Servicio de Noticias 19/98

ÍNDICE AI: EUR 15/04/98/s

4 DE FEBRERO DE 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

Bulgaria: Amnistía Internacional insta a la Asamblea Nacional a que garantice que el proyecto de ley sobre el servicio alternativo cumple

los principios internacionales

Amnistía Internacional ve con preocupación el hecho de que un proyecto de ley sobre el servicio alternativo, que actualmente se debate en la Asamblea Nacional búlgara, no garantice plenamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. La organización ha expresado sus temores en una carta enviada a Yordan Sokolov, presidente de la Asamblea Nacional, el 2 de febrero.

En virtud del artículo 5, párrafo 2, del Proyecto de Ley sobre el Servicio Alternativo, el Departamento de Asuntos Religiosos del gobierno tiene instrucciones de facilitar información a las Comisiones del Servicio Alternativo sobre «las comunidades religiosas que prohíben portar armas». Amnistía Internacional siente inquietud por el hecho de que esta disposición pueda permitir que el gobierno niegue el derecho a realizar el servicio alternativo a las personas que pertenezcan a comunidades religiosas no reconocidas o a quienes se nieguen a llevar armas a título individual, aunque su comunidad religiosa no se oponga al servicio militar como tal.

Amnistía Internacional ha pedido a la Asamblea Nacional búlgara que reconozca que el derecho a negarse a realizar el servicio militar es inherente al concepto de libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, todas las personas deben tener el derecho a negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia o de convicción profunda basada en motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos, políticos o similares.

El servicio alternativo en Bulgaria duraría el doble que el servicio militar armado, según otra disposición (artículo 15) del Proyecto de Ley. Amnistía Internacional considera que esto constituye una penalización a la convicción de las personas afectadas, e insta al gobierno búlgaro a que lo reduzca a una duración que no sea punitiva, conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa.

Por otra parte, el artículo 7, párrafo 2, restringe el derecho a solicitar el servicio alternativo, al imponer límites temporales a la presentación de la solicitud para realizar el servicio alternativo, obligando a los objetores de conciencia a presentar dicha solicitud antes de iniciar el servicio militar. Así, no podrán solicitarla los que se conviertan en objetores de conciencia después de su llamada a filas e incorporación a las fuerzas armadas, o después de realizar el servicio militar ‒periodo en el que quedan sometidos a la realización del servicio armado en unidades de la reserva‒.

Amnistía Internacional admite que una persona puede cambiar sus convicciones con el tiempo, por lo que considera que la legislación nacional debe reconocer esta posibilidad, como recomiendan la ONU y el Consejo de Europa: si se reconoce que la negativa a realizar el servicio militar se basa en un conflicto de conciencia, se infiere que este conflicto podría producirse en cualquier momento de la vida de una persona (véase párrafo 26 del Informe Aclaratorio de la Recomendación del Consejo de Europa de 1987).

Amnistía Internacional pide a la Asamblea Nacional búlgara que confirme el compromiso de su país con la promoción de la objeción de conciencia al servicio militar como un derecho humano fundamental, garantizando que la nueva Ley sobre el Servicio Alternativo respetará los principios reconocidos internacionalmente, incluidas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento de la Unión Europea, organización a la que Bulgaria aspira a incorporarse.