T A I W A N

LAS EJECUCIONES ALCANZAN UN NIVEL SIN PRECEDENTES

Noviembre de 1990 Indice AI: ASA 38/18/90/s

Distr: SC/CO/GR

En Taiwán se ejecutó a 69 personas desde enero hasta el 23 de septiembre de 1990, según el China Post. Esta cifra sobrepasa el alarmante número de ejecuciones contabilizadas a lo largo del año anterior (68), y continúa la tendencia a una aplicación cada vez mayor de la pena de muerte en Taiwán. Antes de 1989, cada año tenían lugar unas 20 ejecuciones en ese país. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, que considera una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La organización ha instado en varias ocasiones al gobierno de Taiwán a terminar con las ejecuciones y a dar los pasos necesarios para llegar a la abolición de la pena de muerte.

El 26 de septiembre de 1990, el Yuan Judicial, el organismo judicial más elevado, publicó una declaración que comentaba el Informe 1990 de Amnistía Internacional. El Yuan sostenía que sólo un 40 por ciento de los países del mundo habían abolido la pena capital, y que estaba demostrado que en la mayoría de los casos la opinión pública no estaba a favor de la abolición. Concluía diciendo que el debate sobre la pena de muerte era por consiguiente "...académico, poco práctico y nada realista". El Yuan Judicial también resaltaba que la pena de muerte es necesaria para combatir crímenes serios y que los tribunales aplican la pena capital con cuidado y solamente para delitos muy graves como el asesinato, la violación y el secuestro.

Amnistía Internacional está preocupada por el aumento de la utilización de la pena de muerte en Taiwán. Estudios detallados de la aplicación de la pena capital en todo el mundo han mostrado que ésta no tiene el efecto disuasivo deseado, lo cual se confirma en Taiwán, donde la cantidad de delitos graves denunciados ha seguido aumentando, a pesar del incremento de la utilización de la pena de muerte. Amnistía Internacional considera igualmente que el mantener la pena de muerte no debe depender de la opinión pública, que a menudo se encuentra mal informada sobre los argumentos a favor de la abolición.

Ejecuciones llevadas a cabo a finales de septiembre y en octubre de 1990

El 6 de octubre de 1990, Tseng Fan-jui fue ejecutado en la prisión de Taipei. Se le había condenado por cinco robos y un asesinato llevados a cabo en 1988. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el 21 de septiembre de 1990.

El 27 de septiembre se ejecutó a Huang Tien-yuan en la prisión de Taipei. Había sido condenado por cuatro violaciones cometidas a finales de 1989, y su sentencia habia sido confirmada por el Tribunal Supremo el 15 de septiembre de 1990.

Sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo

El 19 de octubre de 1990, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de muerte impuesta a Hwang Wen-kui y a Lin Wen-kui. Ambos fueron condenados por violación y robo llevados a cabo en 1989.

El 17 de noviembre de 1990, el Tribunal Supremo confirmó la pena capital impuesta a Twa Tsun-hsu, que fue condenado por el asesinato de su patrón y de la esposa de éste.

El 17 de noviembre de 1990, el Tribunal Supremo ratificó también la sentencia de muerte impuesta a Wang Ming-Chuan, al que se condenó por secuestro y asesinato.

Nuevas sentencias de muerte

El 14 de septiembre de 1990, el Tribunal del Distrito de Kaohsiung condenó a muerte a Lu Kyan-min por el secuestro y homicidio de un hombre de negocios de su ciudad.

El 21 de septiembre de 1990 se sentenció a muerte a Kao Chih-nan por tráfico de drogas.

El 4 de octubre de 1990, Yang Shuang-ku fue sentenciado a muerte por el Tribunal del Distrito de Taitung por secuestro y asesinato.

El 25 de octubre de 1990, Hu Shui-chin fue sentenciado a muerte por el Tribunal del Distrito de Panchiao por violar y robar a tres mujeres.

El 22 de noviembre de 1990, Huang Hung-yu (conocido como el "Buey Negro") fue sentenciado a muerte por el Tribunal del Distrito de Changhua por seis asesinatos.

El 27 de octubre de 1990 se abolió la pena capital como sentencia máxima para oficiales del gobierno corruptos. Ésta fue una de las varias revisiones del Estatuto de Castigos de la Corrupción, y la modificacióm fue hecha después de que varios legisladores defendieron que la pena de muerte no es el mejor medio disuasivo contra la corrupción. Amnistía Internacional se alegra de este cambio, pero se mantiene preocupada por las revisiones propuestas para el Código Penal, que tratan de imponer la pena de muerte como pena máxima por secuestro de avión.

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TRADUCCION DE EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL