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10 de febrero de 1999

Sri Lanka: Un fallo judicial histórico, otro paso en la lucha contra la impunidad

La sentencia pronunciada esta mañana contra siete encausados involucrados en un notorio caso de «desaparición» marca un hito de considerable importancia en la trayectoria de derechos humanos de Sri Lanka, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Seis agentes de las fuerzas de seguridad y el director de un centro de enseñanza han sido condenados a diez años de prisión por la «desaparición» de 25 personas, entre las que figuraban 24 alumnos de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. El Tribunal Superior de Ratnapura declaró a los siete encausados culpables de secuestro con intención homicida y de reclusión ilícita en el campamento militar de Sevana, Embilipitiya, distrito de Ratnapura, entre finales de 1989 y principios de 1990.

«La decisión que se ha tomado hoy en Sri Lanka debe servir de ejemplo a la comunidad internacional: se puede poner fin a los abusos del pasado cuando existe la voluntad política de hacerlo», ha dicho Amnistía Internacional.

«Protegiendo a los autores de los delitos se socava el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos. Las víctimas y sus familiares quedan resentidos e incapaces de perdonar, profundizando así su alienación del Estado.»

«Confiamos en que este fallo refuerce también el mensaje del gobierno al ejército y a la policía, en el sentido de que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos», ha añadido el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, en una carta a la presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga.

El señor Sané alabó la labor de los padres y otros familiares de los adolescentes «desaparecidos» en Embilipitiya, de sus abogados y de las organizaciones de derechos humanos que, a pesar de las amenazas, continuaron haciendo campaña para que se llevara ante la justicia a los autores de estos espantosos delitos.

El señor Sané también reconoció el papel clave que había desempeñado el juez Soza que, cuando era presidente deal Fuerza Especial de Actuación sobre Derechos Humanos, presionó a las autoridades para que dejaran que el proceso de verdad y justicia en este caso siguiera su curso.

El Informe Anual de HRTF correspondiente a 1992 citaba a ocho soldados y dos oficiales del campamento militar de Sevana como responsables del secuestro de 18 estudiantes y recomendaba una investigación exhaustiva para examinar la responsabilidad penal de las personas identificadas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Sri Lanka que amplíen su aparente determinación de poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos, ratificando el Estatuto de la Corte Penal Internacional y asumiendo un papel de vanguardia en la labor de hacer avanzar el ante-proyecto de Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

Información general

Se trata del primer fallo relacionado con las «desapariciones» ocurridas a finales de la década de 1980, época en la que estas violaciones de derechos humanos alcanzaron proporciones trágicas en el sur del país, y que estuvieron relacionadas con la insurgencia armada del Frente de Liberación Popular, Janatha Vimukthi Peramuna, JVP.

En julio de 1998, Amnistía Internacional acogió con satisfacción el fallo del Tribunal Superior de Colombo relacionado con la violación, «desaparición» y asesinato de Krishanthy Kumarasamy, y la «desaparición» y asesinato de su madre, hermano y vecino en septiembre de 1996.

La organización ha documentado desde esa fecha un pronunciado descenso en el número de denuncias sobre «desapariciones» procedentes de Jaffna.