Documento - Rumania: Ruptura de los compromisos contraidos en materia de derechos humanos

[NO PUBLICAR ANTES DEL 22 de mayo de 1995]




Amnistía Internacional



RUMANÍA


RUPTURA DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS



MAYO DE 1995RESUMENÍNDICE AI: EUR 39/01/95/s



DISTR: SC/CO/GR



Las violaciones de derechos humanos son continuas en Rumanía, a pesar de las garantías que este Estado ha ofrecido ante la comunidad internacional sobre su compromiso de que respetará las obligaciones internacionales que tiene contraídas en materia de derechos humanos. Rumanía contrajo otro compromiso más de proteger los derechos humanos en octubre de 1993, cuando se convirtió en Estado miembro del Consejo de Europa. Sin embargo, Amnistía Internacional continua recibiendo denuncias de violaciones de estos derechos, entre las que destacan el encarcelamiento de presos de conciencia, la tortura y malos tratos a los detenidos, muertes bajo custodia en circunstancias controvertidas y la práctica generalizada en todo el país de desprotección policial a la minoría romaní frente a la violencia racista.


Aunque ha habido mejoras en el respeto a los derechos humanos en Rumanía desde el derrocamiento del presidente Ceauşescu en diciembre de 1989, el gobierno rumano no cumple con la totalidad de sus obligaciones contraídas al amparo de los tratados internacionales y europeos en materia de derechos humanos. Aún es necesario tomar ciertas medidas esenciales encaminadas hacia una reforma legislativa y la garantía del respeto de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos y de la policía. Las deficiencias legislativas afectan especialmente a la organización del poder judicial, al Código Penal y al Código Procesal Penal. En el Parlamento rumano la mayoría ha ignorado frecuentemente las obligaciones internacionales contraídas por su país, además de los preceptos de su propia constitución.


Desde 1993, se han formulado cargos contra dos personas a las que se encarceló en régimen de prisión preventiva a consecuencia del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Una de ellas estuvo privada de libertad durante 18 meses por pintar en el lateral de su automóvil un rótulo que el fiscal consideró injurioso contra la autoridad pública. En el mismo período, al menos 11 personas han sido encarceladas en aplicación del artículo 200, párrafo 1, del Código Penal, que tipifica como delito los actos homosexuales entre adultos practicados en privado y con mutuo consentimiento. Amnistía Internacional cree que tres personas de origen étnico romaní han sido encarceladas por atentar contra el orden público únicamente a causa de su origen étnico. Una mujer procedente de Hădăreni fue encarcelada dos días después de denunciar que su hijo había sido golpeado por agentes de policía.


La firmeza y regularidad de las denuncias de tortura, palizas y otros malos tratos infligidos a detenidos por parte de agentes de policía en Rumanía hacen pensar que el problema es extenso. Los indicios señalan prácticas de violencia ocasional y actos ilegales perpetrados por agentes de policía, que pocas veces se saldan con una compensación para las víctimas. Las investigaciones de las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por agentes de policía rara vez son exhaustivas e imparciales. En este informe, Amnistía Internacional examina en detalle las circunstancias y prácticas policiales que desembocan en las violaciones de los derechos fundamentales de los que se ven privados de libertad. También se critica en el informe la falta de reglamentación sobre los derechos de la persona en situación de prisión preventiva.


Los prejuicios raciales y el desprecio por las necesidades de la comunidad romaní son evidentes no sólo en Rumanía sino en toda la región. El auge del nacionalismo en Rumanía desde 1990 ha supuesto un singular impacto para los romaníes. Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos que van desde el encarcelamiento exclusivamente motivado por el origen étnico, hasta la falta de protección a escala nacional por parte de la policía en casos de violencia racial contra los romaníes. La responsabilidad de estas violaciones de derechos humanos corresponde al gobierno rumano y a otras autoridades nacionales, incluido el Fiscal General de Rumanía.


Amnistía Internacional formula extensas recomendaciones relativas a reformas legislativas y judiciales, sobre la investigación de denuncias de tortura y otros tipos de malos tratos por parte de agentes de policía, así como respecto a una protección eficaz de la comunidad romaní en casos de violencia de motivación racista. Amnistía Internacional también dirige al respecto recomendaciones al Consejo de Europa y a la Organización sobre Seguridad y la Cooperación en Europa sobre cómo estas instituciones podrían contribuir a proteger y promover los derechos humanos en Rumanía.




PALABRAS CLAVE: IMPUNIDAD1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / HOSTIGAMIENTO1 / DISCRIMINACIÓN RACIAL1 / PRESOS DE CONCIENCIA1 / MINORÍAS1 / HOMOSEXUALES1 / POLICÍA1 / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES / MUERTE BAJO CUSTODIA / DETENCIÓN ARBITRARIA / RECLUSIÓN EN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO / CENSURA / DESTRUCCIÓN DE CASAS / EXTORSIÓN / CONDUCTORES / PERIODISTAS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADOS COMO VÍCTIMAS / REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES / MUJERES / CIVILES ARMADOS / MILITARES / CONFIRMACIÓN MÉDICA / AUTOPSIAS / LEGISLACIÓN / TESTIMONIOS DE PRESOS /




Este informe resume un documento titulado, Rumanía: Ruptura de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos (Índice AI: EUR 39/01/95/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 1995. Si desean más información o emprender alguna acción sobre este asunto, consulten el documento en su totalidad.





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 22 de mayo de 1995]




Amnistía Internacional



RUMANÍA


RUPTURA DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

















MAYO DE 1995

Índice AI: EUR 39/01/95/s

Distr: SC\CO\GR


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO



TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE




Información general 1


Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional 2



Restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión 5


El caso de Ionel Buzoianu 6

El caso de Nicolae Andrei 7


Encarcelamiento motivado únicamente por la homosexualidad 7


El caso de Marius Aitai, Cosmin Hutanu y Ovidiu Chetea 9

El caso de Florian Muşat, Dorin-Alexandru Foia y Traian Pasca 10

El caso de Valentin-Walter Stoica 10

Malos tratos a presos encarcelados en aplicación del artículo 200 12


Tortura, malos tratos y muertes bajo custodia 12


El caso de Gabriela-Ioana Gavrilă 16

El caso de Gheorghe y Dorin Anghel 17

El Caso de Ioan Rusu 17

El caso de József Németh 18

El caso de Ioan Neagu 19

El caso de Nicolae Miroiu 19

El caso de Stan Oncel 20

El caso de Viorica Căpriţa, Andrei Zanopol y Sorin Ţiţei 21

El caso de Robert Radu 21


Los Romaníes: Repertorio de injusticias 22


El caso de Hădăreni 25

Malos tratos a Costel Moldovan y encarcelamiento de Maria Moldovan 28

El hostigamiento contra la familia Lacă 29

Violencia racista en Bâcu 30

El caso de Emil y Virgil Macău 32


Las Recomendaciones de Amnistía Internacional36





RUMANÍA


RUPTURA DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS



Información general


En Rumanía, los derechos y libertades fundamentales están salvaguardados por la Constitución del país, los tratados internacionales y la legislación nacional. La Constitución, aprobada en noviembre de 1991, contiene preceptos relativos a la mayoría de los derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principales tratados internacionales. Los tratados internacionales que ratifica el Parlamento se incorporan a la legislación nacional. Además, los preceptos internacionales tienen precedencia «en caso de [discrepancia] entre los pactos y tratados sobre derechos humanos fundamentales de los que Rumanía es parte firmante y la legislación nacional»1.


Como consecuencia de todo ello, a la legislación nacional rumana se han incorporado tratados internacionales clave en materia de derechos humanos. Rumanía tiene, por tanto, la obligación jurídica de cumplir con muchos tratados internacionales. Entre estos destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.


Rumanía asumió una obligación más de proteger los derechos humanos cuando, en octubre de 1993, se convirtió en el trigésimo segundo miembro del Consejo de Europa. Rumanía fue aceptada como miembro del Consejo bajo la condición de que adaptara diversos aspectos de su legislación y práctica jurídica al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución3en la que se detallaban una serie de mejoras, entre las que cabe destacar:


●la política de Rumanía en materia de protección de minorías deberá basarse en los principios establecidos en la Recomendación núm. 1201 (1993) de la Asamblea Parlamentaria;


● se deben mejorar las condiciones de detención;


● se debe garantizar la libertad de expresión y de prensa;


● se debe enmendar la legislación rumana con el fin de asegurar que los ministros del gobierno ya no puedan dar instrucciones a los jueces;


● se debe enmendar el Código Penal con el fin de que los actos homosexuales llevados a cabo entre adultos en privado y con mutuo consentimiento ya no sean tipificados como delito;


● el gobierno debe utilizar todos los medios constitucionales a su alcance para combatir el racismo y el antisemitismo, además de todas las formas de discriminación por nacionalidad y religión, así como la incitación a este tipo de discriminación.


El Comité de Asuntos Políticos y el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debían realizar el seguimiento del cumplimiento de estas condiciones y, además, debían presentar informes al respecto cada seis meses hasta su total cumplimiento4.


Sin embargo, los relatores de los dos Comités sólo visitaron Rumanía en una ocasión, en marzo de 1994. Concluyeron que, aunque las más altas autoridades estaban dispuestas a cumplir con estas obligaciones, «la lista de cuestiones que permanecen abiertas es larga y la mayoría del Parlamento ralentiza la aplicación de las reformas». Los Comités continúan realizando el seguimiento de la situación en Rumanía.


En junio de 1994, Rumanía ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y declaró que reconocía tanto la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos a conocer cualquier demanda presentada por particulares5como la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos6. En octubre de 1994, Rumanía ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, así como sus dos protocolos adicionales7. Esto abrió el camino para que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitara y realizara un seguimiento de las condiciones reinantes en todos los centros de detención.


Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional


Siguen produciéndose graves violaciones de derechos humanos en Rumanía a pesar de los compromisos que su gobierno ha contraído con el Consejo de Europa. Se han producido mejoras en el respeto por los derechos humanos desde el derrocamiento del presidente Ceauşescu en diciembre de 1989, pero Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de violación de esos derechos, entre las que destacan el encarcelamiento de presos de conciencia, la complicidad de funcionarios locales y de la policía en actos de violencia contra la minoría romaní y su desprotección frente a la violencia racista, la tortura y los malos tratos a detenidos y las muertes bajo custodia en circunstancias controvertidas.


El gobierno rumano ha asegurado a la comunidad internacional que cumplirá con el compromiso contraído de respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, no ha reflejado este compromiso en sus instituciones políticas. Este es un paso esencial hacia la reforma legislativa y el modo de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas y policiales.


Es en el área de la reforma legislativa donde más se aprecia el vacío existente entre el compromiso público del gobierno por respetar los derechos humanos y el progreso real hacia esa meta. El Parlamento no ha enmendado el artículo 19 de la Ley sobre la Organización del Poder Judicial. Este precepto establece el control de los jueces por parte del ministro de Justicia a través de un cuerpo de inspectores que pueden examinar cualquier aspecto de la labor de un juez. Otro defecto de esta ley es que permite que el Ministerio ejerza su influencia sobre las decisiones judiciales. El presidente de un tribunal, responsable de la asignación de los casos a los jueces, se encuentra bajo el control del ministro de Justicia8. Este tipo de control supone una violación de las obligaciones contraídas por Rumanía en virtud del artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se garantiza que «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley», así como en virtud del artículo 6 (1) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que contiene una garantía similar, además de los Principios Básicos de la ONU Relativos a la Independencia de la Judicatura.


Los debates parlamentarios sobre la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal empezaron en el otoño de 1993 y continuaron a lo largo de 1994. En diciembre, tras haber votado todas las enmiendas individuales, la Cámara de los Diputados rechazó la totalidad del proyecto de ley. Éste fue entonces remitido al Senado para un segundo debate. En lugar de garantizar la libertad de expresión, las enmiendas propuestas al artículo 168 (difusión de noticias falsas), al artículo 236 (delitos contra enseñas nacionales), al artículo 2361 (difamación del estado o de la nación), al artículo 238 (delitos contra las autoridades) y al artículo 239 («escándalo») impondrían restricciones aún mayores al derecho a la libertad de expresión9. En un posterior debate sobre estas enmiendas que tuvo lugar en marzo de 1995, el Senado rumano aprobó asimismo preceptos restrictivos similares.


La propuesta de modificación del artículo 200, párrafo 1, en el que se tipifican como delito los actos homosexuales, es de redacción difusa y podría llevar a la persecución y encarcelamiento de adultos que realizaran actos homosexuales en privado y con mutuo consentimiento10.


Desde 1993, varias personas han sido adoptadas como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Se presentaron cargos contra dos personas, a las que se encarceló después en régimen de prisión preventiva en espera de ser juzgadas a causa de su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión11. En el mismo período, al menos 11 personas han sido encarceladas en aplicación del artículo 200, párrafo 1. Tres presos de conciencia han sido condenados por atentar contra el orden público, al parecer debido a su origen étnico12. Los casos de algunos de estos presos de conciencia demuestran que la policía y el sistema judicial tienen poca consideración por los derechos constitucionales de los acusados. También ponen de relieve una situación de escasez de medios administrativos inaceptable en los tribunales y en los centros de detención, tanto en el ámbito local como en el nacional.


Si bien el número de presos de conciencia es menor que el existente en los años anteriores al derrocamiento del Presidente Ceauşescu en diciembre de 1989, los informes recibidos indican que la tortura, las palizas y otras formas de malos tratos a los detenidos siguen siendo muy extendidas. Estas violaciones de derechos humanos se producen en un contexto de graves dificultades económicas y sociales que afectan a la mayor parte de la población, y de una falta crónica de fondos para mantener los servicios estatales y de otros ámbitos públicos. Las autoridades rumanas a menudo recurren a este tipo de excusas para justificar los abusos cometidos por agentes de policía. Además, los agentes de policía han situado tradicionalmente la protección de los intereses estatales por encima de los derechos de la persona universalmente reconocidos. Por ello resulta urgente emprender programas de educación y formación de funcionarios públicos y agentes de policía con el fin de promover entre ellos el conocimiento y el respeto de los derechos humanos.


El problema se ve complicado aún más por la impunidad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley responsables de violaciones de derechos humanos. Las normas internacionales exigen la investigación exhaustiva e imparcial y con prontitud de toda denuncia de violación de derechos humanos cometida por esos agentes, pero rara vez se cumplen. Las investigaciones se ven a menudo obstruidas y prolongadas de forma innecesaria debido a la utilización de métodos inadecuados de recopilación de pruebas. Los fiscales no ejercen un control suficiente sobre los mandos policiales que participan en la investigación de presuntos abusos cometidos por otros policías13. Asimismo, la fiscalía siempre atribuye mayor credibilidad a las pruebas favorables para un agente de policía inculpado que a las favorables para el denunciante. Finalmente, no se lleva a cabo una revisión judicial de las decisiones del fiscal de no formular cargos contra agentes de policía que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos.


Hoy en día, uno de los asuntos más candentes en el campo de los derechos humanos en Rumanía es el relativo a las violaciones de los derechos de la comunidad romaní. La impunidad de que se benefician agentes de policía, así como la pauta de protección policial inadecuada de vidas y propiedades romaníes, han fomentado la comisión de más actos de violencia racista. Las autoridades rumanas no han emprendido todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades garantizadas por la Constitución y por los tratados internacionales que deben aplicarse a toda persona sin distinción de ningún tipo como la «raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social»14. Como parte firmante de Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Rumanía tiene la obligación de garantizar «el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometidos por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución»15.


Amnistía Internacional acoge con agrado la cooperación e información que ha recibido de las autoridades rumanas, en particular de la Fiscalía General. Las autoridades de los ámbitos nacional y local han participado de forma voluntaria en un diálogo abierto con la organización. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Rumano16considera que realizar un seguimiento de cómo se aplican los derechos humanos, en algunos casos, supone una amenaza para la seguridad nacional. En su informe anual al Parlamento rumano de noviembre de 1994, el Servicio de Inteligencia se refería a las actividades de ciertas organizaciones no gubernamentales romaníes independientes «las cuales, mediante falsificación y denigración de la situación en nuestro país, incitaron a acciones que afectaron a la imagen de Rumanía en el extranjero y, al mismo tiempo, han instigado a la desestabilización y a actos inconstitucionales» [énfasis del original].17


Varias personas que se pusieron en contacto con Amnistía Internacional para tratar sobre violaciones de derechos humanos, posteriormente fueron objeto de hostigamiento e intimidación por agentes del Servicio de Inteligencia Rumano, si bien no se formularon cargos en su contra. Amnistía Internacional recuerda el compromiso adquirido por los Estados miembros de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) de:


respetar el derecho de cada persona, individualmente o en asociación con otros, de recabar, recibir y difundir libremente opiniones e información sobre derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive los derechos de divulgar y publicar tales opiniones e información;


permitir a los miembros de esos grupos y organizaciones el libre acceso a organismos similares, dentro y fuera de sus países, y entrar en comunicación con ellos, así como con organizaciones internacionales, para iniciar intercambios, contactos y cooperación con dichos grupos y organizaciones, y solicitar, recibir y utilizar contribuciones financieras voluntarias de fuentes nacionales e internacionales, con el propósito de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como dispone la ley18.



Restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión


Los preceptos del Código Penal rumano que imponen restricciones arbitrarias y excesivas al ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación violan los tratados internacionales ratificados por Rumanía.


Ciertos preceptos de los artículos 238 y 239 tipifican como delito la difamación de «personas que participan en importantes actividades estatales o públicas»19. El artículo 238, párrafo 1, impone penas de entre seis meses y tres años de prisión a las personas que «mancillen el honor o amenacen de forma pública» a personas que ocupen ese tipo de puesto. El artículo 239, párrafo 1, estipula que:


El insulto, el libelo, la difamación o las amenazas proferidas directamente o mediante los medios de comunicación contra un funcionario cuyos deberes impliquen el ejercicio de la autoridad estatal, y que se encuentre cumpliendo con su deber, o estos insultos realizados con respecto a actos realizados durante el cumplimiento de su deber, serán sancionados con penas de entre tres meses y dos años de prisión.


Estos artículos violan el derecho a la libertad de expresión reconocidos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las reputaciones de los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, son protegidos de forma adecuada por otros preceptos del Código Penal que garantizan el honor y la integridad de las personas, así como por las acciones judiciales que toda persona puede emprender, independientemente de su situación o función.


El caso de Ionel Buzoianu


Ionel Buzoianu, chófer de Bucarest, perdió su medio de vida después de ser detenido en marzo de 1993 y ser acusado de ofender a la autoridad pública en aplicación del artículo 238.


El 27 de febrero de 1993, alrededor de las 15:00 horas, Ionel Buzoianu aparcó su automóvil en la Plaza de la Prensa Libre (Piaţa Presei Libere) en Bucarest. A ambos lados del automóvil estaban pintadas estas palabras: «El comandante de la policía de tráfico alienta a sus agentes a cobrar sobornos con el fin de poder comprarse una casa de campo en el Bulevardul Primaverii». Al explicar por qué se había acusado a Ionel Buzoianu de ofender a la autoridad pública, el Fiscal del Sector nº1 de Bucarest citó el testimonio de dos testigos que declararon que «pequeños grupos de ciudadanos se habían reunido alrededor del automóvil abandonado y habían empezado a discutir para luego marcharse asombrados del lugar».


El auto de la acusación también afirma que el 24 de marzo de 1993 Ionel Buzoianu confesó haber pintado las palabras ofensivas en el automóvil. Al parecer, le dijo al fiscal que en febrero un policía de tráfico le había dado el alto y, presuntamente, le había exigido un soborno para devolverle su permiso de conducir. Cuando Ionel Buzoianu le dijo que reclamaría ante el comandante de la policía, el agente respondió que «el comandante quiere comprarse una casa de campo en el Bulevardul Primaverii».


Ionel Buzoianu estuvo encarcelado durante 18 meses en régimen de prisión preventiva pendiente de juicio. Fue puesto en libertad el 1 de septiembre de 1994 tras pasar privado de libertad más de la mitad de la pena máxima del delito que se le imputa. Su juicio está aún en curso. No se tiene noticia de que el comandante de la policía haya interpuesto querella ordinaria alguna por difamación contra Ionel Buzoianu.


En octubre de 1994, Amnistía Internacional hizo un llamamiento al presidente Ion Iliescu para que suspendiera el procesamiento de Ionel Buzoianu. No se ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha.


El caso de Nicolae Andrei


Nicolae Andrei, periodista oriundo de Craiova, fue detenido el 14 de febrero de 1994 y acusado de «mancillar el honor»20del presidente Ion Iliescu. Los cargos se basaban en unos artículos satíricos escritos por Nicolae Andrei y que fueron publicados en un suplemento especial de la revista Conflict a finales de diciembre de 1993.


Nicolae Andrei estuvo recluido cuatro días y fue luego puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. El sumario fue posteriormente trasladado al Fiscal General. En abril, el departamento de investigación propuso el sobreseimiento del caso. Sin embargo, el 10 de mayo, el Fiscal General Adjunto decidió examinar de nuevo el sumario. Finalmente, en diciembre, este sumario fue remitido al fiscal de Dolj. Éste comprobó que «los artículos escritos por el acusado, independientemente de su forma literaria ... contienen expresiones que difaman, insultan y calumnian a la institución constitucional de la Presidencia de Rumanía». El fiscal también valoró «los rasgos de la personalidad del acusado» que, a su juicio, se trataba de «un patán confirmado» que carecía de formación y experiencia periodística y que, por lo tanto, no era familiar con «los tipos de expresión que se pueden utilizar a la hora de criticar ciertos aspectos de la vida y actividades de los líderes estatales»21. A la vista de todo esto, el fiscal decidió imponerle a Nicolae Andrei una multa administrativa de 25.000 lei, la cantidad máxima prevista por la ley. No se tiene noticia de que el Presidente haya interpuesto querella ordinaria alguna por difamación contra Nicolae Andrei.


Encarcelamiento motivado únicamente por la homosexualidad


El artículo 200 del Código Penal también es contrario a los tratados internacionales ratificados por Rumanía. Este artículo permite la detención, procesamiento y encarcelamiento de adultos que participan con consentimiento mutuo en actos homosexuales en privado. El párrafo 1 del artículo 200 estipula que «las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son punibles con penas de entre uno y cinco años de prisión». El párrafo 4 estipula que «proponer o incitar a una persona a los actos previstos en el párrafo 1 es punible con penas de entre uno y cinco años de prisión». El artículo 204 castiga todo intento de cometer los actos previstos en el artículo 200.


Amnistía Internacional ha instado repetidamente a las autoridades rumanas a revocar estos artículos y ha hecho llamamientos en favor de la puesta en libertad de los presos que hayan sido condenados por su aplicación. Amnistía Internacional considera que las personas encarceladas únicamente a causa de su participación en prácticas homosexuales realizadas entre adultos en privado y con mutuo consentimiento son presos de conciencia.


El 4 de octubre de 1994, el presidente Iliescu se dirigió a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. En respuesta a una pregunta de un miembro danés de la Asamblea Parlamentaria sobre la persecución y hostigamiento de homosexuales en Rumanía, el presidente afirmó que el parlamento estaba revisando la legislación al respecto. «Dijo que no había un apoyo extenso de la población hacia los homosexuales y que la postura de la Iglesia había sido bien recibida por el pueblo de Rumanía22. Hizo referencia a medidas educativas y médicas como medios para tratar este tipo de problemas»23.


En octubre de 1994, la Cámara de Diputados votó a favor de no enmendar el artículo 200, párrafo 1, y de retener una prescripción de todos los actos homosexuales. Esta decisión viola el compromiso contraído por Rumanía con el Consejo de Europa, cuyo secretario general se encontraba visitando Bucarest en aquél momento.


Posteriormente, sin embargo, el gobierno rumano demostró que puede influir sobre las decisiones parlamentarias cuando lo considera políticamente oportuno. La semana siguiente, la revisión rechazada fue devuelta al Parlamento para una segunda votación y, el 1 de noviembre de 1994, la Cámara de Diputados decidió penalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo solamente si dichos actos son cometidos en público o «en condiciones que supongan una alteración del orden público».


En diciembre de 1994, tras haber votado a favor de todas las enmiendas individuales, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley por el que se enmendaba el Código Penal en su totalidad. Fue remitido entonces al Senado para que se procediera a un segundo debate.


En febrero de 1994, Amnistía Internacional sometió su postura sobre el artículo 200, párrafo 1, al Tribunal Constitucional rumano, que se encontraba revisando el caso de seis hombres contra los que se habían formulado cargos en aplicación de esta ley. En mayo de 1994, un delegado de Amnistía Internacional acudió como observador a una vista pública del Tribunal Constitucional. Dos meses después, el Tribunal decidió que los preceptos del artículo 200, párrafo 1, eran inconstitucionales «en la medida que se aplican a relaciones sexuales entre adultos que consienten libremente a ellas, que no se llevan a cabo en público, ni ocasionan escándalo público»24. Esta decisión fue confirmada tras su apelación y entró en vigor en enero de 199525. Aunque la decisión modifica la aplicación de la ley, aún permite el procesamiento de adultos que prestan libremente su consentimiento y que realizan actos homosexuales en privado si tales actos «ocasionan escándalo público». Este término es tan amplio que podría llevar a interpretaciones judiciales variadas y contradictorias26.


El caso de Marius Aitai, Cosmin Hutanu y Ovidiu Chetea


En noviembre de 1993, según fuentes oficiales, 57 personas se encontraban en prisión por cargos formulados en aplicación del artículo 200 del Código Penal27. Tres de ellos eran hombres encarcelados en virtud de los preceptos del párrafo 1, que prohíbe toda relación sexual entre personas del mismo sexo.


Marius Aitai, preso de 22 años de edad en la penitenciaría de Gherla, fue condenado en 1992 por el tribunal de Dej a 30 meses de prisión por tener relaciones sexuales con otro preso. Cosmin Hutanu, de 21 años, fue sentenciado a 14 meses de prisión en 1993 por el tribunal de Focşani y encarcelado en la penitenciaría de Focşani. Ovidiu Chetea, de 20 años, fue condenado en 1992 por el tribunal de Timişoara a 18 meses de prisión. Se encontraba cumpliendo sentencia en la penitenciaría de Oradea.


Posteriormente se supo que Marius Aitai había sido condenado en aplicación del artículo 200, párrafo 1, por un acto sexual que había realizado en prisión mientras cumplía una sentencia de seis años por hurto. Al combinar las dos penas, el tribunal de Dej había añadido seis meses a su sentencia de prisión original. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a reducir en seis meses la sentencia de Marius Aitai.


Cosmin Hutanu y cuatro hombres más fueron investigados en virtud del artículo 200, párrafo 1, en julio de 1992. Mientras se encontraba en el extranjero, Cosmin Hutanu fue juzgado y sentenciado in absentia en febrero de 1993 a 14 meses de prisión por violar este artículo. Las personas acusadas con él fueron condenadas a cumplir condenas de trabajo correctivo en sus puestos de trabajo. Cosmin Hutanu, detenido y encarcelado en julio de 1993, fue puesto en libertad condicional en marzo de 1994.


En mayo de 1994, las autoridades rumanas respondieron a los motivos de preocupación manifestados por Amnistía Internacional sobre el caso de Ovidiu Chetea negando que estuviera en prisión. El ministro de Asuntos Exteriores declaró que «según la información recibida del Ministerio de Justicia, no hay datos sobre la existencia de un preso con ese nombre en el sistema penitenciario». Es más, según la misma nota, el tribunal de Timişoara no había podido identificar a ninguna persona con ese nombre que hubiera sido acusada o condenada por esa instancia.


A pesar de ello, el Ministerio de Justicia había informado, en noviembre de 1993, que Ovidiu Chetea había sido condenado por el Tribunal de Timişoara en aplicación del artículo 200, párrafo 1, por «participar en relaciones sexuales con distintas personas de su mismo sexo en el período de 1987 a 1992». Informes independientes confirmaron posteriormente que Ovidiu Chetea había sido puesto en libertad condicional en la penitenciaría de Oradea el 21 de diciembre de 1993. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, al día siguiente, el comandante de la penitenciaría describió a Ovidiu Chetea como un «muchacho que no encajaba y que se pasaba el día llorando». El expediente del preso indicaba que había empezado a cumplir sentencia el 14 de marzo de 1993.


Amnistía Internacional también recibió un informe sobre el expediente del caso núm. 5856/1992 del Tribunal de Timişoara, así como una copia de la Sentencia Penal núm. 1223, del 26 de junio de 1992, que sentenciaba a Ovidiu Chetea a 18 meses de prisión en aplicación del artículo 200, párrafo 1, en relación con el artículo 41, párrafo 2, y el artículo 42 del Código Penal28. Los otros acusados en el caso eran Nicolae Petricaş y Nicolae Stupariu, a quienes se impusieron sentencias en suspenso de dos años y 18 meses de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.


El caso de Florian Muşat, Dorin-Alexandru Foia y Traian Pasca


La lista de presos que Amnistía Internacional recibió del Ministerio de Justicia también contenía información sobre Florian Muşat y Dorin-Alexandru Foia, encarcelados en la penitenciaría de Aiud. Según esta información, ambos fueron sentenciados a dos años de prisión por el tribunal de Alba Iulia en junio de 199329. Se encontraban cumpliendo sentencias concurrentes como sigue: 18 meses de encarcelamiento en aplicación del artículo 200, párrafo 2, por un acto homosexual cometido bajo coacción; ocho meses de encarcelamiento en aplicación del artículo 192 por allanamiento de morada; un año de prisión en aplicación de los artículos 208 y 209 por hurto; y seis meses de prisión en aplicación de los artículos 33 y 34, que estipulan la posibilidad de incrementar la sentencia más larga cumplida de forma concurrente.


Amnistía Internacional ha recibido copia de la sentencia del tribunal que condenó a Florian Muşat y a Dorin-Alexandru Foia, además de a Traian Pasca, por delitos tipificados en el artículo 200 del Código Penal. Aunque no se hacía referencia a ningún párrafo específico de este artículo, el razonamiento de la sentencia implicaba claramente que los tres acusados habían sido condenados por un acto homosexual realizado en privado con mutuo consentimiento. Florian Muşat y Dorin-Alexandru Foia también fueron declarados culpables de allanamiento de morada por haber irrumpido en el domicilio de Traian Pasca y haberle robado el reloj y la dentadura postiza.30


Traian Pasca, que sólo había sido condenado en aplicación del artículo 200 por participar en actos homosexuales entre adultos realizados con mutuo consentimiento y en privado, fue puesto en libertad en noviembre de 1993, después de cumplir la mitad de su sentencia de 18 meses.


Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a revisar las condenas de Florian Muşat y Dorin-Alexandru Foia.


El caso de Valentin-Walter Stoica


En diciembre de 1994, Amnistía Internacional volvió a recibir información del Ministerio de Justicia sobre detenidos condenados en aplicación del artículo 200. Uno de los presos enumerados, Valentin-Walter Stoica, cumple en la actualidad una condena de 18 meses de prisión en la penitenciaría de Aiud31. No era seguro que hubiera sido condenado en virtud del párrafo 1 del artículo 200. Amnistía Internacional ha instado al ministro de Justicia a iniciar una revisión judicial del caso de Valentin-Walter Stoica.


En febrero de 1995, Amnistía Internacional recibió más información sobre Valentin-Walter Stoica32. Había sido detenido por robo en enero de 1992 y fue condenado por el tribunal de Mediaş a 30 meses de prisión. En julio de 1992 participó en un acto homosexual con Zoltan Ioan, con quien compartía celda en la prisión. Zoltan Ioan también había realizado un acto homosexual con otro preso, Haler Gheorghe. Los tres fueron castigados en primer lugar siendo encerrados en celdas de aislamiento durante 10 días. Luego fueron juzgados en aplicación del artículo 200, párrafo 1, en abril de 1993. Según el expediente del tribunal de Alba Iulia33, los acusados confesaron haber cometido estos delitos y cada uno de ellos fue condenado a 18 meses de prisión.


La comisión de otro delito durante el cumplimiento de una sentencia de prisión se considera reincidencia, delito tipificado en el artículo 37 del Código Penal. En estos casos, los tribunales tienen la obligación de fundir la pena impuesta por el último proceso con las penas impuestas anteriormente, de manera que las sentencias se cumplan de forma concurrente. Asimismo, los tribunales pueden aumentar las sentencias concurrentes34.


Zoltan Ioan y Haler Gheorghe fueron puestos en libertad en 1993 y 1994 respectivamente. Valentin-Walter Stoica fue puesto en libertad condicional el 17 de noviembre de 1993. Al parecer, el procedimiento para imponer sentencias concurrentes de prisión no fue aplicado en su caso. Su sentencia de 18 meses de prisión seguía pendiente y su expediente penitenciario contenía la correspondiente orden de ejecución de sentencia35. Esta orden llegó nueve meses después del juicio y después de que fuera puesto en libertad.

En agosto de 1994, Valentin-Walter Stoica fue arrestado en Haghilag, pueblo de la provincia de Sibiu, y lo llevaron de nuevo a la penitenciaría de Aiud para cumplir la sentencia todavía pendiente de 18 meses. Valentin-Walter Stoica desconocía sus derechos y carecía de asistencia letrada; no planteó recurso alguno contra esta violación de sus derechos reconocidos tanto por la legislación rumana como por el derecho internacional. Valentin-Walter Stoica fue entrevistado en la cárcel por representantes del Comité de Helsinki rumano y por La Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos en enero de 1995. Les dijo que sus posibilidades de libertad condicional tras cumplir la mitad de la sentencia podían haber disminuido porque era considerado reincidente.


En febrero de 1995, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades rumanas para que pusieran inmediatamente en libertad a Valentin-Walter Stoica, al considerarlo la organización preso de conciencia.


Malos tratos a presos encarcelados en aplicación del artículo 200


Las personas condenadas en aplicación del artículo 200 también están expuestas a ser objeto de malos tratos durante su reclusión36. Cristinel Cozma se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y medio en la Penitenciaría de Tulcea por delitos punibles en aplicación del artículo 200, párrafo 2, del Código Penal37. Fue detenido con Alexandru Radu y Doru Mancu el 1 de enero de 1993 en el bar Sala Spaturilor de Tulcea. Se formularon contra los tres cargos por haber obligado a otro hombre a realizar actos homosexuales. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, los tres fueron objeto de golpes con porras por parte de agentes de policía. Cristinel Cozma perdió el conocimiento a consecuencia de los golpes. Los tres hombres fueron golpeados en una comisaría hasta la llegada de un oficial superior.


Dos días después de su detención, Cristinel Cozma fue interrogado por el fiscal. Luego fue llevado a un médico para recibir tratamiento para las lesiones ocasionadas por los golpes.


Cristinel Cozma y Alexandru Radu, que en aquel momento se encontraban cumpliendo el servicio militar, fueron trasladados a una unidad de la policía militar e interrogados por un fiscal militar. Cristinel Cozma fue llevado a un hospital militar para recibir tratamiento para sus lesiones. Tanto él como Alexandru Radu fueron juzgados por un Tribunal Militar en Constanţa. Se designó a un oficial militar para ejercer su defensa. Cristinel Cozma y Alexandru Radu fueron condenados a cinco años y medio y cuatro años y medio de encarcelamiento, respectivamente.


Cristinel Cozma afirma que los actos homosexuales sobre los que se basan los cargos se realizaron con mutuo consentimiento. El hombre al que estaban acusados de coaccionar fue retenido por agentes de policía en un control rutinario de documentos de identidad después de marcharse del bar. Se cree que informó a la policía de que había sido coaccionado, aunque, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, no testificó contra los acusados y no fue interrogado como testigo durante el juicio.


En noviembre de 1994, Amnistía Internacional escribió al Fiscal General de Rumanía manifestándole su preocupación porque Cristinel Cozma, Alexandru Radu y Doru Mancu pueden haber sido condenados únicamente por realizar actos homosexuales entre adultos, en privado y con mutuo consentimiento, y porque fueron presuntamente maltratados por agentes de policía después de la detención. La organización solicitó copias de las resoluciones civiles y militares sobre sus casos y copias de los informes médicos del tratamiento recibido por Cristinel Cozma. No se ha recibido respuesta.


Tortura, malos tratos y muertes bajo custodia


La tortura y los malos tratos a los detenidos es uno de los problemas más graves de Rumanía en lo que respecta a los derechos humanos. Los abogados y las organizaciones que realizan el seguimiento de la situación de los derechos humanos informan a menudo que la frecuencia de malos tratos es elevada y que este tipo de casos están muy extendidos. Sin embargo, pocos detenidos formulan denuncias oficiales de malos tratos y sólo rara vez se llevan estos casos a los tribunales. Los indicios señalan la existencia de unas prácticas habituales de violencia y actos ilegales por parte de los agentes de policía que raramente se saldan con una indemnización satisfactoria para las víctimas. Son muy poco frecuentes los casos que llegan a los tribunales.


En Rumanía, la tortura y los malos tratos están tipificados como delitos. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la tortura y los tratos o castigos inhumanos o degradantes. En 1991, el Código Penal fue enmendado para incluir un nuevo delito por el que los actos de tortura se castigan con un máximo de 15 años de prisión.


Los cargos que se suelen formular contra los agentes de policía que son procesados son los estipulados en los artículos 266 y 267, que tipifican detenciones ilegales, registros abusivos y malos tratos. Amnistía Internacional sólo conoce una condena en virtud del artículo 267, que prohíbe la tortura. En mayo de 1994, el agente de policía Gheorghe Brănişteanu fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Militar de Bucarest por torturar a un detenido, que murió a consecuencia de las lesiones.


El Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia están organizados como los militares y, en muchos casos, tienen un régimen similar. Por ello, el procesamiento de agentes encargados de hacer cumplir la ley es competencia de la jurisdicción de los tribunales militares38.


Casi todos los casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia que se denuncian se producen en comisarías y son perpetrados por agentes de policía. Los detenidos por cargos penales que son maltratados por agentes de policía durante el interrogatorio inicial, a menudo sufren coacciones para que no formulen denuncias con la promesa de que «las cosas les irán mejor», dados los cargos a los que se enfrentan. Cuando la sentencia judicial no refleja este «trato», los acusados carecen de vías de recurso.


Algunos abogados rumanos han relatado a Amnistía Internacional que los agentes de policía a veces no permiten a los abogados hablar con los detenidos en privado. Esta negación de la comunicación confidencial con la asistencia letrada contradice el Principio 18 (3) del Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, la Regla 93 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos y el Principio 8 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados. Si el detenido no contrata a un abogado, el fiscal encargado de la instrucción del caso nombrará a uno de oficio39. Según el artículo 137, la presencia de un abogado es obligatoria durante el interrogatorio de toda persona sometida a arresto. Sin embargo, éste no es el caso cuando se cita a un presunto delincuente en la comisaría para ser interrogado. El Principio 7 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados estipula que «todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o no, [tendrán] acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención». El Principio 18 (3) del Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión estipula que se debe otorgar el acceso a un abogado sin demora y sin censura después de la detención.


Durante estos interrogatorios los agentes de policía suelen utilizar la fuerza, intimidar y coaccionar de diversas maneras a los detenidos para que firmen declaraciones, contraviniendo así las normas internacionales de derechos humanos. Incluso si el detenido cambia su declaración con posterioridad, ante un fiscal o durante el juicio, no hay preceptos legales que prohíban a los tribunales tomar en consideración declaraciones firmadas sin asistencia letrada adecuada. Estas declaraciones suelen ser valoradas a la vez que otras pruebas. El Tribunal Supremo de Rumanía también admite estas declaraciones40. La admisión de declaraciones prestadas bajo tortura o malos tratos viola el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y es, además, contraria al artículo 12 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un grupo de abogados independientes de Braşov (APADO) declaró a Amnistía Internacional que cerca del 10 por ciento de los casos llevados ante los tribunales penales presentan graves errores en la fase de instrucción.


Algunos fiscales interrogan a los detenidos sin la presencia de los agentes de policía que participaron en la investigación. Sin embargo, normalmente, el agente encargado del caso suele estar presente. En algunos casos, los detenidos han llegado a retirar las declaraciones que estaban prestando ante el fiscal cuando los agentes que los habían detenido entraban en la sala.


Los agentes de policía a menudo realizan investigaciones que deberían ser llevadas a cabo por el fiscal. Algunos fiscales militares que investigan abusos policiales basan sus averiguaciones exclusivamente en información recopilada por agentes de policía especiales, responsables de investigaciones internas de denuncias presentadas contra sus colegas. Cuando los fiscales militares llevan las investigaciones, a menudo dan claras muestras de parcialidad en favor de la policía. En un caso reciente, la víctima fue interrogada por el fiscal militar con pocas muestras de respeto hacia su dignidad personal y situación social. En otros casos, las preguntas eran formuladas de forma que se reflejaba claramente la parcialidad del interrogador. Los fiscales militares suelen dar muestras similares de parcialidad en sus valoraciones a la hora de decidir si formulan una acusación contra el presunto perpetrador de los malos tratos.


Las resoluciones de los fiscales militares son firmes. No se pueden recurrir ante un tribunal41. Las víctimas sólo pueden apelar ante un fiscal militar superior dentro de la Sección Militar de la Fiscalía General42. Este precepto viola el derecho de la víctima a interponer un recurso efectivo43. También viola el derecho de la víctima de un acto de tortura a reparación e indemnización44. Las resoluciones de los fiscales militares en casos de presuntas torturas y malos tratos sólo se entregan a los demandantes y a sus representantes legales.


A pesar de repetidas solicitudes, Amnistía Internacional ha sido incapaz de obtener copias de las resoluciones de los fiscales militares. La organización tampoco ha conseguido obtener informes de autopsias de fuentes oficiales45. Sin estos documentos resulta difícil examinar los resultados y métodos de una investigación oficial. La negativa de las autoridades a proporcionar estos documentos arroja dudas sobre si las investigaciones fueron realizadas exhaustiva e imparcialmente; se trata de otra violación de las obligaciones contraídas por Rumanía al amparo de las normas internacionales46. Es más, la negativa a publicar los informes de autopsias y las resoluciones de los fiscales en casos de muerte bajo custodia después de una presunta tortura, conculca la obligación de las autoridades contraída en virtud de los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. Estos principios establecen normas estrictas para la realización de investigaciones exhaustivas, sin demoras e imparciales para este tipo de casos, entre las que destaca el pronto y completo acabado de la investigación y la publicación inmediata del correspondiente informe. Este informe «se publicará inmediatamente y en él se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, y las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de hecho y en la legislación aplicable. El informe expondrá también detalladamente los hechos concretos ocurridos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, así como las pruebas en que se basen esas conclusiones, y enumerará los nombres de los testigos que hayan prestado testimonio, a excepción de aquéllos cuya identidad se mantenga reservada por razones de protección. El gobierno responderá en un plazo razonable al informe de la investigación, o indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella»47.


En muchos presuntos casos de tortura y malos tratos perpetrados por agentes de policía, posteriormente se formularon cargos contra las víctimas en virtud de la Ley núm. 61 sobre Sanciones para Violaciones de las Normas de Coexistencia Social y la Paz y Orden Públicos48(que regula delitos menores y que, en lo sucesivo, será nombrada Ley 61/91 en este informe). En muchos casos investigados por Amnistía Internacional los agentes de policía aplicaron esta ley para justificar el uso excesivo de la fuerza. La aplicación arbitraria de esta ley llega incluso a abarcar casos de privación de libertad49. Un estudio detallado de la Ley 61/91 realizado por la Asociaţia pentru apărarea drepturilor omului în România - Comitetul Helsinki (Comité de Helsinki rumano)50, describe cómo la redacción difusa de algunos de sus preceptos desemboca en decisiones arbitrarias, y afirma que el procedimiento de recurso de la Ley y sus preceptos relativos al derecho de defensa violan los tratados internacionales y europeos de derechos humanos.


La falta de reglamentos relativos a los derechos del detenido en situación de prisión preventiva en espera de juicio es contraria a las normas internacionales y europeas y supone, asimismo, un conflicto con el derecho constitucional a la presunción de inocencia51. Los abogados y jueces que hablaron con Amnistía Internacional afirmaron desconocer la existencia de esos reglamentos. En mayo de 1994, el Fiscal Militar de Rumanía le dijo a un delegado de Amnistía Internacional que esos reglamentos no son clasificados como secretos, pero que no disponía de copia de los mismos. Un alto cargo de la Dirección General de la Policía de Bucarest dijo que carecía de autoridad para revelar estos reglamentos a Amnistía Internacional52. En agosto de 1994, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió a Amnistía Internacional copia de la Ley núm. 23/1969 sobre la Ejecución de Sanciones, aprobada en 1969 y enmendada por última vez en mayo de 1973, que contiene tres artículos sobre la detención preventiva53. La carta de presentación afirmaba que «después de diciembre de 1993 se han aprobado algunos reglamentos nuevos con el fin de mejorar el trato que se dispensa a estas personas». Amnistía Internacional todavía no ha recibido ninguno de estos nuevos reglamentos.


El caso de Gabriela-Ioana Gavrilă


Gabriela-Ioana Gavrilă se marchaba de su apartamento en Bucarest la mañana del 4 de julio de 1994 cuando dos agentes de policía salieron del ascensor y la abordaron. El comandante L.54le dijo que había venido a detenerla. Cuando Gabriela-Ioana Gavrilă preguntó por qué se la detenía, el comandante L. la llamó prostituta y le dijo a su compañero que se la llevara. Gabriela-Ioana Gavrilă preguntó si podía llamar por teléfono a su madre para informarle de su detención, pero no le permitieron volver a su apartamento. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el comandante L. le dio una patada en el abdomen, arrojándola al suelo. Le propinaron puñetazos en la espalda y en la cabeza y luego la arrastraron al ascensor, pidiendo ayuda a gritos. Los dos agentes amenazaron con seguir golpeándola a menos que se callara al pasar frente a las personas que se encontraban frente al edificio. Algunas de las personas preguntaron a los agentes por qué gritaba y éstos respondieron diciendo que se trataba de «una importante delincuente y ladrona».


En el automóvil de la policía, Gabriela-Ioana Gavrilă le preguntó al comandante L. por qué la habían golpeado, a lo que,según la información de que dispone Amnistía Internacional, éste respondió: «¿Te han golpeado? ¿Tienes testigos? ¿Quién va a creer a una prostituta?». A continuación fue trasladada a la oficina del fiscal con el fin de interrogarla sobre los negocios de las personas para las que trabajaba. Fue puesta en libertad sin cargos. Posteriormente, ese mismo día, un examen médico pericial confirmó que las lesiones en su cuerpo eran fruto de golpes. Entonces volvió a la oficina del fiscal acompañada por el director de su empresa y formuló una denuncia por malos tratos. El fiscal expresó preocupación por la legalidad de su detención e interrogatorio. No hay información, sin embargo, de que el fiscal haya iniciado una investigación de oficio sobre la denuncia.


Gabriela-Ioana Gavrilă sospecha que los malos tratos a que fue sometida, así como la querella que se ha formulado contra la empresa para la que trabaja, estuvieron motivados por el despido de un trabajador temporal de la misma.


El caso de Gheorghe y Dorin Anghel


La mañana del 1 de agosto de 1994, los agentes de policía N., G. y B. acudieron en automóvil al domicilio de Gheorghe Anghel en el pueblo de Dobra, en la comuna de Şugag. Gheorghe Anghel no se encontraba en casa en aquel momento.


Sin presentar orden judicial alguna y sin consentimiento de la familia, los agentes entraron en el domicilio de los Anghel para hacer entrega de un fallo de un tribunal civil contra Gheorghe Anghel. La esposa de Anghel no pudo encontrar su documento de identidad, por lo que le impusieron una multa de 10.000 lei55.


Dos días después, el agente de policía G. volvió para entregar a Gheorghe Angel el fallo del tribunal civil. Gheorghe Angel explicó que el fallo no era firme y que estaba pendiente del resultado de un recurso. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el agente de policía agarró entonces a Gheorghe Angel del pecho y lo golpeó, rompiéndole las gafas. Al oír sus gritos pidiendo ayuda, Dorin Anghel, su hija de 22 años de edad, entró en el patio. El agente de policía presuntamente lo arrojó al suelo y le propinó varias patadas.


Dorin Angel fue examinada después, en Alba Iulia, por un médico que expidió un certificado en el que se describen múltiples lesiones corporales causadas por golpes con un objeto contundente, y que coincidían con su relato de los hechos, y que requerían entre ocho y nueve días de tratamiento médico. Amnistía Internacional no tiene noticia de que se haya iniciado ningún tipo de investigación sobre este incidente.


El Caso de Ioan Rusu


Ioan Rusu murió como consecuencia de un disparo efectuado por la policía el 6 de agosto de 1994 en la orilla del río Tur. Sólo se realizó un disparo, que impactó sobre Ioan Rusu en la frente, justo por encima de la nariz.


Los campesinos de Gherta Mica acudieron al lugar en que se había producido el disparo, donde se les dijo que Ioan Rusu era un ladrón de otro pueblo que intentaba encontrar transporte para ir a Satu Mare. Los agentes de policía, sin embargo, parece que conocían la identidad de Ioan Rusu, y posteriormente afirmaron que había estado pescando sin autorización y que se sospechaba que utilizaba dinamita. Amnistía Internacional no tiene constancia de la existencia de ninguna prueba o denuncia de que Ioan Rusu estuviera armado o que supusiera una amenaza para la vida de un agente de policía o de cualquier otra persona.


El fiscal de Satu Mare acudió al lugar para iniciar una investigación sobre los hechos y, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, ordenó que se llevaran el cadáver de la víctima desde el lugar del disparo a la orilla opuesta del río. Según la información recibida, la autopsia se practicó en ese lugar.


El cadáver desnudo de Ioan Rusu fue trasladado entonces a su domicilio; sus ropas no le fueron devueltas a los familiares. Las personas que prepararon el cadáver para el entierro afirmaron que había señales visibles de golpes en ambas piernas por debajo de las rodillas. Un testigo afirmó que «había cardenales, como si le hubieran dado patadas con botas».


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el Fiscal Militar de Oradea decidió no formular cargos contra los agentes de policía implicados en el incidente. El agente de policía al que se ha investigado como autor del disparo contra Ioan Rusu ha sido objeto de una medida disciplinar consistente en su traslado a otro lugar.


El homicidio de Ioan Rusu parece haber ocurrido en circunstancias que sugieren que se trata de una ejecución extrajudicial en violación del derecho de Ioan Rusu a la vida garantizado por tratados internacionales de los que Rumanía es parte. Entre estos tratados destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida56, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que la vida de todas las personas será protegida por la ley57.


El caso de József Németh


József Németh se encontraba de camino a su domicilio después de despedirse de su hijo, que ingresaba en el servicio militar, cuando, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, fue agredido por agentes de policía. József Németh, del pueblo de Telechia, comuna de Brateş, en la provincia de Covasna, llegó a Sfîntu Gheorghe en tren el 18 de agosto de 1994, poco después de la medianoche. Él y un amigo esperaban sentados en un banco de la estación la llegada del tren de la mañana, cuando, repentinamente, se presentaron tres jóvenes agentes de policía que le preguntaron si había robado la ropa y los zapatos que llevaba. Respondió que pertenecían a su hijo que acababa de empezar su servicio militar en Babadag y que se llevaba la ropa a casa. József Németh fue golpeado por los tres agentes de policía, que le propinaron puñetazos y patadas. Fue trasladado a la comisaría, donde le impusieron una multa de 30.000 lei por alterar el orden público58. Posteriormente, ese mismo día, recibió tratamiento médico por las contusiones consecuencia del ataque y le entregaron un certificado médico.


El 3 de diciembre de 1994, la Dirección de la Policía de la provincia de Covasna emitió un comunicado negando que los agentes de policía hubieran utilizado la fuerza contra József Németh. La Dirección declaró que los agentes de policía intervinieron después de que József Németh, que se encontraba bajo la influencia del alcohol, hubiera «causado un escándalo e insultado a un cajero de la estación». Al parecer, no se había realizado ningún tipo de investigación de los hechos.


El caso de Ioan Neagu


El obrero Ioan Neagu fue despedido de su empleo en S.C Fartec S.A., fábrica de Braşov. Denunció un despido improcedente y llevó su caso ante los tribunales. Aunque el tribunal falló a su favor, Ioan Neagu no fue readmitido.


El 30 de septiembre de 1994, alrededor de las 16:30 horas, Ioan Neagu acudió a S.C. Fartec S.A., que iba a ser visitada por el presidente Iliescu esa tarde. Antes de que Ioan Neagu llegara a la entrada principal, se le acercaron unos guardias de la fábrica, dos de los cuales empezaron a empujarlo y le ordenaron que abandonara el lugar. Un agente de policía de Braşov también se acercó a él. Ioan Neagu le dijo al agente que no tenía intención de causar problemas.


Alrededor de las 16:50 horas, Ioan Neagu estaba a unos 25 metros de la entrada de la fábrica, donde un grupo de personas aguardaba para saludar al presidente. De repente fue rodeado por varios agentes de policía que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, le propinaron patadas y puñetazos, y le arrancaron la camisa y los pantalones. Fue arrastrado al interior de un automóvil de la policía y trasladado a la comisaría de Braşov. Allí le dijeron que se formularían en su contra cargos de alteración del orden público y tomaron sus datos personales. Permaneció recluido hasta las 18:45, hora en que fue puesto en libertad sin cargos. Amnistía Internacional tampoco tiene noticia de que se llevara acabo ninguna investigación con prontitud e imparcialidad en este caso.


El caso de Nicolae Miroiu


Nicolae Miroiu, natural de Buzău, acudió al mercado en Ruşeţu con el propósito de vender comida y otros productos el 8 de septiembre de 1994. Fue a comer en un restaurante del mercado con unos amigos. También se encontraban en el restaurante tres agentes de policía, entre ellos el sargento primero G. Éste y los otros dos agentes de policía estaban comiendo y bebiendo al lado de la entrada. Cuando Nicolae Miroiu se marchaba del restaurante, pidió a uno de los policías que le dejara pasar. El policía respondió empujándolo y golpeándolo. Cuando Nicolae Miroiu acudió a los otros agentes en busca de socorro, estos también le dieron puñetazos, patadas y lo arrojaron fuera del restaurante. Dos días después, el sargento primero G. vio a Nicolae Miroiu en el mercado y, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, le dijo: «Si me denuncias te detendré y te llevaré a prisión, donde te quedarás, porque tengo muchos familiares bien situados».


Cuando retornó a Buzău, Nicolae Miroiu fue examinado en el Hospital Provincial por un perito médico especialista, que certificó que su pierna derecha estaba fracturada, que tenía un hematoma de grandes dimensiones encima del ojo izquierdo y dolores en el lado izquierdo del pecho. Estas lesiones coinciden con el relato de Nicolae Miriou. El especialista estimó que Nicolae Miroiu necesitaría unos 45 días de tratamiento médico. Nicolae Miroiu presentó una denuncia contra los agentes responsables ante la Dirección de la Policía de la provincia. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya emprendido ninguna investigación de estos hechos.


El caso de Stan Oncel


Stan Oncel trabajaba como guarda en una obra de construcción de un bloque de viviendas en la zona Basinului Olimpic de Buzău. Alrededor de las 10 de la mañana del 22 de octubre de 1994 fue abordado por un agente de policía acompañado de un soldado. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, le preguntaron qué hacía en la obra pero, antes de que pudiera responder, el agente de policía le propinó un puñetazo entre los ojos, dejándolo momentaneamente anonadado. Cuando Stan Oncel intentó levantar los brazos para protegerse la cabeza, el soldado lo golpeó desde su lado derecho con la culata del rifle, rompiéndole la mandíbula.


Stan Oncel se desmayó. Cuando recuperó el conocimiento se encontraba esposado en la comisaría y por el cuello le corría la sangre. Le impusieron una multa de 20.000 lei por alterar el orden público59y luego lo pusieron en libertad. En el expediente policial sobre su caso se afirma que «lamentó haber cometido el acto». Sin embargo, Stan Oncel se negó a firmarlo y cuestionó su contenido.


El 24 de octubre de 1994, Stan Oncel llegó a trabajar alrededor de las 10:30 de la mañana. Cuatro horas después fue hallado inconsciente en el suelo. Lo trasladaron al Hospital Micro XIV, donde le practicaron un examen con rayos X y comprobaron la existencia de una fractura de mandíbula. No había ningún especialista disponible para proporcionarle tratamiento. Al día siguiente fue operado por un cirujano privado. Según el certificado emitido el mismo día por un perito médico gubernamental, a Stan Oncel se le apreciaban lesiones traumáticas y múltiples hematomas en el rostro, así como una fractura en el lado derecho de la mandíbula que precisaba inmovilización quirúrgica. Estas lesiones requerían entre 45 y 50 días de tratamiento médico. Stan Oncel formuló una denuncia sobre el incidente ante el comandante de la policía de Buzău.


En enero de 1995, Amnistía Internacional instó al Fiscal General de Rumanía a iniciar con prontitud una investigación independiente e imparcial de la denuncia de Stan Oncel. La organización también expresó su preocupación porque a Stan Oncel no se le había proporcionado tratamiento médico adecuado mientras se encontraba en la comisaría de Buzău. El Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión estipula que:


Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.


La Regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos contiene un requisito similar.


El caso de Viorica Căpriţa, Andrei Zanopol y Sorin Ţiţei


Viorica Căpriţa, concejala de la ciudad de Galaţi, fue a recoger su automóvil en el lugar en que lo había aparcado cerca de la estación de autobuses de Mazepa, en Galaţi, el 9 de noviembre de 1994, alrededor de las 19:30 horas. Al no encontrarlo, se puso en contacto por teléfono con «Autobloc», empresa privada autorizada para retirar automóviles aparcados de forma ilegal, y le dijeron que su automóvil había sido llevado al depósito de la empresa. Ella creía que la autorización de la empresa había sido revocada recientemente por el ayuntamiento de Galaţi. Acompañada por dos periodistas del periódico Ziua y de la revista Imparţial, Andrei Zanopol60y Sorin Ţiţei61, acudió al depósito de «Autobloc», presentó sus credenciales y solicitó ver la autorización de la empresa para remolcar automóviles aparcados de forma ilegal. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el gerente y tres empleados de «Autobloc» agredieron a Andrei Zanopol, propinándole puñetazos y patadas y rompiendo su cámara y grabadora magnetofónica. Viorica Căpriţa y Sorin Ţiţei también fueron golpeados. Dos agentes de policía, que se encontraban presentes durante el incidente, no realizaron ningún intento de intervenir. Varios agentes más acudieron entonces en cuatro automóviles de la policía. Ellos también se negaron a proteger a Viorica Căpriţa y a los dos periodistas y no les permitieron llamar a la comisaría ni acudir allí para presentar una denuncia hasta las 22:30 horas.


En enero de 1995, el ministro del Interior informó a Amnistía Internacional que después de una investigación sobre el caso, tres agentes de policía habían sido objeto de un expediente disciplinario por «falta de firmeza y ejecución inadecuada de su deber legal». Amnistía Internacional solicitó al ministro copia del informe de la investigación policial. La organización también preguntó si el Fiscal Militar había investigado las denuncias de malos tratos. En abril de 1995, el ministro respondió que no podía proporcionar copia del informe de la investigación policial. Es más, el Fiscal Militar «no fue informado porque los agentes de policía no estaban implicados en el incidente como partes del conflicto; intentaron, sin resultado favorable, resolver la disputa».


El caso de Robert Radu


El 10 de enero de 1995, Robert Radu, de 18 años de edad, fue citado a comparecer en una comisaría para ser interrogado acerca de un intento de violación. Sus padres le acompañaron, pero se marcharon cuando empezó la entrevista a las 20:00 horas. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, la persona que había presentado la denuncia contra Robert Radu se encontraba presente durante el interrogatorio.


Robert Radu negó todos los hechos que se le imputaban y el agente S. lo golpeó. Entonces le dieron al joven un bolígrafo y el agente le dictó lo que debía escribir como declaración. Cuando Robert Radu se negó a ello, el agente S. agarró un palo, le golpeó en los brazos, cabeza y piernas y le fracturó el hueso de la espinilla de la pierna izquierda. Entonces escribió la declaración según se la iba dictando. Puesto que Robert Radu ya no podía ponerse en pie o caminar, el agente S. se lo llevó por la salida trasera de la comisaría a su automóvil. En el camino al hospital, el agente S. amenazó a Robert Radu con matarlo a menos que dijera que se lesionó al caerse por las escaleras. A cambio, el agente S. cerraría el caso de la denuncia de violación imponiéndole una multa de 70.000 lei. El agente abandonó el hospital inmediatamente después de que se llevaran a Robert Radu en una camilla.


El 12 de enero de 1995, Robert Radu fue visitado en el hospital por el teniente G. y otro agente para tomarle declaración sobre la denuncia que se había presentado contra él. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, rompieron la declaración que había prestado bajo coacción y le dijeron que iban a abrir un nuevo expediente sobre el caso. El mismo día, Robert Radu fue examinado por un perito médico. El informe del perito no fue publicado. Sin embargo, según un informe detallado del hospital, Robert Radu fue ingresado en urgencias con contusiones que le cubrían brazos, pecho y piernas, y una fractura abierta de la tibia de la pierna izquierda.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en marzo de 1995, Robert Radu fue objeto de intimidación en varias ocasiones por el agente S., contra el cual había presentado denuncia.


Los Romaníes: Repertorio de injusticias


En los años noventa se ha registrado un incremento de la intolerancia étnica en toda Rumanía, con especial impacto sobre los romaníes62. El largo historial de prejuicios raciales y desatención de las necesidades de esta comunidad resulta evidente no sólo en Rumanía, sino en toda la región. Amnistía Internacional ha documentado casos de encarcelamiento, palizas y otros malos tratos, además de una práctica generalizada en todo el país de desprotección policial de los romaníes frente a la violencia racista.


Amnistía Internacional consideró que, en 1994, al menos tres romaníes que según parece habían sido encarcelados únicamente por sus antecedentes étnicos, eran presos de conciencia. También se registraron casos de romaníes que habían sido objeto de palizas y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional cree que en la mayoría de los casos este trato tuvo una motivación racial. Resulta difícil realizar una estimación del número de este tipo de incidentes. La mayoría de las víctimas no son conscientes de su derecho a presentar denuncias o, si lo son, creen que su situación empeoraría si lo hicieran. Algunos son amenazados abiertamente por los agentes si intentan conseguir un resarcimiento judicial. Su situación se ve más agravada aún por su precaria situación económica. En algunos casos ni siquiera pueden permitirse viajar al centro provincial para buscar protección de autoridades superiores u obtener un certificado médico sobre las lesiones que han padecido.


A veces, los agentes encargados de hacer cumplir la ley agreden en público a este tipo de víctimas de abusos. Esto resulta especialmente peligroso porque es una muestra de la aprobación oficial de actitudes y actuaciones racistas. Este tipo de conducta de agentes de policía no sólo conduce a violaciones de derechos humanos sino que, además, deja a los más vulnerables a los ataques racistas sin protección adecuada.


Desde 1990, muchas comunidades romaníes, a lo largo y a lo ancho de Rumanía, han sido objeto de incidentes de violencia racial. Amnistía Internacional está preocupada porque, en la mayoría de estos incidentes, las autoridades no protegieron de forma adecuada las vidas y propiedades de los romaníes. Los acontecimientos ocurridos en la provincia de Giurgiu a lo largo de 1991 ponen de manifiesto el hecho de que la policía no protege como debería a los romaníes.


En abril de 1991, una multitud atacó la comunidad romaní de Bolentin Deal, después de que un romaní disparó contra una persona de etnia rumana. Aun consciente del alto riesgo de que se produjeran actos de violencia racista, la policía no impidió que la muchedumbre incendiara 21 casas de romaníes y destrozara otras cinco. Cuando algunos romaníes intentaron volver al pueblo un mes después, cinco casas más fueron incendiadas.


En mayo de 1991, 25 casas de romaníes fueron incendiadas o destruidas en Ogrezeni en un momento en que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, la policía patrullaba la zona. Pocos días después siete casas de romaníes fueron destruidas y otras cuatro incendiadas en el pueblo cercano de Bolentin Vale a pesar de la presencia de una importante fuerza policial en el pueblo. En junio de 1991, seis casas fueron destruidas y tres incendiadas en Găiseni.


Ninguno de estos incidentes ha sido investigado de forma exhaustiva e imparcial63. No se ha investigado la función desempeñada por los agentes de policía que patrullaban los pueblos durante el estallido de violencia y no se tiene noticia de que se haya abierto ningún expediente disciplinario al respecto.


Esta pauta de inadecuada protección oficial y aparente trato discriminatorio de los romaníes se repite en toda Rumanía. La responsabilidad de esta conducta corresponde finalmente al gobierno rumano y a las demás autoridades de ámbito nacional, incluido el Fiscal General de Rumanía.


En enero de 1990, dos horas después de haber realizado un agente de policía local una llamada, cerca de 40 agentes de policía acudieron al pueblo de Turulung, en la provincia de Satu Mare, para intervenir en actos violentos contra los romaníes, a consecuencia de los cuales resultaron incendiadas o destruidas 38 viviendas. No se tomaron medidas contra los perpetradores de los actos violentos en la acción policial que se llevó a cabo y aún no ha concluido la investigación de los hechos64.


Durante los acontecimientos del 13 al 15 de junio de 1990 en Bucarest, la comunidad romaní parecía haber sido seleccionada como objetivo de la violencia de una forma que sugiere coordinación oficial. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, grupos de mineros, a veces acompañados por agentes de policía, seleccionaron las casas de los romaníes, golpearon salvajemente a sus moradores, y atacaron en las calles a personas sospechosas de pertenecer a esa etnia. No se tiene noticia de ninguna investigación oficial de estos incidentes65.


Según la información de que dispone Amnistía internacional, en julio de 1990, en Câlnic, en la provincia de Alba, los agentes de la policía local participaron en actos de violencia racial durante los cuales resultaron dañadas varias viviendas ocupadas por romaníes. En agosto de 1990 en Huedin, en la provincia de Cluj, cuatro agentes de policía no tomaron ninguna medida para proteger a una docena de romaníes que estaban siendo golpeados por una multitud. Hubo informes según los cuales el alcalde y la policía local de Mihai Kogălniceanu, en la provincia de Constanţa, instigaron la comisión de actos de violencia contra romaníes, que se saldó con el incendio total de 25 viviendas y la destrucción de otras ocho. En junio de 1991, en Plăieşti de Sus, provincia de Harghita, dos días después de un incidente en el que un campesino de etnia húngara había sido acuchillado, a los romaníes se les dio un plazo de 12 horas para abandonar el pueblo. El alcalde y la policía local no tomaron medidas para impedir un estallido de violencia contra los romaníes, durante el cual acabaron quemadas 27 casas. En agosto de 1991, la policía local de Vălenii Lăpuşului no protegió de forma adecuada a los romaníes de los actos violentos que se saldaron con el incendio o destrucción de 19 viviendas de un barrio, ni tomó medidas para impedir que los tumultos se extendieran a otro barrio en el que se incendiaron ocho casas más. No se tiene noticia de que se haya emprendido ninguna investigación de la conducta de los agentes de policía en ninguno de estos casos66.


Hasta ahora no se han formulado cargos contra nadie en relación con un ataque realizado contra los romaníes por soldados en Bucarest en julio de 199267. En noviembre de 1994, el Fiscal General informó a Amnistía Internacional que los soldados, después de ser provocados, «golpearon espontáneamente a los romaníes con porras de goma», y que la decisión del Fiscal Militar de no formular una acusación se había considerado como jurídicamente justificada.


Ningún agente de policía ha sido acusado de no haber protegido las vidas de las tres personas de etnia romaní que resultaron muertas durante otro tumulto racista en el pueblo transilvano de Hădăreni, en septiembre de 1993. Tanto éste como toda una serie de incidentes posteriores ocurridos en ese pueblo han sido exhaustivamente documentados por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales y rumanas de derechos humanos. El hecho de que se produjeron a pesar de la continua atención de la opinión pública internacional es una muestra de la falta de respeto de las autoridades rumanas por su compromiso de defender los derechos humanos de todos los ciudadanos. La preocupación internacional, expresada tras la documentación de estas violaciones de derechos humanos por Amnistía Internacional y otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos puede haber impedido que la situación se deteriorara aún más en dicho pueblo en 1993.


Como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Rumanía tiene la obligación de garantizar que todos los derechos que este pacto estipula los disfrutan todos los habitantes del país «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social»68. Es más, según el artículo 2 (2) de este Pacto, Rumanía tiene la absoluta obligación de garantizar la aplicación de los derechos garantizados en él. Este mismo precepto requiere, a continuación, que los Estados Parte «[se comprometan] a adoptar...las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto». El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales contiene obligaciones similares en sus artículos 1 y 14. Los preceptos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, citada con anterioridad en este informe, especifica además una serie de obligaciones que los Estados Parte se habían comprometido a «seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas»69.


El caso de Hădăreni


En septiembre de 1993, estalló la violencia racial en el pueblo de Hădăreni, provincia de Mureş, que contaba con una comunidad romaní de unas 170 personas.


Todo empezó el 20 de septiembre de 1993 cuando estalló una pelea entre siete u ocho rumanos y dos hermanos romaníes, Rupa Lucian Lăcătuş y Pardalian Lăcătuş. Los hermanos Lăcătuş se vieron amenazados con horcas agrícolas y Pardalian Lăcătuş resultó herido en la cabeza. Entonces, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Rupa Lucian Lăcătuş mató a Gheţan Crăciun de una puñalada en el cuello.


Después del homicidio, los hermanos Lăcătuş huyeron al domicilio de Lucreţia Moldovanu. Una multitud de entre 400 y 500 personas de etnia rumana y húngara de Hădăreni y de pueblos cercanos se reunieron frente a la casa y la incendiaron.


Cuando los hermanos Lăcătuş intentaron escapar de la casa ardiendo, unos agentes de policía armados detuvieron a uno de ellos y lo esposaron. La multitud se apoderó de los dos hombres y la emprendieron a golpes y patadas contra ellos. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la policía se mantuvo al margen y no tomó ninguna medida para proteger a los hermanos Lăcătuş; murieron de camino al hospital. Unos testigos que vieron uno de los cadáveres afirmaron que estaba cubierto de hematomas y cortes, y que tenía las extremidades contorsionadas.


Había otro hombre en la casa: Mircea Zoltan, cuñado de los hermanos Lăcătuş. Después de que la multitud hubiera dado muerte a golpes a los dos hermanos, Mircea Zoltan tuvo miedo de salir de la casa. Murió en el incendio; sus restos calcinados fueron encontrados a la mañana siguiente.


Varios informes indican que una fuerza policial de unos 50 agentes llegó al lugar una hora después del inicio de la violencia pero que no tomaron medidas adecuadas para impedir que la multitud incendiara otras casas ocupadas por romaníes. Las brigadas de bomberos de Tîrgu Mureş, Luduş y Tirnaveni fueron enviadas a Hădăreni para apagar los incendios. Según la información disponible, la muchedumbre impidió a los bomberos y a algunos de los policías apagar los fuegos en las viviendas romaníes. Una de las brigadas de bomberos ni siquiera intentó extinguir los fuegos, aduciendo que era demasiado tarde para salvar ningún bien. La última de las casas de romaníes en ser incendiada por la multitud lo fue alrededor de las 4 de la madrugada.


Trece casas fueron destruidas por el fuego y otras cuatro que fueron objeto de actos vandálicos quedaron sin reparación posible70. La multitud irrumpió en las casas que no habían sido incendiadas, saqueándolas y ocasionando daños graves.


También se informó que los agentes de policía destacados en el lugar no hicieron nada para garantizar la seguridad y proteger la propiedad de los romaníes que huían. Según un romaní obligado a huir de su domicilio, «los agentes de policía se limitaban a mirar y se rieron cuando la multitud robaba un aparato de televisión y una grabadora de video de mi casa».


Todos los romaníes se vieron obligados a abandonar sus domicilios y a esconderse en el campo en los alrededores. La mayoría de ellos no pudieron volver a sus casas hasta el 27 de septiembre de 1993 por miedo a más ataques y por falta de confianza en que la policía les protegiera.


Estos temores estaban bien fundados. El 24 de septiembre de 1993, Maria Moldovan y Violeta Moldovan intentaron volver a sus casas en Hădăreni para recoger parte de su ganado. Según la información disponible, de camino al pueblo se encontraron con un agente de policía, cuya identidad es conocida por Amnistía Internacional, y con un campesino, quienes las atacaron y golpearon, advirtiéndoles que no volvieran.


El gobierno rumano, en un nota del 23 de septiembre de 1993, parecía culpar a los romaníes por desencadenar la violencia.


...las familias romaníes se encontraban ilegalmente instaladas en la zona». Su comportamiento, que culminó en el homicidio a sangre fría de un joven, provocó la reacción espontánea del resto de los habitantes del pueblo, tanto rumanos como húngaros, lo que degeneró en actos de violencia (el subrayado es de Amnistía Internacional)


El gobierno expresó su determinación de restituir la ley y el orden en el pueblo, investigar la violencia en Hădăreni y procesar a quienes fueran hallados responsables de esta situación.


El 28 de septiembre de 1993, Amnistía Internacional instó al presidente Iliescu a garantizar que la investigación examinara la conducta de los agentes de policía en estos actos delictivos de violencia racial. También se deben investigar las denuncias de que no cumplieron su deber de proporcionar la protección más completa posible a unos ciudadanos que se se encontraban en peligro de forma manifiesta. Amnistía Internacional instó especialmente a las autoridades rumanas a garantizar que se llevara a cabo con prontitud una investigación exhaustiva e imparcial de estos incidentes, según las pertinentes normas internacionales, como los Principios de las Naciones Unidas relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.


A pesar de ello, Amnistía Internacional siguió recibiendo denuncias de que la comunidad romaní de Hădăreni era objeto de una protección inadecuada por parte de la policía. En octubre, los habitantes de Hădăreni organizaron reuniones públicas para decidir si se permitía volver a los romaníes. Autoridades locales y gubernamentales acudieron a algunas de estas reuniones.


El 29 de octubre de 1993, por la tarde, un grupo de unos 20 romaníes de Hădăreni intentaron acudir a una reunión entre las autoridades locales y un representante del gobierno. No se permitió a los romaníes la entrada al edificio en el que se celebraba la reunión. Cuando los romaníes solicitaron hablar con el señor Muresan, el representante del gobierno que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, les había invitado a acudir, les dijeron que esperaran en el exterior. Posteriormente repicaron las campanas de la iglesia del pueblo y una multitud de unos 60 rumanos y personas de etnia húngara residentes en Hădăreni acudieron al lugar, armados con horcas, palos, látigos y otros objetos, amenazando con atacar a los romaníes y coreando «los malditos gitanos deben marcharse».


Los romaníes dieron la espalda a la multitud y se pusieron de cara a la pared del edificio con el fin de demostrar que sus intenciones eran pacíficas y que no se defenderían si eran atacados.


En el momento en se produjo este incidente había cerca de 30 agentes de policía en el pueblo, el jefe de la policía de la provincia de Mureş y su ayudante incluidos. Varios agentes de policía se colocaron entre los campesinos armados y los romaníes con el fin de impedir el ataque contra estos últimos. A pesar de ello, nadie fue desarmado ni acusado de ningún delito después del incidente. Los campesinos armados se reunieron posteriormente con las autoridades locales y con el Sr. Muresan, pero no se permitió a los romaníes participar en la reunión.


En una reunión posterior organizada por las autoridades rumanas el 2 de noviembre de 1993, se creó una comisión de 25 miembros compuesta por habitantes de Hădăreni para decidir a qué familias romaníes se les permitiría quedarse en Hădăreni. Inicialmente, no se designó a ningún romaní para esta comisión pero, después de las protestas de los miembros de la comunidad romaní local, a los que se permitió acudir a una reunión, también se eligió a dos de ellos. La comisión se reunió el 3 de noviembre de 1993. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, en esta reunión se decidió que permitirían permanecer en Hădăreni a cuatro familias romaníes, y que otras 21 tendrían de plazo hasta el 6 de noviembre para abandonar el pueblo. El 8 de noviembre de 1993, un alto cargo de la Prefectura de Mureş se personó en Hădăreni para preparar los fundamento jurídicos de la expulsión de las familias romaníes. Según la información recibida, algunos residentes de Hădăreni amenazaron en público con volver a atacar a los romaníes a menos que se llevara a cabo la decisión de la comisión. Amnistía Internacional no tiene noticia de que las autoridades hayan tomado ninguna medida para responder a estas amenazas.


El 9 de noviembre de 1993, Amnistía Internacional expresó su preocupación al presidente Iliescu sobre la participación del gobierno y de los representantes de las autoridades locales en reuniones en las que se discutía la expulsión forzosa de los romaníes de Hădăreni, además de la protección policial claramente inadecuada en situaciones en que la vida y la seguridad de los romaníes del pueblo corrían peligro. Estos actos demostraban que las autoridades rumanas no protegían sin discriminación los derechos y libertades de todas las personas.


El 14 de diciembre de 1993, estalló una pelea entre un romaní y un rumano durante la cual este último sufrió un corte encima del ojo. Unas ocho familias romaníes huyeron del pueblo por miedo a represalias después de que sonaran las campanas de la iglesia a las 18:00 horas como señal para que se reunieran los habitantes del pueblo. Algunas familias romaníes más se marcharon del pueblo cuando volvieron a sonar las campanas el 15 de diciembre de 1993, al atardecer. La policía de Luduş informó que la situación del pueblo estaba bajo control, pero no se tiene noticia de que se formulara ninguna acusación de incitación a la violencia contra nadie.


Hasta la fecha de redacción de este informe, las autoridades no habían investigado estos incidentes. No se han formulado cargos contra nadie hasta la fecha en relación con los homicidios de los tres romaníes, la destrucción de propiedades o los posteriores malos tratos de que han sido objeto los romaníes a manos de la policía en Hădăreni.


Malos tratos a Costel Moldovan y encarcelamiento de Maria Moldovan


El 27 de noviembre de 1993, en Hădăreni, alrededor de las 17:00 horas, Costel Moldovan, romaní, volvía a su domicilio del molino local con un saco de harina. Cuatro agentes de policía le dieron el alto frente a la Casa de Cultura; uno de los policías le preguntó qué llevaba. Entonces le ordenaron entrar en la Casa de Cultura donde, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, los agentes de policía le propinaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Costel Moldovan cree que fue golpeado porque había estado ayudando a reparar casas de romaníes dañadas.


El mismo día, Maria Moldovan71, la madre de Costel, acudió a la policía para denunciar la paliza. «Me dijeron que no se le había golpeado y que, posiblemente, Costel habría sufrido algunas lesiones ocasionadas por una caída», según declaró a un delegado de Amnistía Internacional. Volvió a la comisaría acompañada por su hijo con el fin de hacer frente una vez más a los agentes de policía. Les pidieron los documentos de identidad. Mientras Maria Moldovan acudía a su domicilio para buscar su documento de identidad, los agentes de policía volvieron a golpear a Costel Moldovan.


Tanto Maria como Costel Moldovan fueron multados con 10.000 lei cada uno por alterar el orden público72. En el informe de la policía se afirma que Maria Moldovan había alterado el orden público «gritando que su hijo había sido golpeado»73. Costel Moldovan pagó su multa esperando poder evitar más hostigamiento de la policía de esa manera.


Sin embargo, Maria Moldovan recurrió la multa ante el Tribunal de Tîrgu Mureş, por lo que se inició una revisión judicial del caso. Se había fijado una vista para el 26 de agosto de 1994. Sin embargo, el mismo tribunal emitió, al parecer, una orden de detención contra Maria Moldovan, convirtiendo la multa en 33 días de prisión. Fue detenida el 15 de junio de 1994 por dos agentes de la policía local, que tenían noticia del recurso, y fue encarcelada en la Penitenciaría de Tîrgu Mureş. Al día siguiente, Costel Moldovan acudió al tribunal pero no encontró una orden de detención en el expediente de su madre. No contaba con asistencia letrada y pagó la multa después de ser informado de que su madre no sería puesta en libertad a menos que lo hiciera. Maria Moldovan fue puesta en libertad el 17 de junio de 1994.


El 7 de octubre de 1994, el tribunal sobreseyó el caso de Maria Moldovan porque la multa había sido pagada. Costel Moldovan declaró a un delegado de Amnistía Internacional que un agente de la Dirección General de la Policía de Bucarest había venido en el otoño de 1994 a investigar este caso. El inspector le había pedido a Costel que identificara a los agentes que presuntamente le habían golpeado. Todos ellos siguen en servicio activo en Hădăreni.


En junio de 1994, Amnistía Internacional expresó su preocupación al ministro de Justicia porque Maria Moldovan había sido encarcelada en calidad de presa de conciencia y solicitó una revisión del caso. Hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta. Amnistía Internacional tampoco tiene noticia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre los malos tratos padecidos por Costel Moldovan.


El hostigamiento contra la familia Lacă


Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, unos agentes de policía golpearon y maltrataron de diversas maneras a romaníes en otras zonas de la provincia de Mureş durante los meses de diciembre de 1993 y abril de 1994. Varios miembros de la familia Lacă, que es romaní, fueron maltratados por agentes de policía en Valea Largă. Uno de los agentes de policía que, según la información recibida, maltrató a varios miembros de la familia Lacă, el agente M., había estado destinado con anterioridad en Hădăreni y se encontraba de servicio durante el estallido de violencia racista ocurrido el 21 de septiembre de 1993. La familia Lacă cree que fueron seleccionados como objetivo de hostigamiento por el agente M. y la policía local porque habían proporcionado refugio a Persida Rostraş, viuda de una de las víctimas de los tumultos de Hădăreni, a la que no se había permitido retornar al pueblo.


El 24 de diciembre de 1993, Mircea Lacă, de 19 años, y su primo Valentin Lacă, de 23, participaron en una discusión en el bar del pueblo con otro cliente que recriminó a Valentin Lacă por gritar. Cuatro agentes de policía que se encontraban en el exterior del bar en un automóvil intentaron aprehender a Mircea y Valentin, que escaparon corriendo a su casa situada a unos 50 metros del lugar. Poco después, los agentes de policía, el agente M. entre ellos, acudieron a la casa de la familia Lacă y empezaron a interrogar a Elena Lacă, madre de Mircea. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, uno de los agentes de policía la atacó, pegándole en la cara y arrancándole la blusa. Otro agente empezó a golpear a Liviu Lacă, muchacho de 12 años de edad, y a Corina Băndula, la nuera de Elena Lacă. La policía procedió entonces a esposar a Mircea Lacă y a golpearlo en todo el cuerpo. «Fue colocado entre dos bancos de madera y los agentes siguieron pegándole golpeando sobre el banco que habían colocado encima de él», según declaró Elena Lacă a un delegado de Amnistía Internacional. Afirmó asimismo que también le golpearon con porras en las plantas de los pies. Los agentes presuntamente gritaron al parecer lo siguiente: «Los vamos a matar, igual que a los demás gitanos». Mircea Lacă fue llevado a la comisaría, donde permaneció durante hora y media, después de lo cual fue puesto en libertad sin que le dieran ninguna explicación.


El hostigamiento policial continuó de forma ocasional contra la familia Lacă y, el 10 de abril de 1994, Elena y Mircea Lacă visitaron al coronel Ioan Pop, jefe de la policía de la provincia de Mureş, y formularon una denuncia por la conducta de la policía en Valea Largă.


Valentin Lacă, padre de Mircea, que también había formulado una denuncia de hostigamiento contra la policía local, recibió posteriormente una citación del tribunal en la que se le ordenaba pagar una multa de 20.000 lei o enfrentarse a dos meses de prisión. El 22 de abril, alrededor de las 19:00 horas, Valentin Lacă fue a la comisaría para preguntar por el motivo de la multa. El agente M. se negó a contestar, maldiciéndolo. Al abandonar la comisaría, un funcionario local y otro agente de policía, cuyas identidades son conocidas por Amnistía Internacional, pararon a Valentin Lacă. Según la información recibida, el funcionario local empezó entonces a golpear a Valentin Lacă mientras el agente M. y el otro policía le propinaban patadas. Una mujer, que acudió corriendo a preguntar por qué golpeaban a Valentin Lacă, fue abofeteada y recibió algunas patadas. Cuando Valentin Lacă se levantó e intentó salir corriendo, el agente M. sacó su arma reglamentaria y efectuó unos disparos tras él.


El 20 de junio, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior instándole a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los malos tratos denunciados de miembros de la familia Lacă. En noviembre de 1994, el Ministerio del Interior informó a Amnistía Internacional que la policía de Valea Largă había negado haber maltratado a ningún miembro de la familia Lacă. Valentin Lacă había sido multado en aplicación de la Ley 61/1991, artículo 2, epígrafes a y ţ74, por actos cometidos el 24 de diciembre de 1993. Las autoridades confirmaron que el agente M. había sido jefe de la policía local de Cheţani en la misma provincia. «Su castigo y traslado sumario, como jefe de policía, a Valea Largă, se produjo poco después de los acontecimientos de 1993 que se produjeron en Hădăreni». Amnistía Internacional no ha recibido noticia de que se estuviera realizando ninguna investigación, la cual debía haberse producido con respecto a las denuncias de malos tratos de Valentin Lacă el 22 de abril y por el uso del arma de fuego del agente M. Los Principios 11 (f) y 22 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley requiere la entrega de informes sobre el uso de armas de fuego y la creación de procedimientos de revisión eficaces para este tipo de incidentes. Esto no parece haber ocurrido.

Violencia racista en Bâcu


El incidente más reciente de violencia anti-romaní en Rumanía se produjo el 8 de enero de 1995 en Bâcu, provincia de Giurgiu. Este pueblo está situado a tan sólo 23 kilómetros al sur de Bucarest, en una región con un historial jalonado de incidentes similares a los descritos anteriormente en este informe.


Entre las 2 y las 3 de la madrugada del 8 de enero de 1995, en Bâcu, comuna de Joiţa, estalló una pelea entre cuatro o cinco romaníes de entre 15 y 19 años de edad y miembros de la familia D. Cuando los romaníes entraron en la casa de Ioana Ţuţui fueron perseguidos hasta el patio por miembros de la familia D., uno de los cuales disparó con una escopeta alcanzando a Marinache Meclescu y Maria Savu, anciana de 64 años. Los romaníes se apoderaron de la escopeta y trasladaron en automóvil a las heridas al Hospital de Emergencia de Bucarest, donde posteriormente le fue amputada la pierna izquierda a Maria Savu. Después de eso, la escopeta fue depositada en la Dirección General de la Policía, donde se presentó denuncia de los hechos.


El jefe de policía de Joiţa, acompañado por cerca de 20 agentes de policía, acudió a Bâcu a alrededor de las 4 de la madrugada del 8 de enero con el fin de intervenir en este asunto. Descubrió que muchos de los romaníes ya habían huido del pueblo temiendo un estallido de violencia por parte de otros campesinos. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el jefe de policía vio que los habitantes del pueblo estaban «agitados y que algunos de ellos estaban incitando a la violencia contra los romaníes»75. El mismo día, alrededor de las 19:00 horas, las campanas de la iglesia empezaron a repicar y un grupo de campesinos se reunió para preparar un tumulto. El jefe de policía acudió a la iglesia y, dirigiendo su linterna hacia el grupo, estuvo en situación de poder identificarlos a todos. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, pensó que esta acción era suficiente para dispersarlos pero, a pesar de todo, dispuso a los agentes de policía de manera que montaran guardia alrededor de las casas de las familias Ţuţui y D. con el fin de impedir posibles delitos de incendios u otro tipo de ataques. Sin embargo, el grupo incendió otras tres casas de romaníes y destruyeron una cuarta que aún no estaba construida del todo. Ninguno de los romaníes cuyas casas habían sido destruidas estuvieron implicados en el incidente de la noche anterior. El jefe de policía intentó entonces conseguir refuerzos de las tropas de la gendarmería y de los bomberos, que llegaron al pueblo poco después.


Los romaníes retornaron a sus casas en Bâcu cuatro o cinco días más tarde, después de que se les convenciera de que una unidad de la gendarmería permanecería de guardia en el pueblo. Algunos de ellos denunciaron, sin embargo, que habían sido amenazados e insultados por otros campesinos («¡cuando los gendarmes se marchen arreglaremos cuentas!») por lo que tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela, y que durante su ausencia, algunas de sus casas habían sido saqueadas. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el fiscal de la provincia de Giurgiu se encuentra investigando el incidente en el que las dos romaníes fueron heridas por disparos, mientras que la policía investiga el incendio y la destrucción de los bienes de los romaníes. Sin embargo, hasta la fecha no se han formulado cargos contra nadie en relación con estos hechos.


Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque, el 8 de enero de 1995, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Bâcu, a pesar de que se encontraban en situación de identificar a los instigadores e impedir incidentes de violencia contra los romaníes, no tomaron medidas adecuadas para impedir acciones que pusieron en peligro vidas humanas y que desembocaron en incendios y destrucción de propiedades. Todo acto de incitación a la violencia está tipificado en el Código Penal rumano76. Las personas que hicieron repicar las campanas de la iglesia el atardecer del 8 de enero y que instaron a los que acudieron a reunirse ante la iglesia a «hacer otro Bolentin» parecían haber cometido un delito. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley, un jefe de policía y cerca de 20 agentes que fueron testigos de estos actos no tomaron ninguna medida contra sus perpetradores.


Amnistía Internacional escribió el 21 de febrero de 1995 al presidente Ion Iliescu instándole a garantizar que se tomasen todas las medidas necesarias para proteger a los romaníes en Bâcu de más actos de violencia racista; a investigar con prontitud y de forma exhaustiva e independiente el incidente en el que se pusieron en peligro las vidas y propiedades de los romaníes, además de investigar la conducta de los agentes policiales que no los protegieron de forma adecuada; a que se publicasen los resultados de la investigación y a poner a disposición judicial a todos los responsables de este tipo de abusos.


Amnistía Internacional también a instado al presidente Ion Iliescu a iniciar una investigación independiente de todos aquellos incidentes en los que agentes encargados de hacer cumplir la ley no han protegido de forma adecuada las vidas y propiedades de romaníes en Rumanía desde 1990. Después de la conclusión de su trabajo, esta investigación deberá emitir lo antes posible un informe público completo de sus métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones. Se deberán iniciar las acciones apropiadas, entre las que cabe destacar el procesamiento penal de todos los responsables de estos abusos contra los derechos humanos.


Amnistía Internacional también formuló un llamamiento al presidente Ion Iliescu para que ejerza sus poderes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Constitución rumana y para que inicie una revisión gubernamental de las leyes y demás disposiciones que regulan la conducta y los procedimientos empleados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus respuestas a la violencia racista y en la protección de las posibles víctimas.


En abril de 1995, las autoridades rumanas reconocieron que «un grupo de campesinos de Bâcu, agitados por el repicar de las campanas de la iglesia, incendiaron las casas de dos gitanos». En el curso de este incidente, los agentes encargados de aplicar la ley «intervinieron con prontitud para evitar la extensión del conflicto». Una investigación policial identificó a 20 personas como participantes en el incendio. Fueron interrogadas en relación con «cargos de complicidad para delinquir, incitación al desorden público y exaltación al crimen, conducta desordenada, allanamiento de morada y destrucción de propiedad privada». Amnistía Internacional no tiene noticia de que se haya iniciado una investigación sobre la desprotección de las vidas y bienes de los romaníes en Bâcu.


El caso de Emil y Virgil Macău


Amnistía Internacional cree que el número de casos de romaníes detenidos y sometidos a tortura y otras formas de malos tratos es superior al denunciado ante las autoridades rumanas o ante las organizaciones de derechos humanos. Muchas de las víctimas desconocen su derecho a presentar denuncias o no confían en que sean investigadas de forma imparcial. El caso de Emil y Virgil Macău ilustra cómo se produjo una escalada de violaciones de derechos humanos después de presentarse una denuncia en contra de un agente de policía local.


El hostigamiento policial contra Emil Macău, romaní, y contra miembros de su familia en Victoria, provincia de Braşov, empezó en agosto de 1993. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, nueve meses después, en abril de 1994, Emil y su hermano Virgil fueron golpeados y maltratados de diversas formas y encarcelados durante dos meses y 40 días respectivamente por alterar el orden público. Amnistía Internacional consideró que ambos eran presos de conciencia.


El 23 de agosto de 1993, por la tarde, Emil Macău tuvo una discusión con sus vecinos del piso superior al suyo, cuyas tuberías defectuosas habían ocasionado una fuga de agua en el apartamento de los Macău. Una mujer del mismo vecindario denunció a la policía la conducta de Emil Macău y el sargento G. acudió a investigar el incidente. El agente entró en el apartamento de Emil Macău sin orden judicial y Emil Macău le dijo que su intervención no era necesaria porque ya no caía más agua. Después se negó a ir con el agente a la comisaría para ser interrogado.


Días después, Emil Macău recibió tres multas, todas ellas emitidas el mismo día del incidente, el 23 de agosto de 1993: un multa de 10.000 lei por «negarse a acudir a comisaría tras provocar un disturbio», una multa de 2.000 lei por encontrarse «en estado de embriaguez» y otra multa más de 25.000 lei por dirigir comentarios insultantes a A. V. (mencionado como testigo en las dos primeras citaciones) y alterar el orden público. Aunque no se consideraba culpable de estos cargos, Emil Macău pagó las tres multas.


El 2 de septiembre de 1993, Emil Macău dirigió una carta al comandante de la policía de Victoria, quejándose de que el sargento G. había intimidado a su familia cuando acudió a su apartamento el 23 de agosto de 1993 y de que este agente se encontraba bajo la influencia del alcohol. Envió asimismo copia de esta carta al secretario de Estado para las Minorías Nacionales de Rumanía.


El 29 de septiembre de 1993, Emil Macău y su esposa caminaban por el centro de la ciudad cuando el comandante de la policía M. los paró y le pidió a Emil que fuera a su despacho para hablar de su queja. Emil se negó a acudir a comisaría, aduciendo que él había presentado una queja por escrito y que esperaba una respuesta por escrito. Ese mismo día, recibió una multa de 10.000 lei por «negarse a acudir a la comisaría de Victoria para aclarar una queja sobre su persona. Se negó a proporcionar ningún tipo de información ni a obedecer la solicitud del agente de policía».


Emil Macău también pagó esta multa, temiendo ser objeto de más hostigamiento policial. En esta ocasión se quejó al alcalde de Victoria, quien respondió que se trataba de un asunto de competencia exclusiva de la policía. La policía, sin embargo, aún no había respondido a la primera queja.


En noviembre de 1993, Emil Macău acudió a Bucarest, al Parlamento rumano. Presentó su reclamación y se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos y Minorías Nacionales de la Cámara de Diputados. Después de remitir la Comisión la queja al Ministerio del Interior, Emil Macău recibió una respuesta de la policía de Victoria. La carta, fechada el 29 de septiembre (el día en que se había negado a acudir a la comisaría de policía), explicaba que la intervención policial del 23 de agosto se había llevado a cabo de forma legal y que había sido multado por haber cometido varias infracciones. El hecho de que pagara las multas demostraba que «admitía su culpa porque, de lo contrario, habría recurrido las multas». En la carta también se afirmaba que había sido invitado el 29 de septiembre «para aclarar la situación pero que se había negado a aceptar esta oferta... Le advertimos que debe respetar la ley o de lo contrario lo procesaremos ante un tribunal de justicia».


Emil Macău fue nuevamente citado a acudir a comisaría el 9 de marzo de 1994. No se hacía mención a ninguna acusación en esta citación, que fue entregada en mano en el domicilio de los Macău por el sargento G. y el capitán D. Emil no estaba en casa en aquel momento, y su esposa explicó que no tenía nada más que decirles y que no iría a la comisaría. Se envió otra citación para el 15 de marzo de 1994. El 21 de marzo, el sargento G. esperó junto con un civil frente a la casa de Emil a que éste regresara a su domicilio. El día siguiente, a las 6 de la mañana, el capitán D., el sargento G. y otro agente más irrumpieron en el apartamento de los Macău por la fuerza, a pesar de las protestas de Maria Macău, que exigía ver una orden de registro. Los agentes, sin presentar la orden, registraron el apartamento y maltrataron e intimidaron a los cinco hijos de la familia Macău, que aún se encontraban en la cama. Al día siguiente, toda la familia acudió al Parlamento rumano en Bucarest y dijeron a un miembro de la Comisión de Derechos Humanos que tenían miedo de volver a su domicilio. El presidente de la Comisión dirigió otra carta al ministro del Interior. La familia Macău permaneció en Bucarest durante tres semanas.


El 17 de abril volvieron a Victoria. Alrededor de las 15:00 horas, Emil Macău acudió al centro de la ciudad para comprar comida con su esposa, su hermano Virgil y la esposa de éste. Dos agentes de policía les dieron el alto y pidieron a Emil que los acompañara a comisaría. Se negó y los Macău entraron en una tienda. Poco después les siguieron el capitán D., los agentes p. y g. y otro agente más, que cerró con llave la puerta de la tienda. Los policías aprehendieron a Emil y a Virgil y les retorcieron los brazos detrás de la espalda. Uno de los agentes apuntaba con su pistola hacia las mujeres y les dijo que dispararía contra cualquiera que se resistiera a la detención. Luego, las esposas fueron expulsadas de la tienda. Maria Macău pidió ver la orden de detención y el capitán D. le mostró únicamente la citación para que Emil fuera a comisaría. Maria pudo comprobar que la citación ni estaba firmada por el fiscal ni llevaba su sello, ambos requisitos indispensables en una orden de detención. Todo el incidente fue grabado en video por una persona vestida de civil y no identificada. La policía llamó entonces al fiscal y a la policía de Făgăraş, una ciudad cercana y más grande.


Después de su detención, Emil y Virgil Macău fueron llevados a Făgăraş, donde se formularon en su contra cargos de alteración del orden público en virtud de la Ley 61/91. Fueron juzgados al día siguiente de acuerdo con el procedimiento sumario previsto en la Ley 61/91, en presencia de una abogada de oficio. La vista fue a puerta cerrada y no se permitió asistir a los familiares. Ni siquiera se permitió a las esposas la entrada al pasillo del edificio de los tribunales. La abogada que representaba a los hermanos Macău fue convocada ante el tribunal justo antes de que empezara la vista. No le dieron tiempo para hablar con los acusados ni para ver el expediente del caso. Durante la vista oral, un testigo, Liliana Dahi, la esposa del propietario de la tienda, testificó que ninguno de los acusados había ofrecido resistencia durante la detención. Cuando el Fiscal le dijo que un «testigo» había grabado la detención en video, la abogada solicitó que la cinta se presentara como prueba ante el tribunal. Esta solicitud fue denegada con la explicación de que se perdería demasiado tiempo, ya que la cinta se encontraba en aquel momento en posesión del departamento de policía de Braşov.


Emil y Virgil Macău fueron declarados culpables de alterar el orden público porque, «mientras se encontraban esposados en la terraza situada frente a la tienda esperando la llegada del fiscal, unas 200 personas que se habían congregado en el lugar fueron insultadas por esta visión». Emil fue condenado a dos meses de prisión y Virgil a 40 días. El 20 de abril, su recurso ─una solicitud de revisión y suspensión de la sentencia─ fue rechazado por dos jueces del mismo tribunal que les había juzgado con anterioridad. Emil Macău cumplió su sentencia en la comisaría de Făgăraş mientras que Virgil fue encarcelado en la Penitenciaría de Codlea.


Después de ser puesto en libertad el 16 de junio de 1994, Emil Macău denunció que, tras su detención, mientras esperaba en la comisaría de Victoria la llegada del fiscal de Făgăraş, varios agentes de policía le propinaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Durante los cinco días siguientes a su detención tuvo fiebre y orinaba sangre como consecuencia de la paliza, pero los agentes de policía de la comisaría de Făgăraş se negaron a llevarlo a un médico para recibir tratamiento. Los abusos de la policía acabaron después del 21 de abril de 1994, cuando recibió la visita de un diputado del Parlamento rumano y un miembro de su Comisión de Derechos Humanos.


En noviembre de 1994, Emil Macău declaró a un representante de Amnistía Internacional que era objeto de hostigamiento continuo por personas que sospecha habían sido instigadas por la policía. El 31 de octubre, en uno de estos incidentes, ocurrido alrededor de las 3:30 horas de la madrugada, mientras esperaba en una parada de autobús en Victoria, Emil Macău fue atacado y golpeado por un hombre que al parecer le dijo que «el agente P. me ha dicho que te dé una buena paliza». Emil denunció posteriormente el incidente ante la policía, que le dijo que no podía tomar ninguna medida a menos que hubiera testigos.


Emil Macău también había sido interrogado por un funcionario del Ministerio del Interior en relación con su detención y los malos tratos sufridos en abril de 1994. Uno de los testigos del hostigamiento de que ha sido objeto la familia Macău, Viorică Şintireag, también fue interrogada por el mismo funcionario, que le preguntó cómo iba a testificar ante las autoridades judiciales. Dos días después le impusieron una multa de 10.000 lei «por encontrarse en estado de embriaguez», sanción que ha recurrido.


Un informe del Ministerio del Interior sobre el caso Macău, fechado el 26 de octubre de 1994, negaba que las acciones de la policía de Victoria del 22 de marzo de 1994 hubieran sido arbitrarias. También negaba que se hubiera producido un registro no autorizado del apartamento de los Macău. «Dos agentes de la policía de Victoria acudieron al apartamento de los Macău y, puesto que nadie respondía a sus llamadas, se marcharon sin entrar en el mismo». Esto se contradice con la declaración de un testigo, contenida en el sumario del caso, que testificó que Maria Macău había abierto la puerta del apartamento y que los agentes de policía habían entrado para verificar si Emil se encontraba allí.


En marzo de 1995, Emil Macău y su familia decidieron abandonar Victoria permanentemente y se trasladaron a Bucarest, donde carecen de vivienda y de medios de vida.



Las Recomendaciones de Amnistía Internacional


Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno rumano para que aplique las siguientes recomendaciones, demostrando de esta forma, sin ambigüedad, su compromiso de cumplir las obligaciones contraídas por Rumanía al firmar tratados de derechos humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, además de las obligaciones contraídas con motivo de su entrada en el Consejo de Europa.


Recomendaciones relativas a reformas legislativas y judiciales


Amnistía Internacional insta al gobierno rumano a:


●garantizar que el Código Penal no permite el encarcelamiento de personas que hayan ejercido su libertad de expresión sin recurrir a la violencia ni abogar por ella77o únicamente por haber participado en actos homosexuales entre adultos realizados con consentimiento mutuo y en privado78. Puesta en libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia y suspensión de todo procesamiento en aplicación de leyes que Rumanía tiene el compromiso de reformar.


●enmendar el artículo 19 de la Ley sobre la Organización del Poder Judicial, garantizando así que los tribunales puedan ejercer de forma efectiva su independencia.


●enmendar el Código Procesal Penal para garantizar que los agentes de policía están sujetos a los tribunales civiles de justicia y no a los tribunales militares.


●enmendar el Código Procesal Penal permitiendo una revisión judicial de las decisiones del fiscal después de la instrucción.


●enmendar la Ley núm. 61/91 sobre Sanciones para Violaciones de Normas de Coexistencia Social y la Paz Orden Públicos, con el fin de eliminar las posibilidades de detención y procesamiento arbitrarios y de revisar el procedimiento de apelación garantizando que el recurso sea un remedio efectivo y acorde con las normas internacionales.


●aprobar reglamentos para que los derechos de las personas recluidas en régimen de prisión preventiva en espera de juicio sean acordes con su derecho a la presunción de inocencia.


●aprobar reglamentos que estipulen la creación de comités de reclamaciones contra la policía en el ámbito provincial (judeţ). Estos comités deberán estar compuestos por personas de reconocida independencia y rectitud, que no sean miembros de la fuerza de policía, y su composición deberá responder a una representación fiel de la comunidad. Se les deberá atribuir todo el poder necesario para que puedan realizar un seguimiento de las actividades de la policía y deberán llevar a cabo investigaciones de reclamaciones formuladas contra agentes de policía, de acuerdo con las normas mínimas internacionales para comisiones de investigación; sus competencias deberán abarcar los casos en los que se han formulado denuncias ante el fiscal competente. Estos comités deberán tener poder, como mínimo, para: decidir si un caso debe ser cerrado o si se debe pedir perdón; recomendar a las autoridades apropiadas el pago de una indemnización adecuada a la víctima y recomendar si se deben iniciar procedimientos penales o disciplinarios contra el perpetrador.


Recomendaciones relativas a casos de tortura y otras formas de malos tratos a detenidos


Amnistía Internacional insta al gobierno rumano a:


●crear una comisión independiente y con poderes para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de todos los factores que facilitan la tortura y malos tratos a detenidos por agentes policiales y para recomendar medidas preventivas. Los miembros de la comisión deberán ser elegidos por su reconocida imparcialidad, independencia y competencia. Tan pronto como sea posible después de la conclusión de su trabajo, la comisión deberá emitir un informe público de sus métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones. La respuesta del gobierno rumano también debe ser pública. La comisión deberá volver a reunirse en plazos razonables para revisar las acciones emprendidas por las autoridades para la aplicación de las medidas dirigidas a la erradicación de la tortura y los malos tratos.


●investigar con prontitud, imparcialidad y de forma exhaustiva todas las denuncias de malos tratos policiales y publicar los resultados de las investigaciones en cuanto éstas concluyan. Estos informes deben describir detalladamente todas las pruebas recopiladas y su valoración por la fiscalía. También deben ser puestos a disposición pública, para su examen, todos los informes periciales realizados durante la investigación.


●procesar a los responsables.


●garantizar que, según establece la ley, los fiscales puedan ejercer sus competencias de iniciar de oficio investigaciones de toda denuncia verosímil de tortura o de malos tratos o en cada ocasión en que una persona que es traída a la fiscalía denuncie torturas o malos tratos.


●garantizar que los fiscales ejercen el control de los agentes de policía que investigan denuncias de malos tratos cometidos por otros agentes de policía. Si la investigación establece que las denuncias del denunciante son verosímiles, debe ser un tribunal quien valore la veracidad de los testimonios conflictivos o contradictorios.


●garantizar que el denunciante y los testigos son protegidos de toda forma de malos tratos e intimidación derivados de su denuncia o de las pruebas que aporten.


●garantizar que los tribunales realizan investigaciones exhaustivas de todas las denuncias de malos tratos y que no se admiten declaraciones prestadas como consecuencia de la aplicación de estos malos tratos, a menos que el fiscal demuestre más allá de toda duda razonable que la declaración fue prestada voluntariamente.


●indemnizar a las víctimas de tortura y de malos tratos o a sus familiares.

●organizar programas eficaces de formación para todos los agentes de policía, con el fin de garantizar que comprendan pormenorizadamente las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Entre estas normas cabe destacar, especialmente, los siguientes documentos de las Naciones Unidas:


- los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y


- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como las Directrices para la aplicación efectiva del mismo.


Recomendaciones relativas a la protección eficaz de los romaníes contra la violencia racista


Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno rumano:


●para que establezca una comisión de investigación pública que satisfaga los requisitos de las normas internacionales para este tipo de comisiones, a saber: que investiguen todos los incidentes en los que agentes encargados de hacer cumplir la ley no han protegido de forma adecuada las vidas y propiedades de los romaníes en Rumanía desde 1990. Los miembros de esta comisión serán elegidos por su reconocida imparcialidad, independencia y competencia. Esta comisión debe llevar a cabo su trabajo en íntima relación de consulta con representantes de la comunidad romaní. Tan pronto como sea posible después de la conclusión de su trabajo, la comisión deberá emitir un informe público sobre sus métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones. Se deberán iniciar todas las medidas apropiadas, incluyendo el procesamiento de los responsables y la indemnización de las víctimas o de sus familias.


●para que inicie la revisión de las leyes y demás reglas que gobiernan la conducta y los procedimientos empleados por agentes encargados de hacer cumplir la ley en respuesta a la violencia racista y para proteger a las posibles víctimas. El gobierno debe especificar públicamente las medidas que tiene la intención de aplicar tras esta revisión.


Recomendaciones al Consejo de Europa y a la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)


Amnistía Internacional insta al Consejo de Europa ─especialmente a la Asamblea Parlamentaria y al Comité de Ministros─ a que garantice que Rumanía aplica las reformas recomendadas por la Asamblea Parlamentaria y encaminadas a que la legislación y la práctica en Rumanía sean acordes con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En particular, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y el Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria deben realizar un examen riguroso y continuo de la situación de los derechos humanos en Rumanía, con recomendaciones claras relativas a las restricciones sobre libertad de expresión y sobre la tipificación como delitos de actos homosexuales. De forma muy especial, es deber del Comité de Ministros emprender de forma colectiva cualquier acción a que hubiera lugar con el fin de garantizar el acatamiento de esas obligaciones.


El programa de cooperación y asistencia para Rumanía del Consejo de Europa es un método vital para el fomento de unas instituciones sólidas y el respeto por las normas más elevadas en materia de derechos humanos. Resultaría especialmente importante continuar o iniciar programas para legisladores, miembros del poder judicial, sobre todo para aquellos que participan en la investigación de denuncias de tortura u otras formas de malos tratos, y para miembros de las fuerzas policiales. Sin embargo, tal programa no debe sustituir al examen regular y riguroso del historial de un país, especialmente si todavía existen motivos pendientes de preocupación en materia de derechos humanos en el momento de su admisión en el Consejo de Europa.


El Consejo de Europa debe continuar estudiando los problemas que sufren los romaníes en Rumanía. Estos esfuerzos deben tener en consideración, muy especialmente, las propuestas realizadas por los participantes en el Seminario de la Dimensión Humana sobre «Los romaníes en la región de la CSCE», organizada en Varsovia en septiembre de 1994.


Los estados participantes en la OSCE han acumulado un número considerable de compromisos en lo que respecta a los romaníes. Otros compromisos de dimensión humana, como las garantías del derecho a la libertad de expresión o la prohibición de la tortura y otras formas de tortura por agentes encargados de hacer cumplir la ley, son de aplicación tanto para romaníes y no romaníes en la región cubierta por la OSCE. Las instituciones de la OSCE tienen ahora la obligación de garantizar la aplicación de estos compromisos por el gobierno rumano.


En 1994, la Conferencia de Revisión de la OSCE de Budapest decidió que ciertos asuntos de dimensión humana serán tratados con regularidad por el Consejo Permanente de la OSCE (que se reúne con frecuencia al menos semanal en Viena). Las violaciones de los compromisos de dimensión humana por parte del gobierno rumano deben ser examinados dentro de estas reuniones, con vistas a instar al gobierno rumano a tomar medidas prácticas para cambiar aquellos aspectos de la ley y de la práctica que resultan contrarios a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.


La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDR), con sede en Varsovia, ha recibido instrucciones de la Conferencia de Revisión de Budapest para actuar como centro distribuidor para el intercambio de información sobre asuntos relacionados con los romaníes, incluyendo la información sobre la aplicación de los compromisos relativos a este pueblo79. Al desempeñar este papel, la OIDDR debe asegurarse de que la administración de justicia en casos de violencia contra los romaníes en Rumanía es uno de los apartados de la información que se archiva y distribuye. Esta información debe estar disponible para la Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana a celebrar en octubre de 1995 en Varsovia.


La OIDDR debe incluir en su cometido programas relativos al funcionamiento del poder judicial y a la creación de comités de reclamaciones contra la policía, además de la creación de una serie de procedimientos eficaces para casos de respuesta a la violencia racista y de protección de las posibles víctimas destinados a agentes encargados de hacer cumplir la ley.

INTERNO (Sólo para miembros de AI)Índice AI: EUR 39/01/95/s

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ACCIONES RECOMENDADAS



Por favor, asegúrense de que se han remitido copias de este documento a la atención de todas las personas pertinentes de la Sección, y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Además, se ruega realizar la mayor cantidad posible de las acciones que se recomiendan a continuación.




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Todos los coordinadores de la red EERAN

Todos los Grupos de Coordinación de Rumanía

Todos los grupos que trabajan en un Expediente de Acción de Rumanía

1Artículos 11 y 20 de la Constitución de Rumanía.

2Ratificado por Rumanía en 1974.

3Opinión núm. 178 (1993) de la Asamblea Parlamentaria.

4Orden de la Asamblea Parlamentaria núm. 488 (1993).

5Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 25.

6Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 46.

7El Convenio entró en vigor el 1 de febrero de 1995.

8Esta situación se ve agravada por el desprecio que muestran las autoridades por los requisitos jurídicos establecidos por esta ley. El 14 de julio de 1993, dos semanas después de su entrada en vigor, el ministro de Justicia destituyó a Corneliu Turianu de su puesto de presidente del Tribunal de Bucarest sin incoar el preceptivo expediente disciplinario.

9Véase Romania: Criminal Law reform on the wrong track (Índice AI: EUR 39/01/94), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1994.

10Ibid.

11Artículo 238, párrafo 1, del Código Penal.

12Ley 61/91.

13Distintas investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía pueden ser llevadas a cabo por la propia policía, aunque por distintas unidades. A veces los mismos agentes de policía pueden participar en ambas investigaciones.

14Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15Artículo 5 (b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

16Serviciul Român de Informaţii.

17Raport referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, Serviciul Român de Informaţii, pentru realizarea siguranţei naţionale R nr. 18/15.10.1994.

18Puntos 10.1 y 10.4 del Documento de la Segunda Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE, ahora llamada la OSCE), aprobado el 29 de junio de 1990.

19Artículo 160 del Código Penal Rumano, al que se refiere el artículo 238, párrafo 1.

20Artículo 238, párrafo 1 del Código Penal.

21Decisión nº 116/p/1994 del fiscal de Dolj, del 10 de enero de 1995.

22La Iglesia Ortodoxa Rumana se ha opuesto, de forma pública, a la derogación del artículo 200, párrafo 1.

23Periodo de sesiones de 1994 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Cuarta Parte) Vigésimo quinta sesión [AS (1994) CAR 25].

24Decisión del Tribunal Constitucional rumano, núm. 81 del 15 de julio de 1994.

25Monitorul Oficial núm. 14 del 25 de enero de 1995.

26Rumania: El dictamen sobre «Escándalo Público» amenaza los derechos de los homosexuales (Índice AI: EUR 39/WU 02/94), 20 de julio de 1994.

27Información recopilada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia.

28Los artículos 41 y 42 se refieren a la reincidencia en delitos.

29Decisión núm. 1569/1993.

30Entrevistados en la cárcel en mayo de 1994, declararon que se habían llevado el reloj y la dentadura para gastarle una broma.

31Véase The case of Valentin-Walter Stoica, Índice AI: EUR 39/07/94, del 13 de diciembre de 1994.

32 Véase Update to the case of Valentin-Walter Stoica, Índice AI: EUR 39/02/95, del 16 de febrero de 1995.

33Sentencia Penal núm. 957/1993 del 26 de abril de 1993.

34Este procedimiento está previsto en los artículos 39, 34 y 35 del Código Penal. Los artículos 34 y 35 prescriben la pena principal, penas adicionales y medidas de seguridad en caso de delitos concurrentes.

35Pena núm. 1348/1993, emitida por el tribunal de Alba Iulia y fechada el 16 de diciembre de 1993 (ocho meses después de pronunciar sentencia).

36Véase Romania: continuing violations of human rights (Índice AI: EUR 39/07/93), mayo de 1993.

37Esta disposición se refiere a la violación homosexual, relaciones homosexuales con menores u otras personas «que no pueden defenderse o expresar su consentimiento».

38La Ley sobre la Organización del Poder Judicial mantiene a los fiscales y tribunales militares como sistema judicial paralelo.

39No existe ningún mecanismo legalmente vinculante por el que el fiscal deba dirigirse al Colegio de Abogados o a otra entidad independiente. Muchos abogados se niegan a tratar estos casos. Las autoridades locales retrasan el pago de minutas, lo que en condiciones inflacionarias supone una remuneración mínima.

40Véase «The case of Viorel Baciu» en Romania: continuing violations of human rights (Índice AI: EUR 39/07/93), de mayo de 1993.

41El gobierno rumano propuso enmendar el Código Procesal Penal para permitir que la decisión de no formular una acusación pueda ser recurrida ante un tribunal. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en febrero o marzo de 1995 por la Comisión Jurídica del Senado rumano.

42Artículo 275 del Código Procesal Penal.

43Artículo 2 (3) (a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

44Artículo 14 (1) de la Convención contra la Tortura: «Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible».

45Ni siquiera se entregan copias de estos documentos a los familiares de los fallecidos.

46Artículo 12 de la Convención contra la Tortura.

47Principio 17.

48Monitorul Oficial del 27 de septiembre de 1991.

49Véanse los casos de Maria Moldovan y de Emil y Virgil Macău en este informe.

50Aspecte teoretice şi practice ale relaţiei poliţie - persoane fizice, raport 1993-1994, Bucarest, enero de 1994. Este estudio también examina exhaustivamente la Ley de Policía (Ley 26/1994) que, en ciertas situaciones, permite una extensión inconstitucional de la privación de libertad sin la orden correspondiente del fiscal.

51Artículo 23, punto 8, de la Constitución de Rumania.

52Tampoco pudo proporcionar estadísticas sobre denuncias de abusos policiales y sanciones administrativas impuestas contra agentes de policía.

53Se presume que estos artículos siguen en vigor. El artículo 150 de la Constitución rumana fija un plazo de 12 meses para que el Consejo Legislativo examine la conformidad de la legislación con la nueva Constitución y para realizar las recomendaciones que estime oportunas.

54Las identidades de todos los agentes de policía designados con iniciales en este informe son conocidas por Amnistía Internacional y las autoridades rumanas.

55Ley 61/91.

56Artículo 6

57Artículo 2

58Ley 61/91.

59Ley 61/1991.

60Andrei Zanopol fue torturado por la policía en Galaţi en junio de 1993. Véase Romania: update to Amnesty International's concerns (Índice AI: EUR 39/13/93, septiembre de 1993).

61Ibid. para el relato del juicio contra Sorin Ţiţei en violación de su derecho a la libertad de expresión.

62Aunque el último censo cifra la comunidad romaní de Rumanía en cerca de 450.000 personas, algunas estimaciones consideran que la población real de esta minoría se acerca más a los 2.000.000.

63Aún está pendiente el resultado de la investigación del incidente ocurrido en Bolentin Deal, iniciada en 1991. Las autoridades se han esforzado muy poco en recopilar pruebas y testimonios de las víctimas y de los testigos. En marzo de 1994, según el fiscal entonces asignado al caso, sólo se había entrevistado a dos de las víctimas.


En octubre de 1993 se formularon cargos contra ocho adultos y tres jóvenes por su participación en los actos violentos ocurridos en Ogrezeni, pero el juicio aún no ha concluido. En junio de 1993, a tres personas de Bolentin Vale, condenadas por delitos de uso de armas de fuego, destrucción de propiedades y hurto, se les impusieron sentencias en suspenso de entre seis meses y un año de prisión. Se formularon cargos contra veinticinco personas por su participación en los hechos violentos de Găiseni y están siendo enjuiciados en la actualidad.

64«Human rights Developments in Romania», Informe de 1994 de APADOR-CH, el Comité de Helsinki rumano.

65Informe Anual de 1991 de Amnistía Internacional.

66Romania - Lynch Law: Violence against Roma in Romania, Human rights Watch/Helsinki Vol. 6, No. 17, publicado en noviembre de 1994.

67Romania: Continuing violations of human rights (Índice AI: EUR 39/07/93), mayo de 1993.

68Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 (1).

69Artículo 2 (1) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

70En algunos informes se afirma que el número total de casa romaníes destruidas es aún mayor.

71No es la misma Maria Moldovan que fue presuntamente maltratada por un agente de policía el 24 de septiembre de 1993, tal y como se ha relatado anteriormente en este informe.

72Ley 61/91.

73Núm. N/619947.

74Artículo 2 - la comisión de cualquiera de los siguientes actos constituye una falta, siempre que no se cometan bajo ciertas condiciones bajo las cuales, según el derecho penal, se convierten en delitos:

a) llevar a cabo gestos obscenos o participar en acciones obscenas en público, profiriendo insultos, expresiones ofensivas o vulgares, amenazando con actos de violencia a personas o a sus bienes, acciones que supongan una alteración del orden público o que provoquen la indignación de los ciudadanos o lesionen su dignidad y honor u ocasionen daño a instituciones públicas;

ţ) la negativa de una persona a proporcionar información para determinar su identidad, legitimizarla con un documento de identidad, o a comparecer en la jefatura de policía por citación justificada de los órganos de la fiscalía penal o de los que desempeñan su labor de mantener el orden público.

75«Raport asupra evenimentelor din satul Bâcu», APADOR-CH, enero de 1995.

76Código Penal, Capítulo IV - Delitos que amenazan las relaciones propias de la vida social normal.

77Artículo 238; delitos contra las autoridades, y artículo 239; «escándalo», del Código Penal, así como las enmiendas propuestas a su artículo 168; difusión de noticias falsas, artículo 236; delitos contra las enseñas nacionales, artículo 236; difamación del estado o de la nación, además de las enmiendas a los artículos 238 y 239, que pueden imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión aún más importantes que las vigentes en la actualidad.

78Artículo 200, párrafos 1 y 4 del Código Penal además de la enmienda propuesta al artículo 200, párrafo 1.

79Documento de la CSCE de Budapest 1994, Párrafo VIII. 23.

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