En vista de los informes sin confirmar sobre el uso de fuerza excesiva en el curso de las operaciones de expulsión, Amnistía Internacional ha pedido garantías al gobierno maltés de que los agentes de policía reciben instrucciones claras de no utilizar más fuerza de la razonablemente necesaria para expulsar a una persona, de conformidad con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La organización ha pedido también que se revisen las técnicas policiales de inmovilización así como la formación y las directrices por las que se rigen la policía y el resto del personal que participa en las operaciones de expulsión, a fin de garantizar que las operaciones realizadas cumplen las recomendaciones pertinentes del Consejo de Europa.

Información general

El 27 de septiembre, Amnistía Internacional escribió al ministro de Interior y Medio Ambiente maltés, Tonio Borg, para expresar preocupación por el hecho de que los solicitantes de asilo llegados recientemente desde Eritrea y otros países podían sufrir graves violaciones de derechos humanos si eran devueltos a sus países de origen y no se estudiaba debidamente su solicitud de protección. La organización ha pedido al gobierno que se atenga al compromiso contraído en virtud de tratados de proteger a los refugiados. Asimismo expuso varios motivos de preocupación respecto a sus condiciones de reclusión, especialmente en el centro de detención de Ta'Kandja.

La organización ha advertido también sobre la alarmante situación de los derechos humanos en Eritrea; un nuevo informe publicado el 18 de septiembre documenta las numerosas encarcelaciones arbitrarias y secretas de destacados detractores del gobierno, periodistas, funcionarios públicos y objetores al servicio militar sin haber sido juzgados ni acusados. El reclutamiento obligatorio sigue vigente en Eritrea aun después de haber acabado la guerra con Etiopía en el 2000, y todos los hombres y mujeres eritreos de edades comprendidas entre 18 y 40 años pueden ser llamados a realizar el servicio militar, sin que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia. Según informes, cientos de personas han huido a Eritrea en los últimos meses para eludir o desertar del servicio militar. Los informes indican que las personas a las que se captura se las retiene y se las tortura, dándoles palizas o inmovilizándolas durante horas con los brazos fuertemente atados a la espalda, lo que les bloquea la circulación sanguínea y en ocasiones produce parálisis o lesiones permanentes. Permanecen detenidas durante meses sin un proceso judicial previo, obligadas a realizar trabajos penosos; después se las envía de vuelta al ejército. Según el reglamento del servicio nacional, eludir el reclutamiento puede castigarse hasta con tres años de prisión, y la pena por desertar en tiempo de guerra puede ser la muerte.

Amnistía Internacional ha afirmado que, dada la actual crisis de derechos humanos en Eritrea, toda persona expulsada a este país de quien se sospeche que se opone al gobierno, que ha eludido el servicio militar o que ha desertado del ejército, será detenida y posiblemente sometida a tortura o malos tratos. Estas personas pueden permanecer privadas de libertad por tiempo indefinido sin cargos ni juicio, sin protección alguna frente a una detención ilegal. Si son juzgadas, se enfrentan a largas penas de prisión y posiblemente a la pena de muerte. Además, sus familiares podrían ser detenidos como presuntos cómplices de su fuga.

La organización también ha hecho un llamamiento al presidente de Eritrea, Issayas Afewerki, para que los que regresan de Malta no sufran malos tratos ni sean detenidos arbitrariamente por motivo de su objeción de conciencia al servicio militar.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque el reciente anuncio sobre el cese de la condición de refugiado para los refugiados eritreos transmite una idea confusa sobre las condiciones que existen en Eritrea. La organización ha insistido en que el cese parcial de esta condición para los refugiados eritreos, anunciado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en mayo de 2002 y que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2002, es aplicable únicamente a dos categorías de refugiados eritreos: los que se convirtieron en refugiados durante la guerra de liberación que duró 30 años y concluyó en 1991 con la independencia de Eritrea respecto a Etiopía, y los que huyeron de Eritrea durante la guerra fronteriza con Etiopía, de 1998 al 2000. No afecta a los demás refugiados eritreos que han huido de la persecución desde el día de la independencia hasta hoy. Además, las personas que pertenecen a las dos categorías afectadas por el cese también tienen derecho al examen de cualquier solicitud individual que presenten para recibir mayor protección. Es el caso de los más de 100.000 refugiados eritreos que han vivido durante décadas en Sudán. Sin embargo, la repatriación voluntaria de Sudán a Eritrea se ha suspendido debido a las tensas relaciones entre los dos países.

Para más información consulten el informe Eritrea: Arbitrary detention of government critics and journalists (AFR 64/008/2002, del 18 de septiembre de 2002), en <www.amnesty.org>.

Documento público

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