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31 DE OCTUBRE DE 1997

Grecia: las nuevas leyes niegan sus derechos a los objetores de conciencia

Amnistía Internacional ha escrito hoy a las autoridades griegas criticando tanto la nueva ley sobre objeción de conciencia aprobada por el Parlamento griego en junio como un nuevo proyecto de ley sobre Defensa Universal que el gobierno griego presentará en breve ante el Parlamento.

La Ley 2510/97, aprobada por el Parlamento griego el 5 de junio, introduce por primera vez el derecho a solicitar la declaración de objetor de conciencia y a realizar un servicio civil alternativo de los conscriptos que se oponen al uso personal de armas por motivos fundamentales de conciencia basados en convicciones religiosas, filosóficas, ideológicas o morales.

«Nos satisface la introducción de este derecho, pero la ley no es suficiente ‒ha declarado hoy Amnistía Internacional‒. Muchas de las medidas que contiene son punitivas y no reconoce que los objetores de conciencia tienen el derecho a alegar la objeción de conciencia durante la realización del servicio militar».

«Cerca de 250 objetores de conciencia ‒todos testigos de Jehová‒ están encarcelados por haberse negado a realizar el servicio militar por motivos religiosos. Estas personas son presos de conciencia y deben ser excarceladas inmediatamente».

Amnistía Internacional critica varios aspectos de la Ley 2510/97: la duración del nuevo servicio civil alternativo es punitiva (42 meses, frente a los 24 del servicio militar) y sus disposiciones sobre el servicio alternativo pueden suspenderse en caso de guerra. Además, todo lo relativo al servicio civil alternativo no entrará en vigor hasta enero de 1998 y los objetores de conciencia que, mientras tanto, se nieguen a realizar el servicio militar siguen afrontando condenas de hasta cuatro años de prisión.

Otro objetor de conciencia, que no es testigo de Jehová, también afronta una detención inminente por negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia. Lazaros Petromelidis, de 37 años de edad, casado y padre de un hijo, se declaró objetor de conciencia al servicio militar en una carta dirigida a las autoridades militares en 1992. El 7 de octubre de 1997 escribió a la Oficina de Reclutamiento de la Marina, manifestando que estaba dispuesto a realizar el servicio civil alternativo, en virtud de la Ley 2510/97. Sin embargo, el pasado lunes, la policía acudió a su domicilio para practicar una orden de detención dictada el pasado mes de diciembre. Lazaros Petromelidis está actualmente oculto. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades griegas que suspendan la orden de detención dictada.

En su carta al gobierno griego, Amnistía Internacional criticaba asimismo un nuevo proyecto de ley sobre Defensa Universal, que se presentará en breve al Parlamento. Según los informes, la nueva ley hará preceptivo que todas las mujeres de entre 18 y 50 años y todos los hombres de entre 18 y 65 años que no estén actualmente en las fuerzas armadas o la Guardia Nacional completen un periodo de entrenamiento en unidades de defensa universal.

No está clara la duración exacta del entrenamiento obligatorio, del que están exentos ciertos grupos de mujeres, como las embarazadas o las que tengan hijos menores de 12 años. Al parecer, las unidades dependerán del Estado Mayor General del Ministerio de Defensa, y sus miembros desempeñarán varias funciones, como la actuación en caso de catástrofe natural, la custodia de instalaciones vitales y la prestación de primeros auxilios. También se dice que los miembros de las unidades, en especial de las situadas en zonas fronterizas, recibirán entrenamiento en el uso de armas.

Según los informes, el nuevo proyecto de ley no contiene ninguna disposición que permita que las personas que objeten al servicio militar por motivos de conciencia aleguen dicha objeción. Según el proyecto legislativo, la no incorporación al servicio será punible con penas de entre seis y doce meses de prisión, que podrán aumentar hasta tres años en periodos de movilización general, como el que existe en Grecia desde 1974.

«Las autoridades griegas deben revisar las disposiciones de la Ley 2510/97 y del nuevo proyecto de ley sobre Defensa Universal para que sean coherentes con las normas y recomendaciones internacionales sobre el derecho a la objeción de conciencia», ha manifestado Amnistía Internacional.