15 de marzo de 2002

Índice AI: EUR 41/004/2002/s

Servicio de Noticias 47/02

España: La libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente deben ser protegidos durante la Cumbre de la UE

En vísperas de la cumbre de la UE que se celebrará en Barcelona este fin de semana, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que se aseguren de que la actuación policial en las manifestaciones respeta el derecho a protestar pacíficamente.

«Es preciso dejar que la gente exprese sus opiniones, independientemente de cuáles sean éstas», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Las autoridades españolas son responsables de la seguridad de los participantes en la Cumbre. Sin embargo, también tienen la obligación de garantizar a los manifestantes el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.»

Desde hace algún tiempo a Amnistía Internacional le preocupa el presunto uso excesivo e indiscriminado de la fuerza que hacen en España durante las manifestaciones los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como sucedió en una manifestación pacífica de inmigrantes indocumentados en Almería en enero de 2002, así como las denuncias de brutalidad policial durante las manifestaciones antiglobalización celebradas en Barcelona en junio de 2001 para protestar contra la política del Banco Mundial.

«Amnistía Internacional no aprueba la violencia contra la policía o la propiedad, ni se opone al uso legítimo de un grado de fuerza razonable por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, la actuación policial debe llevarse a cabo de forma que se protejan los derechos de las personas que protestan pacíficamente», ha declarado la organización de derechos humanos.

Información general

En el Informe Anual 2001 de Amnistía Internacional, la organización expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, durante una manifestación de inmigrantes, y señaló que, en noviembre del 2000, una manifestación celebrada ante el edificio del Congreso por pacifistas que pedían la condonación de la deuda externa se saldó con 24 heridos y 7 detenidos. En aquella ocasión, el ministro del Interior dijo al Congreso que, aunque la intervención policial había estado justificada, la conducta de algunos agentes había sido «improcedente» y «excesiva».

También en el Informe Anual 2000 la organización señaló que, en enero de 1999, agentes del Cuerpo Nacional de Policía cargaron con porras contra una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona y la actuación policial se saldó con 19 heridos. En septiembre de 1999, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió que la acción policial había sido «desproporcionada» y que había impedido que los estudiantes ejercieran su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Más recientemente, en noviembre de 2001, varios estudiantes denunciaron que habían sido víctimas del uso excesivo de la fuerza a manos de la policía durante una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, y se abrió una investigación judicial sobre las denuncias. A Amnistía Internacional también le preocuparon las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante una manifestación pacífica de inmigrantes indocumentados en Almería en enero de 2002.

A Amnistía Internacional le preocupa además que las autoridades españolas hayan decidido suspender el artículo 2 del Convenio de Schengen entre el 9 y el 17 de marzo. El 12 de diciembre de 2001, el Parlamento Europeo recomendó específicamente que los Estados Miembro evitaran bloquear las fronteras o negar a individuos o grupos que tratan de participar pacíficamente en manifestaciones legítimas el derecho a cruzarlas. El Parlamento Europeo también pidió a los Estados Miembros que evitaran un uso desproporcionado de la fuerza y dieran instrucciones a sus respectivas fuerzas policiales para que controlaran la violencia y protegieran los derechos individuales, aun en situaciones multitudinarias de confusión en las que agitadores violentos se mezclan con ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley.

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Documento público

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