Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Turquía: Devolución de un solicitante de asilo en contra del derecho internacional

Amnistía Internacional


Declaración pública


Índice AI: EUR 44/012/2005 (Público)

Servicio de Noticias 078/05

31 de marzo de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR440122005



Turquía: Devolución de un solicitante de asilo en contra del derecho internacional



Amnistía Internacional teme por el bienestar de Ahmet Muhammed Ibrahim, kurdo sirio que, la víspera del 25 de marzo, fue devuelto a Siria por las autoridades turcas a pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estaba examinando aún su solicitud de asilo. Fue entregado a las autoridades sirias, que lo encarcelaron. Amnistía Internacional teme que sufra graves abusos contra los derechos humanos en Siria. La decisión de devolverlo allí antes de que el ACNUR haya terminado de examinar su solicitud de asilo constituye un claro incumplimiento de las obligaciones contraídas por las autoridades turcas en virtud del derecho internacional, que prohíbe devolver a una persona a un país donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.


Según informes, Ahmet Muhammed Ibrahim, kurdo sirio de 21 años, había huido del ejército sirio en 2004, a raíz de las violaciones generalizadas de derechos humanos perpetradas contra los kurdos sirios en Qamishli, en el noreste de Siria, en marzo de ese año (véase el informe, Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 events, Índice AI: MDE 24/002/2005). Tras su huida, se dirigió a Turquía, donde, tras ser detenido por las fuerzas de seguridad, el 22 de agosto, cerca de la frontera siria, fue encarcelado en Diyarbakir por su presunta pertenencia a la organización armada kurda Kongra Gel (conocida anteriormente como PKK). Su abogado ha denunciado que se han violado sistemáticamente los derechos de su cliente durante su reclusión y que incluso ha sido torturado, maltratado y obligado a firmar una declaración.


Un tribunal lo absolvió de todos los cargos el 24 de marzo, pero, en vez de quedar en libertad, Ahmet Muhammed Ibrahim fue trasladado al Departamento de Extranjeros de la Jefatura de Policía de Diyarbakir. El 25 de marzo fue conducido al puesto fronterizo de Nusaybin y entregado a las autoridades sirias. Se encuentra recluido en la prisión de la localidad de Qamishli y, según informes, está a punto de ser traslado a una cárcel de Damasco. Se ignora si se van a presentar cargos contra él. Amnistía Internacional ha documentado una constante de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los kurdos en Siria, entre ellas homicidios, juicios injustos y detenciones arbitrarias, así como torturas y malos tratos a detenidos. Por este motivo, la organización teme por la seguridad de Ahmet Muhammed Ibrahim.


Cuando Ahmet Muhammed Ibrahim dijo al fiscal y al tribunal ante los que compareció en Turquía que quería pedir asilo, la oficina del ACNUR en este país estaba evaluando su solicitud para determinar si tenía derecho a que se le reconociera la condición de refugiado en virtud de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y de su Protocolo de 1967. El Secretariado Internacional de Amnistía Internacional y la Sección turca de la organización intercedieron en su favor antes de la expulsión, pidiendo a las autoridades turcas que desistieran de tomar tal medida ya que Amnistía Internacional temía que Muhammed Ibrahim sufriera graves violaciones de derechos humanos si era devuelto a Siria. dada la constate de abusos contra los derechos humanos cometidos contra los kurdos sirios. El abogado de Ahmet Muhammed Ibrahim también escribió a las autoridades sirias expresando su preocupación por la posible devolución de su cliente. Asimismo, los informes recibidos indican que el ACNUR habían instado a que no se lo devolviera a Siria hasta que hubiera terminado de examinar su solicitud de asilo. Sin embargo, las autoridades decidieron no atender estas peticiones y siguieron adelante con la devolución, pese a incumplir con ello las obligaciones que han contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados.


Desgraciadamente, este no es un caso aislado. Amnistía Internacional ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación al gobierno kurdo por casos de devolución de personas a países donde estaban expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos. En 2003, las autoridades devolvieron a Hojjat Zamani a Irán, donde fue condenado a muerte (véanse la Acción Urgente 318/03, Índice AI:: EUR 44/025/2003, de 5 de noviembre de 2003, y sus actualizaciones). En enero de 2002, Karim Tuzhali fue ejecutado en Irán, a donde las autoridades turcas lo habían devuelto en 1998 a pesar de que el ACNUR lo había reconocido como refugiado (véase la actualización de EXTRA 97/98, Índice AI: 13/002/2002, de 5 de febrero de 2002).


Información complementaria

Al igual que otros sirios, los kurdos de Siria han sido sometidos a graves violaciones de derechos humanos, pero, como grupo, han sufrido también discriminación en razón de su identidad, incluidas restricciones al uso de su lengua y su cultura. Por otro lado, gran número de ellos son, en realidad, apátridas, y como tales se les niega el acceso pleno a la educación, el empleo, la salud y otros derechos reconocidos a los ciudadanos sirios, como el derecho a tener una nacionalidad y pasaporte. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Siria, como detención arbitraria y encarcelamiento de personas por el simple hecho de ejercer pacíficamente derechos humanos fundamentales, “desapariciones”, reclusión en régimen de incomunicación por lagos periodos, juicios injustos, impunidad de miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de perpetrar violaciones de derechos humanos, restricción grave de la libertad de expresión y asociación, hostigamiento de defensores de los derechos humanos e imposición de la pena de muerte.


Turquía ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, pero la aplica con una restricción geográfica en virtud de la cual sólo se benefician de sus disposiciones los refugiados procedentes de Europa. Debido a ello, los refugiados de países no europeos tienen que solicitar que se les reconozca como tales en las oficinas turcas del ACNUR. Sin embargo, independientemente del ámbito de aplicación que reconozcan a la Convención, los Estados deben respetar el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a una persona a un país donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Es un principio del derecho consuetudinario internacional vinculante para todos los Estados, y debe aplicarse sin discriminación, sean o no los solicitantes de asilo de origen europeo. La obligación de respetar el principio de no devolución se ve además reforzada por el hecho de que Turquía es Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohíben también la devolución y se aplican sin discriminación a todas las personas, sean o no europeas.


El gobierno turco debe poner fin a la expulsión de solicitantes de asilo que hayan sido reconocidos como refugiados por el ACNUR o que hayan presentado una solicitud de asilo ante éste y estén a la espera de su decisión. El gobierno debe cumplir escrupulosamente las normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados, incluido el principio de no devolución, y garantizar que no se devolverá a ninguna persona a un país donde esté expuesta a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.









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