LOS ESTADOS BÁLTICOS

HORA DE ABOLIR LA PENA DE MUERTE

Introducción

En septiembre de 1992, el Consejo de Estado de la Unión Soviética reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Ese mismo mes tuvo lugar el ingreso de los tres estados bálticos en las Naciones Unidas. No obstante, todos ellos ya habían iniciado el proceso de restauración de su independencia mucho antes, y en la primavera de 1990 los respectivos parlamentos de las tres repúblicas ya habían proclamado la supremacía de sus propias leyes frente a las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Los tres países mantuvieron la pena de muerte en sus respectivos Códigos Penales, aunque el número de delitos punibles con la muerte se ha reducido de los 18 que establecía la legislación soviética a siete en Letonia, tres en Estonia y uno en Lituania. Todas las ejecuciones que han tenido lugar en los últimos años han sido por el delito de asesinato con agravantes. (Los delitos que aún se castigan con la muerte en Letonia son: bandidaje, actos para alterar la labor de las instituciones correccionales de trabajo, falsificación con agravantes, intento de asesinato de un agente de policía o de un miembro de la Guardia Nacional con agravantes, violación en circunstancias especialmente agravantes, y secuestro de un avión con agravantes. En Estonia, los actos de terrorismo y de asesinato también constituyen delitos punibles con la pena capital).

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte supone una violación del derecho a la vida y que es una forma extrema de trato cruel, inhumano y degradante, prohibida como tal en el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normativas internacionales de derechos humanos, como el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde el punto de vista de la organización, la pena de muerte es intrínsecamente injusta y arbitraria, por atroz que pueda resultar el delito por el cual se condena a alguien a ella, y a pesar de la escrupulosidad de los procedimientos que rijan su aplicación. El riesgo de cometer un error en la aplicación de la pena de muerte es inevitable, y sin embargo la pena es irrevocable. La abrumadora conclusión extraída de los estudios realizados sobre esta cuestión es que no existen pruebas fiables de que la pena de muerte logre disuadir con mayor eficacia que otros castigos.

La abolición de la pena de muerte en los estados bálticos estaría en consonancia con la tendencia universal hacia la abolición de este castigo. Casi la mitad de los países del mundo han suprimido la pena de muerte en su legislación o en la práctica para todos los delitos, salvo algunos muy excepcionales, como son los cometidos en tiempo de guerra. En algunos países miembros del Consejo de Europa (en el que Estonia, Letonia y Lituania solicitaron su ingreso en 1991) se ha abandonado prácticamente la pena de muerte para todos los delitos comunes. En los países del Consejo de Europa que aún retienen la pena de muerte en su legislación no se han producido ejecuciones desde 1984, año en que dos presos fueron ajusticiados en Turquía.

Estadísticas sobre la Pena de Muerte

Estonia

Desde julio de 1988 se han pronunciado cinco sentencias de muerte. A dos personas se les concedió clemencia (a una de ellas, Oleg Pyatnicki, en fecha tan reciente como diciembre de 1992); otra fue ejecutada ─Rein Oruste─, y los otros dos casos, los de Mihail Talyschanov y Vladimir Botchko, están pendientes de ejecución.

Letonia

Desde principios de 1989 se han llevado a efecto 18 ejecuciones (ocho en 1989, cuatro en 1990, cuatro en 1991 y dos en 1992). La más reciente fue la de Aleksey Volkov, en mayo de 1992. Aleksey Volkov fue condenado a muerte el 11 de septiembre de 1992 por el asesinato de un hombre y la posterior violación de la esposa de la víctima. En 1992 se dictaron un total de cinco penas de muerte, de las cuales cuatro han sido conmutadas.

Lituania

Desde marzo de 1990 se han dictado cinco condenas a muerte. Dos personas obtuvieron la conmutación de sus penas tras presentar una solicitud de clemencia (véase más adelante el apartado Procedimientos judiciales); otra persona se suicidó; y una de las sentencias fue revocada. El quinto caso fue el de Aleksandras Novadkis, hallado culpable del asesinato de una joven. Fue ejecutado el 8 de agosto de 1992 tras ser denegada su solicitud de clemencia el 2 de mayo de 1992.

Reforma legislativa

Estonia

En junio de 1992 entró en vigor un nuevo Código Penal revisado. Este nuevo código sólo supone un primer paso en el largo proceso que pretende como último fin la revisión completa de la legislación penal. En julio de 1992, el entonces primer ministro de la República de Estonia comunicó a Amnistía Internacional que "dada la actual complejidad de las circunstancias penales... [el Parlamento Estón] no cree que sea posible abolir la pena de muerte durante la primera fase de reforma del Código Penal. En la segunda fase, cuando se adopte el nuevo Código Penal de la República de Estonia, está previsto abolir la pena de muerte". Sin embargo, esta segunda fase podría demorarse varios años.

Letonia

Un comité formado por ocho personas prepara actualmente un nuevo proyecto de Código Penal. No obstante, esta tarea podría prolongarse otros cinco años. El comité tiene además la función de corregir y mejorar el actual Código, que data de 1961. El presidente de este grupo es Aivars Niedre, Presidente del Presidium del Colegio Letón de Abogados.

Lituania

Se ha encargado a un comité de trabajo la elaboración de un proyecto para un nuevo Código Penal. No está muy claro cuáles podrían ser sus conclusiones sobre la pena de muerte, ni tampoco cuándo darán término a esta labor. En agosto de 1992, el Presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Civiles y para Asuntos de Nacionalidad comunicó a Amnistía Internacional que pretenden "organizar un sondeo de opinión y lograr que el pueblo de Lituania mantenga un profundo debate sobre todos los aspectos relacionados con la pena de muerte".

Procedimientos judiciales

Actualmente los sistemas judiciales de los tres estados bálticos atraviesan un momento de cambios profundos y, o bien se encuentran ya en proceso de reforma, o bien sus respectivas autoridades han anunciado la próxima aprobación de cambios en su sistema judicial. Estas reformas afectarán al modo en que el sistema judicial habrá de abordar los delitos punibles con la pena capital.

Juicio y apelación

En Letonia y en Lituania, el Tribunal Supremo es el tribunal de mayor jurisdicción del país, y sigue actuando como tribunal de primera instancia en los casos susceptibles de resolverse con la imposición de la pena capital¹. Hasta hace muy poco éste también era el caso de Estonia; sin embargo, según una información aparecida en el diario Baltic Independent (8-14 de enero de 1993), un tribunal de distrito dictó recientemente una sentencia de muerte para un hombre de 34 años (véase más adelante el apartado Casos actuales). Es la primera condena a muerte pronunciada por un tribunal de nivel inferior desde la restauración de la independencia estona. La nueva Constitución de la República de Estonia, adoptada en julio de 1992, distingue tres clases de tribunales: los tribunales rurales y urbanos, los tribunales de distrito y el Tribunal Nacional. No obstante, el nuevo sistema judicial aún no está completamente establecido; se sabe, por ejemplo, que hasta marzo de 1993 no es probable que el Tribunal Nacional (o de Estado) sustituya al Tribunal Supremo.

La normativa internacional, como por ejemplo el artículo 14 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza que "toda persona declarada culpable de un delito", incluidos los punibles con la pena de muerte, "tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley"². Se desconoce si este derecho está garantizado actualmente en Letonia y Lituania, donde el Tribunal Supremo actúa al mismo tiempo como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación, ni si existirá algún procedimiento de apelación en el nuevo sistema judicial de Estonia.

Revisión judicial

En los tres países, la pena de muerte también puede reducirse por medio de una revisión judicial. Mediante este procedimiento, un tribunal de mayor jurisdicción examina nuevamente el caso tras formularse una impugnación del fallo de un tribunal inferior³. Las impugnaciones pueden formularlas el Presidente del Tribunal Supremo (o, en Letonia y Lituania, su adjunto o adjuntos) o el Procurador General (o, en Lituania, su adjunto).

Solicitud de clemencia

Para los casos punibles con la pena capital, la presentación de una solicitud de clemencia es el último recurso de que dispone la persona condenada dentro del proceso judicial en los tres estados bálticos.

En octubre de 1992, el derecho a conceder clemencia en Estonia fue transferido al Presidente de la República. El Presidente estudia las recomendaciones de la Comisión de Clemencia sobre si debería conmutarse la pena. Esta comisión la integran cuatro miembros del Parlamento estón, el presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Ministro de Justicia. Tras hacer ejercicio de su derecho a conmutar la pena de muerte en el caso de Oleg Pyatnicky, el presidente estón declaró hace poco que compartía la opinión de que la pena de muerte "constituye una violación del derecho universalmente aceptado a no ser sometido a un castigo inhumano, tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos".

En Letonia, la solicitud de clemencia se presenta ante el Presidium del Consejo Supremo (el parlamento letón), que consulta a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Supremo, al Fiscal General y al Presidente del Tribunal Supremo.

En Lituania, desde octubre de 1992, es el Presidente de la República de Lituania quien debe estudiar las peticiones de clemencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de una Comisión de Clemencia integrada por los ministros de Justicia y de Interior, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General.

Procedimientos de ejecución

En los tres países, la ejecución se realiza por arma de fuego. No obstante, los procedimientos que rigen las ejecuciones son secretos y, hasta hace muy poco, Amnistía Internacional no ha podido saber nada acerca de ellos. En el curso de una visita realizada a los estados bálticos en octubre de 1992, se informó a la organización que en Estonia una persona condenada a muerte no sabe que su solicitud de clemencia ha sido rechazada hasta que no la sacan de su celda para ser ejecutada. Por tanto se le niega la oportunidad de mantener un último encuentro con, por ejemplo, un familiar próximo. Amnistía Internacional entiende que este procedimiento constituye un trato o castigo cruel, inhumano y degradante. La organización ha hecho un llamamiento a las autoridades estonas para que efectúen una revisión de los procedimientos que rigen las ejecuciones y hagan públicos sus resultados.

En Letonia, las ejecuciones suelen llevarse a efecto en las 24 horas siguientes a la denegación de clemencia. Por la noche sacan a la persona condenada de su celda y es ejecutada por un solo tirador (no por un pelotón de fusilamiento como antes se creía). Amnistía Internacional desconoce cuáles son los procedimientos de ejecución en Lituania.

Casos actuales

Estonia

Mihail Talyschanov fue condenado a muerte el 7 de junio de 1991 por los asesinatos de un cadete del ejército y un taxista, cometidos el 5 de agosto de 1990. Su solicitud de clemencia, que ya le había sido denegada una vez, fue sometida a la consideración del presidente de Estonia en octubre de 1992.

Vladimir Botchko fue condenado a muerte por el tribunal de distrito de Harju el 16 de diciembre de 1992. Se le halló culpable de la violación y el asesinato de una niña de cinco años en el pueblo de Paldiski.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estonas la conmutación de las sentencias de muerte dictadas contra Mihail Talyschanov y Vladimir Botchko.

Además, la organización ha presionado reiteradamente a las autoridades estonas para obtener más información sobre la ejecución de Rein Oruste. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, a Rein Oruste lo mataron a tiros unos funcionarios de prisiones como represalia por un altercado previo con otros guardias de la prisión. En julio de 1992, el viceministro de Asuntos Exteriores explicó a la organización que el 14 de junio de 1990 el Tribunal Supremo declaró culpable a Rein Oruste de 18 delitos, entre ellos uno de asesinato premeditado con agravantes, que le fue denegada la solicitud de clemencia y que su ejecución, a cargo de un pelotón de fusilamiento, se efectuó el 11 de septiembre de 1991. En diciembre de 1992, Amnistía Internacional se dirigió al recién nombrado ministro del Interior para pedir el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon a la ejecución de Rein Oruste.

Letonia

Actualmente hay una persona condenada a muerte. Andres Sergunts fue condenado a la pena capital el 6 de julio de 1992 por dos cargos de asesinato premeditado con agravantes. Su apelación fue rechazada por el Tribunal Supremo y no se ha ordenado ninguna revisión judicial de la sentencia. Andres Sergunts ha presentado varias solicitudes de clemencia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades letonas la conmutación de su condena a muerte.

Lituania

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en Lituania haya ningún preso condenado a muerte.

Nuevas oportunidades para la abolición

Actualmente, 31 países europeos han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Desde 1989, ocho países europeos han abolido la pena de muerte para todos los delitos: Andorra, Croacia, Checoslovaquia⁴, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Rumania y Suiza. Los países europeos suman casi la mitad de los países del mundo que han suprimido la pena de muerte para todos los delitos.

En los países europeos donde aún está vigente la pena capital en la legislación se han hecho algunos progresos hacia la abolición. En Bélgica hay un proyecto de ley pendiente de aprobación parlamentaria para abolir la pena de muerte para los delitos cometidos en tiempos de paz. En julio de 1990, la Gran Asamblea Nacional de Bulgaria aprobó una moratoria sobre todas las ejecuciones. Amnistía Internacional no ha recibido informes de ejecuciones en Polonia desde 1988.

El 28 de abril de 1983, el Sexto Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos estaba dispuesto para la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa. Según se establece en sus términos, cualquier país que pretenda constituirse en Estado Parte del Sexto Protocolo deberá abolir la pena de muerte, con la única excepción de las impuestas por delitos cometidos en tiempos de guerra o de inminente amenaza de guerra. Este protocolo es el primer tratado internacional creado específicamente para prohibir la pena de muerte. En Europa ya lo han ratificado 19 países: Alemania, Austria, Checoslovaquia (véase la Nota 4), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, San Marino, Suecia y Suiza. Otros dos países, Bélgica y Grecia, han firmado el protocolo pero aún no lo han ratificado.

La restauración de la independencia en Estonia, Letonia y Lituania, así como el proceso de reforma legislativa y jucicial que se está llevando a cabo en sus respectivos países, proporcionan una magnífica ocasión a los estados bálticos para debatir a fondo las cuestiones fundamentales relativas a la pena de muerte y finalmente ingresar en una larga lista de países europeos que han optado por la completa abolición de la pena capital, o están en vías de hacerlo. Es una oportunidad que no pueden ni deben desaprovechar.