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20 DE AGOSTO DE 1998

Grupos locales de libertades civiles y Amnistía Internacional expresan su preocupación por las propuestas del gobierno

La Comisión sobre Administración de la Justicia, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, British Irish Rights Watch y Amnistía Internacional comparten la repugnancia pública ante los atroces hechos ocurridos en Omagh.

Las cuatro organizaciones han expresado hoy su preocupación por las propuestas legislativas que estudian tanto el gobierno británico como el irlandés tras el atentado.

El portavoz del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, Michael Farrell, declaró: «la respuesta del gobierno irlandés recuerda las medidas adoptadas por Gran Bretaña tras el atentado con explosivos perpetrado en Birmingham hace unos 25 años. Debemos recordar que esas desviaciones del Estado de derecho propiciaron errores judiciales y el encarcelamiento de personas como «los seis de Birmingham» y «los cuatro de Guildford» mientras los responsables permanecían en libertad. Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer que los perpetradores comparezcan ante la justicia, deben estar seguros de que su respuesta es acorde con los derechos humanos protegidos internacionalmente».

Muchas de las propuestas del gobierno irlandés, que el propio Taoiseach ha calificado de muy draconianas, reproducen en buena parte medidas que ya están en vigor en Irlanda del Norte. El portavoz de la Comisión sobre Administración de la Justicia, Martin O’Brien, afirmó: «No hay pruebas de que las restricciones al derecho de permanecer en silencio o la creación de nuevos delitos hayan sido especialmente efectivas para reducir el nivel de violencia paramilitar. De hecho, nuestra experiencia indica que el uso de facultades de emergencia ha contribuido a perpetuar el conflicto más que a resolverlo».

Las cuatro organizaciones han criticado la propuesta que permitiría la utilización de la combinación del silencio del acusado y la opinión de un mando policial como prueba de pertenencia a una organización prohibida.

Rory Mungoven, de Amnistía Internacional, declaró: «Esta disposición debilitaría la presunción de inocencia y haría recaer la carga de la prueba en el acusado, lo que es intolerable».

Martin O’Brien afirmó que «declarar a alguien culpable de pertenencia [a una organización prohibida] basándose sólo en la palabra de un mando policial y en el silencio del propio acusado conculcaría el derecho a recibir un juicio con las debidas garantías». En Irlanda del Norte, donde las amplias facultades de emergencia han permitido a la Real Policía del Ulster recluir a sospechosos en prisión preventiva, las consecuencias de permitir que este cuerpo policial escoja a quién se declara culpable son aún más duras».

Michael Farrell declaró que «la intención de quienes colocaron la bomba en Omagh fue debilitar la búsqueda de la paz y el Acuerdo del Viernes Santo. La Comisión sobre Administración de la Justicia y el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles han instando a ambos gobiernos a que se aseguren de que no consiguen este objetivo».

«El futuro para todo el pueblo de Irlanda, sustentado en las protecciones a los derechos humanos del Acuerdo, es un precio demasiado elevado que no se puede arriesgar repitiendo los errores del pasado», añadió O’Brien.

«Es en momentos trágicos como éstos cuando se pone a prueba el compromiso de un gobierno de cumplir sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos de todas las personas. Instamos a los gobiernos británico e irlandés a que hagan frente a este desafío», declaró Amnistía Internacional.

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con:

Comisión sobre Administración de Justicia:Martin O'Brien o Paul Mageean, 01232 232394 o 0802 434769

Consejo Irlandés para las Libertades Civiles:Michael Farrell, en Dublín: 6772353 ó 087 232 4106 (móvil)

Michael Finucane en Dublín 4970181

Oficina de Prensa de Amnistía Internacional: 0171 413 5566

British Irish Rights Watch: Jane Winter, 0467 830500