Acción de Amnistía Internacional sobre los Derechos de la Mujer, año 2000

¡Los derechos humanos,

un derecho de la mujer!

La lucha continúa

Índice AI: EUR 44/04/00

TURQUÍA

Jóvenes violadas y agredidas sexualmente mientras estaban bajo custodia

A principios de marzo de 1999, dos jóvenes kurdas —N.C.S¹., de 16 años, estudiante de enseñanza secundaria, y Fatma Deniz Polattaş, estudiante de 19 años— fueron detenidas por la policía y permanecieron recluidas en el Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía de Iskenderun, Turquía, durante siete y cinco días, respectivamente. Ambas afirman haber sido torturadas y obligadas a realizar confesiones falsas mientras estuvieron bajo custodia policial.

Según el testimonio de las dos jóvenes, su tortura incluyó la violación y otras agresiones sexuales. Las mantuvieron con los ojos vendados durante todo el tiempo que estuvieron recluidas. Durante los dos primeros días, a N.C.S. la obligaron a permanecer de pie todo el tiempo, le impidieron dormir o utilizar el retrete y le negaron la comida y la bebida, excepto un poco de leche agria. También la obligaron a quitarse la ropa y permanecer desnuda en una habitación a baja temperatura. Durante el interrogatorio la golpearon por todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, los genitales, las nalgas y los pechos, la obligaron a permanecer sentada sobre el suelo húmedo durante largos periodos, y la forzaron a rodar desnuda en charcos de agua. En otras ocasiones, la colgaron por los brazos y lanzaron contra ella chorros de agua fría a presión. La amenazaron con matarla y con violar a su madre.

A Fatma Deniz Polattaş, según los informes, la sometieron a los mismos métodos de tortura que a N.C.S. También la amenazaron con violar a su madre y a su padre delante de ella y con hacer que su padre fuera despedido de su empleo. En determinado momento, le propinaron puñetazos en la cara y le rompieron un diente. Más tarde la violaron:

Un agente de policía me dijo que me quitara los pantalones y los calcetines. Yo estaba asustada, así que obedecí. Me quedé allí de pie. Un policía de uniforme me dijo que me inclinara hacia delante. Después, me introdujo algo por el trasero. Era un objeto largo y dentado. Entonces empecé a sangrar. Estaba totalmente doblada hacia delante [pero] ellos me golpeaban con sus porras, y me decían: «ponte derecha».

Tras este incidente, uno de los agentes implicados en la tortura le dijo, según los informes: «Aunque vayas a un médico, no podrás demostrar nada». De hecho, al ser puestas bajo custodia y luego, al quedar en libertad las dos jóvenes fueron examinadas por cinco médicos designados por el Estado, entre ellos algún ginecólogo; los reconocimientos se llevaron a cabo el 6, el 9 y el 12 de marzo. Ninguno de los médicos certificó señales de violencia, aunque, sin el consentimiento de las jóvenes ni de sus familiares, les realizaron una «prueba de virginidad». Sin embargo, esta prueba (que consiste en examinar el himen) no demuestra si se ha producido una violación, ya que la violación puede realizarse sin que exista una penetración que rompa el himen. Además, en 1992 la Asociación Médica Turca, independiente, declaró que la «prueba de virginidad» es una forma de violencia basada en el género y constituye una agresión contra la identidad sexual de la mujer que puede tener efectos traumáticos. En enero de 1999, el Ministerio de Justicia hizo público un decreto para los fiscales del país en el que prohibía practicar pruebas de virginidad a las mujeres cuando no existan denuncias de agresión sexual. Amnistía Internacional considera que el someter por la fuerza a las detenidas a las llamadas «pruebas de virginidad» constituye tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

El 12 de marzo, el Tribunal de Seguridad del Estado de Adana decretó la prisión preventiva de las dos jóvenes, a las que se acusó de pertenecer al grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y de haber lanzado cócteles molotov durante una manifestación. El 2 de noviembre de 1999, Fatma Deniz Polattaş fue condenada a dieciocho años de prisión. N.C.S. fue condenada a doce años de cárcel, en una pena más leve que tenía en cuenta su edad. Las dos jóvenes afirman que sus condenas se basaron en declaraciones que realizaron tras ser torturadas, pero aun así continúan encarceladas en espera de la decisión del Tribunal de Apelación.

En julio de 1999, cuatro médicos de la Asociación Médica Turca pudieron entrevistarse con las dos jóvenes en la cárcel. Obtuvieron permiso para hablar con ellas, pero no para realizarles un reconocimiento médico. Según el informe de los médicos, los síntomas descritos por las muchachas corroboran sus detalladas denuncias de tortura.

La Asociación Médica Turca subrayó que todos los informes médicos oficiales emitidos por los médicos designados por el Estado incumplen las normas sobre informes forenses tanto del Ministerio de Salud turco como de la propia Asociación. También hizo hincapié en la importancia de que se lleven a cabo reconocimientos médicos adecuados, incluidos exámenes psiquiátricos, para documentar las denuncias de tortura. Además, la Asociación pidió que esos reconocimientos se realicen con el consentimiento de las dos jóvenes que afirman haber sido torturadas. Los abogados de las muchachas también pidieron que éstas fueran trasladadas a unidades psiquiátricas especializadas para evaluar los posibles traumas que estaban sufriendo y para garantizar que reciben el tratamiento correcto, pero hasta el momento las jóvenes aún no han tenido acceso a esta asistencia médica y psiquiátrica tan esencial. También se han presentado denuncias contra los médicos designados por el Estado, a los que se acusa de emitir informes que ocultaban la tortura.

Tras las muestras de indignación pública y la presentación, el 9 de noviembre, de una denuncia formal por parte de los abogados que defienden a las dos jóvenes, el fiscal inició una investigación sobre las denuncias de tortura contra los agentes de policía implicados. Aunque cuatro médicos del Instituto Forense de Adana examinaron a las dos muchachas el 27 de noviembre y certificaron que ambas habían sido torturadas, el fiscal jefe de Iskenderun no tomó en consideración su informe y decidió no procesar a los agentes.

Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violación y agresión sexual cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de Turquía. La experiencia de N.C.S. y Fatma Deniz Polattaş demuestra la constante vulnerabilidad de las mujeres y los niños en las comisarías y prisiones turcas. Mientras permanecen en régimen de incomunicación bajo custodia de la policía o la gendarmería, tanto hombres como mujeres son obligados sistemáticamente a desnudarse. Entre los métodos de tortura denunciados reiteradamente a Amnistía Internacional se encuentran descargas eléctricas y golpes en los genitales y en los pechos, y abusos sexuales que incluyen la violación y las amenazas de violación. Desde mediados de 1997, se ha implantado en Estambul un proyecto de asistencia letrada gratuita para mujeres que han sido violadas por agentes y sometidas a otras formas de tortura sexual; el proyecto tiene como objetivo llevar a los responsables de esos abusos ante la justicia. Unas cien mujeres, más de ochenta de ellas kurdas, se han acogido al proyecto. De ellas, casi 40 denunciaron haber sido violadas, y 65 afirmaron haber sido sometidas a otros tipos de abuso sexual. Los presuntos autores son, en una abrumadora mayoría, agentes de policía, pero también hay gendarmes, soldados y guardias locales, y rara vez tienen que rendir cuentas de sus presuntos abusos. En 1999, Amnistía Internacional documentó un clima generalizado de impunidad para los torturadores.

¡ACTÚEN!

✎ Escriban a las autoridades turcas exponiendo los siguientes motivos de preocupación:

✓ expongan el caso de N.C.S. y Fatma Deniz Polattaş y dejen constancia de las denuncias de ambas, que afirman haber sido sometidas a torturas que incluyen la violación y otras agresiones sexuales mientras permanecieron recluidas en el Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía de Iskenderun;

✓ expresen su preocupación porque la tortura y los abusos sexuales que estas jóvenes sufrieron mientras estaban bajo custodia policial constituyen graves violaciones de derechos humanos;

✓ manifiesten la necesidad urgente de que las autoridades turcas adopten medidas para impedir que las niñas y las mujeres bajo custodia sean sometidas a torturas y malos tratos;

✓ recuerden a las autoridades turcas las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura, ratificada por Turquía en 1988.

Pidan a las autoridades que:

✓ garanticen que la investigación sobre las denuncias de las dos jóvenes se lleva a cabo de forma independiente y exhaustiva e incluye la recopilación de las pruebas médicas y psiquiátricas pertinentes;

✓ mientras se lleva a cabo la investigación, suspendan a los presuntos autores de todo aquel servicio que los ponga en contacto con reclusos; si los agentes son declarados culpables, deben ser expulsados de las fuerzas de seguridad;

✓ garanticen que las jóvenes reciben todo el tratamiento médico y psicológico que puedan necesitar para recuperarse de los traumas causados por su violación y otras agresiones sexuales;

✓ garanticen la adopción de las normas sobre presentación de informes forenses recomendadas por la Fundación de Derechos Humanos y la Asociación Médica Turca. Los médicos que lleven a cabo los reconocimientos deben ser mujeres, a menos que la detenida pida lo contrario, deben tener experiencia y conocimientos de medicina forense y deben actuar con la debida imparcialidad. Los médicos de los que se descubra que han emitido deliberadamente informes médicos que oculten torturas y malos tratos deben ser procesados;

✓ den a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley instrucciones que indiquen claramente que la violación bajo custodia es un acto de tortura; también deben poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que la violación no se tolerará y que los responsables serán llevados ante la justicia.

✎ Envíen sus cartas a:

Ministro de Justicia

Professor Hikmet Sami Türk

Minister of Justice

Adalet Bakanı

Adalet Bakanlıĝı

06659 Ankara, Turquía

Ministro responsable de los asuntos relacionados con las mujeres y los niños

Mr Hasan Gemici

State Minister responsible for women and children

Office of the Prime Minister

Başbakanlık

06573 Ankara, Turquía

Telegramas: Başbakanlık, Ankara, Turquía

Fax: + 90 312 417 0476

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

✉ Envíen copias a:

Ministro encargado de los derechos humanos

Mr Mehmet Ali Irtemçelik

State Minister with responsibility for human rights

Office of the Prime Minister

Başbakanlık

06573 Ankara, Turquía

Fax: + 90 312 417 0476

y a la embajada de Turquía en su país.