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2 de febrero del 2000

Caso Pinochet: ¿Dónde está España?

Amnistía Internacional ha afirmado hoy que el gobierno español debe reconsiderar su decisión de no solicitar la revisión judicial en el Reino Unido de las últimas actuaciones del ministro del Interior británico Jack Straw en el caso Pinochet. Hasta la fecha, las autoridades españolas se han negado a respaldar la solicitud del juez Baltasar Garzón de que se impugne ante los tribunales la decisión preliminar del ministro de no extraditar a Augusto Pinochet por motivos de salud.

En una carta enviada al presidente del gobierno español, José María Aznar, el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, ha expresado su consternación ante el hecho de que hasta la fecha el gobierno español se haya negado a acceder a la solicitud del juez Garzón, que según Sané es «un ejercicio legítimo y esencial de sus responsabilidades como juez y debe ser respetada y apoyada por el gobierno español».

La ausencia de España en las actuaciones de la revisión judicial ha sido objeto de conjeturas y comentarios. En su decisión del 31 de enero del 2000, por la que denegaba a Amnistía Internacional, a otras cinco organizaciones de derechos humanos y a Bélgica el permiso para solicitar la revisión judicial, el juez del Tribunal Superior de Justicia británico Maurice Kay consideró que la decisión de España de no impugnar ante los tribunales las actuaciones del ministro del Interior británico era «una cuestión de interés». Al tiempo que hacía esta observación, el juez señalaba que España había adoptado esta postura aun cuando el juez Garzón había «comunicado sobre las actuales circunstancias opiniones similares a las presentadas por Bélgica y Amnistía Internacional».

Amnistía Internacional considera errónea la razón que el gobierno español ha esgrimido para no apoyar hasta la fecha la solicitud del juez Garzón: que la fase judicial de las actuaciones ha llegado a su fin y el asunto es ahora exclusivamente político. El propio ministro del Interior británico ha manifestado en el Parlamento que su función en cuestiones de extradición es «cuasi judicial», y ha reconocido que sus decisiones están sujetas a la revisión de los tribunales.

Amnistía Internacional cree que el proceso utilizado en este caso —de gran importancia en la batalla que se libra en todo el mundo para poner en manos de la justicia a los presuntos perpetradores de crímenes contra la humanidad— debe ser justo, transparente y, sobre todo, estar exento de interferencias políticas. Esto es fundamental para proteger tanto el derecho de las víctimas a pedir que se haga justicia como los derechos del acusado.

«El procedimiento seguido por el ministro del Interior británico ha llevado la cuestión de la salud de Augusto Pinochet fuera de los tribunales, aunque es en los tribunales donde normalmente se determina la aptitud de un acusado para ser sometido a juicio», ha manifestado Amnistía Internacional, que añade: «El ministro del Interior decidió intervenir cuando ni siquiera el propio Augusto Pinochet había hecho uso de su derecho a plantear en los procedimientos judiciales la cuestión de su aptitud para ser juzgado».

«Por consiguiente —concluye Amnistía Internacional—, instamos al gobierno español a que apoye la solicitud del juez Garzón para que se utilicen todos los medios razonables, incluidas las actuaciones judiciales, a fin de garantizar que en el caso Pinochet se hace justicia y que además se hace de una forma claramente visible».

Amnistía Internacional, junto con otras cinco organizaciones de derechos humanos y Bélgica, volverá a presentar ante los tribunales el lunes 7 de febrero su petición para que las actuaciones de Jack Straw sean revisadas judicialmente por un tribunal constituido por jueces de la sección de apelaciones de la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia.

Antecedentes

El ministro del Interior británico invitó a España a formular alegaciones tras tomar la decisión preliminar de que Augusto Pinochet no está en condiciones de ser juzgado y por tanto no debe ser extraditado. El juez Garzón respondió que le resultaba imposible formular alegaciones válidas si no se le permitía ver el informe del examen médico realizado a Pinochet, entre otras cosas. Si bien el gobierno español transmitió las alegaciones de Garzón a las autoridades británicas, hasta la fecha se ha negado a acceder a la petición del juez de que se emprendan actuaciones judiciales ante los tribunales británicos.

Amnistía Internacional, junto con otras cinco organizaciones de derechos humanos y Bélgica, ha emprendido actuaciones judiciales para recusar por injusto el procedimiento que el ministro del Interior ha utilizado para evaluar el estado mental de Augusto Pinochet y su aptitud para ser juzgado. Amnistía Internacional considera que el procedimiento es injusto concretamente porque niega a los Estados que solicitan la extradición la oportunidad de valorar el informe médico y llevar a cabo su propio examen.