amnistía Internacional le gustaría evaluar la situación por sí misma y plantear directamente a los dirigentes de este grupo en el distrito de Kilinochchi los motivos de preocupación que tiene la organización en relación con los abusos que han cometidos.

La segunda parte del informe resume los crecientes ataques a la libertad de expresión al margen de las circunstancias inmediatas del conflicto, y en la conclusión se hacen una serie de recomendaciones. El derecho a la libertad de expresión debe estar protegido expresamente por la Constitución, y cualquier restricción de este derecho debe limitarse a las establecidas en el PIDCP. Debe promulgarse una Ley sobre Libertad de Información que haga efectivo este derecho. La Constitución debe especificar que los poderes de excepción sólo pueden utilizarse en circunstancias excepcionales, según se establece en el derecho internacional de los derechos humanos. Debe aclararse la definición de terrorismo que figura en la normativa de excepción de 2006 para que no se utilice de modo indebido con el fin de restringir arbitrariamente la libertad de expresión. Amnistía Internacional también hace un llamamiento a las autoridades para que cumplan con su obligación de investigar de modo inmediato e imparcial todas las violaciones de derechos humanos contra trabajadores de medios de comunicación.

Amnistía Internacional remitió el borrador del informe al gobierno, pero el 16 de enero de 2008 aún no había recibido comentarios. La organización espera iniciar un debate constructivo con el gobierno de Sri Lanka sobre la aplicación de las recomendaciones que se presentan en este informe.

Información general

El prolongado conflicto que vive Sri Lanka ha causado violaciones generalizadas de derechos humanos y la muerte de más de 70.000 personas.^²Más de 200.000 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente a consecuencia de los enfrentamientos producidos desde abril de 2006 entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y fuerzas de seguridad gubernamentales.^³En el país ha vuelto a reimplantarse una práctica sistemática de desapariciones forzadas que suscita honda preocupación. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha registrado varios cientos de casos de desapariciones forzadas desde 2006.^⁴Las víctimas del reciente conflicto son fundamentalmente miembros de la minoría tamil que viven en el norte y el este del país, zonas dominadas por esta etnia.^⁵

Buscando una solución negociada al conflicto, el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil firmaron el 22 de febrero de 2002 un Acuerdo de Alto el Fuego mediante el cual el gobierno y los Tigres de Liberación se comprometían a aceptar que la Misión de Vigilancia de Sri Lanka vigilara in situ su cumplimiento.^⁶ La violencia disminuyó considerablemente tras la firma, y se reabrió la principal carretera que unía el norte y el sur, la A9, lo que permitió a personas y grupos de la sociedad civil del sur visitar zonas del norte devastadas por la guerra. El canal de televisión estatal Rupavahini reinició sus transmisiones en el norte, tras un lapso de 15 años. Después de la firma del Acuerdo continuaron produciéndose enfrentamientos esporádicos. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha registrado una serie de violaciones de derechos humanos por ambas partes, pero especialmente por parte de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.^⁷

En noviembre de 2005, Mahinda Rajapakse fue elegido presidente de Sri Lanka.^⁸La campaña electoral del presidente estuvo respaldada por dos partidos nacionalistas: el Frente de Liberación Popularcingalés (Janatha Vimukthi Peramuna) y el Jathika Hela Urumaya, que representaba a algunos monjes budistas. El presidente Rajapakse hizo campaña con un programa en el que prometía mano dura contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

En Sri Lanka se ha producido una escalada de la violencia desde finales de 2005, sobre todo en el norte y el este. A finales de ese año, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil atacaron con minas Claymore a las fuerzas de seguridad srilankesas en el norte y el este. Aunque el gobierno y los Tigres de Liberación se reunieron en febrero de 2006 para hablar de la aplicación del Acuerdo de Alto el Fuego, otra reunión prevista para abril del mismo año no llegó a celebrarse. Aunque a mediados de 2006 ninguna de las partes había anunciado oficialmente el fin del Acuerdo, éste en realidad estaba roto, y se suspendió oficialmente el 16 de enero de 2008.

El presidente Rajapakse ha designado a sus tres hermanos para dirigir puestos clave en el gobierno: Gotabhaya Rajapakse se ha convertido en ministro de Defensa, Basil Rajapakse en asesor presidencial^⁹y Chamal Rajapakse en Ministro de Ordenación del Riego y el Agua. El presupuesto militar aumentó considerablemente, al pasar de 108.670 millones de rupias en 2006 a 129.000 millones de rupias (1.159 millones de dólares estadounidenses) en 2007.

El 12 de abril de 2006, un ataque con bomba en un mercado público de Trincomalee causó la muerte de cinco personas, entre las que había un menor. Tras el ataque, atribuido a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, más de 20 civiles murieron durante los episodios de violencia comunitaria que se desataron y miles fueron objeto de desplazamiento forzado a causa de ataques que, al parecer, fueron obra de la comunidad cingalesa en represalia por lo ocurrido.^¹⁰El 25 de abril de 2006 se vivió un momento decisivo en la escalada del conflicto debido al intento de atentado suicida con bomba contra Sarath Fonseka, teniente general del ejército de Sri Lanka, por parte de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. En respuesta al intento de asesinato, el gobierno lanzó de inmediato una importante ofensiva aérea y con artillería contra posiciones de los Tigres de Liberación en el distrito de Trincomalee. Al reiniciarse las hostilidades se impusieron severas restricciones a los periodistas que informaban desde el norte y el este del país.

Las restricciones a la libertad de expresión, con medidas oficiales o extraoficiales, son habituales en Sri Lanka desde hace muchos años. El Estado ha recurrido a la seguridad nacional como excusa para imponer amplias e imprecisas restricciones a la libertad de expresión en la legislación o a través de la normativa de excepción. Por su parte, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil han reprimido totalmente la disidencia en las zonas bajo su control.

Tras una reciente visita a Sri Lanka, a comienzos de octubre de 2007, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Louise Arbour observó que:

La cuestión de derechos humanos más grave es la falta de información pública creíble sobre el gran número de casos de secuestros, desapariciones y homicidios no resueltos. […] Estos casos no se registran del modo adecuado, y tampoco se investigan ni se enjuician.^¹¹

Dadas la escala y la naturaleza de las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, es fundamental que se proteja la libertad de expresión en Sri Lanka para que la opinión pública pueda disponer de información fiable.

Libertad de expresión: Normas internacionales

El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Asimismo, el artículo 19 del PIDCP estipula el derecho a la libertad de opinión:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

(a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

(b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Restricciones a la libertad de expresión

El artículo 19 del PIDCP establece claramente el derecho de los Estados a restringir el derecho a la libertad de expresión. Toda restricción debe cumplir los tres criterios siguientes:

debe estar fijada por la ley. Esto significa que la ley debe ser accesible y estar “formulada” con la precisión necesaria para que los ciudadanos regulen su conducta;
sólo puede imponerse por uno de los fines legítimos establecidos en el artículo 19.3;
tiene que ser necesaria para lograr ese fin, lo que supone que la restricción debe ser proporcional. No se pueden imponer restricciones mayores que las necesarias para conseguir el fin que se persigue.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha destacado que “cuando un Estado Parte considera procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo”.^¹²En otras palabras, no se deben imponer restricciones para impedir que personas o medios de comunicación expresen opiniones o proporcionen información por la simple razón de que molestan a un gobierno, le perjudican políticamente o dan una imagen negativa de él. En concreto, no puede alegarse la seguridad nacional como motivo que justifique la imposición de restricciones amplias e imprecisas. En épocas de conflicto armado, por lo tanto, los gobiernos no pueden prohibir de modo indiscriminado la publicación de información relacionada con la seguridad.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que, en situaciones excepcionales, puede que un Estado tenga que suspender derechos para lograr un bien común mayor. El artículo 4 del PIDCP reconoce esta posibilidad y establece las suspensiones que se podrán adoptar en estas situaciones. Sin embargo, las limitaciones deben ceñirse a unos parámetros estrictamente definidos. El artículo 4 también establece una serie de condiciones, sustantivas y de procedimiento, para la imposición de suspensiones en situaciones excepcionales.

El artículo 4 del PIDCP afirma claramente que las suspensiones sólo pueden restringir derechos en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, y que no se pueden aplicar de forma discriminatoria; también establece que no se pueden suspender determinados derechos fundamentales como el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura ni esclavitud, a no ser juzgado ni condenado por un hecho que no era delictivo en el momento de su comisión, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información^¹³hacen hincapié en las normas actuales sobre no divulgación de información por motivos de seguridad nacional. El principio 12 afirma:

Un estado no podrá denegar acceso de modo terminante a toda la información relativa a la seguridad nacional, sino que deberá designar en ley sólo aquellas categorías específicas y estrictas de información que sea necesario no revelar para proteger un interés legítimo de seguridad nacional.

El gobierno puede restringir la libertad de expresión para proteger su interés legitimo, pero sólo cuando se den los tres criterios mencionados anteriormente. Las restricciones imprecisas o definidas de un modo amplio, aunque cumplan el criterio de estar “fijadas por la ley”, serán en general inaceptables porque van más allá de lo que es estrictamente necesario para proteger el interés legítimo del Estado. Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por las disposiciones poco definidas de la normativa de excepción, que se prestan a una interpretación que va más allá del legítimo interés.

En 2003, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación ante “las informaciones persistentes en el sentido de que el personal y los periodistas de los medios de información son objeto de hostigamiento y que las autoridades competentes [de Sri Lanka] hayan hecho caso omiso o desestimado la mayoría de las denuncias de violación de la libertad de expresión”. El Comité recomendó que:

El Estado Parte debe adoptar medidas apropiadas para impedir todos los casos de hostigamiento del personal y los periodistas de los medios de información, velar por que esos casos sean investigados con diligencia, minuciosidad e imparcialidad y por que los responsables sean procesados.^¹⁴

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que no se hayan adoptado esas medidas y que, cuatro años después de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, la situación se haya deteriorado aún más.

Marco legislativo srilankés

La Constitución de Sri Lanka establece el derecho a la libertad de expresión. El artículo 14.1.a afirma que:

Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de palabra y expresión, incluida su publicación.

El artículo 15 establece una serie de restricciones a los “derechos fundamentales”, como el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 14.1.a. El artículo 15.2 estipula que este derecho:

[…] [E]stará sujeto a las restricciones que establezca la ley en interés de la armonía religiosa o racial o en relación con la inmunidad parlamentaria, el desacato, la difamación o la incitación al delito.

El artículo 15.7 establece que, además, este derecho:

[…] [E]stará sujeto a las restricciones que establezca la ley en interés de la seguridad nacional, el orden público y la protección de la moralidad o la salud públicas, o con el fin de velar por el debido reconocimiento y respeto a los derechos y las libertades de los demás, o para satisfacer las justas necesidades de bienestar general de una sociedad democrática. A los efectos del presente párrafo, el término “ley” incluye las normativas relativas a la seguridad pública establecidas en su momento en aplicación de la ley.

Este marco permite al gobierno utilizar amplios criterios para imponer restricciones legislativas o a través de “normativas relativas a la seguridad pública establecidas en su momento en aplicación de la ley” a las que se ha recurrido reiteradamente durante el conflicto para imponer severas restricciones a los medios de comunicación en nombre de la seguridad nacional.

Normativa de excepción

En Sri Lanka han estado vigentes diversas leyes del estado de excepción durante los más de 25 años de conflicto armado interno. Según el artículo 155 de la Constitución, el presidente está autorizado a promulgar normativa de excepción que “modifique o suspenda la aplicación de las disposiciones de cualquier ley, salvo las establecidas en la Constitución”. Este mismo artículo también integra en la legislación de Sri Lanka el Decreto de Seguridad Pública núm. 25 de 1947,^¹⁵promulgado en un principio por las autoridades coloniales británicas. El artículo 5 del este Decreto confiere al ejecutivo poderes para, entre otras cosas, promulgar normativa de excepción que puede:

autorizar la detención sin cargos ni juicio;^¹⁶
autorizar la entrada, el registro y la incautación de bienes;
modificar cualquier ley (salvo la Constitución) o suspender su aplicación;
establecer tribunales especiales para procesar a delincuentes, incluso bajo la propia normativa de excepción.

Además, el ejecutivo puede eximir a los funcionarios que actúen “de buena fe” al aplicar la ley de hacer frente a procedimientos penales o demandas civiles.^¹⁷

La normativa de excepción se suspendió durante el cese de las hostilidades, pero el entonces presidente Chandrika Kumaratunge Bandaranaike volvió a promulgarla el 13 de agosto de 2005, tras el asesinato del ministro de Asuntos Exteriores Lakshman Kadirgamar.^¹⁸Esta normativa se renueva mensualmente mediante una votación parlamentaria y ha estado vigente ininterrumpidamente desde esa fecha.

La normativa de 2005 permite la entrada en vigor de los plenos poderes de excepción que otorga el Decreto de Seguridad Pública núm. 25, tal y como hemos indicado anteriormente. Según los informes, se ha recurrido a la normativa para detener a numerosas personas de origen tamil durante operaciones de acordonamiento y registro. En diciembre de 2005, un millar de personas fueron detenidas durante una operación de registro denominada “Noche de los desconocidos II”.^¹⁹La disposición núm. 20 de la normativa de excepción de 2005 otorga a los miembros de las fuerzas de seguridad de cualquier rango autorización oficial para detener a personas sospechosas. Además, Amnistía Internacional considera preocupante que el gobierno recurra al artículo 9.1 de la Ley de Prevención del Terrorismo, que permite al ejecutivo detener a personas sin cargos ni juicio durante un periodo de hasta 18 meses. Aunque al principio de la entrada en vigor del Acuerdo de Alto el Fuego se suspendió la aplicación de esta ley, los informes indican que se ha recurrido a ella en algunos casos de detención de trabajadores de medios de comunicación.

Según la normativa de excepción no es obligatorio hacer público el lugar en el que están recluidas las personas sospechosas, pero las Directivas Presidenciales promulgadas en julio de 2006 exigen que a la persona detenida “se le ofrezcan medios razonables para comunicarse con un familiar o amigo con el fin de que su familia conozca su paradero”, que se informe a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka de la detención y el lugar de reclusión en cada uno de los casos y en un plazo de 48 horas, y que los miembros de la Comisión visiten a las personas detenidas.^²⁰En octubre de 2007 presentó su renuncia un grupo asesor integrado por expertos en derechos humanos al que se había encomendado la tarea de asesorar al gobierno de Sri Lanka. Sus integrantes afirmaron que las autoridades no ponían en práctica “ni siquiera las salvaguardas mínimas” para proteger los derechos humanos, y que la policía srilankesa no aplicaba las Directrices Presidenciales de julio de 2006 destinadas a ofrecer garantías frente a la detención arbitraria.^²¹

Uno de los integrantes del grupo, Rohan Edirisinghe, comenta:

No conseguíamos nada […]. Participamos en la comisión durante un año y medio, la situación de los derechos humanos está empeorando.^²²

Amnistía Internacional considera preocupante que sucesivos gobiernos de Sri Lanka lleven años utilizando el Decreto de Seguridad Pública núm. 25 para promulgar ordenanzas y normativas que conceden excesivos poderes al ejecutivo. La organización ha hecho reiterados llamamientos a gobiernos de todo el mundo para que no abandonen sus obligaciones en materia de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. En concreto, deben respetarse y protegerse en todo momento el derecho de toda persona a no ser objeto de detención arbitraria y el derecho de las personas detenidas a comparecer ante un tribunal ordinario en un proceso conforme a las normas internacionales para un juicio justo. Las personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos deben ser procesadas en juicios con las debidas garantías; lo contrario supondría debilitar gravemente la protección frente a nuevas violaciones de derechos humanos, y las víctimas tendrían pocas posibilidades de obtener reparación.

Al margen de la inquietud que suscitan las características de la legislación, está claro que las fuerzas de seguridad utilizan la amenaza general de los amplios poderes que les otorga la normativa de excepción para intimidar a las personas. Amnistía Internacional ha planteado su preocupación, por ejemplo, en relación con las detenciones en masa de tamiles que se produjeron en Colombo el 2 de diciembre de 2007.^²³

Reglamento de Emergencia (Prevención y Prohibición del Terrorismo y de Actividades Terroristas Específicas) núm. 7, de 2006

Además de la normativa de excepción de 2005, el presidente Mahinda Rajapakse promulgó el 6 de diciembre de 2006 una serie de modificaciones de la normativa vigente. Esta normativa adicional se promulgó en respuesta al intento de asesinato del ministro de Defensa, Gotabhaya Rajapakse.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que la normativa de excepción de 2006 introduce delitos de “terrorismo” definidos de forma amplia e imprecisa que, entre otras cosas, se han utilizado para silenciar a los medios de comunicación críticos y, en general, para violar la libertad de expresión en Sri Lanka.

Por ejemplo, la norma 6 tipifica como delito no sólo el “terrorismo” o “cualquier actividad terrorista específica”, sino también “cualquier otra actividad que favorezca todo tipo de acto de terrorismo o actividad terrorista específica cometido por un grupo, una persona o un grupo de personas”. La norma 7 establece, entre otras cosas, que:

Ninguna persona […] promoverá, alentará, apoyará u organizará ninguna actividad o acto de un grupo, una persona o un grupo de personas o de una organización que supongan una contravención de la norma 8 de esta normativa, ni asesorará, participará o actuará en beneficio de tal actividad o acto.

La norma 8 tipifica como delito “cualquier tipo de transacción” con personas o grupos “que suponga una contravención de las normas 6 y 7 de esta normativa”. Estas disposiciones están redactadas de forma imprecisa y, por lo tanto, pueden interpretarse de modo que conviertan en delictiva una amplia serie de actividades, como las investigaciones de los medios de comunicación o la información que ofrecen. Además, las disposiciones no establecen, por ejemplo, que el apoyo o la ayuda prestados a una persona que participe en tales actividades o actos o las transacciones con esa persona tienen que haberse llevado a cabo de forma intencionada y a sabiendas. Así pues, las personas que participan en actividades que razonablemente consideran legales, como recibir o difundir información, pueden ser procesadas por delitos relacionados con el “terrorismo”.

La normativa de excepción de 2006 ha afectado a los medios de comunicación. Los periodistas han manifestado que han tenido que recurrir a la autocensura debido a la forma tan amplia en que se define el terrorismo. Por ejemplo, a comienzos de 2007 se invocó la normativa de excepción de 2006 para registrar las instalaciones de Young Asia TV, y las fuerzas de seguridad han interrogado a periodistas y, en ocasiones, a sus familiares en sus domicilios amparándose en los poderes para registrar propiedades que les otorga la normativa de excepción en aras de la seguridad nacional.^²⁴

Violaciones de derechos humanos contra periodistas y otro personal de medios de comunicación en el contexto del conflicto

Homicidios ilegítimos de periodistas y otro personal de medios de comunicación

Desde comienzos de 2006 han muerto 10 trabajadores de medios de comunicación, la mayoría pertenecientes a medios de la comunidad tamil. Los periodistas, como grupo que está en la vanguardia informativa con respecto a las violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto, temen cada vez más por su seguridad. Desde comienzos de 2006, más de 10 periodistas han abandonado el país en busca de seguridad.^²⁵

Los periodistas del norte y el este se encuentran en una posición sumamente vulnerable, especialmente los de Jaffna. La constante de violaciones de derechos humanos que sufren está a menudo relacionada con la información que ofrecen, o se cree que ofrecen, sobre los derechos humanos en la zona. Otros periodistas en una situación vulnerable son los que informan sobre cuestiones relacionadas con la corrupción y los que critican al gobierno por optar por una solución militar al conflicto.

Homicidio ilegítimo del periodista Subramaniyam Sugirdharajan

S
egún los informes, Subramaniyam Sugirdharajan, periodista y trabajador del Puerto de Trincomalee, fue abatido por disparos realizados por hombres no identificados que circulaban en motocicletas en torno a las 6 de la mañana del 24 de enero de 2006. Subramaniyam Sugirdharajan había publicado en el diario tamil Sudar Oli fotografías y artículos críticos con el ejército y la facción de Karuna. Sus fotografías de cinco jóvenes tamiles a los que habían matado en Trincomalee el 2 de enero de 2006 habían contribuido a refutar los informes oficiales iniciales según los cuales los jóvenes en cuestión habían muerto en una explosión de granada.

El caso del homicidio de los cinco jóvenes tamiles es complejo y está siendo examinado por una comisión de investigación. El 2 de enero de 2006, el Servicio Cingalés de la BBC informó en el programa radiofónico Sandeshaya de que cinco jóvenes tamiles habían muerto presuntamente en una explosión en la ciudad oriental de Trincomalee. “El ministro de Defensa srilankés ha manifestado que los estudiantes eran rebeldes sospechosos que planeaban un ataque y que la granada que llevaban explotó antes de tiempo causándoles las muerte.”^²⁶Sin embargo, una portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka declaró en el programa Sandeshaya que “había pruebas de que los cinco estudiantes habían recibido disparos en la cabeza” de un modo que describió como similar a una ejecución.^²⁷

Tras el homicidio de los estudiantes, las fuerzas de seguridad no permitieron que el público viera los cadáveres, y los trasladaron directamente al hospital de Trincomalee. Aunque el portavoz del ejército mantuvo que los estudiantes habían muerto a causa de la explosión de la granada que portaban en un atentado frustrado contra el ejército, Sudar Oli y otros medios de comunicación tamiles informaron de que los hombres habían muerto por heridas de bala.^²⁸Subramaniyam Sugirdharajan consiguió visitar el depósito de cadáveres en el que se encontraban los estudiantes y documentó que mostraban heridas de bala en la nuca. Las fotografías que realizó se difundieron ampliamente en prensa escrita y páginas web en tamil y fueron decisivas para que se realizara una autopsia a fondo, tras confirmar el general de brigada Prasad Samarasinghe que también había heridas de bala. La declaración prestada el 17 de enero de 2006 por el oficial médico del ejército Gamini Gunatunge ante el tribunal de primera instancia de Trincomalee confirmó que las muertes se habían producido por heridas de bala.^²⁹

Tras la creciente repulsa en los ámbitos nacional e internacional, el presidente creó una comisión de investigación en septiembre de 2006 para investigar éste y otros 15 casos. Entre ellos no figura el homicidio de Subramaniyam Sugirdharajan.

La falta de información creíble sobre los responsables del homicidio ilegítimo de Subramaniyam Sugirdharajan hace que sea aún más urgente la necesidad de una investigación independiente e imparcial.

Amenazas contra los medios de comunicación de Jaffna

Jaffna ha permanecido aislada del resto del país desde el cierre, el 11 de agosto de 2006, de la carretera A9 que une el norte y el sur. La falta de transporte ha afectado al suministro de alimentos para más de 500.000 personas que viven en la península. La zona está fuertemente militarizada; el ejército de Sri Lanka mantiene múltiples puestos de control y durante la noche está vigente el toque de queda. Son habituales las operaciones de acordonamiento y registro, en las que se hacen redadas de hombres y mujeres, fundamentalmente tamiles, a los que se les confiscan los documentos de identidad; posteriormente, muchas de esas personas son detenidas y trasladadas a campamentos del ejército para realizar “comprobaciones”. Al parecer, muchos detenidos son torturados mientras permanecen bajo custodia. La oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka en Jaffna ha registrado varios casos de tortura en campamentos del ejército desde 2006. El número de informes de homicidios ilegítimos y desapariciones continúa aumentando. Según la oficina de la Comisión en Jaffna, entre diciembre de 2005 y septiembre de 2007 se recibieron informes de 900 personas en paradero desconocido a las que se consideraba víctimas de desaparición forzada.

El hecho de que muchos de estos episodios se produzcan en zonas de alta seguridad y durante las horas del toque de queda indica que al menos algunos de estos homicidios pueden haber sido obra de agentes que trabajan con las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia, especialmente con el Ejército de Sri Lanka, dado que es el principal responsable de las operaciones de seguridad en la zona. Un representante de un organismo internacional que visitó la península de Jaffna en varias ocasiones durante 2007 afirma que “todas las noches se llevan y matan a personas […] en la península ni se investiga ni se inician procesos legales”.^³⁰

Durante su visita de octubre de 2007 a Jaffna, Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, mostró su preocupación ante las violaciones de derechos humanos, como por ejemplo las desapariciones forzadas.^³¹Según los informes, las desapariciones en el norte y el este forman parte de una estrategia sistemática de contrainsurgencia por parte del gobierno destinada a localizar a simpatizantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Un analista señala que desde el primer trimestre de 2006 han muerto cientos de presuntos simpatizantes o partidarios de los Tigres de Liberación , especialmente en Jaffna.^³²Algunos informes ponen de relieve la preocupación por el hecho de que el Partido Democrático Popular de Eelam, que forma parte de la coalición de gobierno del país y cuenta con un brazo armado, puede estar desempeñando un papel clave en las violaciones de derechos humanos cometidas en la península.^³³Algunas familias de personas desaparecidas han planteado su inquietud por el hecho de que el Partido Democrático Popular de Eelam sea responsable de algunas de las desapariciones que se están produciendo. Según los informes, agentes de los servicios de inteligencia y miembros del Partido Democrático Popular de Eelam grabaron en vídeo actividades de festivales comunitarios organizadas durante el alto el fuego, en las que los Tigres de Liberación de Eelam Tamil podían mostrarse abiertamente, y atacaron sistemáticamente a personas que asistían a desfiles o manifestaciones. (Se cree que los Tigres de Liberación obligaron a asistir a muchas de las personas que participaron en estos actos, por lo que su presencia no significaba necesariamente que estuviesen relacionadas con ellos.)

Algunas familias de víctimas afirman que hombres enmascarados que llegan por la noche hablan bien el dialecto tamil de Jaffna, que a las fuerzas de seguridad de habla cingalesa les resultaría difícil llegar a dominar. A los cuadros del Partido Democrático Popular de Eelam también se les acusa de actuar como mensajeros entre familias, víctimas y el Ejército de Sri Lanka; se han recibido denuncias de que se les paga por cumplir con este cometido. Estos informes son difíciles de confirmar, habida cuenta del clima de temor reinante en la península, del hecho de que muchas familias tienen miedo de hablar, y de la falta de acceso y seguridad para que medios de comunicación de otros lugares puedan investigar lo que está ocurriendo. Amnistía Internacional insta al gobierno a que investigue estas denuncias.

En esta situación, los medios de comunicación del norte tienen una gran importancia a la hora de informar sobre abusos contra los derechos humanos. Periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sufrido a menudo intimidación, y varios de ellos han muerto. Desde el asesinato de Mylvagaman Nimalarajan (colaborador de la BBC) en octubre de 2000 (véase el apartado “Inacción y ausencia de rendición de cuentas”) resulta cada vez más difícil encontrar artículos periodísticos independientes. La BBC ya no cuenta con corresponsal en Jaffna, ya que “nadie aceptará el trabajo de informar sobre los hechos que se están produciendo en la península”.^³⁴

El diario Uthayan (Amanecer) de Jaffna ha sufrido graves ataques.^³⁵La razón por la que se ha convertido en objetivo es, según informes, política y está relacionada con la postura del periódico presuntamente favorable al nacionalismo tamil. Desde comienzos de mayo de 2006, siete trabajadores de medios de comunicación, cuatro de ellos empleados de Uthayan, han muerto en Jaffna. La redacción del periódico fue atacada el 2 de mayo de 2006 por hombres armados que llegaron en motocicletas y que, al no encontrarse allí los periodistas a los que al parecer buscaban, mataron a los miembros del personal de apoyo Suresh Kumar y Rajiv Kumar. El director de Uthayan afirma que “publicar nuestro diario en Jaffna es una tarea cada vez más peligrosa y hercúlea, con hombres armados que amenazan continuamente nuestro trabajo y nuestras vidas”.^³⁶Debido al temor suscitado por los ataques contra el personal de Uthayan, al menos 60 de sus trabajadores no acudieron a trabajar en noviembre de 2007. Según los informes, un periodista del diario lleva 13 meses sin abandonar la redacción por temor a que lo maten.^³⁷

En el informe especial núm. 21 de la organización Profesores Universitarios para los Derechos Humanos se señala al Partido Democrático Popular de Eelam como principal sospechoso del ataque contra el diario Uthayan el 2 de mayo de 2006:

El origen de esta sospecha está en el hecho de que, justo después del ataque, el centinela del ejército en Sivankovil abrió fuego e hirió a dos personas que iban en motocicleta por un camino un poco más largo desde la redacción de Uthayan hasta la oficina del Partido Democrático Popular de Eelam. Posteriormente, una fuente fiable confirmó esta sospecha y añadió que las personas heridas eran miembros del Partido Democrático Popular de Eelam. Según esta fuente, una de ellas tenía lesiones leves y la otra aún recibía tratamiento por las heridas dos meses después.^³⁸

Según los informes, la policía se llevó al sospechoso del Partido Democrático Popular de Eelam para interrogarlo, pero pronto lo dejó en libertad sin hacer más investigaciones. El International Crisis Group afirma que los homicidios ilegítimos que se producen en Jaffna parecen ser obra de:

“Grupos híbridos” integrados por miembros de los servicios de inteligencia militar y militantes tamiles, de los que algunos pueden pertenecer al Partido Democrático Popular de Eelam. Otras fuentes indican que se trata de ex miembros del Partido Democrático Popular de Eelam que ya no están activos y trabajan en estrecha colaboración con el ejército. […] En cualquier caso, apenas hay dudas de que los servicios de seguridad participan activamente en estas ejecuciones extrajudiciales.^³⁹

Se han recibido informes de otros homicidios de periodistas en Jaffna, pero Amnistía Internacional no ha podido obtener más datos o información sobre los responsables. El hecho de que no haya fuentes independientes que puedan verificar las violaciones que se denuncian en la península constituye un motivo de honda preocupación, dada la escala de violaciones de derechos humanos que, al parecer, se están produciendo.

El 29 de abril de 2007, Selvaraja Rajivaram, joven periodista que trabajaba para Uthayan, fue abatido por disparos cerca de la redacción del periódico en Jaffna.^⁴⁰Selvaraja Rajivaram había estado investigando denuncias de desapariciones, y sus artículos incluían información sobre la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka en Jaffna y noticias del hospital clínico de esa ciudad.

Según los informes, el 16 de agosto de 2006, hombres armados no identificados mataron a tiros a Sathasivam Baskaran, repartidor del diario Uthayan, cuando se encontraba en un vehículo de reparto del periódico claramente identificado y aprovechaba el levantamiento temporal del toque de queda para distribuirlo en una zona controlada por las fuerzas armadas de Sri Lanka

El 21 de agosto de 2006, Sinnathamby Sivamarajah, ex parlamentario y director ejecutivo del periódico en lengua tamil Namthu Eelanadu, de Jaffna, fue abatido por disparos ante su casa en la península de Jaffna. La vivienda de Sivamarajah se encuentra en una zona de alta seguridad controlada por el ejército de Sri Lanka, lo que indica que los responsables pudieron actuar con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad.^⁴¹

Sahathevan Deluxshan, de 22 años, estudiante de periodismo en el Centro de Investigación y Formación sobre Medios de Comunicación de la Universidad de Jaffna y periodista a tiempo parcial, murió el 2 de agosto de 2007 como consecuencia de disparos efectuados por hombres no identificados en la ciudad de Jaffna.

Los trabajadores de los medios de comunicación de Jaffna se encuentran en una situación vulnerable porque se les exige la utilización de pases que debe proporcionarles el ejército y, al igual que otros residentes en Jaffna, necesitan un permiso militar para salir de la península. En un congreso de medios de comunicación del Sur de Asia celebrado en septiembre de 2007 en Colombo, la revista india Frontline informó de que:

Los delegados de Jaffna habían llegado con “permisos de trabajo” expedidos por el ejército tras obtener el visto bueno de diversos organismos indicando que no representaban una amenaza para la seguridad del Estado. Los permisos tenían una validez de 10 días y a su regreso tenían que entregarlos a las autoridades militares correspondientes en Jaffna. El periodista tardó más de una semana en conseguir la autorización de las autoridades de defensa, aunque estaba en posesión de una tarjeta nacional de identidad, una acreditación de prensa del gobierno de Sri Lanka y otra tarjeta de identidad expedida por las autoridades militares locales de Jaffna.^⁴²

Homicidio ilegítimo en Colombo

Según los informes, desde comienzos de 2006 un periodista cingalés ha sido víctima de homicidio en Colombo.

Según los informes recibidos, el 2 de julio de 2006, hombres armados desconocidos abatieron a tiros a Sampath Lakmal de Silva, periodista independiente cingalés especializado en cuestiones de defensa. El periodista fue hallado muerto a tres kilómetros de su casa en Dehiwela, Colombo, tras haber salido para encontrarse con una persona no identificada que le había llamado. En el momento de su muerte se encontraba cubriendo el conflicto entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para el semanario Sathdina. Entre las personas detenidas en un primer momento por la policía de Dehiwela se encontrabanun teniente y un miembro de los servicios de inteligencia, ambos del ejército. Sin embargo, posteriormente la investigación policial se paralizó, al parecer debido a presiones militares.

En agosto de 2007, Rupa de Silva, madre de Lakmal de Silva, denunció que una persona no identificada, que se hizo pasar por agente del Departamento de Investigación Criminal, la había amenazado de muerte.^⁴³Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la investigación sobre el homicidio de Sampath Lakmal de Silva continúa paralizada.

Desapariciones de periodistas

Se han producido dos casos de desaparición forzada de periodistas en Jaffna. Amnistía Internacional vigila estos casos de cerca.

Subramanium Ramachandran lleva en paradero desconocido desde el 15 febrero de 2007. Ramachandran, de 37 años, había trabajado desde 2001 como corresponsal en Vadamarachchi de los diarios en lengua tamil Yal Thinakkural y Valampuri. Según Reporteros sin Fronteras, “desapareció tras un informe en el que implicaba a un empresario y a militares en el tráfico ilegal de arena”.^⁴⁴Según los informes, estaba recluido en un campamento militar del norte de la isla, pero cada vez parece más claro que puede haber muerto bajo custodia y que se deshicieron de su cuerpo en secreto.

Vadivel Nirmalarajan, corrector de pruebas del diario Uthayan, está en paradero desconocido desde el 17 de noviembre de 2007. A Amnistía Internacional le preocupa que haya sido víctima de desaparición forzada. Según Reporteros sin Fronteras, “se cree que miembros del Partido Democrático Popular de Eelam lo secuestraron cerca de la vía férrea de Navalar Road, cuando se dirigía a su casa en bicicleta tras acabar el turno de noche como corrector del periódico”.^⁴⁵Su familia ha presentado una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka en Jaffna.

Detenciones de periodistas

Periodistas de todas las comunidades han sido detenidos en relación con artículos en los que criticaban la política del gobierno relativa al conflicto o a cuestiones más amplias.

El 21 de noviembre de 2006, Parameshwari Munusamy, periodista tamil del diario en cingalés Mawbima, fue detenida por miembros de la Fuerza Especial de Operaciones y recluida en la central del Departamento de Investigación Terrorista, en aplicación de la normativa de excepción, como sospechosa de estar relacionada con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.^⁴⁶En el momento de la detención no le comunicaron los motivos ni la base jurídica para su reclusión; permaneció detenida sin cargos durante cuatro meses y quedó en libertad el 22 de marzo de 2007. Parameshwari Munusamy era conocida por informar sobre cuestiones relacionadas con la comunidad tamil y había investigado las denuncias de secuestros y desapariciones en Colombo. Amnistía Internacional cree que fue detenida en relación con los artículos que publicaba en Mawbima en relación con estas violaciones de derechos humanos.

Arthur Wamanan Swarnalingam, periodista tamil que trabajaba para el semanario Sunday Leader, fue detenido por el Departamento de Investigación Criminal el 24 de octubre de 2007. Según los informes, su detención estuvo relacionada con una llamada telefónica que hizo al ministro del gobierno Mano Wijeratne para conocer su opinión sobre un artículo aparecido en The Sunday Leader el 21 de octubre de 2007 en relación con una factura del teléfono móvil de la esposa del ministro.^⁴⁷Además de la preocupación por el hecho de que Arthur Wamanan fue detenido a causa de la presunta presión ejercida por el ministro Mano Wijeratne, el Sunday Leader expresó también inquietud ante el trato que había recibido bajo custodia:

Después de identificar a Arthur como tamil, redactaron su declaración en cingalés a pesar de que él pidió que lo hicieran en tamil o inglés. Después le obligaron a firmarla. Es más, no se le permitió contar con la presencia de un abogado.^⁴⁸

En noviembre de 2007, Arthur Wamanan Swarnalingam presentó ante el Tribunal Supremo una demanda judicial por violación de los derechos fundamentales en la que cuestionaba la legalidad de su detención.

El 26 de febrero de 2007, agentes del Departamento de Investigación Terrorista detuvieron a Dushyantha Basnayake, director de Standard Newspapers Private Limited en Colombo, en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. La razón que se adujo para su detención fue su presunta vinculación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Según Standard Newspapers, es más probable que su detención esté relacionada con la represión sufrida por su periódico, que, antes de la detención, cuestionaba la naturaleza del conflicto; véase infra el apartado “Persecución y silenciamiento del periódico Mawbima”.^⁴⁹Dushyantha Basnayake quedó posteriormente en libertad sin cargos.

El caso de los sindicalistas de Akuna

Lalith Seneviratne^⁵⁰, Nihal Serasinghe y Sisira Priyankara, quecolaboraban en la edición de la publicación sindical Akuna (El Trueno), fueron detenidos el 5 de febrero de 2007. Lalith Seneviratne contó a su abogado que agentes del gobierno vestidos de civil lo sacaron de su casa en Hokandara Norte, en Colombo. Durante su secuestro, su esposa intentó intervenir y le dijeron que se lo llevaban por orden del gobierno. Inmediatamente presentó una denuncia en la comisaría de policía de Ahurugiriya. En un primer momento, las autoridades negaron que los tres hombres estuvieran bajo custodia y afirmaron desconocer su paradero.^⁵¹Cuando aún no habían transcurrido 48 horas, el gobierno admitió que los hombres estaban bajo su custodia y acusó a los sindicalistas de actos “terroristas” como proporcionar armas a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y hacer explosionar bombas. Estas acusaciones se basan en confesiones grabadas, algunas de las cuales se mostraron en una rueda de prensa celebrada en Colombo el 7 de febrero de 2007. El abogado de los sindicalistas puso en tela de juicio estas acusaciones y señaló que se basaban en confesiones obtenidas mediante tortura.

Los sindicalistas son miembros de un grupo político de izquierdas llamado Organización para la Liberación Revolucionaria que se opone abiertamente a la guerra. Debido a ello, a algunos de sus miembros se les ha llamado públicamente Sinhala Koti (“tigres cingaleses”). Algunas manifestaciones en las que participaron conjuntamente con el frente contrario a la guerra fueron dispersadas.

Este caso es complejo, y se barajan diversas explicaciones con respecto al papel que pueden haber desempeñado los sindicalistas como informantes o agitadores de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil o como personas que simplemente llevaban a cabo su trabajo como sindicalistas con derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional está investigando el caso con el fin de que quede más claro. Al margen de sus presuntos delitos, los detenidos tienen derecho a un juicio justo y las denuncias contra ellos deben formar parte de una investigación judicial adecuada.

El Movimiento por los Medios de Comunicación Libres criticó las características de las detenciones por considerarlas aparentemente arbitrarias e ilegítimas:

La forma en que se hizo pública la información relativa a la conexión “terrorista” de los tres sindicalistas también suscita cierta preocupación con respecto a la posibilidad de reprimir la libertad de toda la oposición y los medios de comunicación en interés de la seguridad nacional.^⁵²

Los sindicalistas de Akuna estuvieron recluidos en la sede central del Departamento de Investigación Terrorista en Colombo hasta el 7 de junio de 2007, fecha en que los trasladaron al campo de detención de Boosa, en el sur del país. El abogado Ratnavale, que representaba a los tres detenidos, afirma que el Departamento de Investigación Terrorista había hecho que se convocase la vista de la causa antes de la fecha prevista. Debido a ello, los detenidos no contaron con representación letrada el 23 de marzo de 2007. Según familiares que visitaron a los sindicalistas, el 29 de mayo de 2007 se ordenó a Lalith Seneviratne, Nihal Serasinghe y Sisira Priyankara que firmasen un documento en el que admitían su culpabilidad. Se negaron a hacerlo e iniciaron una huelga de hambre. Al parecer, agentes de policía del Departamento de Investigación Terrorista agredieron a los presos, hecho que las familias de los sindicalistas comunicaron a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka (Denuncia núm. HRC 3253/07 del 4 de junio de 2007). Los tres hombres han permanecido recluidos con acceso limitado a sus familias y su abogado y han denunciado haber sido torturados para obligarles a confesar.^⁵³

En un primer momento, la detención arbitraria desencadenó el 6 de febrero de 2007 una protesta de más de 400 sindicalistas delante de la estación ferroviaria de Fort, en Colombo.^⁵⁴Según los informes, en respuesta a una pregunta planteada por un periodista de Ravaya sobre la inexistencia del debido proceso durante las detenciones de los sindicalistas de Akuna, Champika Ranawakka, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales,^⁵⁵defendió el uso de todos los medios disponibles, incluidas medidas extrajudiciales, contra los disidentes políticos. El ministro Ranawakka afirmó:

No podemos hacer nada a causa de la libertad desenfrenada que existe en este país; si no le podemos hacer frente en el marco de las leyes vigentes, sabemos cómo hacerlo. Si no podemos reprimir a esos bastardos con la ley tenemos que utilizar otras formas y medios. Sí.^⁵⁶

Según el Movimiento por los Medios de Comunicación Libres:

El ministro continúa expresando su apoyo a la reciente campaña de carteles del radical Movimiento Nacional contra el Terrorismo —del que se sabe que es un estrecho aliado político del partido Jathika Hela Urumaya, al que pertenece el ministro— en la que pide la eliminación de aquellas personas de las que ambas formaciones consideran que secundan la causa de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, y entre las que se encuentran todos los activistas de medios de comunicación y de la sociedad civil partidarios de la paz.^⁵⁷

Lalith Seneviratne, Nihal Serasinghe y Sisira Priyankara continúan recluidos en el campo de detención de Boosa y aún no se han presentado cargos formales contra ellos. Según su abogado, sólo han comparecido ante un tribunal en una ocasión. Según los informes, uno de los sindicalistas fue atacado tras regresar del tribunal.

Al referirse directamente al caso Akuna, Kehilya Rambukwella, ministro de Información, afirmó que “el gobierno es capaz de silenciar a quienes expresan su oposición a las detenciones”.^⁵⁸

Amnistía Internacional siente honda preocupación por estas declaraciones. El gobierno debe alentar, facilitar y proteger el derecho de todas las personas, incluidas las que se le oponen, a expresar libre y pacíficamente sus opiniones, en lugar de amenazarlas. La organización hace un llamamiento al gobierno de Sri Lanka para que se desvincule de estas declaraciones y reitere su compromiso de respetar y proteger la libertad de expresión en particular y los derechos humanos en general.

Bombardeo de la emisora de radio Voz de los Tigres

El 27 de noviembre de 2007, un bombardeo aéreo de las fuerzas armadas de Sri Lanka destruyó las instalaciones y algunos edificios civiles adyacentes de la emisora Voz de los Tigres. La emisora difunde noticias e información sobre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Tres miembros del personal de la emisora, a quienes no se había advertido del ataque, y otros seis civiles murieron como consecuencia del bombardeo efectuado por reactores de las fuerzas aéreas. Tras condenar el ataque, Reporteros sin Fronteras señaló: “La Voz de los Tigres es una radio propagandística del grupo rebelde Tigres de Liberación de Eelam Tamil, pero las leyes de la guerra son inequívocas: los bombardeos y ataques militares deben circunscribirse a objetivos estrictamente militares”.^⁵⁹

Amenazas y otras formas de intimidación

En el norte y el este de Sri Lanka, los trabajadores de los medios de comunicación – relativamente poco numerosos en esas zonas– siguen siendo objeto de actos de intimidación. De forma periódica se pide a los directores de los medios de comunicación que faciliten información a los campamentos del ejército, y hombres armados sin identificar entran en las oficinas de los periódicos a altas horas de la noche. El 6 de noviembre de 2006, según los informes, miembros de la división 512º del Ejército de Sri Lanka convocaron en Jaffna a varios directores de periódicos para advertirles de que no recogieran el discurso que pronunciaría el máximo dirigente de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, Velupillai Prabhakaran, con motivo del “Día de los Héroes”. El 5 de enero de 2006, miembros del ejército registraron las oficinas del diario tamil Yal Thinakkural en Jaffna.^⁶⁰

El 9 de enero de 2007, según los informes, tras registrarse varias manifestaciones estudiantiles en protesta por el elevado número de desapariciones forzadas, miembros del ejército de Sri Lanka se personaron en las oficinas de los periódicos Thinakkural, Uthayan y Valampuri y amenazaron al personal para que no publicara informaciones divulgadas por el Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Jaffna.

Las denuncias de intromisión en la cobertura informativa de la visita efectuada a Jaffna en agosto de 2007 por Sir John Holmes, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, constituyen un ejemplo del modo como el ejército trata de controlar las noticias sobre cuestiones de derechos humanos. Según los informes, el día antes de la visita, representantes del ejército indicaron a periodistas y a ONG de Jaffna que guardaran silencio sobre estos asuntos. Grupos de la sociedad civil emitieron un comunicado de prensa en el que se decía:

El día antes de la visita del Sr. Holmes a Jaffna, el gobernador militar, tras convocar una reunión en el cuartel general de Palaly, ordenó a representantes de ONG y de la sociedad civil que durante su reunión con el Sr. Holmes no mencionaran cuestiones de derechos humanos y se circunscribieran a temas de ayuda humanitaria.^⁶¹

El 27 de diciembre de 2007, el ministro de Trabajo, el Dr. Mervyn Silva, entró en las oficinas de la Corporación Rupavahini de Sri Lanka con un grupo de simpatizantes y, según los informes, agredió a miembros del personal. El ministro estaba indignado por la decisión de esta compañía de no televisar un discurso pronunciado por él, que contenía expresiones indecorosas, en una concentración celebrada en Matara. Tras la presunta agresión, empleados de la empresa le pidieron que se disculpara y le tuvieron retenido durante casi tres horas. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno no haya condenado públicamente la acción del ministro. El 20 de enero de 2008, el juez decano de Colombo decretó la libertad bajo fianza de uno de sus guardaespaldas, Nuwan Gunanthilake, apodado Kudo Nuwan, detenido por haber agredido presuntamente al director del servicio de noticias de la compañía. Ahora, en lugar de seguir centrándose en las agresiones perpetradas por el ministro y su guardaespaldas, las autoridades se preocupan sobre todo de interrogar e intimidar a los periodistas que transmitieron el incidente. The Sunday Times informa de que:

Según un alto cargo de la Rupavahini Sanstha Sevaka Sangamaya, la naturaleza de los interrogatorios ha cambiado, centrándose ahora en el comportamiento de los empleados. Se está interrogando al personal sobre la transmisión del incidente, sobre quiénes fueron las personas que autorizaron su difusión en directo y sobre por qué se permitió a otros medios de comunicación acceder a las oficinas para informar de la reyerta.^⁶²

A Amnistía Internacional le preocupa que, tras el ataque a la Corporación Rupavahini, varios periodistas hayan sido objeto de amenazas. El 7 de enero de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil se personaron en el domicilio de Poddala Jayantha, secretario general de la Asociación de Periodistas Profesionales.^⁶³Poddala Jayantha, periodista y sindicalista, ha señalado: “Un grupo de personas sin identificar llamaron a la puerta de mi casa sobre las tres de la madrugada y me pidieron que saliera para conocer una noticia”.^⁶⁴Se identificaron los vehículos como un todoterreno de la policía, con matrícula GC 0306, y una furgoneta, con matrícula 253-200. En una conferencia de prensa celebrada el 10 de enero, el ministro de Información y Medios de Comunicación, Anura Priyadarshana Yapa, dijo que la visita de la policía se había debido a un accidente. La Asociación de Periodistas Profesionales ha planteado la pregunta de por qué acudió la policía al domicilio de Poddala Jayantha a las tres de la mañana. Al parecer, el incidente guarda relación con las graves amenazas contra periodistas formuladas tras la retención del ministro Mervyn Silva por trabajadores de la Corporación Rupavahini. Mientras tanto, el periódico Uthayan de Jaffna ha denunciado haber recibido una amenaza telefónica el 6 de enero de 2008. Según su director gerente, E. Saravanapavan, el comunicante pidió que el periódico dejara de publicarse.

Abusos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil

Silenciamiento de la disidencia en la zona de Vanni

Hasta hace poco, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil controlaban en la práctica varias zonas del norte y el este del país, pero a raíz de una ofensiva militar llevada a cabo en el este por fuerzas de Sri Lanka en la primera mitad de 2007, ahora controlan sólo algunas áreas de la península de Jaffna y de la zona de Vanni (situada al sur de dicha península). Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil tienen su cuartel general en una localidad de Vanni, Kilinochchi, donde cuentan con “fuerzas de policía” y “tribunales” propios. Una persona que necesite acceder desde Vavuniya a las zonas controladas por este grupo tiene que pasar por varios puestos de control, primero de las Fuerzas Especiales (FE) y luego de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Ambas partes controlan rigurosamente la circulación a través de este frente, y el acceso se ha visto muy restringido desde que el 11 de agosto de 2006 se reanudaran los combates a gran escala en el norte.

Amnistía Internacional ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por la prohibición de la disidencia en las zonas bajo control de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, y tiene un gran interés en proseguir sus investigaciones sobre esta cuestión y otros asuntos en dichas zonas.^⁶⁵A principios de 2007, la organización solicitó en varias ocasiones al gobierno de Sri Lanka permiso para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en las zonas controladas por el gobierno y el grupo rebelde. Por desgracia, el gobierno respondió diciendo que, en su opinión, no era el momento adecuado para realizar este tipo de trabajo en ninguna zona del país. En octubre de 2007, según los informes, el gobierno no permitió a Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, que accediera a zonas controladas por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil cuando visitó el país, alegando motivos de seguridad y la posibilidad de que este grupo aprovechara la visita con fines propagandísticos. Las verificaciones y los análisis independientes por instancias nacionales e internacionales son uno de los medios fundamentales para promover la libertad de expresión y el flujo de información en cualquier país, sobre todo si en él tiene lugar un conflicto armado. Por las razones que se acaban de mencionar, Amnistía Internacional espera que, en un futuro próximo, le permitan realizar investigaciones en Sri Lanka para que pueda elaborar sus análisis.

A la población civil de las zonas controladas por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil no se le ha permitido el acceso a varios medios de comunicación escritos y radiotelevisivos durante la mayor parte del conflicto. La emisora de radio “La Voz de los Tigres” y los periódicos controlados por la organización siguen siendo la principal fuente de información. El grupo ha estado involucrado en abusos generalizados contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, reclutamiento de menores, y secuestros y actos de intimidación contra periodistas y otras personas detractoras de la organización. Según unas entrevistas realizadas a trabajadores de ayuda humanitaria que tienen la posibilidad de entrar en las zonas controladas por los Tigres de Liberación y salir de ellas, el grupo organizó una gran campaña de reclutamiento a principios de 2006 para preparar la reanudación del conflicto armado. La organización controla estrechamente las actividades de los periodistas en la región.

Aunque durante el alto el fuego el grupo permitió el acceso de los periodistas a algunas zonas bajo su control, un periodista señaló: “A los periodistas que buscan información en las zonas conflictivas del norte, los rebeldes les proporcionan, cuando los periodistas lo solicitan, 'facilitadores amistosos' para asegurarse de que no entren en territorio prohibido. Los periodistas se sirven de lugareños o de hablantes de tamil de fuera de Vanni, sobre todo como intérpretes, para que los guíen por territorio rebelde, ya que la mayoría de la gente habla sólo tamil. Los guías suelen elegirlos los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Los lugareños son reacios a que los vean guiando a forasteros sin permiso de los rebeldes”.^⁶⁶ En la práctica, esto significa que no hay periodistas independientes en las zonas controladas por la organización. Dado el historial de actos de intimidación perpetrados por el grupo contra las personas que cuestionan su pretensión de ser los únicos representantes del pueblo tamil, no es probable que alguien que viva en la zona de Vanni facilite información contraria a las posturas oficiales de la organización.

En Vavuniya, en el este y en las zonas controladas por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil están prohibidos los periódicos del Partido Democrático Popular de Eelam, y se ha disparado contra personas conocidas por distribuirlos. Según los informes, se han quemado también periódicos de ese partido.^⁶⁷El 27 de diciembre de 2007, una mina Claymore colocada presuntamente por la organización explotó al paso de una furgoneta del Partido Democrático Popular de Eelam que transportaba ejemplares del periódico Thinamurasu.

En ocasiones, el grupo ha atacado también a periodistas fuera de la región de Vanni. El 12 de agosto de 2005, por ejemplo, hombres sin identificar mataron a tiros a la periodista Relangi Selvarajah y a su esposo en Bambalapitiya (Colombo). Relangi Selvarajah había trabajado como presentadora de televisión en la Corporación Rupavahini de Sri Lanka, y en el momento de su muerte trabajaba como periodista en la Sri Lanka Broadcasting Corporation. Según varios informes, los responsables fueron los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Antes de su muerte, Relangi Selvarajah había presentado en el programa Uthayan Darisanam reportajes en los que se criticaban las actividades del grupo. Ella y su esposo mantenían estrechos vínculos con la Organización Popular de Liberación de Eelam Tamil, grupo rival de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.^⁶⁸

Ataques de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil contra medios de comunicación tamiles radicados en el extranjero

Simpatizantes de los Tigres de Liberación han amenazado también en repetidas ocasiones a medios de comunicación tamiles que emiten o publican sus artículos fuera de Sri Lanka. El 8 de junio de 2006, según los informes, Nadarajah Sethurupan, Anushriskumar Thamotherampillai y Kandiah Uthayakumar participaron en una violenta agresión contra personal de la Tamil Broadcasting Corporation, emisora de radio por satélite domiciliada en Rayners Lane, en Harrow, Middlesex. Durante el desarrollo de una causa seguida en Harrow (Londres) se examinaron informes según los cuales Nadarajah Sethurupan, tras personarse en la emisora, insultó al personal y profirió amenazas en nombre de los Tigres de Liberación.^⁶⁹La Tamil Broadcasting Corporation ha afirmado haber recibido también amenazas telefónicas del grupo y de la facción Karuna.

Amnistía Internacional está investigando varias denuncias relacionadas con los Tigres de Liberación y con amenazas contra medios de comunicación tamiles radicados en Canadá y Francia.

Amenazas de la facción Karuna contra los periódicos Sudar Oli y Thinakkural

Según los informes, al menos desde finales de enero de 2007, la facción Karuna ha impedido la distribución de Sudar Oli y Thinnakkural en los distritos orientales de Batticaloa, Trincomalee y Ampara. El periódico en lengua inglesa Daily Mirror señaló que las amenazas que había recibido en abril de 2007 guardaban relación con sus informaciones sobre el reclutamiento de menores y otros abusos contra los derechos humanos perpetrados por esta facción en el este.^⁷⁰Un periodista especializado en asuntos internacionales ha indicado que los colegas destacados en el este dicen en tono de lamento: “¡Lo que hacemos es propagar a los cuatro vientos el sentir de nuestra comunidad! No tenemos otra alternativa”.^⁷¹

El 22 de octubre de 2006, un grupo compuesto por entre 10 y 15 hombres armados quemó 10.000 ejemplares del periódico Virakesari, tras dar el alto a la camioneta que los transportaba cerca de Kiran, en el distrito de Batticola.^⁷²Según los informes, el grupo pertenecía a la facción Karuna.

Aumento de las restricciones impuestas por el gobierno a los medios de comunicación

Consideramos que quien critique a las fuerzas de defensa es un traidor a la patria.

Lakshman Hullugalle, director del Centro de Medios de Comunicación de la Seguridad Nacional, 8 de octubre de 2007

En anteriores fases del conflicto han sido muy numerosas las restricciones impuestas a la libertad de información. A lo largo de los años, medidas formales e informales han impedido informar a fondo sobre él. A partir de junio de 1998, por ejemplo, el presidente Chandrika Bandaranaike Kumaratunga promulgó en diferentes periodos leyes que incluían medidas de censura contra la prensa local. El 3 de mayo de 2000, por ejemplo, se publicó un Boletín del Estado extraordinario en el que se promulgaban leyes sobre toda una serie de atribuciones nuevas concebidas para limitar la información de los medios de comunicación tras la retirada forzada del ejército de Sri Lanka del desfiladero del Elefante, cerca de Jaffna, entre ellas la censura de los medios de comunicación extranjeros. Al cabo de sólo unas semanas se habían cerrado tres periódicos y censurado decenas de artículos. En julio de 2000, el Tribunal Supremo de Sri Lanka revocó de hecho la estricta censura impuesta por el gobierno. Sin embargo, el gobierno reaccionó promulgando nuevas leyes. La censura no se levantó hasta mayo de 2001.

En vista de la reanudación del conflicto, se debe recomendar al gobierno que no restablezca las medidas de censura aplicadas a finales de la década de 1990. Aunque bajo el gobierno actual no existe la censura desde un punto de vista formal, Amnistía Internacional tiene varios motivos de preocupación respecto a las restricciones formales e informales impuestas a los medios de comunicación.

Los efectos de la censura en Sri Lanka se ven agravados por el control estatal de varios medios informativos. El Estado tiene una posición dominante en varios grupos de comunicación, entre ellos algunos de radio y televisión. Controla el grupo Associated Newspapers of Ceylon Limited, conocido popularmente como “Lake House”. Lake House tiene numerosas ramificaciones, con más de 20 publicaciones en las tres lenguas principales del país, y goza de una amplia distribución y una gran influencia. Se beneficia también de la publicidad institucional. Asimismo, el Estado controla la Sri Lanka Broadcasting Corporation (radio), la Sri Lankan Rupavahini Corporation (televisión) y la Independent Television Network.^⁷³Aunque las emisoras privadas de radio han conseguido conquistar una cuota de mercado bastante grande, su capacidad de transmisión es limitada, ya que emiten sólo en frecuencia modulada, mientras que la Sri Lanka Broadcasting Corporation emite en onda corta, media y FM a toda la isla. El gobierno concede las licencias de las frecuencias de radio, lo que restringe aún más las actividades de las emisoras comerciales de propiedad privada.

En junio de 2006, el Departamento de Investigaciones Criminales cerró la CBNS, una de las dos cadenas privadas de televisión más importantes de Sri Lanka.^⁷⁴ Entre las acusaciones figuraban licencias irregulares, la emisión del canal Fashion TV y la existencia de vínculos con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Esta última acusación se debió al descubrimiento de que la CBNS –para llegar a sus clientes– utilizaba el mismo satélite, el PanAmSat 12, que el empleado por esa organización para difundir su canal, el Eelam Sat NTT. Según los informes, este satélite forma parte de la flota de un proveedor internacional de satélites que administra el 25 por ciento de todos canales que se emiten en el mundo. El cierre de la emisora restringió el acceso de la población de Sri Lanka a noticias y programas de entretenimiento internacionales.^⁷⁵

En Sri Lanka, el control estatal de los medios de comunicación alcanza tales dimensiones que socava la libertad de expresión y dificulta el acceso de la población a la información sobre el conflicto.

“Con nosotros o contra nosotros”

Ya no es posible ayudar al terrorismo de forma directa o indirecta y hablar al mismo tiempo de democracia. Por eso se aprovechan [se refiere a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil] de este espacio democrático para tramar la destrucción de toda la sociedad. La democracia que da una oportunidad al terrorismo es una broma. No una simple broma, sino una broma macabra, una broma que nos ha hecho ya derramar muchas lágrimas.

Mahinda Rajapakse, presidente de Sri Lanka, en una alocución dirigida a toda la nación en diciembre de 2006

Desde la reanudación del conflicto, el gobierno ha advertido en varias ocasiones a los medios de comunicación de que no informen sobre las actividades de las fuerzas de seguridad de forma negativa. En septiembre de 2006, el ministro de Defensa indicó a los medios de comunicación locales que sus directores debían suprimir todos los artículos relacionados con la defensa en aras de la seguridad nacional.^⁷⁶En unas entrevistas telefónicas, varios periodistas señalaron a Amnistía Internacional que se sienten inducidos a enviar los artículos relativos al conflicto al Centro de Medios de Comunicación de la Seguridad Nacional. El gobierno ha dejado claro que, en su opinión, las empresas de comunicación y sus empleados deben elegir entre los “terroristas” y el gobierno, que “defiende” al pueblo de Sri Lanka. Esta repetición del discurso de la “guerra contra el terror” fomenta en gran medida la autocensura. Los que no se ajustan a la línea oficial corren el peligro de ser tachados de “terroristas” o “traidores”.

Sanjana Hattutowa, que el 23 de mayo de 2007 escribió un artículo en el Daily Mirror titulado “Soy un enemigo del Estado”, comenta:^⁷⁷

A los activistas de la sociedad civil y de los derechos humanos que cuestionan su buena fe, las autoridades los acusan cada vez más de ser enemigos del Estado. El año pasado, los activistas –tachados de terroristas y marginados– sufrieron en solitario no sólo la hostilidad del gobierno, sino también la creciente hostilidad en el sur de la población, que ansiaba recibir información pública sobre las acciones del gobierno que han socavado gravemente el tejido democrático, y que no entiende nuestra oposición [...] Este gobierno está encarnando y promoviendo cada vez más ese mismo terror que combate.

Un ejemplo es el modo en que el presidente Mahinda Rajapakse se refirió presuntamente al servicio de noticias en Internet Lanka E-news durante una reunión del gabinete celebrada en noviembre de 2007: “No son mejores que los Tigres de Liberación de Eelam Tamil”.^⁷⁸El 1 de febrero de 2006, según los informes, Wimal Weerawamsa, secretario del Frente de Liberación Popular, socio de la coalición de gobierno, dijo en el Parlamento que el redactor jefe del Sunday Leader, Lasanatha Wickrematunge, era un traidor y que conspiraba con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. La reducción de las expresiones de disidencia a “actos de traición” se asemeja al modo en que los Tigres de Liberación han tratado históricamente las críticas a sus posiciones. Respecto a la catalogación actual de los detractores del gobierno como “traidores” o simpatizantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, el profesor Uyangoda, de la Universidad de Colombo, ha comentado:

La imitación del comportamiento de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones de derechos humanos y ayuda humanitaria, es contraproducente y perjudicial para el gobierno. Le impide ocupar una posición de superioridad moral.^⁷⁹

El 10 de octubre de 2007, Mediawise y la Red de Periodistas Exiliados organizaron en la Cámara de los Comunes británica una reunión sobre la seguridad de los periodistas en Sri Lanka. Varias personas, entre ellas Sunanda Deshapriya, del Movimiento de Medios de Comunicación Libres (FMM), y Nadaraja Kuruparan, de la ABC Radio Network (empresa de Sri Lanka), hablaron sobre diversos aspectos del asunto. A su regreso a Sri Lanka, algunos sectores de los medios de comunicación estatales señalaron que los oradores de Sri Lanka “habían recibido dinero de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para trasladarse a Londres y hablar sobre la difícil situación de los periodistas en el país”.^⁸⁰

A Amnistía Internacional le preocupa la campaña pública lanzada por los medios de comunicación estatales y por algunos altos cargos del gobierno contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos trabajadores de los medios informativos, que participan en acciones y actividades de captación de apoyos en favor de la promoción y la protección de los derechos humanos. En vísperas de las reuniones celebradas en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2007, medios de comunicación estatales publicaron artículos y emitieron programas de entrevistas en los que se denigraba a quienes defienden los derechos humanos.^⁸¹

Amenazas contra periodistas que informan sobre el conflicto y la corrupción

Rajpal Abeynayake, director del semanario oficial Sunday Observer, fue despedido en octubre de 2006 después de publicar una columna titulada “¿Un Estado que desmoraliza a sus ‘tropas’ cuando debe animarlas?”, criticada por el ministro de Defensa.^⁸²El 22 de enero de 2007, Ruwan Ferdinandz, director editorial del periódico Mawbima, presentó una denuncia en la comisaría de Rajagiriya en la que afirmaba haber recibido amenazas de muerte por teléfono. Comunicantes anónimos le habían advertido de que dejara de escribir artículos sobre el ministro de Defensa, Gotabhaya Rajapakse, y el asesor presidencial Basil Rajapakse. El 17 de abril de 2007, Champika Liyanaarachchi, director del periódico de Colombo Daily Mirror, recibió amenazas de muerte del ministro de Defensa. Éste amenazó también con “exterminar” a un redactor del periódico por escribir artículos sobre la difícil situación de la población civil afectada por el conflicto armado.^⁸³En mayo de 2007, el Departamento de Investigaciones Criminales interrogó a Sonali Somarasinghe, directora del Morning Leader, sobre un artículo de investigación en el que se denunciaban las malas prácticas del Banco Central.^⁸⁴El Colegio de Abogados de Sri Lanka, tras condenar el modo en que la policía la había presionado para que revelara sus fuentes, observó: “Estas acciones de las autoridades, encaminadas a obligar a los periodistas a divulgar sus fuentes de información, son un freno para el periodismo de investigación”.^⁸⁵

A Amnistía Internacional le preocupan también las amenazas de muerte enviadas a algunos periodistas por correo electrónico. Un ejemplo es el caso de Sadaruwan Senadheera, director de Lanka E-news, que recibió amenazas de muerte tras informar sobre el homicidio al estilo de una ejecución de 17 trabajadores de la organización Acción contra el Hambre en Sri Lanka.^⁸⁶ El 27 de junio de 2007, Lanka E-news había publicado un artículo titulado “Pruebas forenses del homicidio de 17 trabajadores de ayuda humanitaria amañadas”. Poco después de la publicación del artículo, Sadaruwan Senadheera recibió varias llamadas telefónicas intimidatorias. Recibió también una amenaza de muerte en un mensaje de correo electrónico que decía: “Cuando los periodistas falsean la verdad y ponen en peligro al país y a la nación, yo y todas las personas inocentes tenemos un único deseo. Algún día, todos recibiréis una bala de 5,52 o 7,62 mm, y cuanto antes mejor”.^⁸⁷

También están en el punto de mira los periodistas que informan sobre casos de corrupción. El 16 de agosto de 2007 retiraron al columnista especializado en asuntos de defensa Iqbal Athas los escoltas que le habían proporcionado las autoridades. Se le había facilitado protección policial después de haber sido amenazado en varias ocasiones por miembros de la fuerzas de seguridad, irritados con sus informaciones sobre transacciones de armas. El 11 de agosto de 2007, Iqbal Athas, que es también subdirector de The Sunday Times y corresponsal de la CNN y de Janes Defence Weekly, había publicado un artículo en el que denunciaba actos de corrupción en la compra de aviones Mig-27.^⁸⁸A Amnistía Internacional le preocupa que esta acción de las autoridades sea un intento manifiesto de intimidarlo para que no escriba sobre transacciones de armas y suponga un peligro para él en un momento en el que puede ser vulnerable a las agresiones.

Periodistas agredidos durante una manifestación de protesta

El 8 de enero de 2007, un centenar de hombres provistos de porras y dirigidos por un ministro del gobierno agredieron a los componentes de una manifestación celebrada por la organización pacifista Movimiento del Pueblo Unido. El objetivo de la manifestación era protestar por la reanudación del conflicto y su creciente coste en vidas humanas. Estaba previsto que destacados políticos cingaleses, tamiles y musulmanes, entre ellos representantes del grupo opositor Partido Nacional Unido y de varios partidos izquierdistas, hablaran a los manifestantes. El periodista Ajith Seneviratne comenta:

Yo estaba cerca del escenario cuando alguien indicó a Mervyn Silva [viceministro de Trabajo, a quien se vio dirigir a los hombres armados durante el acto] que me encontraba allí. El viceministro gritó: “¡Golpeadlo! ¡Golpeadlos a todos”, y entonces una muchedumbre empezó a agredirme.^⁸⁹

Entre los agredidos figuraban dos periodistas, Ajith Seneviratne, de Lanka E-News, y Gnanasiri Kottigoda, de la publicación mensual Haraya y del Servicio Cingalés de la BBC. Los hombres armados agredieron también a un cámara independiente que estaba tomando fotos y le quitaron la cámara. Aunque se llamó a la policía varias veces, nadie acudió al lugar del incidente.^⁹⁰

Incendio de la oficina de publicaciones de Sunday Leader

El 20 de noviembre de 2007, un grupo de hombres armados y con la cara tapada atacó la oficina de publicaciones de Sunday Leader.^⁹¹Según la policía de Mount Lavinia, unos 10 hombres armados se abrieron paso hasta la imprenta y obligaron a arrodillarse a los empleados que se encontraban trabajando en ese momento, mientras derramaban gasolina sobre las máquinas y algunos periódicos antes de prenderles fuego. La oficina está situada en una zona de alta seguridad, cerca del aeropuerto civil y militar de Ratmalana.

Tras condenar el atentado, el Gremio de Editores de Sri Lanka señaló:

El hecho de que las publicaciones de ese grupo editorial –es decir, Irudina, The Sunday Leader y The Morning Leader–hayan sido muy críticas con el actual gobierno imponía a las autoridades la pesada carga de garantizar su seguridad.

A

menazas contra la libertad de expresión en el campo de la cultura

Según los informes, coincidiendo con el agravamiento de los hostilidades entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, se registró un aumento notable de los actos de intimidación contra los artistas, incluidos escritores, cineastas e intérpretes.

Amenazas contra el grupo de teatro del convento de la Sagrada Familia

El 8 de diciembre de 2005, estudiantes del convento de la Sagrada Familia de Kalutara representaron una obra antibelicista titulada Doothikavo (Misión Permanente) en el teatro Lionel Wendt de Colombo. Poco después del estreno, el director de la obra y la abadesa del convento, Deepa Fernando, recibieron graves amenazas. Se distribuyó una carta fechada el 12 de diciembre de 2005 en la que se pedía que se cambiara la obra para incluir una frase en la que se dijera que Prabhakaran, dirigente de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, era un “terrorista”. Entre los fragmentos de la carta amenazadora enviada por la Brigada Veediya Bandara se encontraba éste:

¡Advertencia en nombre de la paz!

El principal obstáculo para poner fin a un conflicto que dura ya muchos años y traer la paz a este país es la existencia en él de organizaciones que protegen a los terroristas. El sangriento asesino Prabhakaran ha desatado un conflicto armado en el norte, pero en el sur hay una brigada dispuesta a combatirlo [...] Si vuelven a representar esta obra, deben afirmar que es un terrorista [...] Deberían tomarse en serio esta advertencia [...] las consecuencias podrían ser terribles.

Se enviaron copias de la carta a la abadesa, al autor de la obra, Mahinda Namal, y al cineasta Dharmasiri Bandaranaike, que había ayudado a los estudiantes a representarla en Colombo. Los estudiantes y el director teatral interrumpieron las representaciones de Doothikavo.^⁹²Veediya Bandara es un héroe nacionalista cingalés, y organizaciones del Frente de Liberación Popular y del Jathika Hela Urumaya, partidos que forman parte del gobierno, llevan su nombre.

Censura de Aksharya

En abril de 2007, varios grupos de la sociedad civil protestaron por la censura impuesta a Aksharya (Letra de Fuego), película del realizador Asoka Handagama. La cinta gira en torno a una familia de la clase media alta y a una juez que esconde a su hijo después de que éste cometa un asesinato. En un primer momento, la junta censora de Sri Lanka –la Junta de Representaciones Públicas– catalogó la película como “sólo para adultos” y autorizó su proyección a principios de abril de 2006. Poco después, el ministro de Cultura, Mahinda Yapa Abeywardana, afirmó que en la película se perpetraban abusos de menores y ordenó a la junta que anulara la autorización.^⁹³

En una escena clasificada previamente por la junta como “sólo para adultos”, se ve a una mujer desnuda con su hijo en una bañera. El Departamento de Investigaciones Criminales detuvo al niño –uno de los protagonistas de la película– y a su madre y los interrogó sobre el rodaje de la escena. Interrogó también a los intérpretes y al equipo técnico. En una entrevista telefónica, un periodista señaló que el verdadero motivo de la prohibición de la película no tenía nada que ver con el hecho de que en ella salieran personas desnudas. Lo que ocurre es que la cinta plantea interrogantes sobre el tenebroso submundo de Colombo, mostrando imágenes de prostitución y corrupción.

La intervención del ministro de Cultura cuestiona la independencia de la junta censora, único “juez” con potestad para autorizar o no la exhibición pública de películas y otras obras artísticas en Sri Lanka. El Grupo Noviembre, colectivo de ciudadanos interesados en cuestiones relacionadas con la cultura y la libertad de expresión, señaló:

Nosotros, los ciudadanos de este país, y las autoridades no debemos olvidar nunca que Sri Lanka es Estado Parte en el Consorcio [Pacto] de Derechos Civiles y Políticos; según su conocido artículo 19, el gobierno no sólo no debe violar el derecho de los ciudadanos a la información, a la comunicación y a la utilización del idioma, sino que debe protegerlo de manera activa.^⁹⁴

Destacados realizadores de Sri Lanka, como el Dr. Lester James Pieris, Wasantha Obeysekera, Dharmasena Pathiraja, Dharmasiri Bandaranayake y Prasanna Vithanage, apoyaron la autorización de la película.

Durante la vista de un recurso de amparo de los derechos fundamentales presentado por Asoka Handagama, en el que se impugnaba la decisión del gobierno de prohibir la proyección de la cinta, el presidente del tribunal observó que la película retrataba al poder judicial con “tintes negativos” y, según los informes, durante el desarrollo de la vista amenazó a Handagama y a sus colegas con la posibilidad de “tener que ir escoltados”.^⁹⁵El director afirma que el intento del gobierno de prohibir la película se inscribe en una estrategia general encaminada a “desterrar del cine los temas delicados desde un punto de vista social y político”.^⁹⁶El Tribunal Supremo rechazó el recurso de amparo. Se ha criticado al director por sus anteriores proyectos antibelicistas. Otro realizador, Vimukthi Jayasundara, observa que la censura de la película:

[...] pone en evidencia que se prohibirá todo aquello que suponga una crítica a la autoridad del gobierno o un cuestionamiento de los denominados patrones culturales budistas [...] Algunas personas pueden haber pensado erróneamente que las fuerzas armadas abrigaban una preocupación legítima respecto a las películas antibelicistas, pero es evidente que de lo que se trata en este caso es de la libertad de expresión de los artistas y cineastas.^⁹⁷

En septiembre de 2006, durante su emisión, se interrumpieron y cortaron algunos diálogos de la teleserie semanal Sudu Kapuru Pethi (Alcanfor Blanco) que hacían referencia a los militares y que formaban parte de un intercambio de réplicas humorísticas entre dos personajes imaginarios. Más tarde, la Sri Lanka Rupavahini Corporation suspendió la emisión de la serie. Su presidente, Newton Gunaratne, señaló a los medios de comunicación que en ella se había insultado a las fuerzas de seguridad.^⁹⁸

Persecución y silenciamiento del periódico Mawbima

En febrero de 2007 se vieron obligados a cerrar los periódicos Mawbima y Sunday Standard, pertenecientes al grupo Standard Newspapers. Mawbima es el primer periódico en lengua cingalesa que las autoridades obligan a cerrar desde la década de 1970. Según un periodista que trabajaba para el diario:

El cierre de Mawbima me afectó, pues no había otro sitio donde pudiera escribir lo que quería. El periódico brindaba un canal para hablar de nuestra cultura y criticar algunas cosas. Ahora ese canal ha desparecido y no tengo dónde publicar mi columna.^⁹⁹

El propietario de Mawbima es Tiran Alles, conocido por su vinculación con Mangala Samaraweera, ex ministro de Asuntos Exteriores, destituido por el presidente Rajapakse en febrero de 2007. Mawbima había empezado a publicarse en julio de 2006 y había cuestionado la aparente solución militar al persistente conflicto propugnada por el presidente Mahinda Rajapakse.

El 18 de enero de 2007, funcionarios de la Agencia Tributaria registraron las oficinas de Mawbima. La semana anterior, Mawbima había publicado una columna en la que se denunciaban las graves irregularidades cometidas por el entonces ministro Milinda Moragoda en la privatización de la Sri Lanka Insurance Corporation. Tras la publicación del artículo, altos cargos del gobierno ordenaron al parecer a la Agencia Tributaria que registrara las oficinas de Mawbima. Sirviéndose de la normativa de emergencia y alegando presuntas vinculaciones con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, el gobierno consiguió congelar los activos de la compañía.^¹⁰⁰

El 26 de febrero de 2007, agentes del Departamento de Investigaciones Terroristas detuvieron en Colombo a Dushyantha Basnayake, uno de los directores del grupo Newspapers Private Limited (véase más atrás).

Bloqueo y suspensión de servicios

El 15 de junio de 2006, el gobierno de Sri Lanka presionó a los proveedores de servicios de Internet para que bloquearan el acceso a TamilNet.^¹⁰¹TamilNet es un sitio web nacionalista tamil acusado por el gobierno de mostrarse comprensivo con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, pero sus noticias tienen una gran difusión, incluso entre los diplomáticos. El bloqueo impidió a la población de Sri Lanka recibir noticias sobre la situación en Jaffna.

El 24 de octubre de 2007 se suspendieron las emisiones de ABC Radio Network después de que esta cadena difundiera una noticia inexacta sobre la participación de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en un incidente ocurrido en Ranminitenna (Tissamaharama). Se debería haber ordenado una investigación sobre la inexactitud de la noticia, pero el ministro de Información y Medios de Comunicación aprovechó la circunstancia para suspender las emisiones de la cadena y sus licencias. ABC asegura que contrastó la noticia con el portavoz de las fuerzas armadas y con el responsable del programa rural Grama Seva en la zona. Al día siguiente, otras cadenas de radio y los periódicos nacionales se hicieron eco también de la noticia. El 25 de octubre de 2007, el ministro de Información y Medios de Comunicación informó a la cadena de que quedaban prohibidas todas sus emisoras y suspendidas sus licencias de radio.^¹⁰² El 29 de octubre de 2007, ABC presentó un recurso de amparo de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo con el fin de que se anulara la orden de suspensión de las licencias dada por el ministro de Información y Medios de Comunicación Anura Priyadarshana Yapa. El caso está pendiente de resolución.

Inacción y ausencia de rendición de cuentas

Una inveterada cultura de la impunidad evita que sean procesados los responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos quienes persiguen a periodistas. Las autoridades competentes han rechazado o ignorado la mayoría de las denuncias de violación de la libertad de expresión. La ausencia de investigaciones sobre las muertes de empleados de los medios de comunicación tiene una dilatada historia. Las asociaciones de periodistas de Sri Lanka han tratado de que se investiguen como es debido numerosos casos, como el homicidio del periodista de Inter-Press Service Richard De Zoysa, cometido en febrero de 1990.

Los responsables del homicidio ilegítimo de Richard de Zoysa en 1990 nunca fueron puestos a disposición judicial. Richard De Zoysa, respetado actor y periodista que había alzado su voz contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka a finales de la década de 1980, fue encontrado muerto el 19 de febrero de 1990. Algunos testigos señalaron que el 18 de febrero por la mañana seis hombres armados –dos de ellos con uniforme de la policía– llegaron en un todoterreno policial y se llevaron a De Zoysa de su domicilio. Durante la identificación de unas fotos, su madre, la Dra. Manorani Saravanamuttu, identificó al comisario jefe de la policía Ronnie Gunasinghe como el jefe del grupo de secuestradores. La Dra. Saravanamuttu había presionado a las autoridades para que se llevara a cabo una investigación completa, pero el caso se ha archivado porque tanto ella como el comisario han fallecido.

Se han paralizado también las investigaciones sobre el homicidio de Mylvagaman Nimalarajan. Según los informes, un grupo de hombres armados sin identificar se acercó al domicilio de Mylvagaman Nimalarajan, periodista de Jaffna, la noche del 19 de octubre de 2000. El Comité para la Protección de los Periodistas señaló:

Los agresores dispararon al periodista por la ventana de su despacho, donde en ese momento se encontraba escribiendo un artículo, y lanzaron una granada contra la casa antes de huir del lugar de los hechos. El atentado se produjo, durante el toque de queda, en una zona de alta seguridad situada en el centro de Jaffna [...] En el atentado resultaron gravemente heridos los padres del periodista y un sobrino suyo de 11 años. Algunos periodistas locales sospechan que el asesinato pudo deberse a las denuncias de Nimalarajan sobre el amaño de votos y los actos de intimidación registrados en Jaffna durante las recientes elecciones parlamentarias.^¹⁰³

Mylvagaman Nimalarajan escribía para varios medios de comunicación, entre ellos la BBC. Pese a las protestas internacionales suscitadas por el homicidio y al hecho de que se facilitara el nombre de un sospechoso, un tal Napoleón –según los informes, miembro del Partido Democrático Popular de Eelam–, no se prosiguieron las investigaciones iniciadas.^¹⁰⁴Según sus colegas, las informaciones críticas de Mylvagaman Nimalarajan sobre el Partido Democrático Popular de Eelam durante la campaña electoral de 2000 pudieron ponerle en el “punto de mira” de este grupo.

El 28 de abril de 2005 fue secuestrado en Colombo Dharmaratnam Sivaram, conocido columnista del Daily Mirror y redactor jefe del servicio electrónico de noticias TamilNet. Al día siguiente, la policía encontró su cadáver acribillado a balazos en un descampado próximo al Parlamento de Sri Lanka, dentro del perímetro de una zona de alta seguridad. Se identificó y detuvo a un presunto responsable del homicidio, pero después se le puso en libertad.

El semanario The Nation observó a propósito de los retrasos en la investigación:

Las presiones para retrasar las investigaciones provenían del servicio de información de las fuerzas armadas. El comisario encargado de asuntos criminales de una comisaría local rara vez puede aguantar una presión semejante. Ha pasado ya más de un año desde la muerte del periodista tamil Dharmaratnam Sivaram o Tharaki, y aunque la investigación se recibió como algo novedoso, pues se iban a utilizar dispositivos móviles, etc,, la investigación del terrible asesinato se interrumpió bruscamente apenas iniciada.^¹⁰⁵

Dado el aumento de las violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado, a Amnistía Internacional le preocupa mucho la persistencia del clima de impunidad.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sri Lanka que se lleven a cabo de inmediato investigaciones efectivas e imparciales sobre estos homicidios y otras violaciones de derechos humanos perpetradas contra periodistas y que se ponga a disposición judicial a los responsables. Los responsables de violaciones deben rendir cuentas de sus actos.

Respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión

En Sri Lanka, los trabajadores de los medios de comunicación siguen denunciando actos de intimidación y hostigamiento cuando difunden informaciones en las que se critican el conflicto o la corrupción.

Al mismo tiempo, los propios medios informativos han reconocido la necesidad de transmitir las noticias con imparcialidad y profesionalidad. La Declaración de Tholangamuwa, firmada en 2005, contiene una serie de obligaciones que los periodistas deben cumplir a la hora de desempeñar sus responsabilidades profesionales.^¹⁰⁶El gobierno y las asociaciones de medios informativos deben respetar sus compromisos para conseguir unos medios de comunicación imparciales, equilibrados e independientes.

ara fomentar la creación de medios de comunicación al servicio del público, el gobierno debe revisar las normas de emergencia establecidas en 2005 y 2006, que han socavado la libertad de expresión. Amnistía Internacional sigue preocupada por la definición de “terrorismo” recogida en las normas de emergencia e insta al gobierno a que la revise.

Contra el telón de fondo de un conflicto armado en el que todas las partes son responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, es crucial que los periodistas puedan desarrollar sus actividades profesionales de escribir e informar sin temores ni obstáculos. Todas la partes implicadas en el conflicto de Sri Lanka se han entrometido en la libertad de expresión y han tratado de restringirla. Amnistía Internacional está muy preocupada por el aumento de las amenazas y de las agresiones directas a periodistas, en algunos casos con consecuencias mortales, y por otros factores que limitan la libertad de expresión más allá de lo permitido en las normas internacionales de derechos humanos. Algunos periodistas han desaparecido, se están cerrando periódicos y otros medios de comunicación, y los trabajadores de los medios informativos viven inmersos en un clima de temor y recelo.

Las autoridades de Sri Lanka deben actuar a este respecto y tratar de poner fin a la impunidad. Deben dejar claro que no se tolerarán las agresiones, las amenazas y los actos de hostigamiento. Deben reanudar las investigaciones sobre los homicidios de periodistas, sin excluir ningún caso y en consonancia con las normas internacionales. Todas las partes involucradas en el conflicto deben dejar de perseguir a los periodistas.

Recomendaciones

A las autoridades de Sri Lanka:

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Sri Lanka que:

Respeten y protejan el derecho a la vida, la libertad y la integridad física del personal de los medios de comunicación, con arreglo a las obligaciones de Sri Lanka en virtud del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. El gobierno debe dejar claro de manera inequívoca que no tolerará las amenazas, los homicidios ni otras agresiones contra dicho personal. Se deben investigar con prontitud, independencia y efectividad todas las agresiones a personal de los medios de comunicación, con independencia de la identidad de los responsables o de las víctimas. Los presuntos responsables de las agresiones –incluidos los que, ocupando puestos de responsabilidad, las hayan ordenado o permitido– deben ser perseguidos judicialmente en procedimientos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.
Ejerzan la diligencia debida para proteger al personal de los medios de comunicación contra las agresiones perpetradas por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, grupos armados tamiles y otras organizaciones.
Respeten y hagan respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión de acuerdo con las obligaciones contraídas por Sri Lanka en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros tratados y normas, y en concreto que:
- ordenen a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados que colaboran con ellas que pongan fin a todas las agresiones contra los medios de comunicación;
- pongan fin a prácticas como la censura, la clausura de medios de comunicación, las restricciones en el acceso a zonas en conflicto, el control y la vigilancia de los medios informativos y la detención de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que no se ajustan a las obligaciones internacionales de Sri Lanka;
- limiten las restricciones a la libertad de expresión a las estrictamente necesarias para garantizar los derechos y el honor de otras personas o proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública;
- adopten medidas para garantizar que, en Sri Lanka, todas las personas puedan utilizar Internet para intercambiar opiniones y creencias, en consonancia con el derecho a la libertad de opinión y expresión;
- pongan fin a las limitaciones impuestas a la libertad de los medios de comunicación mediante la restricción de frecuencias y licencias.

Revoquen toda la normativa de emergencia actualmente en vigor o la adecuen plenamente al derecho y a las normas internacionales de derechos humanos.
Revoquen o reformen en concreto todas las leyes de excepción y demás medidas legales utilizadas para violar el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos, incluidas:
- la Ley del Consejo de la Prensa nº 5 de 1973;
- la Ordenanza sobre Seguridad nº 25 de 1947;
- la Norma de Emergencia nº 1 (Atribuciones y Disposiciones Varias) de 2005 (y las órdenes posteriores que la amplían);
- la Norma de Emergencia nº 7 (Prohibición y Prevención del Terrorismo y de Actividades Terroristas Específicas) de 2006.

Inviten al relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión a visitar Sri Lanka.
Adopten medidas para promulgar una Ley sobre Libertad de Información en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

A los Tigres de Liberación de Eelam Tamil:

Amnistía Internacional pide a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que:

Ordenen a todos sus miembros el cese de todos los homicidios, amenazas u otras agresiones contra personal de los medios de comunicación.
Dejen claro a todos sus miembros que no se tolerarán los homicidios, las amenazas u otros ataques contra personal de los medios de comunicación. A todos los presuntos responsables de ataques se les debe suspender de los cargos en los que puedan seguir cometiéndolos.

Amnistía Internacional pide a los medios de comunicación que:

Respeten y hagan respetar los principios recogidos en la Declaración de Tholangamuwa de 2005.

1 En 2004, Vinayagamoorthy Muralitharan, ex dirigente de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil más conocido como Karuna Amman, se retiró del grupo y, en abril de ese año, formó el Tamil Makkal Viduthalai Pulikal. El bastión de la facción de Karuna es el distrito de Batticaloa. Diversos grupos y personas, como Human Rights Watch y Allan Rock, ex alto funcionario de la ONU, han denunciado los vínculos existentes entre la facción de Karuna y fuerzas de seguridad del gobierno. Desde aproximadamente octubre de 2007, la facción encabezada por Pillayan, dirigente de Trincomalee, se ha vuelto más poderosa, tras la salida de Karuna Amman de Sri Lanka y su posterior detención en Londres el 2 de noviembre de 2007.

2 La dinámica del conflicto en Sri Lanka es compleja. Se han producido dos sublevaciones encabezadas por jóvenes cingaleses de izquierdas (1971; 1988-89) y un prolongado conflicto entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Este informe no se centra en el análisis de esa complejidad, pero es en esta situación de inestabilidad en la que se han producido muchas violaciones de derechos humanos. Resulta difícil ofrecer una cifra exacta del número de personas muertas en el conflicto debido a la inexistencia de un censo público creíble y actualizado. Diversos analistas sostienen que al menos 70.000 personas han muerto desde principios de la década de 1980. A lo largo de los años han desaparecido decenas de miles de personas; muchas de ellas eran jóvenes cingaleses que se convirtieron en víctimas del conflicto entre el Frente de Liberación Popular insurgente y el Estado a finales de la década de 1980.

3 IDPs and Returnees Trends by District, 31 de octubre de 2007, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Colombo. Esta cifra se refiere a las personas que se han convertido en desplazadas internas recientemente a causa del conflicto. El número de personas que llevan largo tiempo desplazadas internamente es también considerable, como ocurre con los musulmanes de Puttalam, que se convirtieron en desplazados internos en 1990.

4 Amnistía Internacional, Una oportunidad crucial de poner fin a la desaparición forzada, Índice AI: IOR 51/055/2007, 30 de agosto de 2007.

5 Según un grupo de organizaciones locales, la mayoría de las víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2007 fueron tamiles (el 70,7 por ciento en toda la isla), mientras que el 9,1% eran cingaleses y el 5,9% eran musulmanes. La Fundación Ley y Sociedad, de Colombo, junto con organizaciones asociadas srilankesas como la Comisión de Vigilancia Civil y el Movimiento por los Medios de Comunicación Libres, ha elaborado un documento de trabajo en el que figuran 547 personas muertas y 396 desaparecidas durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2007. Informe publicado el 23 de agosto de 2007.

6 La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka tenía su sede en Colombo, una oficina de enlace en Kilinochchi y oficinas en otros seis distritos (Jaffna, Trincomalee, Batticaloa, Ampara, Mannar y Vavuniya). Cuando en mayo de 2006 la Unión Europea incluyó a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en la lista de organizaciones “terroristas”, este grupo pidió a los observadores de la Comisión de Derechos Humanos procedentes de países de la UE que abandonasen la zona, alegando que su imparcialidad era cuestionable. A partir del 1 de septiembre de 2006, el número de miembros del personal de la Comisión disminuyó, situándose en torno a 20 personas procedentes de Noruega o Islandia, frente a los 56 que había anteriormente. Según las noticias más recientes, el alto el fuego finalizó oficialmente el 16 de enero de 2008, pero los observadores de la Comisión no se van a retirar.

7 La información sobre las violaciones registradas durante el alto el fuego puede consultarse en el sitio web de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka: http://www.slmm.lk//. Sin embargo, no se dispone de información sobre las violaciones que se están produciendo en la actualidad.

8 El presidente Rajapakse es dirigente del Partido Srilankés de la Libertad, integrado en una coalición de gobierno denominada Alianza por la Libertad del Pueblo Unido que lleva en el poder desde abril de 2004.

9 Basil Rajapakse es también parlamentario de la Lista Nacional.

10 Sri Lanka: Amnesty International calls for respect for human rights in escalation of violence (Índice AI: ASA 37/012/2006), 26 de abril de 2006,

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/012/2006/en/68349dea-a2f8-11dc-8d74-6f45f39984e5/asa370122006en.html.

11 Declaración a la prensa de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos con respecto a sus conclusiones tras su visita a Sri Lanka, 13 de octubre de 2007: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/2C07EE5600DE5B19C12573750034C474?opendocument. Traducción de EDAI.

12 Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 10: Libertad de opinión (artículo 19), 29 de junio de 1983, párr. 4.

13 Los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información fueron adoptados el 1 de octubre de 1995 en Johannesburgo, Sudáfrica, por un grupo de expertos en derecho internacional, seguridad nacional y derechos humanos convocados por Artículo 19 y el Centro Internacional contra la Censura en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados de la Universidad de Witwatersrand.

14 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Sri Lanka, doc. ONU CCPR/CO/79/LKA, 1 de diciembre de 2003, párr. 18.

15 Decreto de Seguridad Pública núm. 25 de 1947, 16 de junio de 1947.

16 Decreto de Seguridad Pública núm. 25 de 1947, artículo 18.

17 Artículos 9 y 23.

18 Normativa de Excepción (Disposiciones y Facultades Misceláneas), núm. 1 de 2005, publicada en Gazette Extraordinary, núm. 1405/14, 13 de agosto de 2005.

1918 Noticias de la BBC, Hundreds Detained in Sri Lanka, 31 de diciembre de 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4571270.stm.

20 Directivas promulgadas por Su Excelencia el presidente, 5 de Julio de 2006, http://www.peaceinsrilanka.org/peace2005/Insidepage/PressRelease/GOSLreleases/MediaRel050706.asp, artículos 3.4, 6.ii y 6.i, respectivamente.

21 Police “ignore” Presidential decree,

http://www.bbc.co.uk/sinhala/news/story/2007/10/071012_panel_resignation.shtml

22El grupo de expertos en derechos humanos estaba integrado por: Sunila Abeyesekera, Rohan Edirisinghe, Nimalka Fernando y Pakiasothy Saravanamuttu. Véase, Sri Lanka rights advisors quit panel in protest,

http://uk.reuters.com/article/homepageCrisis/idUKCOL192494._CH_.242020071015.

23 Sri Lanka: Amnistía Internacional condena las detenciones en masa, 4 de diciembre de 2007, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sri-lanka-amnesty-international-condemns-mass-arrests-20071204.

24 Ejemplos de esta actuación se citan en una carta de la Embajada británica en Colombo dirigida al Ministerio del Interior en Londres; véase Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth/Información de la Embajada británica, Colombo, carta del 10 de abril de 2007 citada en Country of Origin Information Report, del Ministerio del Interior:

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/sri_lanka_021106.doc.

25 Entrevistas con periodistas: entrevista núm. 11.

26 Inquiry called for student killing, Servicio Cingalés de la BBC, 3 de enero de 2006, http://www.bbc.co.uk/sinhala/news/story/2006/01/060103_trincomalee_shooting.shtml.

27 Servicio Cingalés de la BBC, 3 de enero de 2006, ibíd.

28 En el incidente, cinco estudiantes tamiles srilankeses de secundaria que jugaban en la playa fueron detenidos durante un breve periodo de tiempo y posteriormente abatidos a tiros por el Ejército de Sri Lanka. Véase Profesores Universitarios para los Derechos Humanos (Jaffna), The Five Students Case in Trincomalee, Special Report No. 24, publicado el 19 de abril de 2007, en http://www.uthr.org/SpecialReports/spreport24.htm. Véase también el artículo del Daily Mirror “Tamil youth deliberately killed by security personnel: Sampanthan”, 4 de enero de 2006, www.dailymirror.lk/2006/01/04/news/2.asp.

29 Profesores Universitarios para los Derechos Humanos, Special Report No. 24, ibíd.

30 Entrevista telefónica con un representante de una organización no gubernamental con sede en Sri Lanka, noviembre de 2007.

31 Tras hablar con personas que han visitado la península, como dirigentes religiosos y trabajadores de ayuda humanitaria, Amnistía Internacional ha podido constatar la existencia de una situación generalizada de inseguridad y temor.

32 D.B.S. Jeyaraj, An Overview of the Enforced Disappearances Phenomenon, 13 de abril de 2007, en www.transcurrents.com.

33 El caso de la matanza de Allaipidy, por ejemplo, ha planteado interrogantes sobre la participación del Partido Democrático Popular de Eelam junto con la Armada de Sri Lanka. La matanza se produjo en la isla de Kayts, conectada a la península de Jaffna y bajo control del Partido Democrático Popular de Eelam. Allí, ocho personas, entre las que había un bebé de seis meses, murieron en Allaipiddy el 13 de mayo de 2006. Éste es uno de los 16 casos que está analizando la Comisión de Investigación creada en 2006.

34 Entrevistas con periodistas: entrevista núm. 2.

35 Uthayan es un diario tamil que comenzó a publicarse en Jaffna en 1986. Sudar Oli, un diario del mismo grupo, se publica en Colombo desde 2000.

36 Carta del diario Uthayan, “Flight of Uthayan Journalists”, 21 de marzo de 2007. Publicada en el sitio web de la organización srilankesa Movimiento por los Medios de Comunicación Libres.

37 Informe de la misión internacional por la libertad de prensa a Sri Lanka, Jaffna’s media in the grip of terror, 24 de agosto de 2007, www.rsf.org/article.php3?id_article=23380.

38 Véase Profesores Universitarios para los Derechos Humanos (Jaffna), Sri Lanka, boletines núm. 42 y 43 y Supplement to Special Report, 23 de octubre de 2006.

39 International Crisis Group, “Sri Lanka’s Human Rights Crisis”, Asia Report N°135, 14 de junio de 2007, p. 10.

40 Véase el artículo del Comité para la Protección de los Periodistas,

http://www.cpj.org/news/2007/asia/sri20apr07na.html.

41 Véase “Escalating violence against the media” en el informe de la misión internacional por la libertad de prensa a Sri Lanka, Jaffna’s media in the grip of terror, 24 de agosto de 2007, www.rsf.org/article.php3?id_article=23380.

42 B. Muralidhar Reddy, “Muffled media”, en Frontline, volumen 24 - número 18, 8-21 de septiembre de 2007.

43 “Slain Journalist’s mother allegedly threatened with death”, edición electrónica del Daily Mirror, 7 de agosto de 2007, http://www.dailymirror.lk/2007/08/07/news.asp.

44 Army said to be holding Tamil journalist who went missing five weeks ago, 23 de marzo de 2007,

http://www.rsf.org/print.php3?id_article=21420.

45 Proof Reader Missing in Jaffna, comunicado de prensa de Reporteros sin Fronteras, 22 de noviembre de 2007, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24490.

46 Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional ASA 37/003/2007, 27 de febrero de 2007.

47 “Minister gets Gem Authority to pay wife’s roaming charges”, 21 de octubre de 2007, Sunday Leader.

48 Sunday Leader, 21 de octubre de 2007, ibíd.

49 Carta del diario Mawbima a embajadas extranjeras en Colombo, 14 de marzo de 2007.

50 Lalith Seniveratne ha trabajado para diversas publicaciones, como la revista Hiru o Kenimadala; incluso ha trabajado como maquetador del diario Dinakara, el periódico oficial del Partido Srilankés de la Libertad. Esta información no se facilitó en la rueda de prensa del 7 de febrero de 2007.

51 Artículo de la BBC, Journalists “admit” working for LTTE, 7 de febrero de 2007,

http://www.bbc.co.uk/sinhala/news/story/2007/02/070207_journalists_ltte.shtml.

52 Comunicado de prensa, Media and Terrorism, 8 de febrero de 2007,

http://www.ifex.org/20fr/layout/set/print/content/view/full/81062.

53 Ratnavale, abogado de la causa conocida como Sinhala Koti (“tigres cingaleses”), en la que estaban los sospechosos Lalith Seneviratne, Nihal Senaratna, Priyankara, Udaya Tennakoon, Ajith Kumara, Sanjeewa Sudath Chaminda y Suresh Kumara, alegó que el derecho a contar con representación ante un tribunal es un derecho básico consagrado en la Ley de la Judicatura, el Código de Procedimiento Penal y la Constitución. Daily Mirror, 9 de abril de 2007.

54Sri Lanka: Trade unionists under threat, http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=210. A consecuencia de estas denuncias, estos dirigentes han recibido varias amenazas, incluidas amenazas de muerte. El 21 de febrero de 2007, el Sindicato de Empleados de la Zona Franca y Servicios Generales y la Alianza Sindical del Sector de Salud presentaron una serie de denuncias ante la policía con el fin de proteger su vida y su derecho a continuar sus actividades sindicales.

55 Patali Champika Ranawakka, responsable clave de formulación de políticas del Jathika Hela Urumaya, juró su cargo como Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 1 de febrero de 2007.

56 Publicado por el diario Ravaya el 18 de febrero de 2007; “Thrasta virodhaye salakuna kumakda” [“¿Cuál es la señal del antiterrorismo?”], Ravaya, 18 de febrero de 2007; véase también Disturbing statement by Government Minister prompts urgent call for clarification, Movimiento por los Medios de Comunicación Libres, 19 de febrero de 2007, en www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_ full&id=468&section=news.

57 Disturbing statement by Government Minister prompts urgent call for clarification, 19 de febrero de 2007,

http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=468&section=news.

58 Media and Terrorism- recent abductions and after, comunicado de prensa del Movimiento por los Medios de Comunicación Libres, 9 de febrero de 2007,

http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=464&section=news.

59 “Reporters Without Borders Says Airstrike on Rebel Radio Station is a ‘war crime”, véase http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_all_full&id=95&section=news_in.

60 ^“Another Jaffna newspaper office searched by soldiers”, 9 de enero de 2006,

http://www.ifex.org/en/content/view/full/71451/.

61 “Comunicado de prensa en el que se condena la injerencia del ejército en las reuniones mantenidas por ONG en Jaffna con el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios”, 9 de agosto de 2007, firmado por el Centro de Políticas Alternativas, FMM, INFORM, Centro de Documentación sobre Derechos Humanos, Movimiento Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial, Law & Society Trust y Rights Now.

62 “Mervyn’s TV brawl: CID turns focus on Rupavahini staff”, Sunday Times, 20 de enero de 2008, http://sundaytimes.lk/080120/News/news0005.html.

63 “Journalist Leader Threatened”, 7 de enero de 2007,

http://www.bbc.co.uk/sinhala/news/story/2008/01/080107_poddala_threatened.shtml.

64 Véase nota anterior.

65 Véanse los informes anteriores de Amnistía Internacional: Sri Lanka. Organizaciones de derechos humanos afirman que continúan cometiéndose con impunidad homicidios atribuibles a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, 7 de agosto de 2003, y Sri Lanka. Agresiones de los Tigres de Tamil a familias para reclutar niños soldados, 7 de julio de 2004, en www.amnesty.org.

66 AsiaMedia Blog, ‘Reporting amidst conflict and crisis’, Feizal Samath, 14 de enero de 2005, http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=19776.

67 “Tiger attack on `Thinamurasu` carrying taxi injures four”, Lankanewspapers.com, http://www.lankanewspapers.com/news/2005/11/4283.html.

68 “Journalism in Troubled Times: The Struggle for Press Freedom in South Asia 2005-2006”, IFJ Press Freedom Report, p. 34,

http://www.ifj-asia.org/files/ifj_south_asia_press_freedom_report_2005-2006.pdf.

69 Entrevista con el Sr. Ramraj, director de la Tamil Broadcasting Corporation, octubre de 2007.

70 Entrevistas con periodistas: entrevista nº 1.

71 Entrevistas con periodistas: entrevista nº 2.

72 “10,000 copies of Tamil Daily Virakesari burned by paramilitary group”, declaración del Free Media Movement, 25 de octubre 2006,

http://www.newssafety.com/hotspots/countries/srilanka/fmm/srilanka251006.html .

73 Véase también “A Study of Media in Sri Lanka” (excluyendo el norte y el este), abril de 2005, Centro de Políticas Alternativas, p. 3.

74 ^“Report on CBN sat closure”, 3 de octubre de 2006, Free Media Movement,

http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=330&section=news.

75 “Report on CBN sat closure”, 3 de octubre de 2006, Free Media Movement,

http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=330&section=news.

76 Informes de País sobre Prácticas en Materia de Derechos Humanos: “Sri Lanka 2006”, publicado por la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, 6 de marzo de 2007.

77 “I am an Enemy of the State”, 23 de mayo de 2006, Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/2007/05/23/opinion/03.asp.

78 El 29 de octubre de 2007, Lanka E-news publicó una réplica al presidente Mahinda Rajapkse en el que criticaba esta catalogación . El documento sólo está disponible en la versión cingalesa del sito web, pero se puede acceder a él en

http://www.lankaenews.com/Sinhala/news.php?id=3448.

79 “War and its other victims”, Jayadeva Uyangoda, 14 de noviembre de 2007, http://www.dailymirror.lk/2007/11/14/opinion/01.asp.

80 http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=746&section=news.

81 “NGOs reject 'traitor' label”, Daily Mirror, Easwaran Rutnam, p. 4, julio de 2007, http://www.dailymirror.lk/2007/04/11/front/04.asp.

82 Véase http://www.sundayobserver.lk/2006/10/08/fea02.asp.

83 Varios artículos se han hecho eco de este incidente, como “Press and freedom? ¿In Sri Lanka?”, Inter-Press Service, Sri Lanka Out of the Reckoning, corresponsales de IPS, http://ipsnews.net/news.asp?idnews=37582, 2 de mayo de 2007, y “Respecting human rights and political dissent in Lanka”, Ameen Izzaddeen,

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/opinion/2007/April/opinion_April80.xml&section=opinion&col=

84 ^“Media Watchdog condemns CID questioning of Morning Leader Editor”, TamilNet, 16 de mayo de 2007.

85 “BASL speaks out in defence of Sonali”, Daily Mirror, 25 de mayo de 2007.

86 Véase la Acción Urgente publicada por Amnistía Internacional (Índice AI: ASA 37/016/2007), 4 de julio de 2007.

87 Véase Sri Lanka: Temor por la seguridad / Amenaza de muerte (Sadaruwan Senadheera), Índice AI: ASA 37/016/2007.

88 “The security of defense columnist Athas withdrawn for revealing the secrets of the Mig-27 deal”, Lanka ENews, 16 de agosto de 2007,

http://www.lankaenews.com/English/news.php?id=4551&PHPSESSID=30da23b0e68afbfbd2ce1bf694169182.

89 “Mob attacks Sri Lankan anti war rally”, Sarath Kumar, 13 de enero de 2007,

http://www.wsws.org/articles/2007/jan2007/sril-j13.shtml.

90 “Mob assaults two journalists covering anti-war rally, attacks photographer and seizes camera”, Comunicado de prensa del FMM, 11 de enero de 2007,

http://www.ifex.org/es/content/view/full/80264/.

91 Véase “IPI Condemns Assault and Arson Attack on Sri Lankan Publications’ Printing House”, 21 de noviembre de 2007, FMM,

http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_all_full&id=93&section=news_in y http://www.transcurrents.com/tamiliana/archives/423.

92 Dharmasiri Bandaranaike ha realizado un documental sobre el incidente rirulado Doothikavo. Centro de Arte Trikone, 2006.

93 ^“Sri Lankan government bans local film Aksharaya (Letter of Fire)”, Asian Tribune, Wije Dias, 30 de mayo de 2006.

94 Carta abierta del Movimiento Noviembre, abril de 2007.

95 “‘Aksharaya film should be destroyed; the intellect should be in mind, not the breast’, says Chief Justice”, LankaENews, 31 de julio de 2007,

http://www.lankaenews.com/English/news.php?id=4481.

96 Entrevista telefónica con Asoka Handagama, 10 de agosto de 2007.

97 “We need to create some artistic space”, entrevista de Richard Phillips con Vimukhti Jayasundera, 2 de octubre de 2006, sitio de la World Socialist Web

(http://www.wsws.org/articles/2006/oct2006/jaya-o02.shtml).

98 “Sri Lanka’s state owned television censors drama series”, Panini Wijesiriwardene, 24 de octubre de 2006, www.wsws.org/articles/2006/oct2006/suda-o24_prn.shtml.

99 Entrevistas con periodistas: entrevista nº 4.

100 “Sad Saga of post Rajapakse Media Freedom”, Dilrukshi Handunetti, Arthur Wamanan y Nirmala Kannangara, Sunday Leader, 25 de noviembre de 2007.

101 Véase “Article 19 Statement on the Ban of TamilNet in Sri Lanka”, 20 de junio de 2007, http://ict4peace.wordpress.com/2007/06/20/article19-statement-on-the-ban-of-tamilnet-in-sri-lanka/.

102 “ABC seeks Rs. 450 m compensation”, Lanka Dissent, 30 de octubre de 2007, http://lankadissent.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2073&Itemid=74.

103 Sri Lanka Media Report 2000, Comité para la Protección de los Periodistas, http://www.cpj.org/attacks00/asia00/Sri_Lanka.html.

104 Véase la Carta Abierta al Presidente de Sri Lanka en el Primer Aniversario de la Muerte del Periodista Nimalarajan, 19 de octubre de 2001, redactada por el FMM y firmada por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.

105 “Murder of journalist Sampath Lakmal de Silva - Messenger killing shrouded in mystery”, The Nation, 6 de julio de 2006.

106 Carta por una Cultura Mediática Democrática y Pluralista y por los Derechos Sociales y Profesionales de los Medios de Comunicación y el Periodismo, http://www.ifj-asia.org/files/tholangamuwa_declaration.pdf. La Carta se firmó tras la celebración de un congreso de periodistas procedentes de todas las islas de Sri Lanka, en Tholangamuwa, entre el 9 y el 11 de septiembre de 2005.

Febrero de 2008

Índice AI: ASA 37/001/2008

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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