Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: EUR 41/010/2005 (Públiico)

Servicio de Noticias 220/05

11 de agosto de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR410102005

España: Investigación rigurosa e independiente sobre la muerte de Juan Martínez Galdeano

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que Juan Martínez Galdeano muriera bajo custodia de la Guardia Civil, uno de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley en España, como consecuencia de malos tratos y uso de fuerza excesiva. En una carta dirigida el miércoles a las autoridades, la organización pidió que se llevara a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente sobre las circunstancias de esta muerte.

"Los mandos de la Guardia Civil deben explicar claramente a sus subordinados que someter a tortura y malos tratos a personas privadas de su libertad es una práctica totalmente inaceptable, por la que se impondrán severas sanciones penales y disciplinarias”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa de Amnistía Internacional.

Según la información recibida por la organización de derechos humanos, el 24 de julio de 2005 Juan Martínez Galdeano fue al cuartel de la Guardia Civil para solucionar un altercado que había tenido con un hombre por la colisión de sus automóviles en Roquetas de Mar (Almería). Los agentes de la Guardia Civil han dicho que, al pedirle que se sometiera a una prueba de alcoholemia, él adoptó un comportamiento agresivo. Un agente utilizó una porra eléctrica y otra extensible para reducirlo. Lo detuvieron por alteración del orden público y resistencia a la autoridad y lo esposaron de manos y pies.

Fuentes oficiales han afirmado que varios agentes lo redujeron y lo pusieron en el suelo al adoptar de nuevo una actitud agresiva cuando intentaban trasladarlo al centro de detención local. Al final sufrió un ataque y murió.

La autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal de Granada determinó que la causa de la muerte había sido una “insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda” . En el cadáver se apreciaron marcas que coincidían con los informes sobre malos tratos y uso de fuerza excesiva. Como resultado de todo ello se imputó a los agentes implicados y se les apartó de sus funciones.

"Toda investigación de los hechos que condujeron a la muerte de Juan Martínez Galdeano debe determinar claramente si los agentes encargados de hacer cumplir la ley implicados cumplieron los principios de proporcionalidad recogidos en la legislación española –ha manifestado Nicola Duckworth–. Las autoridades españolas deben suspender con urgencia el uso por parte los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todas las armas de electrochoque hasta que se conozcan bien los efectos que tiene.”

Amnistía Internacional reconoce lo difícil que puede resultarles a los agentes encargados de hacer cumplir la ley tratar con presuntos delincuentes que se nieguen a colaborar u opongan resistencia. No obstante cree que el uso de porras eléctricas y otras armas de electrochoque debe suspenderse hasta que se hayan determinado sus efectos por medio de una investigación rigurosa, independiente e imparcial.

“Recurrir a descargas eléctricas para conseguir un comportamiento dócil o para reducir a un presunto delincuente sin que exista una amenaza clara e inmediata a la vida o posibilidad de causar una lesión grave que no pueda eliminarse por medios menos extremos constituye uso de fuerza excesiva, incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, en especial de las que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes”, ha explicado Nicola Duckworth.

Información complementaria

Las porras eléctricas son armas paralizantes de electrochoque, que tienen por objeto causar una incapacitación instantánea por medio de una descarga eléctrica de alto voltaje. En Estados Unidos y Canadá han muerto más de un centenar de personas desde 2001 por habérseles aplicado descargas eléctricas con armas de este tipo. En la mayoría de los casos, las víctimas eran individuos desarmados, que, aunque mostraban un comportamiento descontrolado o combativo, no representaban una seria amenaza para la vida o la seguridad de otras personas.

El una carta enviada el Ministerio del Interior el 2 de febrero de 2005, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la existencia y el uso de armas de electrochoque en España. Según la información disponible, tales armas se importan legalmente para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de policía local que, según los informes, disponen de tales armas para su posible uso son: la policía de Canarias, la de Espartinas (Sevilla) y la de Xivert (Castellón). En esa ocasión, Amnistía Internacional expresó también su preocupación por el posible uso de tales armas por la Guardia Civil, así como por la Unidad de Intervención Especial.

El 22 de febrero de 2005, la Dirección General de la Guardia Civil manifestó, en respuesta a la carta de Amnistía Internacional, que, oficialmente, en este cuerpo no se hace uso de tales armas. Asimismo, el 26 de abril de 2005, el Ministerio del Interior confirmó que dados los riesgos que entraña, el uso de estas armas por agentes encargados de hacer cumplir la ley no se considera apropiado.